GUERRA EN PAUSA

La paz inquieta del Chuy

Desde que Uruguay y Brasil reforzaron la seguridad en la frontera, el Chuy lleva un mes sin crímenes violentos. ¿Se terminó la guerra entre narcos? Investigadores brasileños esperan más muertos, mientras que el sindicato de policías denuncia que hay colegas amenazados de muerte.

Al inspector de tránsito y dirigente político Máximo Ferreira le balearon la casa un sábado. No sabe quién fue. Foto: F. Ponzetto
Atentado: al inspector de tránsito y dirigente político Máximo Ferreira le balearon la casa un sábado. No sabe quién fue. Foto: F. Ponzetto

El inspector de tránsito y dirigente político Máximo Ferreira se salvó de morir acribillado y todavía no sabe la causa del atentado. La noche del 17 de febrero dos jóvenes en una moto dispararon cuatro tiros a su casa. Dentro estaban su mujer, concejal del municipio, y su hija de ocho años. Una cámara captó a la moto huyendo, pero como los rostros de los que tiraron no se ven con claridad el caso no se ha resuelto. "Dejé de preguntar porque no quería incomodar a la Policía", dice Ferreira.

Tras la ola de violencia que dejó 23 muertes y siete intentos de homicidio en un lapso de 16 meses, los vecinos de la frontera del Chuy se acostumbraron a decir que "el que no debe, no paga". Algunos lo ven así: los que fueron asesinados murieron porque tenían deudas o estaban involucrados con el narcotráfico. La violencia era, entonces, un tema de ellos; y la gravedad de la situación, "una exageración de Montevideo", dicen varios entrevistados. Pero otros reconocen que se salió de control. Los tiros pasaron a escucharse a toda hora, en cualquier lugar y parecería que pueden tocarle a cualquiera, como a este inspector de tránsito.

Una parte de la población dice que, a pesar de los muertos, la vida de la ciudad no cambió. Lo cierto es que a las 18 horas por la Avenida Internacional deambulan más perros que personas. Y eso que ahora la sensación es de tranquilidad.

A mediados de abril los gobiernos de Brasil y de Uruguay reforzaron la seguridad. Con mayor presencia policial, el delito bajó. Desde hace un mes no se registra un solo crimen violento. La Policía Civil, que investiga los delitos en Chuí, pasó de ser acusada de ineficiente por el prefecto Marco Antonio Barbosa, a resolver seis de los ocho homicidios ocurridos en lo que va del año.

A la calma hubo que buscarla. El 7 de marzo, luego de que le tirotearan el hogar, Ferreira y otros 350 vecinos salieron a la calle para pedir más seguridad. Antes fueron la alcaldesa del Chuy, Mary Urse, y el prefecto Barbosa quienes reclamaron una reacción de las autoridades. Urse, que es frenteamplista, acusó al ministro Eduardo Bonomi de ignorar tanto desmadre. Pero, para que desembarcara la Guardia Republicana de un lado y el Pelotón de Operaciones Especiales del otro, hicieron falta ocho muertos más.

Uno de esos muertos, del lado brasileño, fue Emmerson Cunha Lima, apodado Pelé por su habilidad para jugar al fútbol. Pelé era uno de los líderes de la banda brasileña y lo habría asesinado su exsocio uruguayo. Las otras bandas locales se unieron a una u otra facción. Una vez muerto, su viuda y su yerno fueron atacados. Sobrevivieron, y la familia entera se fue de la ciudad. También del lado brasileño, al día siguiente de estos enfrentamientos, un hombre de San José apareció muerto en una iglesia evangelista que fue incendiada. Fue la gota que colmó el vaso. Un par de días después llegaron los refuerzos y empezó la paz.

En la calle se dice que lo peor ya pasó y se cruzan los dedos para que los refuerzos no se vayan. Aunque los brasileños ya no están, la Guardia Republicana permanece. Nadie sabe hasta cuándo y se teme que, sin ella, el Chuy vuelva a ser vulnerable. Urse opina que la Policía está trabajando "mejor que antes". El periodista local Diego Landache dice que "se palpa en el ambiente un mayor trabajo de investigación", y el edil Mario Sasias cree que el Chuy "ha vuelto a ser la frontera que era": con delitos, con violencia, pero "sin sicarios y ajusticiamientos".

Sin embargo, los investigadores brasileños ya habían advertido a El Observador que sin procesamientos esta podría ser apenas una paz armada. Tras un mes sin localizar al cabecilla que ordenó la muerte de Pelé, ni a los dos sicarios, su advertencia es aun más seria y ahora auguran que "habrá más muertes".

Richar Ferreira, presidente de la Asociación de Policías de Rocha, asegura que cinco investigadores del Chuy fueron amenazados por un narcotraficante requerido en Brasil; entre ellos está el oficial a cargo del área de investigación y narcóticos. Consultado, el Jefe de Policía de Rocha, Claudio Pereyra, se negó a hacer apreciaciones respecto a "policías que estén o no amenazados", pero admitió que las amenazas "perjudican indudablemente" la investigación.

¿Qué se sabe de la guerra de narcos?
Foto: Fernando Ponzetto

La frontera del Chuy se convirtió en una puerta de tráfico de drogas y armas. En 2017 los crímenes por narcotráfico se dispararon, sobre todo en el Chuí. Las bandas se pelean por el territorio y se cobran deudas. La droga viene de Paraguay, la manejan distintas bandas brasileñas (en las que habría uruguayos) que pasan la mercadería por Porto Alegre, Chuy y la envían a Montevideo. Allí se distribuye marihuana, cocaína y crack para todo el país. Los pagos se realizan con armas, que van a Brasil. A comienzos de abril fue asesinado Pelé, uno de los traficantes más grandes del Chuí. Su familia huyó, entraron los refuerzos en la frontera y habría una paz aparente. El homicidio de Pelé lo habría ordenado su antiguo socio uruguayo que estaría escondido en Velázquez. La guerra se habría iniciado entre ellos y luego los narcos locales tomaron partido por una u otra facción. Según la Policía Civil, la guerra no terminó. El director nacional de Policía, Mario Layera, explicó a la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados que la lucha entre narcos de Minas estaría relacionada con la del Chuy-Chuí. Según publicó El Observador, también podría haber una conexión con los hechos de San Carlos. El Ministerio del Interior y la Fiscalía anunciaron la creación de un grupo que indagará al respecto.

Que sí, que no.

Bajó el delito, pero no todos están conformes con la Guardia Republicana. Guillermo Rodríguez, presidente de la asociación que reúne a los comerciantes ambulantes del Chuy, dice que son muchos los que están deseando que se vaya porque el problema de raíz no lo están solucionando. "Lo único que hacen es una represión contra el trabajador", ya que entre los vehículos requisados hay motos y autos de vecinos que se desplazan sin chapa o con papeles que no están en regla, porque no pueden pagar el empadronamiento.

Rodríguez, como varios de los vecinos consultados, cree que el problema del narco se importó de Montevideo. "Se va a solucionar cuando limpien la casa por allá, porque acá todos sabemos quién mata y quién manda matar, pero nadie se mete". No se meten, dice, porque no hay confianza en la Policía. "Hay muchos que son corruptos y no sabés para quién trabajan". La condición para vivir en paz es no ver, no escuchar, no hablar.

Apenas se pone un pie dentro de la Seccional 5ta. se ve un diploma de la Jefatura de Rocha que destaca su labor en 2012. Son las cuatro de la tarde de un día de semana y el comisario no está. Tampoco estará presente a la mañana siguiente. Lo llaman y comunica que no sabe a qué hora llegará a su lugar de trabajo.

El oficial que transmite el mensaje pone una sonrisa irónica. "Viene sí, pero a la hora que él quiere", lanza. Dicta el número de la comisaría y advierte que el teléfono a veces no funciona porque hay un problema con la batería. "Acá hay muchas carencias", anuncia.

Son 60 los policías en el Chuy pero, según Ferreira, del sindicato, son muy pocos los que trabajan reprimiendo el delito. "Ese número reúne a los que integran la policía científica, comunitaria, el área de violencia doméstica, a los oficiales con licencia médica, los que están a punto de jubilarse y los que integran el PADO". Por eso, cada turno tiene dos efectivos en la seccional y otros dos en tareas de patrullaje (el Grupo de Reserva Táctica). "Hace unos seis años, para fortalecer la seguridad en la capital y formar la Guardia Republicana, el Ministerio del Interior dejó de cubrir las vacantes fuera de Montevideo. Acá se jubila un policía y no entra otro. Llevamos años reclamando que falta personal", señala.

En la seccional dicen que se trabaja bien con la Fiscalía, pero que las órdenes están atrasadas porque son pocos para tanto trabajo. "A veces viene el comisario, mira los móviles y dice, ¿qué pasa que no los mueven? Y pasa que no hay funcionarios", cuenta un policía. A uno de ellos le robaron el arma hace dos meses y aún no le dieron otra. El día que mataron a Pelé, entró solo y desarmado al turno. Por lo general no lo dejan salir; a veces se queda custodiando el armamento dentro de la comisaría. Consultado, Pereyra dijo que conoce el caso y se está haciendo el procedimiento administrativo que corresponde.

Atados por la ley.

Según comentan distintos policías, ellos saben quién mató a quién, pero no pueden detenerlos por falta de pruebas. Ferreira y otros oficiales confiesan que saben quién es y dónde está el que ordenó la muerte de Pelé. "El narco más pesado está actuando desde Velázquez. Se fue para allá cuando llegó la Guardia Republicana, pero sigue controlando todo lo que se mueve acá. Ese tipo vivía en mi barrio", dice Ferreira, de la Asociación de Policías de Rocha.

Unos meses atrás, un brasileño baleó a un uruguayo frente a la seccional. "Cruzó la calle, y desde el lado brasileño nos hizo burlas. Eso pasa", cuenta un oficial. El día en que se marchó para pedir la paz, Ferreira iba al frente. En nombre de sus representados reclamó más personal y una normativa que se adapte a la vida de la frontera. Pretende que se regule el accionar policial del otro lado de la "línea imaginaria" en la que termina Uruguay.

La persecución se detiene cuando empieza el otro país. Si un policía actúa un paso por fuera del cantero, es un civil armado ilegalmente. Según Ferreira, antes era habitual que los oficiales se cruzaran a los detenidos de cada lado por la noche, esposados. Ahora lo común es que lleguen brasileños baleados al Hospital del Chuy, mueran, los fiscales ordenen una autopsia pero no investiguen, "porque el delito ocurrió del otro lado", argumentan desde la Fiscalía del Chuy.

Desde 2004 existe un acuerdo de coordinación policial entre ambas policías en la investigación, prevención y control de hechos delictivos, pero en la práctica los efectivos de las dos franjas reconocen que no alcanza. "Sirve para el intercambio de información, pero no para la represión", resume Alejo Umpiérrez, diputado por Rocha.

Unos días atrás, el director nacional de Policía, Mario Layera, anunció en la comisión de Asuntos Internacionales de Diputados que se está trabajando en un acuerdo con la Policía de Brasil para frenar la violencia. A principios de este mes, el diputado Roberto Chiazzaro le dijo a El País que se piensa permitir que la Policía de un país pueda entrar en la frontera del otro dando previo aviso, y a lo ancho de una cantidad de kilómetros determinada.

Además, el Ministerio del Interior y el de Defensa presentaron un proyecto de ley para establecer una zona fronteriza de 20 kilómetros (excluyendo los centros poblados) en la que las Fuerzas Armadas podrían realizar tareas de patrullaje, controlar vehículos, identificar personas y detener a quienes estén realizando un delito en caso de flagrancia.

Pocos policías se arriesgan a actuar fuera de frontera.
Foto: Fernando Ponzetto

El 28 de agosto de 2015, policías uruguayos dispararon contra un joven que intentó rapiñar a un cliente del banco Bradesco, ubicado en la acera brasileña de la Avenida Internacional. Cuando la Brigada de Operaciones Tácticas (grupo de respuesta rápida previo a la Guardia Republicana) realizó la reconstrucción de los hechos, decenas de vecinos entonaron el himno nacional y les dijeron que habían actuado como héroes. "Tuvimos que negociar para que no terminaran presos", dice Ferreira, del sindicato.

La culpa de quién.

En Brasil el trabajo policial se divide en tres: una Policía investiga los casos transnacionales, otra los locales y la que actúa en la calle, cuando ocurre un delito, es la Brigada Militar. De acuerdo a la población, estos últimos deberían ser 17 efectivos patrullando en Chuí, pero son nueve y dos están a punto de jubilarse. El refuerzo de cinco oficiales que habían recibido desde Río Grande del Sur ya se fue. El delegado Cristiano Gomes Antunes desenfunda una mano y saca dos dedos. Dice: "Somos solo dos por turno".

Si pasa algo y tienen que salir en dupla la oficina queda vacía. Entonces dejan el número del móvil anotado en la puerta para que los ubiquen por teléfono. Si hay una emergencia, habrá que esperar que se traslade un oficial que está a 20 kilómetros de distancia, en Santa Vitória. Allí la situación no difiere demasiado: deberían ser 77 efectivos y son 29. En Río Grande del Sur también falta personal.

Antunes confiesa que el conflicto entre narcos no lo tomó por sorpresa porque lo mismo ocurrió dos años atrás en Santa Vitória, cuando dos facciones entraron en guerra. "Se calmó porque murió un traficante y pudimos detener a los miembros de ambos grupos", dice como si eso fuera posible de replicar en este escenario, ahora que murió uno de los líderes del Chuí.

Pero el inconveniente de la frontera reaparece: "Tenemos identificados a los narcotraficantes uruguayos. Creemos que están relacionados con las bandas de Minas y San Carlos. Están requeridos en Brasil, pero si yo cruzo y los detengo estaría cometiendo un secuestro", explica encogiendo los hombros. ¿Por qué no los arresta la Policía en Uruguay? "Porque de ese lado no tienen un proceso iniciado, no tienen pruebas, el delito se cometió aquí".

Buscándole una explicación a la ola de crímenes, autoridades de todo tipo señalaron la ausencia del Estado brasileño. Unos 17 de los 23 asesinatos ocurrieron en su territorio y ninguno había sido resuelto. Hasta ahora.

La oficina de la Policía Civil es tan discreta que su puerta de entrada pasa desapercibida entre los comercios de la cuadra. Allí trabajan los encargados de investigar los homicidios. Hay dos inspectores, de lunes a viernes, en horario de oficina. Uno de ellos acepta la entrevista. Lleva una década en el Chuí y dice que nunca había sido tan violento. Anuncia con entusiasmo que resolvieron seis de los ocho homicidios ocurridos en lo que va del año. "Es prácticamente imposible sacarles información a los testigos. Pero alguno siempre habla. Para resolver estos casos tuvimos que trabajar con informantes y a base de una presión constante", revela.

La Policía Civil tiene en sus manos la orden de prisión preventiva para el que ordenó la muerte de Pelé y los dos sicarios que huyeron a Uruguay, pero hasta el momento no han podido localizarlos. Dice que la familia de Pelé está enemistada con una banda uruguaya, pero también con otra brasileña: tiene enemigos en cada lado de la frontera. "Esta es una calma momentánea porque todos están en guerra, algunos porque quieren quedarse con el territorio y otros por deudas y las deudas se cobran. Se están rearmando y esperando el momento indicado para volver. Va a haber más muertes", advierte.

A 20 kilómetros de distancia, en Santa Vitória do Palmar un grupo de personas aguarda a que la Policía Federal retome sus actividades luego de un corte de dos horas que los funcionarios se toman para almorzar. Esta Policía investiga los delitos transnacionales. Uno de los delegados encargados grafica el panorama así: si antes incautaban 500 kilos de droga en la frontera, en el último año fueron dos toneladas. Dice que los delitos bajaron en el Chuí porque ellos llevan dos años investigando el tráfico. Y siguen haciéndolo para desentramar la ruta que tendría su origen en Paraguay. Desde allí traen marihuana, cocaína y crack, pasan la droga por Porto Alegre y el Chuy con destino a Montevideo, desde donde se distribuye para el resto del país. De regreso, como forma de pago, envían armas.

De vuelta en el Chuy, en la oficina de la Fiscalía no se interrumpe el trabajo para comer ni los fines de semana. La única fiscal titular —asesorada por tres fiscales adscriptos— se encarga de los casos del Chuy, La Coronilla, 18 de Julio, Barra del Chuy, La Esmeralda, Santa Teresa y San Luis. La sede, donde hay un solo efectivo policial, tiene apenas una sala de espera y un cuarto minúsculo para recibir a los denunciantes. No hay espacio ni privacidad para tomarle declaración a un testigo protegido. Por eso, en la Fiscalía dicen que la infraestructura les impide llevar adelante investigaciones ambiciosas.

De los tres asesinatos ocurridos en 2017 del lado uruguayo se resolvió solo uno, y de los tres de este año, cero. A falta de confesiones y de testigos, la investigación apuesta a un camino más lento en el que se buscan pruebas de ADN, el arma homicida, rastros en los celulares. Tan lenta es la pesquisa que en la Fiscalía revelan que hasta ahora no hay elementos para decir que los fallecidos murieron por ajustes de cuentas o peleas por el territorio. ¿Y cómo investiga la Policía si cinco de sus oficiales están amenazados? En la Fiscalía dicen que de eso no saben nada. Hasta ahora los oficiales del Chuy son su mano derecha.

Diego Landache
Diego Landache, editor del diario binacional Tiempo de noticias. Foto: F. Ponzetto
“Hay que ponerse en los zapatos de la policía”

Diego Landache, editor del diario binacional Tiempo de noticias, dice que los crímenes de la frontera suelen no resolverse porque “no hablan los delincuentes, ni las víctimas, ni las familias, ni los testigos”. ¿Qué policía falla? “Las dos. Están expuestas y mal equipadas”, opina. Reconoce que algunas carencias de la fuerza local se saldaron, como los chalecos que estaban vencidos.

Richar Ferreira
Richar Ferreira, presidente de la Asociación de Policías de Rocha. Foto: F. Ponzetto
"El sicariato en el chuy tiene varios años por la impunidad"

Según publicó El País en un informe de septiembre pasado, en la frontera los sicarios cometen un homicidio por $ 5.000. Richar Ferreira, presidente de la Asociación de Policías de Rocha, confirma que el dato es correcto. "El sicariato tiene varios años en el Chuy-Chuí debido a la facilidad de matar a una persona aquí y salir huyendo para Brasil o viceversa, ya que no podemos actuar en frontera extranjera".

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)

º