Un año del primer Operativo Mirador

Con 14 operativos, casi 500 allanamientos y cerca del 70% de los detenidos con causas judiciales, el Ministerio del Interior cierra 2018 con la idea de haber hallado una fórmula para el desmadre del narcotráfico. Sin embargo, las bandas renacen de las cenizas. Es una lucha de nunca acabar.

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Entraron a su casa, le pusieron un revólver en la cabeza, le robaron las pocas cosas de valor que tenía y le dijeron que se fuera porque necesitaban quedarse con ese lugar. Le dieron 200 pesos, lo pusieron arriba de un taxi y le dijeron: ahora te vas de acá y te internás en el Vilardebó. El hombre, que tenía algunas dificultades de comprensión y una gran pobreza material, hizo caso en todo.

Pero algo salió mal. Porque el taxista, curioso, quiso saber por qué necesitaba ir al hospital. Y las respuestas nerviosas del pasajero dejaron en evidencia parte de lo que había pasado. En vez de llevarlo al Vilardebó, lo convenció de ir a la seccional. Y aunque allí el hombre enmudeció de miedo, el taxista habló por él: dijo que vivía en Unidad Misiones hacía 20 años y que alguien —no quiso decir quién— lo había expulsado de su casa a la fuerza.

Esa fue la primera denuncia por desalojo compulsivo en "los Palomares" de Casavalle, a finales de septiembre de 2017. No quedó en una anécdota extraña y aislada, porque a los pocos días la Policía supo de otro caso: una familia que sorpresivamente había pedido pase de todos sus hijos en una de las escuelas del barrio. Desde entonces, un equipo del Ministerio del Interior, con el sociólogo Gustavo Leal a la cabeza, se dedicó a acopiar información para entender qué estaba pasando. Cada vez que un nuevo desalojo se perpetraba, se intentaba convencer a la familia de que denunciara. Así durante dos meses. Hubo que trazar un mapa casi de cero, porque en la intendencia solo había un boceto del año 72. Se fue armando una línea de tiempo con decenas de víctimas, y un sociograma con decenas de victimarios: todos integrantes de la banda de los Chingas.

Dice Leal que en ese momento ya se podía prever el peligro de que esa dinámica de control territorial en favor del narcotráfico se instalara en los Palomares, el punto de Uruguay con mayor concentración de personas privadas de libertad, y el lugar de Montevideo con mayor concentración de gente que visita presos. "Lo que pasa en los Palomares pasa en las cárceles: es un espejo inmediato", afirma el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Dicho y hecho. Los espejos, réplicas menos organizadas pero con la misma lógica, se fueron viendo en el correr de 2018 en Cerro Norte, Malvín Norte, Villa Española, Jardines del Hipódromo, entre otros. Primero, con extorsiones del estilo: "Tenés dos opciones. O te vas, o el living de tu casa entre las 22 y las 6 horas es mío". Luego, con desalojo y usurpación.

El 10 de noviembre de 2017, en el Ministerio del Interior, el ministro Eduardo Bonomi, junto a Leal y otros funcionarios, se reunieron con el fiscal de Corte Jorge Díaz y un equipo de tres fiscales: Mónica Ferrero (por estupefacientes), Juan Gómez (por homicidios) y Enrique Rodríguez (por delitos económicos). Leal presentó un documento con las que denominó "cuatro claves del control territorial". Allí se resolvió apelar al sistema de testigos protegidos para resguardar a los denunciantes y ubicarlos en sitios seguros. Se marcó una fecha en el calendario: 21 de diciembre.

Aquel día entraron a los Palomares con la información precisa de quiénes eran los cabecillas de los Chingas y dónde estaban. Sabían exactamente en qué lugar de la cocina y dentro de cuál olla guardaban las armas. Habían coordinado con distintos servicios del ministerio y también otros organismos, como UTE y OSE, porque "para desmontar esas estructuras tenés que usar todo el peso del Estado", dice Leal, que es consciente de que se lo ha acusado de promover procesamientos "por robar agua y luz" pero prefiere ni contestar porque entiende que es parte de "la dinámica electoral". Al operativo se le llamó Mirador I porque lo que se hizo, según el sociólogo, fue "pasar el scanner a la situación de legalidad del lugar desde todos los ángulos posibles".

Pasó un año desde entonces, y en los 12 meses siguientes se acumularon 14 "miradores". Además del de Casavalle (que implicó volver al barrio una decena de veces), se hicieron operativos de este tipo en: Cerro Norte, Malvín Norte, complejo Quevedo (Jardines del Hipódromo), Villa Española, Cordón Norte, Cruz de Carrasco, 40 Semanas chico, Plácido Ellauri, Tres Ombúes, Las Piedras (Canelones), San Carlos (Maldonado), Ciudad Vieja y —ayer— en el barrio Don Atilio de Salto.

Los últimos datos oficiales, a los que accedió El País, dan cuenta de un total de 499 allanamientos y 231 detenidos, de los cuales 165 fueron formalizados ante la Justicia. Aproximadamente un tercio de estas cifras es consecuencia de las intervenciones en Casavalle y el desmadre de los Chingas. Los operativos Mirador tienen el respaldo del presidente Tabaré Vázquez, así que seguirán en 2019.

Para Leal, los resultados evidencian "un alto grado de precisión en la persecución penal". Pero lejos de adoptar una postura triunfalista, prefiere ser cauto: "Mi tesis es que estamos a tiempo de parar un proceso de consolidación en algunos enclaves territoriales donde lo que está en disputa es la gobernabilidad y la legitimidad de la autoridad del Estado". Pero cuidado con creer que una banda está muerta, advierte. "Porque la capacidad de reconversión, en la medida que hay mercado, siempre está latente".

Entonces hace el cuento del ayudante del almacenero, que por pasar años cerca de su jefe termina sabiendo quién es su proveedor, a quiénes y cuánto les vende, qué stock tiene, cuánta plata hace. Un día se muere el almacenero y el ayudante se pregunta: ¿y si yo pongo el negocio?

Para entender lo que sucedió con el narcotráfico uruguayo este año, hay que mirar a Casavalle. Y para eso hay que trasladarse unas cuadras al oeste hasta el barrio Lavalleja, más conocido como 40 Semanas. Ahí, entre 2015 y 2017, se libró una verdadera guerra entre dos bandas que se aniquilaron entre sí: los Silvera y los Algorta. La casi destrucción de esos dos clanes familiares se cobró 57 víctimas (algunas siguen vivas de milagro), y dio lugar al fortalecimiento de quienes eran sus "perros", que se propusieron tomar su lugar.

El inicio de esta trama podría ubicarse el 13 de octubre de 2015, con la muerte de Wellington Rodríguez Segade (alias el Tato Segade), un barrabrava de Peñarol que vivía en Sayago pero controlaba parte del narcotráfico del 40 Semanas. Lo mataron de a varios, pero el principal homicida fue Robert Algorta, que permaneció prófugo hasta noviembre de este año.

Muerto el Tato, su esposa, Claudia Silvera, fue conminada a entregar todos sus bienes a los Algorta, quienes desde ese momento se proyectaban como dueños del negocio en la zona. A Claudia le dieron un año para pagar una cuenta, pero ella no acató la orden y siguió vendiendo droga. El día exacto en que se cumplía el plazo fueron a buscarla y la secuestraron delante de Brian Silvera, uno de sus sobrinos. A ella la mataron y la prendieron fuego en un auto, pero él se les escapó. Lo tirotearon, lo hirieron en una pierna, pero como el objetivo era matar a la mujer y ya estaba llegando la Policía, lo dejaron ir.

Y se van a arrepentir toda la vida.

Brian caminó una cuadra y quedó tirado en la calle. Único testigo del asesinato de su tía, declaró quiénes eran los homicidas porque los había reconocido: eran los hermanos de Luis Alberto (Beto) Suárez, el narco líder de Cerro Norte.

Porque en esta historia también hay alianzas. Suárez había conocido en la cárcel a Gerardo Algorta (alias Lalo), uno de los principales de ese clan, y le había ofrecido ayuda para que los Algorta pasaran a dominar el 40 Semanas. No era gratuito: el arreglo incluía que Suárez fuera su proveedor. Como consecuencia de esa alianza, tres hermanos y un cuñado del Beto mataron a la viuda y heredera del Tato.

Tras la declaración de Brian, los cuatro cayeron presos. Y Beto, que preparaba su salida de la cárcel, protagonizó un incendio en su celda y volvió a ser procesado. Así, los Suárez quedaron debilitados.

Para salvar su vida, el joven Silvera huyó a Italia. Allí formó parte de una red de trata y prostitución que también servía para distribuir droga. La Policía le siguió la pista a través de su Facebook, donde subía fotos exhibiendo su nueva vida entre batas, jacuzzis y champagne. Desde el chat de esa red social también conoció e inició un noviazgo con Micaela Saccone, hija de la sindicalista Laura Alberti.

Pero no era del todo feliz, porque su lugar era el 40 Semanas y solo allí honraría su estatus de nuevo sucesor del Tato. Así que un día volvió. Llegó a su casa, saludó a su madre, le dio un regalo y con un amigo pasó a buscar a Micaela. Se dirigieron a una casa en La Teja, y ahí culminó su breve estadía en Montevideo porque no solo en el Ministerio del Interior estaban atentos a sus movimientos. Los Algorta también lo seguían. Lo torturaron, a él y a su amigo, y cuando los fueron a prender fuego se encontraron con una chica inocente esperando en el auto. Sin problemas, los mataron a los tres.

La muerte de Brian será clave para el ascenso de los Chingas porque, una vez más, lo que subyace es una alianza. Los asesinos de Micaela, Brian y su amigo Joaquín no fueron otros que el Camala y el Negro Mario, dos narcotraficantes que hasta ese momento dominaban sin mayor disputa la venta en Las Sendas, una zona vecina a Unidad Misiones, en Casavalle. El triple homicidio no fue perpetrado por simples sicarios sino por los jefes de la banda Los Camala, ya que el encargo provenía directamente de Beto Suárez para vengar la caída de sus hermanos.

Los mataron en junio, y en septiembre cayeron presos. Y ahí es cuando aparecen los Chingas que, atentos al debilitamiento de sus narcos vecinos, fueron a matar a El Pollo, el tercero de los líderes Camala. La noche que lo acribillaron a balazos, se dijeron: "Vamos por todo".

Ese es el inicio de la segunda guerra, que no tiene tantas víctimas como la del 40 Semanas, pero sí inauguró la moda del desalojo compulsivo de viviendas para lograr el control territorial de una zona.

Además, los Chingas consiguieron dar un golpe contundente a la triple alianza conformada por Suárez, Camala y Algorta. Porque estos últimos, tras la caída de los segundos, irrumpieron en el barrio en busca de su arsenal y los Chingas los repelieron. En el enfrentamiento murió el Puo, un adolescente que era el benjamín de los Chingas y que sin temores comandó el ataque de ese día a los Algorta. En la memoria de esta banda el Puo será recordado como el pequeño mártir que sacó a los rivales a los tiros. Y aunque intervino la Policía y logró retener el arsenal en pugna, esa tarde los Chingas se coronaron reyes.

El reinado duró poco. Un documento elaborado por Leal, al que se tuvo acceso para este informe, describe con detalle qué sucedió con cada uno de los 40 miembros que integraban la banda de los Chingas. En el documento están organizados en cuatro niveles. El primero lo integran los abuelos Sosa —él fue asesinado por uno de sus nietos, Jairo; ella vive y no tiene antecedentes. El segundo nivel es el de sus hijos y sus parejas. Son 12, ocho están presos, y casi todos tienen profusos antecedentes penales.

Entre ellos está Mónica Sosa, señalada por la Policía como líder del clan, pero defendida por su abogado como inocente. En su casa tenía cuatro lavarropas que, según fuentes policiales, estaban siempre prendidas lavando las mismas prendas. Esta actividad pantalla la mantuvo durante años por fuera del radar de las investigaciones. Más tarde se supo que el lavadero no estaba inscripto en la DGI ni aportaba al BPS ni tenía clientes; además, las máquinas funcionaban con una conexión sanitaria ilegal. En diciembre, tras el primer operativo, Mónica fue procesada sin prisión por extorsión, pero en agosto cayó presa por un delito de usurpación, hurto de energía y hurto de agua potable.

En el tercer nivel del clan, conformado por los nietos, tíos, primos y sobrinos, figuran 10 personas. Todos están presos menos dos de los tres hijos de Mónica, que son menores de edad y hoy están bajo el cuidado de un familiar.

Finalmente, el cuarto nivel lo integran 16 personas, algunos con vínculos familiares y otros no. Once están presos. Algunos fueron procesados por posesión de sustancias estupefacientes prohibidas, ya que frente a la casa de Mónica también funcionaba un laboratorio de drogas.

El documento permite a Leal hablar de un grupo "diezmado". "Porque perdieron sus principales búnkeres, muchas armas, mucha gente y el amparo: se les rompió la omertá en el barrio. A mediano plazo, su mayor pérdida es esa. Eran los intocables, y se demostró que no. La gente les fue perdiendo el miedo".

En otros barrios también hubo golpes a las bandas que, emulando la conducta de los Chingas, habían tomado el control de viviendas ajenas. Uno de los últimos operativos se dirigió al complejo de viviendas Talca 1, en Las Piedras. Originalmente el edificio fue construido para jubilados, pero aquellos beneficiarios habían sido expulsados en su totalidad. También habían sacado a la empresa de seguridad y amenazado a los funcionarios de la intendencia, que ya ni se acercaban.

Leal confía en que estos operativos logren un efecto de disuasión, y que además de ver la oportunidad del negocio, los ayudantes de los almaceneros caídos perciban el riesgo que conlleva. Sabe que se debe ser "muy sistemático" y volver, volver, volver al barrio.

Por eso la semana pasada volvieron al 40 Semanas, donde de las cenizas de los Algorta estaban surgiendo los Delfino, miembros de una familia que había participado de la guerra contra el Tato Segade. Detuvieron a tres. El cabecilla fue procesado con prisión, otro fue sin prisión, y el tercero quedó emplazado, pero libre.

Diciembre termina con un raid de operativos y la certeza de que habrá más. Pero enero trae una novedad: Mónica Sosa queda en libertad y seguramente vuelva a los Palomares. Su casa —la que había usurpado— fue demolida, y su red está desarticulada. Pero no está sola del todo. ¿Cómo impactará su regreso? ¿Vuelven los Chingas? "Es una ciudadana que ya cumplió su pena", responde Leal. "Lo que pase dependerá de ella y de su actitud".

Gustavo Leal, un sociólogo contra el narcotráfico

Lo amenazaron de muerte más de una vez, su nombre figura en los documentos oficiales, el presidente Tabaré Vázquez y el ministro Eduardo Bonomi lo designaron vocero, y aunque no le gusta, es la cara visible de los operativos Mirador. Gustavo Leal trabaja en el Ministerio del Interior desde 2010. Primero fue asesor del ministro —en ese rol redactó la recordada "Estrategia por la vida y la convivencia"—, y en 2015 pasó a dirigir el área de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Desde allí formó parte de un grupo interinstitucional que ya se proponía intervenir en algunos barrios estratégicos. De ese trabajo, al que el ministerio asignó un presupuesto y un equipo, surgió lo que más adelante derivó en los operativos Mirador. Entre 2015 y 2017 su participación fue más bien silenciosa, en contacto con los vecinos. Pero desde fines del año pasado adquirió notoriedad. Aunque formó parte de la lista 711, y es frenteamplista desde siempre, él dice que no tiene interés en la política partidaria, y le rehúye al protagonismo porque sabe que se enfrenta a grupos pesados. Es cuidadoso y evita divulgar detalles que lo expongan ("no tengo vocación de héroe ni de mártir", dice). Lo que le gusta de su trabajo es aportar desde la sociología para entender lo que está sucediendo. Disfruta de aplicar las técnicas cuantitativas y cualitativas para la investigación. Cuenta que está escribiendo dos libros que cree que nunca publicará: uno sobre el sicariato, y el otro sobre los clanes familiares.

"Parte de intervenir es entender cómo funciona", dice Gustavo Leal. Y conceptualmente, "el proceso de control territorial es una mezcla entre feudalismo y fordismo", explica.

El primero se ve en que hay un patrón al que los demás le deben pleitesía y favores. Para mantener el señorío feudal, los patrones necesitan aplicar fordismo con los delincuentes, es decir, especializarlos y organizarlos como una producción en línea. Así, el control se ejerce también con los delincuentes. En concreto esto implica que los patrones definen quién hace qué: unos roban autos, otros los desarman, otros venden las partes en el mercado negro; hay quienes rapiñan, hay quienes hurtan, y también hay quienes venden drogas, por supuesto. Por su tarea, cada uno cobra una especie de sueldo. Y parte del éxito de la banda radica en que ninguno se salga de su rol, porque el desorden puede llevar a que la Policía entre al barrio y los agarre por un error o un imprevisto. "Si entendés eso, operás menos a ciegas", plantea Leal.