Qué implica ser un testigo protegido

Son 166 las víctimas y los testigos que integran el programa de protección de la Fiscalía. Custodia policial, declaraciones bajo identidad reservada, realojo, cambio de trabajo y aislamiento social son algunas de las medidas de protección que deben cumplir. Pero no siempre funcionan.

La escena la conocemos de memoria, pero esta versión ocurrió un año atrás en un juzgado de Montevideo. De un lado una testigo y del otro cinco hombres que hacían fila en la rueda de identificación. Pero solo uno le gritaba al vidrio espejado amenazando a la persona que estaba a punto de reconocerlo como homicida de un adolescente. "Le decía: un aguante por ahí que de acá salimos todos", recuerda Juan Williman, responsable del consultorio jurídico penal de la Facultad de Derecho que asistió a más de 110 víctimas de delitos. Le decía, sin decirle, que si lo delataba la iría a buscar apenas saliera de la cárcel.

La testigo lo reconoció, declaró y su nombre quedó escrito en un expediente que es público. Hizo lo que la Justicia esperaba de ella y se llevó la amenaza para su casa. Pero, después de cumplir, ¿cómo hace uno para olvidar esas palabras cuando apoya la cabeza en la almohada?

El testigo y la víctima han sido históricamente definidos como medios de prueba. Si son citados, están obligados a declarar. El problema viene cuando declaran y porque tienen miedo no aportan lo que saben. Para reconquistar su confianza, el nuevo Código de Proceso Penal incorporó un escudo de derechos y mecanismos de protección que son articulados por la Fiscalía mediante su Unidad de Víctimas y Testigos.

Desde que entró en vigencia el 1° de noviembre de 2017, casi 1.000 personas fueron atendidas por la Unidad. Según informó VTV y confirmó El País, 166 ingresaron al programa de protección por delitos económicos, relacionados al narcotráfico, homicidios y extorsión. Este número representa a 45 familias, integradas por 55 niños y 26 adolescentes.

"Tenemos que dejar de ver a las víctimas y los testigos como un problema exclusivamente penal, porque la respuesta jurídica no es lo único que les importa. Incluso puede ser la parte mínima del problema. La atención emocional y socioeconómica es fundamental", dice Williman.

El Estado ahora es responsable de asistirlos de forma integral. Aquellos que participen del proceso y se compruebe que están en situación de peligro, además de recibir custodia policial y declarar bajo reserva, pueden ser realojados, sus hijos se ubican en otros centros educativos, y en un futuro cercano se los ayudará a conseguir un nuevo trabajo, a estudiar, a ser relocalizados fuera del país, y se les asignará un nombre nuevo.

La Fiscalía y el Ministerio del Interior confeccionan cada estrategia de protección como si fuera un traje hecho a medida. Sus protegidos tienen la última palabra: si aceptan, firman un acuerdo bajo el riesgo de ser egresados si incumplen.

Con estas medidas los operadores judiciales esperan que las declaraciones sean más sólidas y haya más procesamientos. Pero no todos pueden mantener el compromiso de no exponerse. Algunos se mudan sin avisar, otros se mantienen activos en redes sociales y utilizan su celular aunque les pidan que no lo hagan. Hay quienes vuelven al lugar del delito. Después de todo, ¿qué tan fácil puede ser mantener en absoluto secreto un cambio de vida tan radical?

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Nunca fue fácil convertirse en un fantasma para los enemigos. Un decreto del 2000 les permitió a las personas en peligro declarar con su identidad reservada y recibir protección policial. En lugar de su nombre se comenzó a usar un número o código y a tomarse la declaración fuera de la vista del imputado. La defensa de este puede interrogarlo a veces de forma presencial y otras enviándole preguntas por escrito. Luego el documento se inserta en una sobre cerrado y lacrado que lleva escrito el nombre de la causa y del fiscal, y se guarda en una caja fuerte.

En 2008 la Ley de Procedimiento Policial detalló derechos básicos para víctimas, testigos y colaboradores de una investigación, mientras que en 2009 la Ley de Control y Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo estableció medidas de protección para quienes participen de procesos en los juzgados de Crimen Organizado. Esta norma incluyó la posibilidad de reubicación, cambio de nombre y de documento de identidad, asistencia económica y la pena de dos a seis años de prisión para el funcionario público que revele el secreto.

Graciela Gatti fue jueza de Crimen Organizado de 2009 a 2012. Según recuerda, la figura del testigo protegido "se usaba poco" y cuando se hacía primaba la declaración con identidad reservada. "No hacíamos realojos y hasta donde sé, nunca se cambió el nombre a una persona". O, bromea, "tal vez este secreto haya sido tan bien guardado que ni yo lo sé".

Palabras más, palabras menos, ya existía una protección para las víctimas y los testigos pero no había quién articulara una red que mirara más allá de su participación judicial. Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos, lo explica así: "Había personas que, debido a las características del delito y de la información que habrían brindado, salían del juzgado y tenían que resolver dónde vivir, conseguir un trabajo nuevo o cambiar de escuela a sus hijos. De eso nadie se ocupaba hasta ahora".

Además de la celeridad en la respuesta judicial, las víctimas y testigos en riesgo necesitan un acompañamiento emocional que les permita volver a conquistar su seguridad. Esto es un derecho pero también influye en la calidad de sus declaraciones. Un juez que no quiso ser identificado dice: "Tengo testigos que no hablan por terror a que los maten. Yo entiendo que no quieran declarar. Es difícil pensar en protección de testigos en un país tan chico, en el que somos tan pocos y sin recursos económicos".

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Como los recursos son pocos, el trabajo de la unidad se basa en acompañar a diario a las personas durante el proceso y en resolver sus necesidades articulando con equipos de otros ministerios e instituciones. No existe una compensación económica específica.

Por eso se generó un gabinete presidido por la Fiscalía y el Ministerio del Interior en el que participan el Ministerio de Desarrollo Social (que gestiona la reinserción educativa de los menores, brinda alimentación al núcleo y la tarjeta Uruguay Social a los que necesiten); el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (que aporta soluciones, desde subsidios de alquiler hasta realojos); el Ministerio de Salud Pública (que procura una atención inmediata para esta población); el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (con quien se está discutiendo cómo reinsertar a quienes deben dejar su empleo); el Instituto del Niño y del Adolescente (que realiza el seguimiento de los niños); y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (que ya les da cursos de capacitación).

La unidad prevé tener todos esos convenios firmados para octubre y además iniciar los acuerdos con otras fiscalías extranjeras para relocalizar uruguayos fuera del país y concretar su cambio de nombre e identidad civil. Consultadas sobre si hay casos que lleguen a este extremo, Gatti y Solari dicen que sí. El abogado Williman es más específico: "Los casos de las familias desalojadas en Casavalle podrían ser un buen ejemplo para estas medidas".

Por otro lado, ¿hay testigos extranjeros ocultos en nuestro país? "Capaz", dice Solari con una sonrisa que la delata.

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Esta escena también la conocemos de memoria: ocurre un delito, llega la Policía, avisa al fiscal, quien si detecta a una víctima o a un testigo, pone al tanto a la unidad; que a su vez envía a una abogada, una asistente social y un psicólogo.

Este equipo, junto al oficial a cargo del caso y el fiscal, evalúan si hay condiciones reales de inseguridad que amenacen a la víctima o al testigo (y a sus personas cercanas). Juan Gómez es fiscal de Homicidios y explica que es la Policía la que investiga el riesgo de represalias por parte de bandas o allegados al imputado.

Si para declarar necesitan otras condiciones, el fiscal puede tomar algunas medidas de protección durante la investigación, aunque luego de la formalización hay otras medidas que deben contar con la autorización del juez para cuidar el derecho de defensa del imputado. Un ejemplo es el de la declaración con identidad reservada. "El imputado no sabe quién es el que está aportando elementos en contra, por eso el juez debe constatar si el riesgo es real y si la información que aportará el testigo es relevante como para protegerlo", explica la jueza Gatti.

Algunas declaraciones ya comenzaron a tomarse fuera de los juzgados, o en una sala contigua, y se proyectan en streaming con la voz distorsionada.

¿Y si la víctima quiere una medida que no fue contemplada? "Como ahora forma parte del proceso, puede mediante un defensor solicitarla al fiscal o al juez del caso", explica Susana Rey, directora de la Defensoría Penal que ya patrocinó a 80 víctimas. ¿Un testigo puede hacerlo? "El código le permite declarar en compañía de una persona de confianza, pero no tener un abogado", aclara Williman.

Solari y su equipo dicen que hasta ahora los casos han salido bien. Sin embargo el martes pasado una testigo protegida denunció en Telemundo que había sido realojada junto a sus hijos de forma transitoria en una casa sin seguridad, calefacción, agua caliente ni camas suficientes.

Según supo El País, la testigo no había aceptado otras alternativas y debía esperar 20 días a que le fuera asignada una vivienda. No tenía custodia policial porque la medida no se consideró necesaria. Si bien incumplió con el acuerdo de confidencialidad, seguirá siendo protegida por el programa.

"Hay gente que se descuida permanentemente. O no pueden cumplir con el compromiso de no estar en redes sociales o cometen delitos o faltas. Hemos tenido casos de personas que se mudan y no le avisan a la Policía. O una víctima de violencia doméstica cuya expareja intentó matarla; cuando luego de cumplir la condena fue liberado, le colocamos a ella una tobillera para tenerla vigilada y la señora pidió que se la quitaran. Prefirió correr el riesgo antes que estar con la tobillera", cuenta Williman.

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Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia, cree que hace falta más tiempo para constatar si el programa está menguando el temor y mejorando las declaraciones. En parte porque ha habido muy pocos juicios orales; la gran mayoría de los delitos se resuelven con un proceso abreviado que no requiere declaración testimonial en audiencia pública.

Sin embargo, las fiscales Sylvia Lovesio y Mirta Morales creen que este proceso u2014al que varios se oponen porque no conciben la reducción de hasta un tercio de la penau2014 está permitiendo romper con el temor. Ambas recogieron decenas de testimonios en casos complejos bajo la promesa de que, si se llegara a juicio, podrían acceder a medidas de protección. El cúmulo de evidencia convenció a la defensa del imputado de negociar la pena y no ir a juicio, lo que ahorra tiempo y dinero.

Esta estrategia permitió procesar a cuatro hombres que rapiñaron ómnibus y comercios en Canelones. Lovesio reunió 40 testimonios para este caso. Por su parte, Morales acaba de firmar un acuerdo de proceso abreviado para condenar a los culpables de incendiar la casa de una señora en Malvín Norte. Decenas de vecinos dieron su testimonio confiando en una eventual protección.

Morales opina: "El proceso abreviado les permite terminar rápido con esta pesadilla e incluso no pasar por la declaración en el juicio que a algunos podría destrozar. Con el código viejo este caso no estaría resuelto y habría un problema social mayor. Ahora se trata de ir rompiendo ese hielo que genera el miedo".