VENDIDOS O ENTREGADOS

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Mónica Graciela Clavijo García

no se siente Clavijo ni García. No quiere llevar esos apellidos, dice que no le pertenecen. Mónica nació un 3 de marzo, pero no tiene claro si fue el 3 de marzo de 1970, el de 1971 o el de 1973; por eso no sabe si tiene 50, 49 ó 47 años. Tiene dos partidas de nacimiento con dos fechas de nacimiento distintas: una dice 1971 y otra que llegó al mundo dos años después. Su partida de bautismo, en tanto, indica que fue dada a luz en 1970. Este documento no tiene los nombres de los testigos.

Mónica Graciela es una entre decenas de uruguayos que buscan a sus padres biológicos, esos que —vaya uno a saber— quizá hubieran pensado otro nombre para ella. Hace 12 años que esta mujer (de oficio cocinera y empleada de un supermercado de Rocha durante la temporada) decidió emprender el camino de una tortuosa búsqueda, y la iniciativa la llevó a formar el grupo Apropiados Uruguay en Facebook. Hoy reúne 502 miembros, aunque quienes están investigando estiman que los supuestos apropiados no serían más de 100.

He ahí el meollo de esta historia: Mónica, a quienes los padres que la criaron le dijeron que era adoptada, esperó a ser adulta para ir al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Fue desconfiando, y allí confirmó que no había ningún papel que avalara la adopción legal.

Entonces se dirigió a la Oficina del Registro Civil en procura de una partida de nacimiento, y ahí aparecieron las dos con fechas disímiles. En el INAU le dijeron: “Vos sos apropiada”. Y así nació el grupo de Facebook, una suerte de espacio de catarsis y aliento entre personas que andan a tientas buscando conocer su propia identidad.

Pablo Silvera Ávila tiene 53 años, es diseñador gráfico y vive en Montevideo. Desde los seis años supo que él era adoptado (o eso creía). Fue en ocasión de un censo nacional en 1975: el funcionario que entró a censar a Donata Ávila le preguntó si había tenido hijos naturales o hijos que hubiesen muerto, y ella contestó que sí, que Pablito era “hijo natural”. El niño esperó a que se marchara el hombre, y luego le preguntó qué era eso de ser hijo natural. Donata le confesó que lo habían adoptado. Le explicó que había nacido en el seno de una familia donde ya tenían muchos hijos y no podían criar uno más; si no conseguían una familia adoptiva rápidamente, el bebé —o sea, él— iba a terminar internado en el Consejo del Niño (luego convertido en Iname y hoy en INAU).

“Tú sos adoptado. Y de este tema no se habla más en esta casa”, le advirtió la doña y el niño entendió el mensaje. Fue tan obediente, que recién decidió atender su legítima inquietud un año atrás y con ambos padres de crianza ya fallecidos. Donata Ávila llevaba muerta 24 años y su marido, Ernesto Silvera, cinco, pero no fue hasta ver una investigación del periodístico televisivo Santo y Seña titulada “Pacto de silencio”, sobre hijos apropiados en Uruguay, que Pablo Silvera Ávila decidió actuar. Actuar se traduce en buscar proactivamente a su madre biológica.

Para Pablo sus apellidos no son un lastre, pero siente que creció cargando con una “mochila”. “Sin embargo, nunca más toqué el tema. Cuando crecí tampoco, no por miedo a recibir un rezongo… Venimos de una generación donde te dicen ‘de esto no preguntes’, y no preguntás. Yo no quería herir a mis padres adoptivos, por eso no toqué más el tema. Pero cargué con esa curiosidad, con esa mochila, toda mi vida”, reconoce.

“Me abandonaron en el Pereira Rossell. Cuando nací me pusieron Susana Janet Clavijo. Me trasladaron al Consejo del Niño. A los dos años me adoptaron. Nunca pude dar con mi madre biológica, ni siquiera sé si tengo hermanos. Lo único que sé es que mi madre se llamaba Blanca Nieves, (hay) muy pocos datos. En mi acta de nacimiento dice 7 de noviembre de 1960. Llevo demasiados años buscando la verdad… Y algún familiar”, posteó Stella Di Pietro el 5 de enero en el grupo Apropiados Uruguay, y lo acompañó de dos emojis de un rostro sufriente. “Yo estoy en la misma, año 1962, busco algún familiarrrr. Suerte!”, le comentó Silvina Carrega Olmedo. “No bajes los brazos en tu objetivo. Abrazo grande!”, la motivó Mirta Toledo.

Apropiados Uruguay usa como foto de portada un pabellón nacional flameando. En su muro, este tipo de historias abundan. Algunas personas dicen (o sospechan) ser adoptadas, otras están convencidas de haber sido apropiadas. Todas evidencian y comparten la frustración, como si fuese una sala de padecimientos virtual: como si compartiendo sus historias fuera más liviano el dolor.

Sofía Suárez Torena, una de las integrantes de esta agrupación, explica la distinción entre adoptados y apropiados: “Fuimos apropiados porque fuimos sustraídos. No hubo adopción legal, hecha por los carriles normales. Yo nací en 1969. En aquel tiempo era común llevar a la madre a una partera, a una comadre, y ella después se llevaba la criatura a una casa de familia, para que tuviera una familia ‘bien’”, dice, y es evidente el entrecomillado en “bien”.

Sabe de lo que habla. Suárez fue cuidadora del INAU y su casa fue “hogar de alternativa”. “Te puedo decir fehacientemente que un niño recién nacido muy rara vez va a una familia adoptiva. Lo tienen hasta dos o tres años en hogares de alternativa, que ahora se llaman hogares amigos. Ese niño ya de por sí pierde la familia biológica, pierde la familia que lo crió hasta que cumplió los dos o tres años, y si llega a ser más grandecito puede cambiar de familia de alternativa o hasta de institución”, plantea.

Apropiados Uruguay hoy es sólo un grupo de Facebook, pero según anuncia Suárez se están moviendo para ser una asociación civil y tener personería jurídica. El objetivo es encontrar a padres, hijos o hermanos biológicos, y para eso creen que es clave contar con un banco genético, como del que dispone la asociación de derechos humanos argentina Abuelas de Plaza de Mayo.

Suárez sabe que ella llegó al hogar donde la criaron a los cuatro días de vida. Su padre apropiador vive; tiene 89 años y de su boca nunca salió una palabra respecto a su origen. Su madre, en tanto, falleció cuando ella tenía cinco años. Un tiempo después, su padre (“padre”) se volvió a casar cuando cumplió los nueve. “O sea que en mi vida han pasado tres madres: la de panza, la biológica; la de corazón, que es la que me crió; y la que se casó con mi padre y me terminó de criar”, dice.

Se enteró de su situación a los 21 años y desde ese momento ya pasaron más de tres décadas de búsqueda de sus padres biológicos. “¿Por qué creo que no doy con ellos? Porque hay un pacto muy fuerte de silencio por lo que hicieron, porque es ilegal, es un delito lo que hicieron”, lanza.

Un delito que se le tipificaría a los padres biológicos por vender un bebé, a los apropiadores por comprarlo y a las parteras y trabajadores de la salud por complicidad u omisión.

Sumergirse en estas búsquedas implica transitar un camino laberíntico, lleno de opacidades. Para hallar algo de luz, los integrantes de Apropiados Uruguay reclaman que el Estado debería ayudarlos con la creación de un banco de ADN. “En Argentina, las Abuelas (de Plaza de Mayo) lo tienen, pero es para gente que nació en dictadura. En Estados Unidos hay un laboratorio. Uno se saca sangre acá, o se hisopa y se saca saliva, y lo manda para allá. Gracias a algo así, mucha gente ha encontrado a sus familiares biológicos. Sin ese banco de sangre, ¿cómo vamos a encontrar a los que buscamos? Si mi madre también me está buscando, ¿cómo va a dar conmigo?”, se pregunta Suárez, la que lleva tres décadas con esta incógnita.

Lorena Rodríguez también confía en que el banco sería de gran ayuda. Estudiante de Letras y profesorado de Literatura, de forma autodidacta comenzó a estudiar el marco legal y las garantías de las adopciones en Uruguay. Es adoptada y ya conoce a sus padres biológicos, pero esa pesquisa la cruzó con el grupo de los apropiados. Distingue: “Si bien hay un grupo importante de apropiados en Uruguay —estima que un centenar—, hay un número mayor de adultos que fueron adoptados por entregas directas. En estas entregas la mayoría de las veces hubo un pago económico a la madre biológica, muchas veces mujeres o jovencitas de bajos recursos”.

Tal y como ella lo ve, hay un ejercicio de poder de los que desean ser padres y les dan recursos económicos a la mujer gestante, que por motivos diversos quiere desprenderse de su hijo. “Si bien es ilegal, hay consentimiento respecto de la madre biológica. En el caso de las apropiaciones no hay consentimiento alguno, porque es llanamente hurto de menores, cosa que sucedió, por ejemplo, en la dictadura”, sentencia.

Para la investigadora, es correcto hablar de apropiación cuando los bebés o niños fueron “usurpados” o “arrebatados” a su madre biológica y fueron a parar a otros brazos. En cambio, cuando hubo una transacción —ilegal— entre la madre biológica y los futuros padres tutores se debe hablar de “adoptados ilegalmente por entregas directas”.

Esto es lo que sospecha Pablo Silvera que pasó con él. “A mí me vendieron”, dice con seguridad. Cuando hace menos de un año comenzó a averiguar, el testimonio más confiable se lo dio su madrina. Le dijo que había una señora conocida de sus padres apropiadores que cobraba por conectar a padres que no podían tener hijos y madres que no podían o querían quedarse con un niño. Habría sido esta intermediaria quien contactó a una mujer de Durazno, que estaba encinta y dispuesta a vender a la criatura. Con la cédula de Donata, la parturienta habría ingresado a la sala de maternidad del Hospital Pereira Rossell. Dio a luz, cobró su parte y se volvió a Durazno. “Por eso digo que fui vendido, apropiado: no adoptado legalmente”, agrega.

Movilizado por el informe que vio por televisión, acudió al grupo Apropiados Uruguay en Facebook, contó su historia y le dijeron que lo primero que debía hacer es procurar su partida de nacimiento. Cuando solicitó este documento en el Registro Civil, decía que él era hijo legítimo de Silvera y de Ávila y que había nacido en su domicilio. Es decir, que no figuraba el Pereira Rossell, ni ningún otro sanatorio; el documento incluía la firma de los testigos, ambos fallecidos.

No se detuvo y fue hasta el Hospital de la Mujer del Pereira Rossell, para saber si el día 21 de noviembre de 1967, a las 4 de la madrugada una señora había dado a luz a un bebé llamado Pablo, pero le dijeron que todos los registros de aquella época se llevaban anotados en cuadernos y muchos habían desaparecido. En todo caso, la propia madre debía ir a reclamar. “Y si no sé quién es mi madre, ¿cómo hago?”, se quejó él. Le respondieron que consulte en la Oficina de Transparencia de Presidencia de la República. Fue. Allí le hicieron las preguntas de rigor y todo se terminó cuando dijo que, según su partida de nacimiento, él había nacido en su domicilio de La Teja. “Entonces no se puede averiguar nada”, le contestaron.

Fue como “buscar una aguja en un pajar”, dice Silvera, como expresan todos los que hacen el mismo camino.

Silva Prieto es montevideana, pero vive en Barra del Chuí. Fue al compartir su historia de vida con Mónica Clavijo que parieron el grupo Apropiados Uruguay. Su caso se enmarca en los años de plomo. Corría el año 1976, rompió bolsa y en la calle Jaime Cibils y Centenario la levantó un patrullero, parió en el móvil y los agentes la trasladaron de urgencia al Pereira Rossell.

“El bebé lo más bien, todo bien”, recuerda. Nació sin complicaciones, llorando y con el peso normal, pero en la maternidad le dijeron que, como era prematuro, debía quedar en observación por unos días. Lo debían trasladar a un centro de prematuros que quedaba al lado de la Seccional 13, en Maroñas. Mientras la madre —entonces de 17 años— se recuperaba, la abuela del bebé iba a visitarlo. Se estaba alimentando bien, e iba ganando peso.

Cuando a la adolescente Silvia le dieron el alta fue derecho a ver a su niño. “¿Usted es la mamá de Wilson Andrés?”, le preguntaron. Ella dijo que sí, entonces la llevaron hasta una especie de “freezer, como de frigorífico” y le dijeron que había muerto y el cuerpito estaba ahí. No se lo dejaron ver. Estaba junto con otros cuerpos de bebés fallecidos, le explicaron, y debía ir directamente al Cementerio del Norte, porque allí serían enterrados todos en un nicho común.

Silvia Prieto creció con bronca. Tuvo tres hijos, se enamoró, trabajó y se jubiló. En 2010, fue hasta el Registro Civil a pedir la partida de nacimiento de aquel bebé. No estaba: ni la de nacimiento, ni la partida de defunción.

—¿Por qué fue? ¿Qué la movió a ir?

—Es que siempre dije que mi hijo está vivo. Él nació bien, llorando solo, con el peso y el tamaño normal. Lo siento así: él está vivo.

Ella era una jovencita muy pobre, con dificultades para mantenerlo.

—A mi hijo me lo robaron, alguien lo tomó y se lo llevó —dice.

Su caso sí se encuadra en lo que Lorena Rodríguez llama “apropiaciones”, y suma el contexto de los años ‘70. “Hay mucha gente de mi edad —entre 37 y 44 años aproximadamente— que tiene el deseo de buscar su identidad biológica y se encuentra con un vacío, un vacío legal pero avalado por una farsa de documentos falsos. ¿Quiénes son los firmantes? ¿Quién fue la partera o el médico obstetra? ¿Y el abogado que firmó esa tenencia? A veces fallecieron, se mudaron, o no se encuentran”, dice.

Luego de dos portazos en la cara, Pablo Silvera publicó un video en Facebook contando su historia y diciendo que quería encontrar a su madre biológica. Aquella versión de su madrina aseguraba que su madre era duraznense y esto motivó a que se hiciera eco un canal de TV de ese departamento y replicara el video.

Apareció una familia. Un grupo de hermanos buscaba a un octavo que había nacido en 1967 en el Pereira Rossell: como él. Viajó hasta allá con ilusión y tiempo después se hizo un examen de ADN que cotejó con una de las hermanas. Dio negativo, pero a él no le convenció la seriedad del laboratorio y no descarta volver a realizarse un examen de sangre y cotejarlo con otra de sus posibles hermanas.

Silvia Prieto, por su parte, les contó su historia a Juan Castillo y José Mujica cuando los cruzó en dos recorridas en los que juntaban votos, allá por el 2009. Sigue sosteniendo que su hijo Wilson está vivo. Luego de que en Identificación Civil le dijeron que no existía tal persona, no encontró las fuerzas para seguir golpeando puertas.

Pero Mónica Clavijo sí: se rebeló. En 2010 fue a Presidencia de la República y allí dijo que su apropiación había sido en 1973. Luego, inicialmente patrocinada por el abogado Oscar López Goldaracena, le hizo juicio al Estado por un posible delito de lesa humanidad, “sustracción y retención de un menor de edad por sus curadores”.

Su padre apropiador no era militar, pero trabajaba en una multinacional de telecomunicaciones donde, pasado el tiempo, se supo que varios “hijos” de esos empleados habían sido criados por apropiadores. Acudió a Familiares de Detenidos Desaparecidos, pero dice que no le prestaron atención. “Me ignoraron. También vulneraron mis derechos humanos, no solo los de Macarena Gelman”, se lamenta con rabia.

También buscó apoyo en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Fue en 2012 y se sintió “ninguneada”, a pesar de que la exfiscal Mirtha Guianze le confirmó que sus documentos de identidad habían sido falsificados. Luego de que el juez Luis Charles archivara la causa, logró desarchivarla y hoy está investigándose.

Mariana Mota, directora de esta institución, tiene una buena noticia para el centenar de personas que peregrinan a ciegas por los intrincados pasillos del Estado. Desde julio de 2020, funciona el Grupo de Trabajo Búsqueda de la Identidad. “El objetivo es acompañar los procesos de búsqueda de estas personas, apoyarlas, escuchar el relato que tienen y buscar documentación en otros organismos. A nosotros nos la tienen que dar y para ellos es muy difícil acceder a ella”, plantea la directora.

“Además buscamos que el Estado les dé una respuesta y no respuestas particulares y aisladas de cada organismo. Puede ser que una persona haya nacido en una maternidad, haya estado institucionalizada en un organismo y luego otro organismo tenga datos de los padres o de ella misma. Se busca hacer una red con todos los organismos o instituciones que puedan estar vinculados a la identidad de una persona y que el Estado como tal les dé una respuesta”, agrega.

El grupo de trabajo hoy atiende una treintena de casos, entre denuncias viejas que fueron desempolvadas e inquietudes recientes. Su directora es consciente de que detrás de cada engorroso trámite sin respuesta hay una omisión que cuesta asumir por parte del propio Estado paquidérmico. Dice: “Si fuera fácil no habría gente que hace años, algunos décadas, están buscando sus orígenes. Si el Estado actuara como debe, si visualizara lo traumático que es para estas personas no poder reconstruir su pasado y saber quiénes son realmente, quizá yo podría darte hoy una respuesta más precisa, porque esto no es una novela, estos son derechos humanos”.