Además de los gastos en funcionamiento y salarios, en el Presupuesto está presente la inversión que se prevé para el quinquenio. Son 851 proyectos en manos de 34 organismos. Las prioridades son infraestructura, educación, seguridad y salud, pero hay gastos para todos los gustos.

En los próximos cinco años la Jefatura de Policía de Tacuarembó va a gastar $ 40.000 en "máquinas y equipos". Mientras tanto, la Facultad de Información y Comunicación de la UdelaR va a destinar $ 30.001 para "obras en general" y la Junta de Transparencia va a utilizar $ 20.000 para comprar equipamiento y mobiliario de oficina.

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El proyecto de Presupuesto para los próximos cinco años está hace un mes en manos de los legisladores y entre las cientos de páginas que lo componen, además de los gastos en funcionamiento y salarios que hacen a cada organismo (y por lo cual se han desatado un sinfín de reclamos), aparecen las inversiones que prevén realizar las distintas oficinas públicas.

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Ahí está puesta gran parte de las expectativas de cada dependencia estatal. Cada cual tiene su proyecto, su anhelo de obra para el quinquenio o su necesidad para atender. Están quienes precisan sillas y escritorios nuevos, quienes necesitan renovar la flota de vehículos, quienes tienen que reparar o reconstruir sus edificios, los que proyectan grandes despliegues en el territorio y los que piensan levantar nuevos edificios, desde escuelas hasta piscinas o galpones.

En total, de acuerdo a información proporcionada a El País por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), fueron presentados 851 proyectos de inversión para los próximos cinco años, a ejecutar por 34 organismos. Esto sin considerar a las empresas públicas, que tienen su propio andamiaje presupuestal.

El ministerio que recibirá mayores recursos para inversión será el de Transporte y Obras Públicas. Puentes, rutas, vías férreas y puertos serán algunos de los proyectos que desarrollará esa cartera con unos US$ 1.091.506.588, sin contemplar lo destinado para funcionamiento y para el pago de salarios.

El respaldo dado a este organismo se explica por la intención que tiene el gobierno de concretar el tan mentado "shock" en infraestructura, para el cual el presidente Tabaré Vázquez había anunciado, ya a finales del mes de julio, que se destinarían durante su administración un total de US$ 12.000.000.000.

También se canalizarán obras a través del Ministerio de Vivienda. Por ejemplo, se utilizarán casi US$ 135.000.000 para la construcción de vivienda rural en las pequeñas localidades, y US$ 440.000.000 para la construcción de "soluciones habitacionales" en todo el país. Proyectos de ese tipo hacen que esa cartera se ubique como la segunda en cuanto a fondos que se destinarán a inversión.

En tanto, hay una serie de grandes proyectos que están asignados a Presidencia que hacen que la misma se coloque por encima de 11 ministerios en cuanto a gastos para inversión. Se trata de planes de amplio alcance que pueden estar encabezados por el equipo de Torre Ejecutiva, pero que no necesariamente se pondrán en marcha desde allí.

Ahí aparecen incisos tales como "Construcción del Plan Juntos", para el cual se destinarán algo más de US$ 7.000.000, o el Proyecto Ibirapitá, de entrega de computadoras a los jubilados, el cual demandará US$ 37.500.000 durante todo el quinquenio. También unos US$ 62.000.000 que se destinarán para la reparación y el mantenimiento de la caminería departamental y subnacional en todo el territorio, y unos US$ 60.000.000 que irán para la reparación y el mantenimiento de la red vial departamental.

En tanto, el Ministerio de Ganadería (MGAP) se lleva el cuarto puesto en cuanto a fondos destinados para inversión, dado que cuenta con el proyecto de más alto costo entre los ingresados en la base de datos de OPP. Se trata de la "construcción de capacidades para el desarrollo y la adaptación a la variabilidad y al cambio climático en el marco de la intensificación sostenible en el Uruguay", que demandará un total de US$ 57.964.413.

De todos modos, ese proyecto, al igual que otros 112 de los presentados, aún no cuenta con el dictamen técnico favorable que requiere, y por lo tanto no puede ser ejecutado. Ocurre que, tras asumir, Vázquez puso en marcha una oficina que, si bien había sido creada en la administración pasada, no tenía casi incidencia. La misma, denominada Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), se encargará ahora de coordinar la inversión y analizar su conveniencia. Se plantea, además, que servirá para dar mayor transparencia.

La oficina, que será una suerte de fiscal del gasto en inversión, tiene perfil técnico, está compuesta mayormente por economistas y contadores, y funciona en la OPP. Fernando Isabella, director de esa dependencia, dijo a El País que uno de los cometidos centrales es realizar estudios de preinversión de cada proyecto de manera tal de dar una herramienta más a los organismos antes de ejecutar sus gastos.

"Contribuir a mejorar la calidad de la inversión, asegurando la rentabilidad socioeconómica de los proyectos a ejecutar, en el marco de los lineamientos y prioridades definidas por el gobierno" es el primero de los objetivos del SNIP, además de "fortalecer el proceso de inversión durante todo el ciclo de vida de los proyectos: formulación, evaluación, priorización, asignación de recursos y seguimiento".

En tanto, si se analizan las tres áreas clave en lo social (educación, salud y seguridad), resulta que la enseñanza será la que recibirá mayor cantidad de fondos para inversión. Al sumar los datos de la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República, el Ministerio de Educación y la Universidad Tecnológica, la cifra asciende a US$ 596.740.249 en el quinquenio (con el dólar al valor de hoy).

Dentro de esa cifra, la ANEP —que nuclea a los Consejos de Secundaria, Primaria, Educación Inicial y UTU— se lleva el 73%, mientras que la UdelaR —que incluye a todas las facultades y al Hospital de Clínicas— representa el 17% de la inversión proyectada en educación. El MEC y la UTEC reciben cada uno el 5%.

Además de ese monto, el rubro de la enseñanza se verá fortalecido de manera particular, dado que recibirá otros US$ 400.000.000 para inversión a través de proyectos de participación público-privada (los ya famosos PPP). Por ese mecanismo, se proyectan realizar 160 nuevos centros educativos, dijo Isabella. Esos US$ 400 millones forman parte del paquete de US$ 12.000.000.000 anunciado por el presidente Vázquez.

Luego, en consonancia con las prioridades políticas que el gobierno ha trazado, el rubro que aparece en segundo lugar en la escala de mayores inversiones es la seguridad pública. El mismo, compuesto por las proyecciones del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, asciende a un total de US$ 231.148.283.

La cartera encabezada por Eduardo Bonomi proyecta invertir algo más de US$ 3.000.000 para desarrollar un "sistema integral de tecnología aplicada a la seguridad". También prevé destinar cerca de US$ 16.000.000 para maquinaria y equipamiento policial en Montevideo, US$ 6.500.000 para la nueva sede de la Jefatura capitalina y la Dirección de Policía, y más de US$ 5.000.000 para construir una nueva sede de la Policía Científica. Por otra parte, se anuncian más de US$ 26.000.000 para una cárcel de hombres y US$ 3.000.000 para una de mujeres con hijos, entre otras inversiones.

Dentro del Ministerio de Defensa, la inversión de mayor peso fue presentada por parte del Comando General del Ejército, que pidió US$ 10.000.000 para la reposición de vehículos y armamento militar en Montevideo. Al solicitarlo, argumentaron que el dinero era necesario para "contar con el equipamiento básico e imprescindible para el cumplimiento de las misiones asignadas por el Poder Ejecutivo, así como actualizar o recambiar equipo antiguo que permita mantener la operatividad de la Fuerza, la instrucción propia del personal militar, y el reabastecimiento de los Batallones desplegados en las Misiones Operativas de Paz".

Las Fuerzas Armadas en general han planteado que se encuentran desfinanciadas y al filo del incumplimiento de sus funciones.

Por último, el monto que se destinará a inversión en salud será de US$ 215.499.841, de los cuales ASSE recibirá el 93% y el Ministerio de Salud Pública el restante 7%. Ahí se destacan más de US$ 5.000.000 destinados a la compra de ambulancias (equivale a más de 120 de estos vehículos nuevos), la construcción de un hospital en Colonia, la construcción de centros oncológicos en ese departamento y en Maldonado, la construcción de un centro cardiológico en Tacuarembó y de un CTI de adultos en el hospital de Florida, entre otras cosas.

Otros organismos de especial relevancia y que concretarán inversiones por altos montos serán el Poder Judicial (que gastará algo más de US$ 69.000.000) y el INAU, que tendrá para invertir un poco más de US$ 120.000.000 durante los próximos cinco años.

Entre los 851 proyectos que están cargados en el listado que tiene la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) respecto a inversiones públicas a realizar en el quinquenio, aparecen algunos planes que resultan al menos llamativos. Por ejemplo, se observa que la Dirección de la Granja, dependiente del Ministerio de Ganadería, tiene previsto invertir durante el quinquenio un total de US$ 61.454 en equipamiento para el control de la calidad de la sidra.

Luego, otro gasto particular es el que realizará el Comando General del Ejército, dependiente del Ministerio de Defensa, que tiene previsto destinar US$ 1.696.551 para la "adquisición de equipamiento para operaciones antiterroristas en Montevideo". La fundamentación no ahondó en motivos: "Actualizar el equipamiento para contrarrestar acciones terroristas", escribieron.

En tanto, la Dirección Nacional de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, anunció que invertirá durante todo el quinquenio solamente $ 10.000 (US$ 344) para el "acrecentamiento del acervo cultural". Dicho gasto será destinado para la "adquisición de libros y obras de arte para enriquecer el acervo de los museos", según se explicó por parte del organismo junto al pedido de presupuesto. En la misma línea de pedidos austeros aparece la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UdelaR), que solicitó para el quinquenio nada más que $ 3.040 para invertir en equipos. Pero por último, quien se lleva el premio al ahorro y se muestra en sintonía con el pedido de "austeridad" que ha reiterado la actual administración, es la Unidad Central de la UdelaR. Dicha oficina pidió solamente un peso —sí, leyó bien— para invertir en equipos. ¿Un error o una manifestación de rebeldía?

vea la gráficaANDRÉS ROIZEN