NO SE PUEDEN SUSPENDER POR MÁS DE DIEZ DÍAS

Esta semana dos alumnas del liceo 62 de Colón se tomaron a golpes de puño y en tres centros de UTU también hubo episodios de violencia. En ninguno de los casos hubo aún observaciones para los estudiantes. El sistema bloquea desde 2005 sanciones severas y deja a directores de manos atadas.

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Sancionar a un estudiante no es asunto fácil. Antes el sistema era, por decirlo de alguna forma, monárquico. Más tarde o más temprano todo iba a parar al criterio del director, que salvo casos excepcionales solía respaldar a los profesores. Hoy no. Es todo más democrático y contemplativo, y las decisiones finales siempre están en manos del Consejo de Educación Secundaria (CES). Los liceos no pueden echar a estudiantes por más graves que hayan sido sus acciones. Deben limitarse a sanciones leves o, mejor, a negociar con padres y buscar asesoramiento psicológico para los educandos que lo necesiten. Todo sea por proteger las trayectorias educativas.

Si un alumno comete una falta severa —como tomarse a golpes de puño en un recreo,lo cual sucedió esta semana en el liceo N° 62 de Colón, y desencadenó un paró que afectó a los 75.000 jóvenes que cursan en la capital—, la medida disciplinaria será decisión de una tríada de docentes formada por: un representante de la dirección, uno de los docentes y otro de los estudiantes; esta lleva por nombre Consejo Asesor Pedagógico (CAP).

La resolución que este tribunal tome luego será negociada con la dirección del centro. Y si esta es tan severa que implique más de 10 días de suspensión, el caso deberá ser elevado al CES, que tendrá la última palabra. El procedimiento es idéntico en los centros de UTU, pero en ese caso el que baja el martillo con el veredicto final es el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP).

Esta semana fue particularmente violenta en los centros de estudios. El episodio más llamativo fue el del liceo N° 62, que alguien filmó y viralizó en las redes sociales. El País accedió a un chat de los estudiantes en el que se cuenta lo sucedido: "Una de cuarto se metió con una de primero y esta le contó a la hermana, que fue y le pegó a la de cuarto. Después fueron la tía de la de cuarto y la madre de la de primero y se empezaron a pelear entre ellas. Después la madre de la de cuarto le pegó a la de primero y cuando las fueron a separar les pegaron a una adscripta y a un policía. Al final vinieron dos patrulleros y una ambulancia, y una doctora atendió a la adscripta".

Desde la institución contaron a El País que, además, participó del evento el padre de una de las alumnas, quien las instaba a pelear y mantenía bajo amenaza a cualquiera que quisiera separarlas. La dirección del centro presentó denuncias policiales contra todos los adultos involucrados. Docentes de la institución, en tanto, señalaron a Canal 12 que las situaciones de violencia no son aisladas sino más bien frecuentes, pese a que la virulencia de lo acontecido esta semana fue mayor, en un liceo al que asisten unos 1.400 alumnos.

En UTU se dieron otros tres episodios violentos durante esta semana.En la institución de Domingo Arena estudiantes golpearon a un docente, y en el barrio montevideano Lavalleja así como en Libertad, San José, también hubo trifulcas entre jóvenes. La secretaria de prensa de la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu), Lourdes Pintos, advirtió a El País que los problemas se dieron entre "barritas barriales" que "trasladaron sus problemas" a los centros educativos. En Libertad hubo también una denuncia a nivel policial.

En todos estos eventos se dio lugar al CAP de cada centro educativo, y los estudiantes involucrados fueron instados a no volver a las instituciones hasta que se les comunique si serán sancionados o no. El CAP tiene un máximo de cinco días hábiles para expedirse. Las sanciones que determinen se descontarán de los días que no están yendo a estudiar. Es decir, si demoran tres días en dar un veredicto y deciden sancionar a un estudiante por cinco días, este deberá faltar solo dos más.

El CAP funciona desde 2005. Ese año también se eliminó el Consejo Orientador Pedagógico, un órgano cuyo reglamento contemplaba para casos graves la expulsión lisa y llana de los estudiantes —hoy la sanción máxima la puede tomar el CES y es una suspensión por un año—, y que además estaba formado por tres miembros elegidos a dedo por los directores. El cambio logró suavizar las sanciones al alumnado en pos de "proteger las trayectorias educativas", advierte Javier Landoni, consejero de Secundaria. También sirvió para generar, sostiene, un mejor vínculo de los profesores y la dirección con las familias. De hecho, cada vez que se suscita un episodio violento y se llama a un alumno a dar una declaración, este debe ir acompañado por un adulto.

"Siempre que hay un caso grave el joven tiene que ir con un mayor. Las sanciones pueden ser leves; si son graves ya los casos son elevados al Consejo. Se supone que debe ser un organismo que busque encauzar, no sancionar", señala Landoni. El órgano también puede recomendar la actuación de un psicólogo, o en caso de que se detecten problemas de adicciones en un estudiante tiene potestad para pedir ayuda externa de otras instituciones, o abrir una investigación para revisar la situación familiar de un alumno conflictivo o con problemas en el aprendizaje. El CAP también suele actuar para encauzar grupos enteros, en caso de que el rendimiento general sea malo.

Las reglas con las que el CAP se maneja son las que están en el Estatuto del Estudiante, un escrito de nueve carillas, nueve capítulos y 38 artículos que enuncian los derechos, pero también las obligaciones del alumnado. El texto es abierto, en el sentido de que no deja en claro las sanciones correspondientes a cada falta, así que prácticamente todo se deja a criterio de la tríada de profesores.

Los artículos 15, 16, 17 y 18 establecen las "las responsabilidades" de los educandos. Allí se advierte que los alumnos deben: tener un trato respetuoso, no incitar a la violencia ni utilizar términos "injuriosos", no ingresar a los centros con armas, ni con alcohol u otras drogas, no realizar actividades proselitistas políticas o religiosas, no llevar pornografía y no dañar objetos personales de otros alumnos. Tampoco pueden rayar las paredes ni romper materiales de estudio, ni atentar contra patrimonios nacionales.

Se establece luego que ante cada hecho el CAP abrirá una investigación que funcionará, más o menos, como un juicio. Se tomarán testimonios de educandos y testigos, estos serán documentados en un acta, y cuando terminen de declarar "se le leerá íntegramente el acta al declarante, que manifestará si ratifica sus declaraciones, si debe efectuar aclaraciones o precisiones, procediendo a agregarlas, y si tiene algo más que declarar. En ningún caso se enmendará lo ya escrito".

Al momento de la sentencia, "en la situación de que exista un estudiante inculpado, se le informará directa y personalmente de ello, o a través de su representante legal", o sea el adulto responsable. Todo esto debe realizarse en cinco días hábiles, el máximo que tiene el CAP para pronunciarse. Una vez que lo haga el alumno puede presentar sus descargos. La dirección, en tanto, no tiene que acatar obligatoriamente lo sugerido por el CAP, pero de no hacerlo debe justificar por qué no lo hizo.

"Si la cosa se complica, el último que decide es el Consejo. Ya no existe eso de que se echa a un estudiante y punto. La idea es que se pueda reencauzar, que se busque otra alternativa para que siga estudiando", señala Pintos, de Afutu. Las posibles sanciones son tres: observación verbal, observación escrita, cumplimiento de actividades alternativas o comunitarias, o suspensión por hasta un año. Landoni dice que es raro que se llegue a tanto. "Tiene que ser algo gravísimo", advierte, más aún de lo que pasó esta semana en el 62.