Dudas persistentes

La sombra del fantasma venezolano

Desde que el Frente Amplio está en el poder se abrieron tres causas vinculadas a supuestos negocios turbios con Venezuela. Dos fueron archivadas y la tercera se acerca al mismo destino. ¿Hasta dónde llegó la Justicia y por qué no se logra dejar atrás las suspicacias?

Reunión entre Chávez, Mujica, Maduro y Almagro. Foto: AFP
Otros tiempos: Chávez, Mujica,  "el Pato Celeste", Maduro y Almagro reunidos en Caracas. Foto: AFP

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El teniente coronel Hugo Chávez pisa el Aeropuerto de Carrasco un 29 de septiembre de 1994. Tras haber estado preso durante más de dos años por dirigir un intento de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez, queda libre y su causa es sobreseída. Recorre los pueblos de su país, pasa por Argentina y Colombia, y luego llega a Uruguay para transmitir un mensaje: va por el poder. Quiere ser presidente. Y se dirige hacia allí por “la senda bolivariana de la integración latinoamericana”.

Chávez permanece en Montevideo durante 48 horas y, en medio de sus actividades, le concede una entrevista a El País. El periodista lo espera durante una hora en un hotel céntrico y lo ve llegar con una bolsa de libros, entre los cuales hay dos de Eduardo Galeano: Las venas abiertas de América Latina y El libro de los abrazos. Le confiesa al periodista que le encantaría que Galeano viera la nota en el diario y le aceptara una entrevista, ya que empezó a leerlo en la cárcel y coincide con sus ideales.

El encuentro entre el político y el escritor no llega a concretarse, pero sí hay una persona que se interesa por Chávez. Se llama Omar Alaniz. Es un tupamaro que debió exiliarse en la dictadura y vivió un año en Venezuela. Con el objetivo de conocerlo, Alaniz acompaña a un amigo que trabaja en Mate Amargo, el semanario del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), a una conferencia de prensa que brinda el venezolano. Por fortuna para Alaniz, no hay más representantes de los medios de prensa que ellos.

“Establezco entonces una relación con Chávez, una conversación amena e interesante. Yo soy admirador de Chávez como persona, independientemente de su ideología”, contaría Alaniz 22 años más tarde sentado como indagado en un juzgado de crimen organizado.

El tiempo quiso que el vínculo entre ellos se afianzara con un nuevo encuentro porque, 11 años después de aquella primera visita, Chávez volvió a Uruguay pero ya en carácter de presidente. Era diciembre de 2005. Tabaré Vázquez llevaba solo meses como primer mandatario, pero Chávez ya había abierto su billetera con un aporte de casi US$ 4 millones para la recuperación de Cristalerías del Uruguay y aportaría varios millones más para otras causas de su agrado. Durante su visita, el presidente venezolano fue al Polo Tecnológico Industrial del Cerro y colocó la piedra fundamental de lo que sería Envidrio. Alaniz no perdió la oportunidad de tener contacto con él, y ayudó a montar el escenario del evento.

La causa de la empresa Envidrio sigue abierta. Foto: Nicolás Pereyra
La causa de la empresa Envidrio sigue abierta. Foto: Nicolás Pereyra

La causa sigue abierta: el lazo con dinero del Fondes

“Dejando de lado la relación existente entre los préstamos concedidos por el Fondes y los negocios con Venezuela, en el entendido de que las empresas favorecidas en su gran mayoría solo comercializaban con este país exportando a sobreprecios exorbitantes, reviste extrema gravedad el proceso de selección de estas empresas y las condiciones en que los préstamos eran otorgados”, planteaban Jaime Trobo, Rodrigo Goñi y Gonzalo Mujica en la denuncia por la cual pretendían clarificar si algunas empresas no sustentables habían gozado del beneficio estatal. En la denuncia se incluyeron los casos de Alas U (ex Pluna), Envidrio (ex Cristalerías del Uruguay), Urutransfor (ex Mak, que fabricaba transformadores eléctricos), Cooperativa Obreros Empalme Olmos (ex Metzen y Sena), Pressur (eximprenta de Nueva Helvecia), Cotrapay (ex Paylana) y Funsacoop (ex Funsa). La investigación, a cargo del fiscal Luis Pacheco, procuró dilucidar si los préstamos habían cumplido con los requisitos previstos en la normativa, y concluyó en primera instancia que sí. Sin embargo, a la denuncia original se le presentaron dos ampliaciones. Una por un presunto “préstamo encubierto” de Inefop a Envidrio, por unos US$ 1,5 millones; otra, por la denuncia que surgiera del programa Santo y Seña y que acusa al diputado Daniel Placeres de haber promovido el trabajo en negro en esa fábrica. Pacheco adelantó que estas dos acusaciones aún se investigan y que retomará las citaciones en breve.

“Teníamos una cierta sintonía entre ambos”, siguió contando Alaniz frente a María Elena Mainard y Carlos Negro, entonces jueza y fiscal de Crimen Organizado respectivamente. “Yo milito desde los 18 años, estuve en el MLN desde entonces y hasta hoy. Estos son los antecedentes para llegar a Aire Fresco”.

En diciembre de 2009 Chávez volvió a Uruguay. Junto al presidente electo José Mujica, recorrió las instalaciones prontas de Envidrio. No se sabe si Alaniz volvió a verlo esa vez. Lo que sí está claro es que un tiempo más tarde estaría sentado junto al venezolano Carlos Osorio, en su rol de ministro de Alimentación, para delinear los pormenores de los negocios que harían.

“Este, para mí, es Mujica”, dijo una vez Osorio señalando a Alaniz, según contaron empresarios uruguayos participantes de una de las reuniones. “Lo que diga este (por Alaniz) es como que lo dijera este”, agregó, ahora apuntando a una imagen del expresidente uruguayo ubicada en su despacho.

Por qué Aire Fresco -una empresa dirigida por Alaniz y por quien fuera administrador del Fondo Raúl Sendic, Carlos Decia-, logró intermediar en los negocios entre Uruguay y Venezuela durante el gobierno de Mujica, fue lo que quisieron saber primero el abogado penalista Gustavo Salle, y luego los diputados Jaime Trobo, Gonzalo Mujica y Rodrigo Goñi. Es decir: más allá de la evidente y confesa afinidad con el chavismo, ¿qué mecanismo condujo a Aire Fresco a ubicarse en un rol privilegiado? La Justicia investigó durante 2017 y 2018, pero terminó archivando la causa.

Por qué el ingeniero Javier Vázquez, uno de los hijos del presidente, logró en el primer gobierno de su padre participar de la venta de software libre por parte de empresas del rubro y concretar el negocio sin que hubiera un proceso previo de competencia; cómo se ganó un lugar en la bolsa del Fondo Bolívar Artigas y por qué integró la comitiva oficial que viajó a Caracas en 2006: todas esas preguntas se hizo, siendo diputado, el abogado Washington Abdala. Esta denuncia también se archivó.

Por qué Urutransfor y Envidrio, ambas empresas autogestionadas y financiadas con préstamos del Fondes, fueron designadas para convenir con la contraparte estatal y monopólica venezolana, “en función de qué antecedentes y por qué procedimientos transparentes y competitivos”, y con qué grado de sustentabilidad y viabilidad en sus proyectos: estas otras preguntas también se hicieron Trobo, Mujica y Goñi. Los legisladores incluyeron estos cuestionamientos en la denuncia sobre Aire Fresco, pero en el juzgado se entendió mejor que lo del Fondes fuera por separado y el resto se agregara a la denuncia de Salle.

Tabaré Vázquez junto con Hugo Chávez. Foto: AFP
Hugo Chávez realizó varias visitas a Montevideo durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Esta foto es de 2007. Foto: AFP

Esta causa -la que investiga algunos préstamos del Fondes a empresas que resultaron inviables, entre ellas Alas U- sigue abierta porque los denunciantes ampliaron la denuncia el año pasado tras la aparición de nuevos elementos con apariencia de irregularidad (ver recuadro). Sin embargo, en lo relativo a Venezuela la investigación está concluida, y todo permite inferir que también se archivará.

Si la Justicia no encuentra pruebas de comportamientos delictivos en los tres expedientes que involucran a Venezuela, ¿por qué estas causas siguen apareciendo cada vez que se cuestiona la posición del gobierno uruguayo ante la crisis política que atraviesa el país caribeño? Más allá de suspicacias, ¿qué se propusieron investigar los fiscales y qué quedó afuera? ¿Por qué Uruguay no se libra ni se librará del fantasma venezolano?

Los elegidos.

Los negocios con Venezuela tuvieron dos etapas. La primera fue el Fondo Bolívar Artigas, un fideicomiso creado en 2005 para que Uruguay se beneficiara por partida doble: pagando a bajo precio una deuda de petróleo, y previendo que Venezuela usara ese dinero para satisfacer sus necesidades alimenticias y de otros tipos mediante acuerdos con productores uruguayos.

Si bien esto no siempre se cumplió -Venezuela sacó dinero de ahí para pagar otras cuentas, y hasta hoy hay quienes siguen sin cobrar-, en esencia hubo decenas de uruguayos que se beneficiaron de la bonanza y aparente generosidad venezolana.

Este tipo de acuerdos fueron el modus operandi del chavismo en la última década. Una investigación reciente de varios medios centroamericanos llamada “Petrofraude” logró documentar que en los convenios celebrados con una quincena de países hubo sobreprecios, bajos controles en la calidad de los productos importados, funcionarios sancionados por corrupción en estos intercambios. La trampa consistía en comprar lo que no necesitaban o estaba a punto de vencerse, pagarlo a precio de oro, no distribuirlo y luego vender los dólares en el mercado negro varias veces más caros.

Y también, como factor común, en todos estos convenios se detectó que en muchos casos los beneficiarios fueron empresarios vinculados con figuras de los gobiernos del continente favorecidos. ¿Por qué Uruguay sería la excepción?

Según un artículo de Brecha de 2007, el Fondo Bolívar Artigas se conformó con un aporte venezolano de unos US$ 200 millones. De allí salieron donaciones a empresas recuperadas, una donación al Hospital de Clínicas, una compra anticipada de etanol a ALUR, la contratación de capacitación técnica de UTE, y se exportaron medicamentos, tecnología informática, ganado vacuno y casas prefabricadas.

Por razones que nunca quedaron claras, las casas prefabricadas que vendió la empresa Umissa no se instalaron y, tras varias idas y vueltas, Venezuela rescindió el contrato en forma unilateral. En tanto, el negocio de venta de tecnología informática se concretó en buena medida con seis empresas de ese sector.

El exdiputado colorado Washington Abdala radicó en 2008 una denuncia penal por las presuntas irregularidades del Fondo Bolívar Artigas, a su juicio rodeado de “opacidad”. Entre otras cosas, Abdala quería aclarar la intervención de Javier Vázquez, hijo del presidente, en esos negocios. En la denuncia presentada, Abdala planteó: “Algunos empresarios han expresado su malestar ante los negocios que solo ciertos grupos empresariales obtuvieron con el gobierno venezolano al amparo de los acuerdos de país a país. Estos empresarios desplazados aún no se explican cuáles fueron los motivos por los que fueron dejados de lado en la posibilidad de llevar adelante negocios, teniendo ellos similar expertise al de los grupos que sí obtuvieron la aprobación venezolana”.

El principal testigo que tenía Abdala era el contador Eduardo Gómez Canon, quien en declaraciones a la prensa acusó a Vázquez de quedarse con el negocio que tenía concertado con Venezuela: “Ahora el hijo del presidente Vázquez es millonario con un solo negocio que era mío”. En el transcurso de la investigación, Gómez Canon apareció muerto en una playa y su deceso fue certificado como un suicidio.

Finalmente, la denuncia de Abdala fue archivada a pedido del fiscal de la causa, Juan Gómez. Según consignó Búsqueda, Gómez argumentó que las gestiones realizadas por Vázquez para las empresas de software estaban dentro de su “actividad profesional regular” y no resultaba acreditado que “hubiese usufructuado de ningún privilegio por sus relaciones de parentesco”.

La segunda etapa de los negocios tuvo lugar con Mujica como presidente y Luis Almagro como canciller. En abril de 2010 se hizo una primera serie de acuerdos entre los gobiernos para cooperar en distintas materias. Los firmaron los ministros. Luego, en enero de 2011 se firmaron nuevos acuerdos rotulados como “actas de compromiso” o “cartas de intención”. Algunos de esos acuerdos llevaban las firmas de Almagro y de Nicolás Maduro, entonces canciller, pero en otros las que pactaban con el Estado venezolano eran empresas uruguayas “amigas” del gobierno: Envidrio, Atlansur, Urutransfor, Aire Fresco.

Esta última siguió firmando acuerdos directamente con organismos del gobierno venezolano, llegando incluso a conformar con la estatal Suvinca una “empresa mixta de carácter comercial que permita la importación, exportación, representación, intercambio, distribución, comercialización, compra y venta de productos, bienes y servicios asociados, para atender los requerimientos de diversas entidades públicas y privadas de las partes”. Así, Aire Fresco se consolidó como la gestora de los acuerdos celebrados.

Trobo, Goñi y Mujica consideraron que jerarquizar a estas empresas y volverlas contrapartes únicas en sus rubros era “concederles un beneficio incalculable”. Otra vez el mismo fantasma: ¿por qué ellas y no otras?

Antes de radicar la denuncia judicial, procuraron saber si existían antecedentes en Presidencia y en Cancillería al respecto, pero la respuesta fue negativa.

La investigación. 

La causa de Aire Fresco le llegó ya avanzada a Luis Pacheco, que asumió como fiscal especializado en Crimen Organizado a inicios de 2017. Para entonces, su antecesor, Carlos Negro, ya sostenía que no había pruebas suficientes.

En una vista fiscal de agosto de 2016, que es parte del expediente al que accedió El País, Negro resume los avances y primeras conclusiones. Primero, descarta la necesidad de un proceso de competencia previo a la intervención de Aire Fresco. Recoge que, según Cancillería, “no existen normas específicas” para hacer acuerdos con Venezuela, y no se hizo licitación porque “la participación de empresarios integrando comitivas oficiales junto al presidente de la República y otras autoridades públicas, es un hecho habitual desde 1985 a la fecha y tiene su razón en el fomento del comercio internacional y el vínculo de empresas privadas uruguayas y públicas del receptor”.

Negro sostiene entonces que el compromiso asumido entre Aire Fresco y la contraparte venezolana fue “estudiar la factibilidad” de ciertos negocios, lo cual no obligaba a concretarlos (y de hecho, hubo uno en el rubro automotor que quedó en nada).

En ese momento Negro descarta que haya algún documento que registre una decisión expresa del gobierno uruguayo de seleccionar a Aire Fresco. Como no hay nada firmado, plantea, “únicamente queda determinar, y a los efectos de definir si existen vínculos penalmente relevantes, cuál es el vínculo comercial existente entre Aire Fresco y las empresas extranjeras, esto es en qué carácter comercial actúa”.

Buena parte del expediente se centra en ese aspecto, ya que en el Parlamento y en declaraciones a la prensa se había planteado la duda de si Aire Fresco era comisionista o si actuaba como exportadora. Para dilucidarlo, citan a Alaniz y a Decia. Según declaran, el mecanismo que utilizaban era comprar la mercadería a los productores uruguayos en el puerto y vendérsela a los venezolanos. La diferencia entre ambas facturas “osciló entre 2% y 4% según el producto y la situación”, dijo Decia.

En el expediente figura un certificado contable de Aire Fresco del período en el cual estuvo activa: 2011-2015. Un especialista en tributos, consultado para esta nota, consideró que de la información disponible se desprende que la ganancia bruta obtenida por la empresa fue del entorno de los US$ 8 millones. De acuerdo a las declaraciones de Alaniz y Decia, cada uno ganó US$ 800 mil anuales.

A Decia le preguntaron si era necesaria su intervención, y esto fue lo que respondió: “En realidad, si vamos a la definición, nosotros seríamos una trading por el trabajo que hacemos. Uno intermedia en el negocio, uno puede intermediar de distintas formas. Nosotros lo hacemos comprando y vendiendo. Nadie tenía el compromiso, la obligación o firmó exclusividad con Aire Fresco para que vendieran sus productos”.

Empresarios de los tres rubros que aceptaron la intermediación de Aire Fresco -trigo, pollo y arroz- ratificaron esa posición: vender con Aire Fresco no era necesario, pero sí era “conveniente”. Todos coincidieron en que Alaniz y Decia tenían los permisos necesarios para exportar, lo cual describieron como un trámite engorroso. Para sorpresa de los denunciantes, que previamente habían recogido testimonios críticos respecto a cierta imposición de Aire Fresco (“si no lo hacíamos con ellos, no vendíamos”), en el juzgado ninguno de los empresarios se quejó, sino todo lo contrario.

Lo anterior permitió concluir a Pacheco que no hubo un “favorecimiento estatal a Aire Fresco, sino en todo caso la instrumentación entre Estados de un marco general a los efectos de facilitar la concreción de negocios de comercio exterior entre ambos países”. En noviembre del año pasado, solicitó el archivo del caso.

La decisión de Pacheco fue duramente criticada por los denunciantes. Consideraron que el foco de la investigación no debería haber estado en eventuales ilegalidades del negocio en sí, sino en un posible tráfico de influencias o en la conjunción del interés público con el privado, es decir, que desde el gobierno se hubiera querido favorecer a Aire Fresco.

El aporte de $ 480 mil (unos US$ 20 mil) que hiciera Alaniz al Movimiento de Participación Popular para la campaña de 2014 -cuya factura integra el expediente- alimenta la suspicacia. Sin embargo, Pacheco no solicitó una auditoría forense de las cuentas de Aire Fresco para saber si más allá de ese dinero “en blanco”, se había transferido algo más al MPP, o a dónde había ido a parar la ganancia.

Pacheco se encoge de hombros. “Esa denuncia no está explícita. Deberían haber denunciado a Mujica”, dice. “Y aunque no esté denunciado, tampoco surge de lo que se investiga”.

Para él, tanto en lo relativo a Aire Fresco como en lo que concierne a las beneficiarias del Fondes que hicieron negocios con Venezuela, la clave está en que no hubo otras que se quejaran de la imposibilidad de competir. Si hubiera aparecido “algún Gómez Canon”, quizás el desenlace habría sido otro.

En definitiva, concluye Pacheco, “no hay pruebas de injerencia arbitraria”: “Lo que se denunció fue una sospecha”.

Los comentarios del mexicano que reavivaron la polémica

Jorge Castañeda, secretario de Relaciones Exteriores de México entre 2000 y 2003, dijo el lunes 28 de enero en un programa de televisión que si Uruguay no se había sumado a la lista de países que reconocen a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, era por un solo motivo: “En este caso sí hay un problema personal muy complicado, que es que el hijo del presidente Tabaré (Vázquez) ha hecho una enorme cantidad de negocios en Venezuela en asuntos de cibernética, etcétera, y está embarrado hasta el cuello con las transas venezolanas”, afirmó. “Y los venezolanos y los cubanos lo saben, y cada vez que Uruguay se aleja un poquito, le da (sic) un apretón”, agregó.

El comentario del mexicano provocó una serie de notas en medios de comunicación nacionales e internacionales, a los que Presidencia procuró poner fin mediante una carta en la que concluye que la Justicia descartó las acusaciones.

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