En octubre de 2012 se aprobó la interrupción voluntaria del embarazo. Pero hay un rincón de Uruguay en el que la norma nunca cuajó. Primero los Provida y la Iglesia, luego se quejaron los ginecólogos, y ahora la polémica llegó a la educación. Salto va contra la corriente y se resiste.

Los alumnos de quinto y sexto año de orientación biológica del liceo N°1 de Salto llegaron el martes 27 de junio mochila al hombro, como todos los días, listos para entrar a las aulas. Pero la directora los interceptó y les dijo que iban a tener un "taller especial sobre afectividad, responsabilidad y sexualidad". La charla fue dada por madres de un colegio católico del departamento y para los alumnos fue una clase en contra del aborto. Ellas declararon, a través de una carta pública, que "no se trató de un adoctrinamiento" y que "no se planteó ninguna postura". Sin embargo, su palabra se contrapone a lo que muestran al menos dos videos que registraron lo sucedido y que por estos días circularon en la web, abonando un debate candente en torno a la laicidad.

"Eran tres madres, dos docentes y la directora. Ellas y los alumnos. Nadie más. La directora presentó la charla. Lo hizo sin decir mucho. Hasta ahí nadie sabía bien de lo que iban a hablar", dice Ana, de 19 años, desde un banco de la Plaza Artigas, a metros de la catedral a la que la directora va a misa todos los domingos.

Lo primero que hicieron fue poner un video. "Es más fácil aceptar la voluntad de Dios que un crimen propio", decía una mujer en la pantalla gigante de la sala audiovisual del liceo. "Dos años después de esto (un aborto) quedé embarazada y a las nueve semanas de embarazo tuve otra pérdida. Comprendí que mi aborto había matado a mis tres hijos, porque por alguna razón mi cuerpo ya no podía", contaba la mujer con una voz foránea, centroamericana. A esta altura, algunos alumnos no se sentían cómodos con lo que estaban viendo. Según contaron a El País, levantaron la mano para dar su opinión y no les hicieron caso. Dicen que luego empezaron a hablar sin pedir permiso, pero que las madres invitadas (que no eran madres de ninguno de los alumnos del colegio), con el aval de la directora, los hicieron callar. El canal de expresión que encontraron, entonces, fueron las redes sociales.

"Yo y otros compañeros empezamos a poner cosas en Facebook. Este video y lo que decía alguna de las madres", cuenta Ana (que no se llama Ana, pero no quiere dar su nombre real por temor a represalias). En uno de los videos se ve a una de las madres diciendo que hay mujeres que se "dan cuenta" de lo que implica un aborto luego de "tomar la pastilla" y que después de eso "quieren volver atrás". Ana cuenta que en un momento se mostró un video con un testimonio en el que "se rezaba un Padre Nuestro".

Otros estudiantes denunciaron que a algunos les dieron volantes contra el aborto que llevaban la imagen de la Virgen María, algo que el propio obispo de Salto, Pablo Galimberti, reconoció que era cierto. "¿Pero qué problema hay con esto? Estamos hablando del aborto. Entonces estamos hablando de las madres. ¿Y la Virgen María qué es? Es una madre", razona, como quien expone el más lógico y simple de los silogismos.

Una vez que la denuncia de los estudiantes llegó a Facebook, esta se empezó a dispersar por todos lados. Llegó al Departamento de Género de la Intendencia de Salto y de allí fue a parar a las oficinas de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU). Al tiempo se enteró la diputada salteña por el Movimiento de Participación Popular (MPP), Manuela Mutti, que fue la que alertó a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). La propia ministra María Julia Muñoz, que cuando todo esto se empezó a saber estaba en Salto por otra actividad, también llamó a la ANEP. En Salto, ya con los últimos evacuados de las inundaciones volviendo a sus casas, hoy no se habla más que de esto.

Para las autoridades lo sucedido es una violación a la laicidad. Por eso decidieron alejar a la directora del cargo, sumariarla, iniciar una investigación administrativa y retenerle el 50% del salario. Lo hacen a seis meses de que esta directora, a la que todo Salto conoce, reúna los años necesarios para tramitar su jubilación.

Salto es una isla en un Uruguay donde la legalización del aborto es una realidad aceptada. En ese departamento, los más jóvenes —y solo algunos de los más jóvenes— están de acuerdo con la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. El resto lo siente como un "crimen".

"El aborto se va a hacer sea legal o no. Lo que se hizo fue legalizarlo para que menos mujeres murieran", dice Ana. "Porque las ricas iban, pagaban todo calladitas, y todo terminaba ahí. Además, si era una charla sobre responsabilidad, como dicen, tendrían que haber hablado de anticonceptivos, cosa que no hicieron", agrega en un banco de la Plaza Artigas, la misma que las organizaciones "provida" utilizaron años atrás para resistirse a la ley.

Por las referencias religiosas que contiene el video que se pasó en el liceo N°1, el Consejo de Educación Secundaria (CES) inició una investigación para determinar si hubo violación a la laicidad. También se indagará si la directora respetó el protocolo existente para habilitar este tipo de charlas dentro de una institución educativa. La articuladora regional de Educación Sexual en el departamento, Mariela Martínez, ya adelanta que esto no fue así.

"El liceo N° 1, igual que la gran mayoría de los liceos del país —y digo la gran mayoría porque tenemos algunas vacantes—tienen un referente que aborda los temas de sexualidad. Con este tenemos reuniones periódicas y trabajamos de forma conjunta", explica Martínez. En caso de que otra persona del colegio, así sea la directora, quiera plantear alguna actividad que tenga que ver con la educación sexual, esta debe ser informada a este referente, que es el que pedirá permiso en el CES para llevarla adelante. Este paso, explica Martínez, no se cumplió.

Además, sostiene, todas las actividades que tengan que ver con la educación sexual de los estudiantes se deben llevar a cabo dentro de un protocolo. "Nosotros no les podemos decir a los chicos lo que está bien y lo que está mal, lo que hacemos es trabajar con ellos diferentes perspectivas. El tema de la interrupción voluntaria del embarazo se aborda desde los aspectos biológicos, psicológicos, bioéticos, de derechos humanos; se apuesta a la reflexión, al debate, al análisis, para que luego cada chico o chica tome su decisión. La directora sabía que el abordaje del tema debía hacerse desde ese lugar", señala Martínez, y añade que "para trabajar la educación sexual con niños, niñas y adolescentes, hay que estar capacitado; no lo puede hacer cualquiera".

En la charla las madres también mostraron a los niños unos muñequitos muy chiquitos, de bebés, con el fin de ejemplificar qué tan avanzado está un embarazo en la semana 12 (la fecha límite para realizar un aborto, según establece la ley). "Esos muñequitos están muy buenos, porque la gente puede ver, más allá de lo que se ve en una ecografía, lo que implica abortar. Abortar es un crimen, un asesinato, es matar y punto", dice Sergio de Lima, enfermero salteño, padre de dos hijas, miembro de una iglesia evangelista y que se define como "defensor de la vida ante todas las cosas".

"Está bien jugarse por lo que uno cree", planteó el cura de la iglesia de la Plaza Artigas, en su misa del domingo pasado. Lo repitió el lunes, el martes y también el miércoles, pero el domingo lo hizo frente a la directora del liceo N°1.

Es jueves de vacaciones de julio, y en el liceo de Salto solo hay algunos profesores que se disponen a tomar exámenes. En la puerta, recostados a un muro, no hay más de tres alumnos. Por la vereda de enfrente, como casi todos los días, pasa caminando el obispo Galimberti. "Yo rescato el valor de estas madres que no solo quieren enviar a sus hijos a estudiar, sino que también quieren acompañarlos. Que están atentas. También destaco la excelente trayectoria de Diana Lucero —la directora—, una mujer con mucha firmeza, de convicciones profundas, católica", señala, sonriente, pero visiblemente enojado con la situación.

Hace 23 años que Lucero es directora. En Salto la conocen todos. El intendente, Andrés Lima, que fue alumno del liceo N°1, dice que la recuerda de cuando él cursaba allí, en tiempos en que Lucero era docente. Se excusa de dar una opinión sobre ella y sobre el hecho puntual, pero dice que mantiene su posición en cuanto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Cuando la norma se aprobó, Lima era diputado y votó en contra. "Sigo pensando lo mismo, pero respeto la ley. Son cosas de la democracia", dice el intendente.

Salto fue el departamento en el que más resistencia encontró la ley. Los 12 ginecólogos de allí, tanto del hospital como de la institución privada, se declararon objetores de conciencia. Un informe del Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva en Uruguay, elaborado por MYSU, expuso que hasta 2014 el 100% de los ginecólogos del departamento eran objetores de conciencia. Hasta hace poco, el Ministerio de Salud Pública (MSP) tenía articulado el envío de una ginecóloga una vez por semana para que realizara los abortos que fueran solicitados, tanto en ASSE como en la mutualista. Pero hoy hay dos ginecólogos no objetores radicados en la ciudad. Y para las próximas semanas está previsto el envío de dos practicantes que van a trabajar bajo la tutela de estos ginecólogos, y que tampoco son objetores, según contaron fuentes de ASSE.

Para la Iglesia, para los "provida" y para los ginecólogos objetores, Salto ha demostrado que no quiere la ley. "Hay una posición firme, clara, nítida y pública asumida por esta comunidad, que también se vincula con lo decidido por la gran mayoría de los ginecólogos. Salto tiene ese valor, porque para mí es un valor defender la vida más allá de lo que digan las leyes. Lo legal a veces es injusto. Lo legal a veces es opresor. Un cristiano sabe que hay leyes que no están escritas. Ahí está el valor de la conciencia, que pone, en un mundo que tiende a homogeneizar, una marca, una diferencia. Eso es extraordinario. Es la irrupción de la libertad en medio del rebaño democrático. Y eso, para mí, para Salto, es fantástico", lanza Galimberti.

En un bar del centro de Salto, De Lima, miembro del grupo Provida del departamento, dice que a sus hijas —una de cinco y otra de 11— les habla de que la vida está por sobre todas las cosas: pase lo que pase, bajo cualquier circunstancia. "No podemos ni pensar la posibilidad de que se practiquen un aborto, por ninguna razón, ni siquiera por una violación", sostiene. De Lima, que es enfermero, ha estado desempeñando tareas en las últimas semanas con los desplazados por las inundaciones. El año pasado trabajó en el hospital de ASSE y dice que vio cómo "cada vez más y más mujeres se realizan abortos, porque esta ley lo que hace es naturalizar el asesinato".

Si se aborta lo común es que se aborte en secreto, pero si se aborta en Salto se da más en secreto aún. De Lima reconoce que "la condena social es fuerte", pero se queja de que las autoridades hayan "pensado tan bien esto". Dice que se puede interrumpir el embarazo hasta la semana 12, porque "ahí no se nota la panza, entonces lo hacen así para que la gente no se dé cuenta: pero es un asesinato a la semana, al mes, a las 12 semanas o a los nueve meses".

Adriana Novas es maestra y también integra Provida de Salto. Es prima del diputado blanco Carlos Iafigliola, que ha realizado una defensa pública de la directora. Cuando se refiere al aborto, pronuncia una y otra vez la palabra "crimen".

"Dentro del grupo Provida hay personas de diferentes religiones y orientaciones políticas. No tenemos nada que ver con las mamás que dieron la charla en el liceo, pero yo entiendo su postura. Ellas querían enseñarles afectividad, sexualidad y responsabilidad. Solo eso: res-pon-sa-bi-li-dad", justifica Novas deletreando.

Galimberti, en tanto, es más enfático. "Hay que empezar a sacarnos la careta. No puede ser que tengamos que entrar a un liceo y ser otros. ¿Por qué tenemos que camuflarnos? ¿Por qué tenemos que salir como en carnaval? Con caretas, con disfraces". En Salto, los antiaborto gritan su posición a viva voz. Sin importarles lo que diga la ley. Producción: Luis Pérez

"¡Qué linda la charla!, ¿no?", le dijo una compañera a Ana, luego del taller en el que se expuso contra el aborto. Ella no estaba de acuerdo. La directora y las madres que guiaron la clase —que fue obligatoria, no optativa—, dividieron aguas en el liceo N°1 y en todo Salto. Un comunicado de los alumnos detractores advierte que se trató de "un intento de adoctrinamiento", y denunciaron la "violación de la laicidad de la educación pública y el derecho estudiantil de la libertad de expresión". Un grupo de exalumnos hizo público otro comunicado en el que defienden a la directora, "por su espíritu republicano y su apego a la libertad". Señalan que la jerarca "no merece de ninguna manera ser separada del cargo y mucho menos estar recibiendo en estos días tanto maltrato, violencia, desprestigio y desvalorización". Desde el liceo dijeron a El País que profesores y alumnos serán citados a declarar ante el Codicen.

La educación sexual en la educación pública es coordinada por responsables regionales a los que responde un referente por cada institución. Esto corre tanto para Secundaria, como para Primaria y UTU. "Los referentes son los que trabajan con el estudiantado. Lo hacen a través de talleres, que son organizados por ellos y a veces también tienden redes con otras instituciones como Inmujeres (del Mides), ASSE, el INAU o el INJU", explica la articuladora regional de Educación Sexual de Secundaria en Salto, Mariela Martínez. "Los referentes de cada institución son personas responsables, preparadas, con estudio, que además del título de docente tienen formación específica en educación sexual", añade la jerarca, y advierte que "conoce bien" a la responsable del liceo N°1, quien, señala, no estaba enterada del taller realizado por la directora en la institución.

En 2016 se realizaron 9.719 interrupciones voluntarias de embarazos, según las cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP). En 2015 fueron 9.632; en 2014, 8.537; y en 2013, 7.171. Las autoridades sostienen que la cifra no aumenta porque haya más abortos, sino que se debe a una mejora en el registro de los datos.

De las interrupciones de embarazos realizadas en 2016, el 82,8%, corresponde a mujeres de 20 años o más. El 16,4% fueron jóvenes de entre 15 y 19 años. Y el 0,8%, menores de 15. De cada 1.000 mujeres (de 15 a 49 años), 1,53 se realizaron un aborto en 2016. En la franja de 15 a 19 años, son 12,3; y de 20 a 29, 11,38.

El 87% de los abortos que se realizaron en 2016 (que equivalen a 5.548) fueron en Montevideo; el 43% (4.171) ocurrió en el interior. Fuentes del MSP consultadas por El País dijeron que no se dan los datos por departamento "para no estigmatizar".

El 53% de los abortos (5.148) se hace en centros públicos, sobre todo de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). El restante 47% (4.571) sucede en mutualistas y seguros privados.

De las mujeres que interrumpieron su embarazo legalmente en 2016, el 98,97% (9.619) declaró que lo hacía por propia voluntad. Solo cinco mujeres (0,05%) lo hicieron porque el embarazo ponía en riesgo su salud: cuatro por anomalías en el feto (0,04%) y apenas una por violación (0,01%). En 90 mujeres (0,93%) el MSP advirtió que no contaba con datos sobre las razones del aborto.

En 2016 fueron 585 las mujeres que decidieron continuar con su embarazo, luego de realizar las consultas previas que prevé la ley antes de llevar adelante un aborto. Es la cifra más baja desde 2014, cuando 720 se arrepintieron. En 2015 dieron marcha atrás 633.

Según el último estudio presentado por Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), el 52,9% de los ginecólogos de ASSE en Montevideo se declaran objetores de conciencia. En el Hospital Militar son el 34%. En Cosem, el 44%. En Médica Uruguaya, el 27%. En Cerro Largo ascienden a 66%. Y en la localidad de Castillos, en Rocha, el 100%. Un informe de MYSU de 2014 señalaba que el 100% de los ginecólogos de Salto, tanto del prestador público como del privado, eran objetores. Sin embargo, fuentes de ASSE dijeron a El País que ya hay dos ginecólogos que hacen abortos y están radicados allí. Además, una vez por semana va otra ginecóloga no objetora desde Montevideo y en los próximos meses se mudarán al departamento dos residentes de ginecología que también realizarán abortos.

MYSU denunció a fines del mes pasado que "las instituciones de salud no cuentan con los recursos humanos suficientes para cubrir los servicios. Particularmente hay déficit de profesionales de psicología y trabajo social. Un ejemplo de ello es la existencia de solamente una asistente social en el Hospital de Rocha para todas las prestaciones que requieran de intervención desde el trabajo social".

CARLOS TAPIA

TRAS LA POLÉMICACARLOS TAPIA