EN UN LABERINTO

El reto: ¿quién gobierna en el Marconi?

Un joven muerto, un ómnibus incendiado, tiros y heridos pusieron al Marconi otra vez en primera plana. Las voces del barrio y las cifras oficiales hablan de exclusión y estigmas. El Estado destinó allí al menos US$ 6,7 millones en los últimos tres años. ¿Es esto suficiente para levantarlo?

El eterno femenino de una imaginativa pintora
En horas pico hay 120 policías patrullando el barrio. Foto: F. Ponzetto

Era de noche y Laura Díaz volvía en taxi a su casa, a pocas cuadras de la calle Tomás Burgueño, en el barrio Marconi. Al llegar a General Flores el coche se detuvo. El taxista le pidió que se bajara y le dijo que hasta ahí la llevaba, a pesar de que todavía le quedaban varias cuadras para llegar al destino. "Si me bajo acá no llego a mi casa", recuerda haber respondido la mujer, que le imploró al conductor que entrara al barrio. Al final, Díaz lo convenció, pero tuvo que juntar el dinero de antemano y prácticamente correr para salir del vehículo, una forma de evitarle al chofer el riesgo de ser asaltado.

Fue antes del episodio de violencia que vivió el barrio hace nueve días y antes incluso de que el Ministerio del Interior desplegara a los 120 efectivos que recorren la zona durante las horas pico. A pesar de esto, son muchos los servicios que no quieren entrar al barrio y ahora, después del enfrentamiento, el aislamiento que sufre se agudizó y despertó el debate sobre qué tan presente está el Estado allí.

El gobierno destinó al menos US$ 6,7 millones de dólares en el Marconi en los últimos tres años, que si se divide entre sus cinco mil habitantes equivale a US$ 1,2 por día. Fue una intervención especial en el lugar que incluyó la inauguración de una plaza nueva, un CAIF, la relocalización de 14 familias, la ampliación de los servicios de la policlínica, la cobertura del Mides y hasta 297 postes de luz nuevos. Pero ¿es suficiente para sacar al barrio de su estigma de "zona roja"?

Golpe de efecto.

La Policía pintó de rojo un 8% del área de Montevideo. Refiere a las zonas donde hay mayor concentración de delitos, y el Marconi es una de ellas. En la seccional 17, que abarca a la zona, se denunciaron 31 homicidios en 2015 —el máximo en la capital— y casi cinco rapiñas por día. El cruce de Aparicio Saravia y San Martín, a pocas cuadras de la policlínica Misurraco, fue la segunda esquina más violenta del país. Esto justificó la llegada de la Guardia Republicana a través del Programa de Alta Dedicación Operativa, que según el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, determinó el brote de violencia de hace unos días. Su accionar en el lugar redujo la cantidad de rapiñas en un 60%, dijo el ministro.

La Republicana no va en los autos azules y blancos de la Policía. Los suyos están pintados de negro, tienen las ventanas enrejadas y se los puede ver cada pocas cuadras parados en alguna esquina o patrullando por el barrio. Pararse en un cruce durante media hora implica cruzarse con ellos y la Policía más de una vez.

Díaz y su hermana, Marianella, agradecen la presencia de esta fuerza de choque. "Esto de tener a la Republicana en la calle es lo mejor que podrían haber hecho. Cambió el barrio. Pasan cuatro o cinco veces en el día y preguntan si la situación está en calma".

Sin embargo, para la organización San Vicente, que trabaja en permanente contacto con niños y adolescentes, entre otros proyectos comunitarios, la llegada repentina de estos grupos con una impronta más represiva causó cierto desconcierto, especialmente en los jóvenes. "Es una presencia fuerte y distinta a la de la Policía Comunitaria", explica Arllene Ychuste, coordinadora de uno de los programas de la ONG. "Ni nosotros ni los chiquilines que vienen a nuestros centros estamos preparados para relacionarnos con esa guardia", agrega Ana Laura Scarenzio, trabajadora social con más de dos décadas de experiencia dentro del barrio. Para Scarenzio, esto se asocia al estigma que lleva el lugar y cómo los jóvenes que habitan en él perciben esta nueva presencia y se adaptan a ella.

Más allá de esta última incorporación, las hermanas Díaz son críticas con la Policía del barrio. Hace dos meses, uno de sus hermanos murió luego de que un vecino le disparara en la cabeza. El responsable aún vive a pocas cuadras de su casa, con prisión domiciliaria. La familia siente que desde las autoridades no se les notificó debidamente sobre los avances del caso y las hermanas afirman haber tenido que transitar un periplo para saber qué fue lo que pasó con su hermano, algo que hasta el día de hoy siguen sin entender del todo. El caso aún está en proceso.

Mapa irregular.

Asentamientos sin saneamiento, servicios de luz o agua, calles sin iluminación y pocos contenedores, eso es lo que se puede ver al adentrarse en la zona. Parte del Marconi no está diseñado con la clásica estructura de cuadrícula. Hay pasajes que no conducen a ninguna salida, viviendas montadas sobre otras y hasta hace tres años ni siquiera había contenedores de basura. Uno de cada 10 hogares está en emergencia habitacional y dentro del barrio hay siete asentamientos irregulares.

"Faltaba y aún falta un shock de ciudad", dice el sociólogo Gustavo Leal, asesor del Ministerio del Interior. Por eso tras los incidentes de octubre de 2012, cuando el Marconi también figuró en los titulares de los informativos, los organismos públicos comenzaron la ejecución de un plan llamado Siete Zonas (incluye cuatro barrios de Montevideo y tres de Canelones). Sin embargo, la parte de vivienda parece ser su gran debe. Más allá del Plan Juntos, que ha trabajado con vecinos de la zona para construir nuevas viviendas en casos puntuales, no hubo grandes cambios en la infraestructura, reconocen varios actores de la zona.

A esto se le suma al aislamiento que se vivió en los últimos días. Desde las ambulancias hasta el servicio de gas o el abastecimiento de leche en los comercios. Faltó mucho en los últimos días, explican desde San Vicente. Esto dificultó la tarea de quienes sí decidieron volver al barrio el lunes posterior a los hechos y puso en evidencia la reticencia de muchos servicios que, desde hace tiempo y por temor, deciden no entrar al Marconi.

"Sigue faltando oferta", señala Leal. Pero "lo primero para destrabar el conflicto es que se recupere la confianza", que los vecinos no teman en "denunciar al delincuente" y que los ómnibus circulen con normalidad.

Ante la negativa de la línea 405 de ingresar al barrio, el Ministerio del Interior dispuso un ómnibus gratuito para que los vecinos no pierdan la conexión y puedan trabajar, algo que según las cifras se hace más difícil para los que viven en el lugar: la tasa de desempleo asciende a 19,7%, cuando el promedio del país es 8%. A eso se suman los efectos de vivir en la zona para el imaginario colectivo. "A mí me daba vergüenza poner en el currículum que soy del Marconi", relata Laura Díaz, que cree que en el mundo del trabajo el barrio del que uno viene importa mucho.

La otra desigualdad que sufren los trabajadores de la zona es que perciben "remuneraciones más bajas que en otras partes", según dice Juan Pablo Labat, director de Monitoreo del Mides. "Hay quienes ingresan al mercado laboral muy temprano, entonces dejan de estudiar. Las bajas calificaciones hacen que el sueldo sea bajo y así continúa el círculo". El Marconi tiene, a la vez, la particularidad de que uno de cada tres habitantes tiene menos de 14 años. Y entre los jóvenes, el 40% no estudia ni trabaja.

Para los voluntarios de San Vicente, en el Marconi no falta inversión del Estado, sino articulación entre todos los programas que tiene. Hoy, afirman, todo lo que se hace para conectar a los diferentes actores del barrio depende de la voluntad de médicos, docentes y otros trabajadores de las cinco ONG que realizan diferentes tareas en la zona.

Maestra con mayúscula.

Un día, mientras esperaba el 405, Shirley Young escuchó hablar a un grupo de mujeres en la parada. "Ese papelito nos dan" decía una con desprecio, en referencia al boletín de calificaciones de la escuela 178. Y a ella, que es directora de la institución, la situación le dio gracia. Que los padres reaccionen frente a la nueva forma que se implementó para evaluar a sus alumnos refleja, para ella, lo desafiante del cambio.En la 178 no hay ni "Muy Bueno", ni "Sote" ni "Regular", sino colores que, cual semáforo, indican el avance de los niños en diferentes logros educativos. Nada de calificaciones de conducta. Dicen las maestras que los problemas en la institución se hablan cara a cara con los padres.

Young luce el nuevo modelo de la escuela y muestra un cuaderno de una alumna de primero que pasa de tener garabatos que pretenden ser letras a oraciones completas, con mayúscula, punto y separación de oraciones. Los niños salen de primero sabiendo escribir en cursiva y ya para tercero han avanzado tanto, dice, que la escuela tuvo que reformar el funcionamiento de las clases de cuarto a sexto, que funcionan más como en el liceo.

En el Marconi propiamente dicho no hay escuelas públicas y los alumnos asisten a las más de diez que rodean el barrio. La 178 forma parte del programa Aprender, enfocado en zonas de contexto crítico, donde los docentes reciben un incentivo de $ 2.500 extra para dictar clases. "Este tipo de escuelas tienen prioridad para recibir materiales didácticos, para elegir el lugar de campamento y sus docentes para realizar posgrados", cuenta Héctor Florit, consejero de Primaria.

Young está empeñada en que los niños que aprenden en su escuela tengan las mismas oportunidades que el resto y opina que el Marconi "no es Gaza", como pueden decir muchos a raíz de los últimos hechos. "Inseguridad hay en todos lados. No preciso usar túnica ni decir soy maestra para que me dejen entrar. Yo camino por el barrio como camino por cualquier otro", dice. "No creo que la forma de resolver las cosas sea darnos vuelta y salir del lugar".

La docente entiende, al igual que varias maestras que trabajan hace décadas en el lugar, que los cambios de los últimos años ayudaron a solucionar muchos problemas que tenía la zona, donde la escuela es más que aulas. "Es la cara del Estado", dice Luz García, una maestra con más años de experiencia en Casavalle.

En sus instalaciones se han realizado reuniones de vecinos, talleres para padres y varias actividades más allá de lo curricular. Cada vez que un maestro entra a la 178, sus colegas lo llevan a pasear por el barrio y lo presentan, lo insertan en la comunidad. Cuando salen, cuenta García, los vecinos saludan con reconocimiento.

El chofer del ómnibus de la línea 405 que fue asaltado e incendiado cuando ocurrió el episodio de violencia en el barrio contó después que si no hubiera gracias a una maestra, los delincuentes le habrían cortado un dedo para robarle un anillo. Fue la mujer quien defendió al conductor y, como conocía a los asaltantes por ser la maestra del barrio, los hizo detenerse.

Esta situación refleja el rol que Young quiere proyectar para la comunidad y que varios comparten, y no solo para las maestras. Y cuando se le pregunta a las hermanas Díaz, por el funcionamiento de las escuelas, lo primero que atinan a decir en una exclamación fuerte es: "¡Que no se vayan!".


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La historia de un rincón abandonado en la capital.

Delimitar la frontera del Marconi implica escuchar tantas opiniones como la heterogeneidad de sus habitantes. Según Google Maps, es un área de poco más de un kilómetro cuadrado, la mitad que la Ciudad Vieja. El barrio está encerrado entre Aparicio Saravia, General Flores, Carreras Nacionales y Juan Acosta. Para el Plan Siete Zonas termina antes, en Timbúes y Chifflet. Pero las manzanas más problemáticas acaban en Enrique Castro. La falta de definición del Marconi habla de sus orígenes. Surgió hace seis décadas, con un complejo de viviendas de emergencia, y fue expandiéndose sin una planificación entre las malezas y pasajes sin salida. Fue allí donde el entonces joven Julio Sosa —Kanela— fundó su primera comparsa. Hoy viven poco menos de 5.000 pobladores, quienes arrastran una "exclusión permanente", según el sociólogo Gustavo Leal. Seis de cada 10 tiene al menos una necesidad básica insatisfecha.

Rehenes de sus vecinos y de la "banda del puente".

No son más de 30 adolescentes los que incendiaron el ómnibus y se tirotearon con la Policía, hace nueve días en el Marconi. Uno de ellos, B.G., murió en el enfrentamiento. Este joven de 16 años se había atrincherado en una casa, una semana antes, luego de desafiar a un "botón", como tildó al oficial que aguardaba frente a un camión repartidor de cervezas. Tras el episodio quedó libre, pero uno de sus amigos fue internado en el INAU. Meses antes otro de sus compañeros falleció en una trifulca contra la Guardia Republicana, y otro cayó luego de incendiar un taxi, y otro, y otro.

En la cuenta de Facebook de B.G. hay una foto en que seis "pibes" están sentados sobre el capó de un auto antiguo. B.G. tiene una pistola en la mano y sonríe. Él y tres de esos compañeros de la banda ya murieron, otro está en el INAU y el sexto está libre.

Debajo de la foto algunos amigos de la red social dan su pésame por la muerte de B.G. Lo hacen a su manera, firman con el número 79 —el ladrón en la timba— y repiten el estribillo de una canción del grupo argentino Fuerte Apache: "Suenan pistolas en honor a su memoria".

La delincuencia, en estos jóvenes, "es una cultura instalada", explica el sociólogo Gustavo Leal, asesor del Ministerio del Interior. Entienden el choque con la Policía "como una cuestión de perder o ganar... hoy estás y mañana no".

Si bien por la edad puede decirse que los integrantes de "la banda del puente" son hijos de la pasta base, varios de los estigmas caen con solo mirar sus perfiles en las redes. Es cierto que exhiben las armas y objetos robados como trofeos de guerra, pero también lo es el hecho de que la mayoría alcanzó el liceo —B.G. iba al número 64— y que sus casas no están en la emergencia habitacional.

Algunos usan remeras de fútbol, pero los cuadros no difieren demasiado con los de niños de otros barrios: está el Barcelona, Boca, River y el Liverpool. Ni siquiera puede decirse que se identifiquen con un equipo uruguayo.

La mayoría de ellos son varones, en algunas imágenes se los ve con estrategias para aumentar el "pegue" de la marihuana, como fumar dentro de un casco de moto.

"El caos que ocasionaron el viernes pasado no duró más de 20 minutos", dice Leal, "pero el grado de violencia basta para tener mucha repercusión y que los vecinos tengan miedo de denunciar". La Policía aclara que la autoridad es el Estado y que estas bandas —no se descarta la presencia de otras— no lograron conquistar el territorio. Quien seguro reina es el silencio y el "no te metás".

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