EXPLOTACIÓN SEXUAL

El silencio que prolonga el calvario: la intensa búsqueda de testigos que quieran declarar

Las víctimas de explotación sexual y trata no suelen denunciar su situación. Cuando la Justicia actúa, el principal desafío de los fiscales es encontrar testigos que aporten pruebas, que muchas veces prefieren no meterse, perjudicando la posibilidad de combatir el delito.

Los casos de explotación sexual y trata son difíciles a nivel probatorio. Conllevan largas pesquisas sociales. Foto: Archivo El País
Los casos de explotación sexual y trata son difíciles a nivel probatorio. Conllevan largas pesquisas sociales. Foto: Archivo El País

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Todos los testigos dijeron: "Era una esclava". No se habla seguido de esclavitud en las sedes de Fiscalía, porque las víctimas de explotación sexual y trata no suelen animarse a denunciar. De las 32.307 denuncias por violencia doméstica y asociados que recibió el Ministerio del Interior en 2018, apenas el 4% corresponden a violencia física y sexual. Por temor a represalias de sus explotadores, por no visualizarse como víctimas, por desconfianza en el sistema judicial, estas historias de terror se terminan cuando las cuentan otros. Pero a esos otros el miedo también se les puede meter en el cuerpo.

Abogados, fiscales y directores de las principales instituciones que trabajan con esta población coinciden cuando opinan que en nuestro país la cultura del "mejor no te metas" es tan difícil de quebrar como a un vidrio blindado. Son pocos los vecinos, amigos, familiares que denuncian estos delitos. Algunos recurren a las líneas anónimas, pero en demasiados casos se oponen a dar datos claves, como la dirección donde ocurren los hechos. Esto sucede en la línea azul del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU): de los 386 casos de explotación sexual detectados el año pasado, solo 51 surgieron de llamadas telefónicas.

La mayoría de las intervenciones ocurren porque funcionarios de distintas instituciones públicas que trabajan en los territorios sospechan que detrás de un comportamiento podría haber un abuso. Hay casos en que ni siquiera ellos tienen el respaldo de sus superiores, sobre todo en el interior del país, donde las comunidades son más pequeñas, cuenta la abogada Marcela Falco, que forma parte del equipo del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social (Inmujeres) en Treinta y Tres.

Cuando pasan a la Justicia, estas investigaciones son largas y complejas. Durante meses los fiscales buscan testimonios de testigos que puedan ser una prueba clave para lograr la formalización. Por eso, hay una batería de garantías y un programa de protección para víctimas y testigos que introdujo el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), además de otros mecanismos de resguardo para las víctimas que establece la reciente Ley de Prevención y Combate de la Trata de Personas.

Pero hay situaciones en que nada alcanza para que los que están en el entorno del delito digan lo que saben.

Vivir en una pesadilla.

En agosto pasado, antes de que saliera el sol, una mujer de 20 años subió a un ómnibus con sus hijos: el mayor de dos años, el menor de uno. Tenía el rostro arañado. Estaba huyendo de su aparente captora.

Llegó a su destino y durante cuatro días vivió en la casa de un cliente al que conoció mientras la obligaban a prostituirse. Del hombre que la ayudó, se negó a dar información a la Justicia.

Uno de esos días, mientras estaba con sus hijos en una plaza —descalzos y sin pañales—, la protagonista de esta historia tuvo una pizca de suerte y se cruzó con una prima a la que no veía desde hacía siete años. Le contó que cuando tenía 14, una vecina la invitó a mudarse con ella, para que dejara así la casa familiar, un ambiente desmembrado y hundido en la miseria, con una madre sordomuda que ejercía la prostitución. La vecina vivía a una cuadra de distancia, una de sus hijas era su amiga y había más jóvenes bajo el mismo techo. Ya no estaría sola, pensó.

INAU constató que cada vez más varones y trans menores de edad son explotados por redes. Foto: Archivo El País
INAU constató que cada vez más varones y trans menores de edad son explotados por redes. Foto: Archivo El País

Cuando el miedo es de uno, contarlo es un proceso caótico. La mujer le lanzó a la prima todo lo que le había pasado desde entonces de forma verborrágica, mezclando el orden de los hechos, seguramente a raíz de la "amnesia disociativa como mecanismo de sobrevivencia" que constataron los técnicos en las pericias que se le realizaron cuando su caso llegó a la Justicia. Pero para ese momento todavía falta mucho tiempo y dolor.

Una vez mudada, la vecina la obligó a encargarse de la limpieza de la casa donde vivían 14 personas. Se levantaba a las 05 AM y recién podía ir a descansar tras 19 horas de trabajo. Recibía un único plato de comida al día. En invierno, los vecinos la veían con los pies desnudos, usando ropa vieja y veraniega. La captora la castigaba: la quemaba con agua y aceite hirviendo, le partía palos en la espalda, le hundía los dedos en los ojos, agarraba tijeras y le cortaba el pelo violentamente y en desorden. Durante algunos años, todos se mudaron a una quinta donde la pareja de la vecina trabajaba, y ella alimentaba y limpiaba a los cerdos que la mujer criaba. Allí, la habría obligado a tener relaciones sexuales con algunos trabajadores de la cuadrilla, a cambio de un pago al que ella no accedía. Así fue que quedó embarazada dos veces.

Luego de nacidos los bebés, la víctima no los pudo amamantar, ni llevar al pediatra, y al más pequeño —que en un momento fue entregado sin su consentimiento a una pareja del barrio, y le permitían verlo solo cada tanto— no le dejaron festejarle el primer cumpleaños. A los niños también les pegaban. A ellos, sobre todo los golpeaba la hija de la vecina, aquella que había sido su amiga en la adolescencia. Ella también sería quien la habría obligado a prostituirse cuando cumplió los 18.

Con la cara arañada, moretones en el cuerpo y lágrimas en los ojos, ropa inadecuada y pelucas de cotillón, la veían llegar las otras meretrices. Sospecharon, intentaron acercarse, pero ella se alejaba. De a poco se animó a hablarles. Una noche puso altavoz en el celular y todas escucharon cómo su examiga le pegaba a los niños mientras le gritaba que más le valía venir con suficiente dinero o sería peor.

2.581 son las denuncias que recibió la línea azul del INAU durante 2018. Foto. Fernando Ponzetto
2.581 son las denuncias que recibió la línea azul del INAU durante 2018. Foto. Fernando Ponzetto

En este ambiente conoció a dos clientes que la ayudaron a huir. El primer intento fracasó, el segundo terminó con esta pesadilla. La prima escuchó el final de la historia y se los llevó a los tres a su casa. Al día siguiente, la vecina y su hija los encontraron. Entraron al hogar, tomaron a los niños del pescuezo dispuestas a llevárselos como sea. Algunos vecinos y la prima se lo impidieron.

La prima la acompañó a un CAIF para inscribir a los pequeños y la mujer de la cara arañada empezó a contar el infierno, y contó, y contó. La psicóloga y la maestra llamaron a la Policía Comunitaria.

Recién entonces se hizo la denuncia en Fiscalía y comenzó la investigación. Debieron pasar siete años de explotación frente a los ojos de decenas de personas que miraban pero no veían. Sabían, porque la vecina tenía la costumbre de contar entre sus allegados lo que le hacía a su víctima. No se animaron a hablar "por miedo" o por "temor a no tener pruebas para darles a la Policía", confesaron varios de ellos en una nota que publicó El País.

Después sí, dijeron: "Era una esclava".

Amenaza para callar.

Dos semanas atrás, la fiscal Mirna Busich, de la fiscalía de Las Piedras, presentó la petición de formalización de la madre y la hija por un delito de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Pidió prisión preventiva por 180 días debido a que, entre otras cosas, hay testigos que se niegan a declarar con ellas libres.

La investigación fue realizada por otro equipo fiscal. Reunir a los testigos para que dijeran lo que sabían y se comprometieran a declarar, esperar a que la víctima estuviese preparada para contar su historia, armar la estrategia para lograr un juicio oral analizando qué testimonios son los valiosos y cuáles podrían ser hostiles y favorecer a la defensa, les llevó cinco meses.

Según relataron fuentes de esa investigación, las imputadas, enteradas de que estaban siendo investigadas, les habrían seguido los pasos a los distintos vecinos que iban a declarar, esperándolos cerca de la fiscalía y advirtiéndoles en el barrio que serían citados y que ellas estaban al tanto. Incluso, se habrían hecho pasar por distintas personas llamando a posibles sitios donde podrían estar la víctima y sus niños —que fueron relocalizados varias veces como medida de protección, y tienen custodia policial.

Parte del abuso de poder es someter al entorno. Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos —que en 2018 asistió a 1.746 personas, 220 con medidas de protección— está habituada a escuchar estos relatos y sabe que el miedo también se irradia. "Por eso la víctima queda aislada, porque neutralizaste a quienes pueden reaccionar. El abuso se sostiene en eso, tiene el efecto de una anestesia: vos no ves que no ves, hasta que la explotación es parte del paisaje. A veces el discurso es que no denunciaron para proteger, si hago algo capaz que la lastima más, o si llamo a la Policía capaz que la llevan presa a ella".

Mientras la víctima y sus niños eran acompañados por el equipo de esta unidad y por el de Inmujeres, la investigación aunó fuerzas en armar el rompecabezas de su relato. "Muchos vecinos dijeron que no sabían nada y que no querían declarar. Cada uno nos llevaba a otro y era empezar de vuelta todos los días. Algunos sí quisieron hablar, porque la situación era tan dantesca que parecían aliviados de poder contar lo que habían estado viendo", contaron varias fuentes.

Pudieron reunir más de 20 testigos. Sin embargo, la falta de testimonios dejó por el camino la posibilidad de imputar a las captoras por los delitos de explotación sexual con el agravante de que la víctima era menor —cuando estaba en la quinta— y de tráfico de personas —en el caso de la entrega de su hijo a otra familia. Hubo más dudas que quedaron por el camino. No se pudo confirmar la versión de un testigo que dice haber realizado la denuncia en la línea azul, ni la de la víctima que asegura que apenas huyó fue a una comisaría para contar su historia y que el oficial que la recibió no le tomó la denuncia. La escuchó y se río de ella.

Romper el miedo.

El cambio de ADN del proceso penal modificó la forma en que se investigan estos delitos sexuales. En lugar de ser responsabilidad de crimen organizado, ahora son abarcados por las fiscalías de delitos sexuales, violencia doméstica y violencia basada en género que tienen presencia en todo el país. Las víctimas pueden declarar como prueba anticipada: acompañadas por el equipo de la unidad declaran sin ver a las partes en una sala contigua con cámara Gesell. El juez de garantía recibe en un sobre cerrado las preguntas que quieren hacerles fiscales y defensores. Su identidad se reserva, también pueden reservarse la de los testigos intimidados y las actuaciones de Fiscalía. Luego, el video de la declaración se vuelve a exhibir en el juicio, sin necesidad de que la víctima asista.

Por otro lado, si la Policía y los fiscales consideran que la víctima y los testigos corren peligro por la calidad de su información o por el tipo de delito, pueden ingresar al programa de testigos protegidos.

Se inició una investigación interna. Foto: Archivo El País
Foto: Archivo El País

La historia del tratamiento judicial de la trata sexual con fines comerciales se escribió por primera vez en 2008, cuando se redactó la norma que penalizaba este delito. En estos meses, tras la entrada en vigencia de la Ley de Prevención y Combate de la Trata de Personas, se está dando vuelta la página otra vez. La norma mejora el acceso a la Justicia de estos casos previendo la posibilidad de iniciar un proceso sin tomarle declaración a la víctima. Esto, dice Mariella Mazzotti, directora de Inmujeres, convenció de denunciar a algunas de las mujeres que atienden. Pero son pocas.

Algunas de estas investigaciones las lleva adelante la fiscal Sabrina Flores. Estos casos requieren pesquisas de tipo social, visitando el barrio, familiares, prestadores de salud y centros educativos. Se buscan pruebas además de la testimonial —por ejemplo un embarazo adolescente, o un niño no escolarizado— que sean sólidas para sostener un juicio oral, ya que la mayoría de estos imputados rechaza el procedimiento abreviado porque suelen negar los hechos. "Conseguir testigos es difícil porque la persona que sabe por lo general tiene una relación con la organización (si la hay) o saca algún provecho de la situación, entonces es difícil que se involucre". A muchas víctimas los explotadores las hacen cometer otro tipo de delitos para tenerlas bajo amenaza, agrega. Sobre esto último, la ley establece que si el delito fue un resultado directo de su situación de víctima, no es punible.

Al ver verás.

En los últimos años INAU notó que las víctimas de delitos sexuales son cada vez más jóvenes y que cada vez hay más varones (22,9% según el Ministerio del Interior) y trans captados. En 2017 detectó 365 casos de explotación sexual con fines comerciales, pero apenas hubo 10 formalizaciones. Entre 2013 y 2016, los procesamientos fueron solo siete.

Para estimular las denuncias las instituciones deben generar por un lado la confianza de que podrán proteger a las víctimas y a los testigos, y por otro de que se combate el delito. Aunque Fiscalía no discrimina las imputaciones y formalizaciones por tipo de delito, Mazzotti y Solari creen que en el último año los delitos sexuales consiguieron más condenas que en tiempos pasados. Desde el INAU, Luis Purtscher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia, tiene la misma sensación. Pero sabe que es enorme la brecha entre los casos a los que llegan y los que existen. Para eso hay que mejorar el sistema de denuncia, por eso junto al LATU analizan modificaciones para la línea azul.

Propone un ejercicio. Imagine con cuántos adultos podría tener sexo un menor durante una semana. Ahora ese número multiplíquelo por 386. "Ese es el número de explotadores que tenemos. No son monstruos, son tipos que comparten la vida cotidiana con vos, porque un explotador puede ser cualquiera".

Andrea Tuana dirige la organización civil El Paso, que atendió a las 74 mujeres que en 2018 ingresaron a Inmujeres. Explica que aunque en nuestro país funcionan redes de trata de tipo familiar, comunitarias, de trata interna entre departamentos —sobre todo en la frontera seca y líquida— e incluso a nivel de crimen organizado transnacional, la realidad más común es que estas mujeres no estén encadenadas o escondidas. "Muchas veces son mujeres que andan solas por la calle, pero se mantienen en la red porque es lo único que tienen, o las retienen mediante deudas, o convenciéndolas de que no son nadie y que a nadie les importan".

Cuando el miedo es el de uno, no se piensa en los otros. Solari cuenta que las víctimas que llegan no tienen resentimientos hacia los vecinos, familiares y amigos que callaron porque ni siquiera se visualizan como víctimas de un delito. Si se trazara la historia de vida de una de ellas, empezaría con violencia psicológica, física, explotación sexual comercial y luego, aunque intervenga una institución, lo más probable es que en la adultez se retome el mismo camino y se convierta en víctima de trata o de tráfico internacional. "Devolverle al sujeto su calidad de tal después de que circuló como una mercancía es muy difícil. Habitualmente se lo intenta reinsertar en un ambiente familiar, y si no se puede en alguno de nuestros programas, y si no termina institucionalizado. Pero, ¿después? Nos siguen faltando una adecuada receptividad de la comunidad institucional y laboral para brindarles un espacio de oportunidades para que cuando cumplan los 18 no vuelvan a lo mismo", dice Purtscher.

El de la explotación, si no se frena temprano, es un destino irreversible. Tuana cree que hasta ahora "hay pocas respuestas reales y accesibles" para que puedan sostener un alquiler —que a través de un convenio con el Ministerio de Vivienda podría estar subsidiado, y su garantía—, estudios o un trabajo —que surgen de otro convenio con el Ministerio de Trabajo. "Hemos tenido situaciones que uno podría llamar gratificantes porque las mujeres lograron encaminar su proyecto de vida, pero esos casos son mínimos", reconoce Mazzotti, "por lo general son muy intrincados, con períodos de avances y de retrocesos". Por eso la intervención de Inmujeres no tiene plazo. De las 206 mujeres atendidas en 2018, 132 son casos en seguimiento.

El problema de fondo, creen los expertos, es que hablar de explotación y trata requiere hablar del mercado sexual, y esto para la sociedad es incómodo. Todavía es incómodo. Para ver más y mejor nos falta asumir que este es un problema que no les pasa a los otros: nos ocurre a nosotros.

El mito de no denunciar por miedo a no tener pruebas

"El testigo no necesita pruebas: el testigo es la prueba. Si tiene idoneidad para percibir el hecho delictivo y en el momento de declarar tiene idoneidad para transmitirlo, constituye la prueba", explica el abogado Juan Raúl Williman, responsable del consultorio jurídico penal de la Facultad de Derecho que asiste a las víctimas de delitos penales en Montevideo. ¿Es responsabilidad del testigo entregar pruebas al presentar la denuncia? La fiscal de delitos sexuales Sabrina Flores dice que no.

"Muchas veces el miedo viene de ignorar cómo funciona el sistema. Es responsabilidad de Fiscalía y de la Policía lograr las pruebas, incluso sin exponer a la víctima a que declare si decide que no quiere hacerlo".

En Migues, por el caso de los cubanos, aún faltan testigos

María del Carmen Suárez, la alcaldesa de Migues, un poblado canario con 4.000 habitantes, lamenta que las cosas malas se conviertan en noticia mucho más rápido que las buenas. En los últimos días, el tema de conversación entre vecinos es el de los cuatro cubanos a los que la Fiscalía de Pando les imputó varios delitos. Ahora están cumpliendo los 110 días de prisión preventiva que otorgó el juez. Dos de ellos están imputados por tráfico de personas -que los vincula con otra causa-; tres por violación a la ley de estupefacientes en modalidad de negociación o venta agravado específicamente por suministrar a menores de edad; los cuatro por un delito continuado de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos.

Migues es una comunidad de brazos abiertos a la inmigración, que acogió a decenas de cubanos que, según Suárez, se integraron a su actividad laboral y social. Por eso sus vecinos observaron atónitos el allanamiento que ocurrió el domingo pasado en la casa donde vivían los cuatro imputados. Según relató la fiscal Alicia Ghione, iban a la plaza y a boliches a ofrecer distintas drogas a los jóvenes. Los invitaban a su casa. A las chicas que no podían pagar, les proponían, a cambio, tener relaciones sexuales. Muchos son menores. Nadie denunció esta actividad. La investigación se disparó después de que una mujer cubana denunciara que era víctima de violencia doméstica por parte de otro compatriota que vivía en la misma casa donde sucedían estos delitos. En ese momento allí alquilaban 12 inmigrantes, que luego pasaron a ser solo los cuatro imputados. Ghione dice: “Fue muy difícil conseguir testigos. Durante tres meses tuvimos que ir de uno en uno hasta que alguien se animó a declarar. Son testigos intimidados y al ser menores sus declaraciones se presentarán como prueba anticipada”. Los imputados se negaron a realizar un acuerdo en un procedimiento abreviado y se irá a juicio oral.

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