El ataque de un guardia de seguridad a un joven en las canteras del Parque Rodó reavivó el debate sobre los límites en los eventos nocturnos. INAU suspendió los permisos a los organizadores de la fiesta y la IMM estudia las habilitaciones.

Era domingo de madrugada y dos jóvenes caminaban en las afueras del local de El Faro, en las canteras del Parque Rodó, mientras en el lugar se celebraba una fiesta. Lejos de la puerta de entrada, los jóvenes se cruzaron con el encargado de seguridad del evento y una subalterna. El guardia los echó y ellos se resistieron porque, argumentaron, estaban esperando a un amigo. Hubo una discusión y ante la negativa de los jóvenes, el encargado golpeó a Gabriel, de 19 años. El joven cayó varios metros en las canteras y desapareció en la oscuridad de la noche.

Ni la guardia que acompañaba al encargado ni otros dos funcionarios de seguridad que trabajaban en el local y que supieron del episodio hicieron algo por ayudar a Gabriel, quien fue rescatado ya por la mañana del domingo e internado en estado grave tras el golpe y la caída. Según informó luego el Poder Judicial, el encargado no sólo ignoró la caída sino que además amenazó a los otros guardias: "Vos de acá no te moviste en toda la noche, no viste nada y recordá siempre que tenés familia".

El hombre está preso y los otros tres guardias procesados por omisión de asistencia. Gabriel, por su parte, está luchando por su vida y aún no se conocen las consecuencias que podría padecer.

Como resultado, el Inau informó a El País que suspenderá el permiso a la empresa que organizó la fiesta para futuros eventos con menores de 18 años. Será por un plazo indefinido. "Después de un episodio de estas características, para nosotros el lugar no ofrece las garantías suficientes para la concurrencia de adolescentes", indicó Alejandra Pacheco, directora de Espectáculos Públicos de INAU.

Por otra parte, la Intendencia de Montevideo precisó que la empresa organizadora de los eventos cumple con todos los requerimientos, pero que su habilitación tiene como fecha de vencimiento el 11 de mayo. Además, se destacó que no había irregularidades en el local, pero que se solicitó un informe interno para evaluar la situación a futuro y que se volverán a analizar las condiciones que ofrece el lugar para eventos públicos.

Hay 26.197 guardias registrados en la Dirección General de Fiscalización de Empresas (Digefe), encargada de habilitar y controlar a las empresas de seguridad. Entre ellos se encuentran los que trabajan en locales bailables, aunque el organismo desconoce exactamente cuántos son. De hecho, aunque muchos sostienen que su rol es mediar y evitar la violencia, la realidad es que ni las empresas que ofrecen estos servicios ni quienes las contratan tienen un mismo protocolo de acción frente a episodios imprevistos. Muchos hablan de falta de formación, irregularidades y complicaciones a la hora de trabajar en el rubro, pero pocos quieren que su nombre figure porque "el mercado es chico y los clientes son pocos". La seguridad de los boliches termina siendo, en definitiva, tierra de nadie.

Un empresario que trabajó durante más de dos décadas en seguridad de boliches y que prefirió no ser identificado, explicó que hay un "círculo vicioso" en el mundo de la seguridad de los locales bailables. Empresas de eventos dispuestas a invertir poco en seguridad, presupuesto escaso para formación del personal y sueldos bajos para los empleados provocan que la mayoría deje de trabajar en el ambiente en cuanto surge una oportunidad mejor. Esto hace que el negocio sea poco sostenible y que muchos opten por reducir la calidad del servicio.

Por lo general, se busca que los empleados de seguridad conozcan algo de artes marciales o defensa personal, tengan un físico robusto y que puedan contener conflictos y proteger las instalaciones. Sin embargo, sobre las habilidades que requiere el contacto con el público y la tolerancia a maltratos y horas de trabajo en un ambiente donde las personas tienen una conducta impredecible, muchas veces bajo el efecto de drogas o alcohol, todo se remite a una pericia psicológica anual requerida por las autoridades.

Se le pide a los guardias de seguridad un curso habilitado por Digefe, de 20 horas en el que se enseñan conceptos jurídicos referentes a la legítima defensa, además de reanimación y, en algunos casos, algo de defensa personal. Por otro lado, se pide que se presente un certificado de aptitud psíquica para realizar la tarea, emitido por un profesional habilitado.

Agustín Pose, presidente de la Federación Uruguaya de Empresas de Seguridad (Fudes), dirige una firma de seguridad donde además se imparten cursos de formación de guardias. Para los que trabajan en boliches, explicó, se hace más énfasis en lo que tiene que ver con la mediación de conflictos. En la pericia psicológica, la evaluación también es diferente a la del resto. Se estudia qué tan apta está la persona para el trato con el público.

"En mi empresa más de una vez se ha echado para atrás a alguien por no contar con los requisitos", dijo. Sin embargo, los procesos no son los mismos en todas las empresas y algunos de los involucrados manifestaron que en muchos lugares los cursos son iguales a los que se imparten para cualquier vigilante.

Hay reglas generales entre los que trabajan en el ambiente, como que, por ejemplo, cada 100 personas tiene que haber un guardia de seguridad, o que siempre que hay un conflicto debe haber más de dos guardias para apaciguar. Sin embargo, todo esto es relativo. Depende del lugar donde se realice la fiesta, la cantidad de personas que se prevén y las que realmente terminan yendo, y del bolsillo del que organiza la fiesta.

"Hay muchos empresarios que escatiman esfuerzos, contratan menos guardias de los que tienen que tener", explicó a El País Juan Carlos Vázquez, inspector general retirado y exdirector de Renaemse, nombre que solía tener la Digefe. Al no haber una norma que imponga límites o protocolos, esto queda a criterio de los organizadores y de la empresa que presta el servicio de seguridad.

Desde el Ministerio del Interior indicaron además que las irregularidades más comunes que encuentra la Digefe tienen que ver con empresas o personal que no está habilitado y servicios no declarados.

La informalidad es el otro talón de Aquiles de la noche. Dentro de la Unión de Trabajadores de la Seguridad (UnatraseFuecys), por ejemplo, hay solamente un guardia de boliches sindicalizado, según dijo el dirigente Eduardo Camargo. La persona trabaja en Nueva Helvecia. "Estamos apostando a que se vayan acercando de cara a los Consejos de Salarios", apuntó. Si bien todas las fuentes consultadas coinciden en que el rol del guardia es controlar los conflictos sin involucrarse personalmente en ellos, pocos pueden establecer el límite. ¿Debe aplicar la fuerza física para controlar a alguien cuando hay un episodio de violencia? ¿Cómo debe hacerlo? ¿Puede usar gas pimienta si la situación lo amerita? Si bien se apela al sentido común, los hechos muestran que esto puede ser una apreciación subjetiva, especialmente en el ambiente nocturno, frente al estrés del contacto con el público y con salarios que rondan los $ 500 por siete horas de trabajo. A modo de comparación, el guardia de un concierto, que puede llegar a durar pocas horas, puede cobrar alrededor de $ 800.

La noche en que el guardia atacó a Gabriel había un total de 15 guardias en la fiesta y cerca de 1.000 personas, según dijo Claudia González, vocera de El Faro. Los organizadores emitieron un comunicado en el que hicieron pública su desvinculación de la empresa Powergroup, encargada de la seguridad el sábado pasado en las canteras y reprogramaron los eventos de este fin de semana. Lucas Pacheco, dueño de la empresa de seguridad, dialogó con El País y trasladó la responsabilidad de los hechos a los cuatro empleados vinculados al hecho.

El hombre procesado con prisión, dijo que tenía 13 años de experiencia en seguridad en locales bailables, había trabajado para las principales empresas de seguridad, era militar en ejercicio y había pasado las pruebas psicológicas que requiere Digefe. Pacheco argumentó además que el empleado no se encontraba desempeñando sus funciones ya que estaba alejado del perímetro de trabajo, a pesar de que todavía estaba en horario laboral cuando agredió al joven. Sobre los otros empleados y su clara omisión de asistencia, el empresario las describió como decisiones "personales". "Ellos tendrían que haberlo notificado. Incluso el local cuenta con un servicio de emergencia. Fue una decisión personal y no de la empresa", deslindó.

Mientras, un proyecto de ley que pretende regular el trabajo de los guardias de seguridad espera su turno en el Parlamento. El proyecto propone Primaria completa como nivel de estudios mínimo para guardias que trabajan sin arma, y exige que su formación finalice con un examen en la Escuela Nacional de Policía. Además, la Intendencia de Montevideo prevé acelerar la implementación de cursos de formación obligatorios para guardias.

Año a año se han dado diversos episodios de violencia provocada por guardias de seguridad. Sin ir más lejos, en marzo de este año otro guardia de un boliche ubicado en Rondeau y Uruguay fue procesado por homicidio tras haber empujado a un hombre de 39 años por una escalera, lo que le provocó la muerte por fractura de cráneo. El antecedente que más repercusiones tuvo es el del músico Jorginho Gularte, ocurrido en 2002. El músico tuvo daños severos como consecuencia de la caída por una escalera y por la cual se acusó a un guardia de seguridad. Sin embargo, nunca se pudo encontrar a responsables por el hecho. Desde la Intendencia de Montevideo explicaron que, basándose en el modelo aplicado en Rosario, Argentina, pretenden instaurar cursos obligatorios gracias a convenios con universidades, organizaciones de derechos humanos y otras instituciones para guardias de seguridad. En estas capacitaciones se enseñarían principios sobre el trato con el público, primeros auxilios y trabajo en situaciones de riesgo.

Si bien se ha manejado que por la ley de responsabilidad penal empresarial se podría imputar a los organizadores de la fiesta o al responsable de la empresa de seguridad por el violento incidente contra un joven, desde el estudio Posadas, Posadas y Vecino se explicó que un hecho de esa naturaleza no entra dentro de lo previsto por la ley. La norma fue elaborada para proteger a los empleados de la negligencia de sus empleadores en el ámbito laboral. Lo que sí se puede estudiar en estos casos, explicó la abogada del estudio y profesora de la Universidad Católica especializada en Derecho civil, Valeria Techera, es realizar una demanda con la intención de obtener una indemnización. "Es probable que el empleado que causó el daño sea insolvente o que su situación económica no sea suficiente para indemnizar todos los daños causados. Por esa razón, la ley agrega un segundo responsable que considera con mayor poder económico para responder. En este caso este segundo responsable sería el empleador", dijo. Sin embargo, esto solamente se podrá realizar si se comprueba que el daño haya ocurrido mientras la persona estaba trabajando.

UNA FIESTA CON FINAL TRÁGICOMARIANA CASTIÑEIRAS