OPERACIÓN LIMPIEZA

Peñarol dispuesto a apagar el fuego

Desde enero de 2014, Peñarol perdió US$ 105.000 por sanciones y destrozos de sus hinchas. El club busca poner fin al accionar de los barrabravas y al vínculo que estos mantuvieron con la directiva. Una fracción de la parcialidad hace sentir su disconformidad con las nuevas medidas.

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Hinchas de Peñarol con bengalas en el Estadio. Foto: Archivo El País

Este sábado todos con Peñarol, que vuelva la gente a la cancha. Hay que hacerles sentir el peso de la hinchada a los dirigentes, al gobierno y a la Policía para que sepan que Peñarol es pueblo. No es del gobierno ni de los socios". Brian expresó en Facebook el malestar de algunos simpatizantes de Peñarol y dejó al descubierto un nuevo escenario. Lo que en los últimos cinco años fue un romance entre la directiva y los "barrabravas" como estrategia para controlar a los violentos, ahora da paso a una ruptura. Y la tensión, a pocos meses de que el club inaugure su estadio, se hace sentir.

El lunes Peñarol cumplió años y la violencia volvió a escena, empañando el clima de festejo. Negocios apedreados, autos rotos y grafitis en los muros fueron la noticia, a pesar de que la institución había puesto especial esfuerzo en lo contrario. "Exhortamos a no tomar parte de cualquier actividad que, con la excusa de celebrar el cumpleaños de la institución, afecte derechos de terceros, suponga el corte de calles, o provoque destrozos en la propiedad privada", decía un comunicado difundido el día previo.

Tras los incidentes no hubo ni un solo detenido. La Policía no ubicó a los culpables y el club dio a entender que había hecho todo lo posible por evitar desmanes. Al buscar una explicación, entre la dirigencia surge por lo bajo la hipótesis de un "cobro de factura" por parte de supuestos barras molestos.

El análisis que algunos comenzaron a trazar en los despachos del Palacio Peñarol es que estos hechos de violencia tienen lugar justo en los momentos posteriores a que el club haya puesto un freno definitivo al accionar de los barras, y que eso tiene una clara explicación. "Se terminó la política de tratar de incluirlos (a los barras), de tratar de llevarlos por un determinado carril. Ahora la política es separar a los violentos", dice el secretario general de Peñarol, Gervasio Gedanke.

Venta de entradas para la tribuna Ámsterdam exclusiva para socios cuando el club es local, entrenamientos a puertas cerradas y 17 socios sancionados por ocasionar disturbios desde junio hasta ahora, son algunas de las medidas que la directiva aurinegra comenzó a desplegar, y que se sabe que a unos cuantos no cayeron para nada bien.

Ocurre que los barras violentos tenían "ganados" determinados espacios, según ha planteado en reiteradas ocasiones el Ministerio del Interior, por ejemplo vinculados a venta de droga en las tribunas, cobro de "peajes" o reventa de entradas, entre otras cosas. Pero con las medidas del club, ese poder y esos beneficios parecen terminarse, por lo cual esos supuestos hinchas buscan hacerse sentir.

Los disturbios en la tribuna Ámsterdam durante el último clásico, el 15 de junio, fueron la gota que derramó el vaso. "Ahí se terminó esa política que existía, quizá no de forma escrita, de tratar de incluir y no excluir (a los violentos)", explicó Gedanke.

"Ya no había referentes de la hinchada con quienes hablar", agrega el dirigente, en referencia al vínculo que existía con la barra en el último tiempo, pero que se quebró ya este año. El propio presidente del club aurinegro, Juan Pedro Damiani, declaró al programa A Fondo no estar dispuesto "a perder más campeonatos y dinero" por culpa de unos "delincuentes".

Desde enero de 2014 a la fecha, Peñarol perdió US$ 105.000 por reparar daños causados por sus hinchas, según datos proporcionados por la institución a El País. El monto equivale al presupuesto mensual de un club de la primera división de Uruguay, de esos que son denominados como "de mitad de tabla para abajo".

A su vez, la institución dejó de ganar US$ 40.000 por los dos primeros partidos de este campeonato que tuvo que jugar a puertas cerradas. Y a eso hay que agregar la inversión en un total de 12 guardias de seguridad del club, más otro tanto tercerizado y la quita de un punto en este torneo. Vaya haciendo cuentas.

"Lo que sucede no es un problema exclusivo de Peñarol, es un reflejo de la marginalidad en la que viven personas en la sociedad y que canalizan su frustración a través del fútbol", señaló Julio Luis Sanguinetti, presidente de la comisión de seguridad aurinegra.

Unos 500 hinchas de todos los equipos —entre ellos, 200 son de Peñarol— están bajo la mira de la Dirección de Inteligencia, dijo una fuente policial. La inmensa mayoría de estas personas "fichadas" no integran los núcleos duros de las barrabravas. "Puede que sean amigos de los barras, pero generalmente consiguen unos pesos, van a un partido puntual y listo". Esa rotación y la falta de pruebas es uno de los problemas a los que se enfrentan las autoridades.

Otros clubes que están especialmente bajo la lupa de la Policía son Nacional, Danubio y Cerro. Este último tiene unos 100 hinchas "fichados". Por eso cada partido entre ellos es un desafío. "Hemos pedido a la Policía que incremente los controles de espirometría, porque muchos violentos están estimulados por drogas sociales, incluidas el alcohol", dijo el presidente de la comisión de seguridad mirasol.

Hace dos fines de semana hubo disturbios en la previa de Nacional y Cerro. Los tricolores tuvieron, además, seis procesados tras el clásico. Pero ambos altercados se dieron fuera del estadio. "El Ministerio (del Interior) fue claro en que adentro del estadio los responsables somos los clubes y afuera es la Policía... Aunque les hemos pedido a ellos (la Policía) que nos ayuden", agregó Sanguinetti.

Encendió la mecha.

Dos semanas después del clásico de junio, la directiva de Peñarol decidió crear una comisión de seguridad. La integran representantes de todas las fracciones políticas de la institución y la preside Sanguinetti, hombre de confianza de Damiani e hijo del expresidente.

Una de las primeras medidas de la comisión fue sancionar a los socios que causan problemas. Luego del clásico hubo cuatro procesados, tres de ellos integraban el padrón del club. La directiva suspendió los derechos de estos hinchas hasta que acabe el proceso judicial. Días después, aplicó un "castigo" similar a 13 hinchas que hicieron lío en Maldonado. Hubo otro socio que encendió una bengala en el partido ante Defensor, aunque simplemente quedó "en observación" por haberse presentado voluntariamente a pedir disculpas.

Pero la medida más polémica fue la exclusividad de la Ámsterdam para cuando Peñarol es local. "El 60% de quienes van a esta tribuna son socios", cuenta Sanguinetti. "Lo que pretendemos con esta disposición es poder identificar a la gente y que el club pueda tomar acciones". El discurso puede entenderse como un adelanto a la seguridad que busca imponer Peñarol en el nuevo estadio.

La posibilidad de identificar a todos los que ingresan al estadio parece desdibujarse ante la dificultad de la Asociación Uruguaya de Fútbol de comprar la tecnología para detección facial, recomendada por el Ministerio del Interior. El equipo cuesta US$ 4 millones y la AUF está "en banca rota".

No es la única medida que está en la cuerda floja. Por acuerdo entre la AUF y el Ministerio del Interior, los clubes deben proporcionar un guardia de seguridad cada 250 hinchas. "¿Quién va a financiar los seguridad cuando Peñarol o Nacional sean visitante?", se pregunta Sanguinetti.

Más allá de detalles, Peñarol asume su responsabilidad y hace un meaculpa: "recién ahora la institución pasa a tomar un rol más proactivo", dice el directivo. La operación limpieza está en marcha.

A fin de año, Peñarol decidirá qué empresa se hará cargo de la seguridad del estadio. Foto: F. Ponzetto
A fin de año, Peñarol decidirá qué empresa se hará cargo de la seguridad del estadio. Foto: F. Ponzetto

Estadio nuevo: ¿solución o el gran problema?


"Cancha no tenés…", cantaba hasta hace pocos meses la hinchada de Nacional. Hoy, a cinco meses de que Peñarol inaugure su propio estadio, la disputa parece ser otra: ¿cómo garantizar la seguridad?

"Va a haber un nuevo estadio. Las autoridades de Peñarol tienen claro que se ponen las pilas o puede ser un problema", dijo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en el programa Código País. Y la directiva del club confirma que el nuevo complejo, instalado a metros de Zonamerica, será la prueba de fuego.

A fin de año, Peñarol decidirá qué empresa privada se hará cargo de la seguridad del estadio. Ya fueron consultadas más de 20 compañías. "Hasta el momento no hay un plan específico de qué hacer con los hinchas", indicó el directivo Julio Luis Sanguinetti. "Lo seguro es que las decisiones las toma la directiva. Desmiento cualquier rumor sobre que la hinchada quería hacerse cargo de algunos servicios", agregó. Es que circuló el rumor de que los barras habían exigido la comercialización del estacionamiento y los puestos de venta de comida.

El estadio aurinegro contará con los requisitos de FIFA. Cada espectador tendrá asignado un asiento numerado. Por eso aún no hay resolución sobre cómo será la futura "Ámsterdam". Lo que confirmaron directivos del club es que el estacionamiento se financia por las reservas de palquistas y una parte que le corresponde a la empresa Tenfield (la compañía de Francisco Casal prestó dinero para la construcción).

El distanciamiento de la directiva del club con los barras tiene otra lectura más. Quienes hasta hace un año eran los referentes, no están más. Hoy Peñarol tiene cinco grupos de hinchas bien identificados, que tienen diálogo con el club solo ante eventos especiales, y que en total movilizan unas 150 personas. "No son quienes suelen hacer los disturbios", aclaró Sanguinetti.

Los directivos consultados reconocen que durante años hubo "becarios", como llamaba el contador José Pedro Damiani a los hinchas que recibían un sueldo del club. En la actualidad aseguran que no hay ninguno, ni siquiera tienen carné de la AUF que les facilita el ingreso al estadio, señalan.

"A veces se intenta argentinizar el tema y pensamos que las barras son megaempresas, que tienen a cargo la preventa de entrada, como sucede con Boca o River", cuestionó Sanguinetti.

"Lo que hay es un cambio de realidad, al principio no nos dimos cuenta", admitió el directivo. Ante la inminente inauguración del estadio, la necesidad de una solución cobró fuerza. "Ya nos reunimos con algunos legisladores de todos los partidos políticos para que se apruebe una justicia especializada en deporte y que el Estado juegue un rol más central", agregó.

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