CÓMO COMBATIR LA IMPUNIDAD DEL ABUSO

Tu palabra contra la mía

El acoso y el abuso sexual son difíciles de demostrar. Palabra contra palabra, las investigaciones a veces no alcanzan y hay quienes cuestionan la necesidad de periciar a los niños. Una nueva ley quiere bajar la impunidad, pero se topa con obstáculos en su implementación.

Foto: Reuters
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El final suele ser abierto. La mayoría de los casos de abuso y de acoso sexual son difíciles de probar, especialmente cuando no hay evidencia. En diciembre pasado, una nueva ley llegó para cambiar el rumbo de estas historias, pero en el camino podría cruzarse con algunas resistencias.

El abuso sexual no estaba tipificado en el Código Penal. Los operadores judiciales coinciden en que este era un vacío enorme que se venía arrastrando desde 1934, cuando fue redactado el código vigente. Hasta que se votó la ley de violencia hacia las mujeres basada en género. Ahora, los casos de violación, atentado violento al pudor y ultraje público al pudor están unificados bajo el delito de abuso sexual.

Andrea Tuana, activista por los derechos de los niños, los adolescentes y las mujeres, dice que esta novedad es esencial debido a que el atentado violento al pudor "era como una bolsa sin fondo" donde caían todos aquellos casos que no constituían una violación. "Eran juicios larguísimos, casos que quedaban relegados, no tenían demasiada relevancia".

En tanto, el acoso sexual está regulado por ley desde 2009 solo en el ámbito laboral y educativo, pero no constituye un delito; en todo caso podría denunciarse como tal si surgiera una consecuencia como violencia privada, amenazas o daño moral.

Si bien el acoso y el abuso son dos caminos distintos, la nueva ley se propone disminuir la impunidad que afecta a ambos. Para eso, amplía la de violencia doméstica (17.514) e incorpora, como respuesta a algunas situaciones de agresión, el mismo procedimiento administrativo que estipula la norma que previene y sanciona el acoso sexual (18.561).

Cuando se promulgó esta última, las denuncias se dispararon en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Las empresas debieron tomar medidas para prevenir el acoso y aprender a responder ante estos reclamos, bajo riesgo de ser penalizadas en caso de no hacerlo. Quienes participaron en la redacción de la reciente ley de violencia basada en género proyectan que, ahora que el abuso sexual es una figura y que hay más de 10 tipos de violencia hacia la mujer que están definidas, las denuncias aumentarán.

Estas denuncias deberán presentarse en nuevos juzgados especializados, donde los jueces podrán aplicar medidas de protección o sentencias de condena cuando el delito sea penal. Pero si bien la norma lleva más de cuatro meses vigente, estas sedes todavía no existen. La Suprema Corte de Justicia aún está evaluando el costo de su implementación. Según informó el ministro Jorge Chediak a El País, esta tendrá una magnitud similar a la del nuevo Código de Proceso Penal, y se está analizando "un reajuste de los números".

Tuana opina que, a pesar de la demora, las novedades que trae la ley "atacarán el desaliento de las víctimas a presentarse ante la Justicia por falta de pruebas".

Que no se duerman.

También se aspira a que los casos de violencia y abuso sexual se prioricen en las investigaciones judiciales. Algunos meses atrás, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, reconoció que estos delitos se sustancian de forma "lenta y cansina". Para este informe se recabaron relatos de operadores que se han topado con expedientes que llevaban dos y tres años circulando sin sentencia de condena. "A partir de ahora se espera que las denuncias de abuso sexual tengan otro lugar y el aparato estatal sea más eficaz", dice Andrea Deus, abogada y activista que redactó la norma.

Para evitar que se repitan una y otra vez las pericias, la ley prevé mejorar la investigación en busca de pruebas y, a través de una serie de medidas que protegen a las víctimas en su transición por el proceso administrativo y judicial, evitar la revictimización. Es que la mayoría de las víctimas son niños y las estadísticas indican que estos casos no dejan de crecer.

En 2017 el Sistema de Gestión de Seguridad Pública registró 1.252 víctimas infantiles y 1.239 agresores. El 56% tenía menos de 12 años cuando fue agredido. Entre las víctimas, el 82% eran mujeres. El 49% de los abusadores fueron identificados como familiares y el 39% como conocidos.

Considerando el panorama que afrontan niños y mujeres —20 muertas de forma violenta en lo que va del año—, Marina Morelli, abogada especializada en derechos humanos de la mujer, dice: "Es la mejor ley que podemos tener para el momento que vivimos".

Dos casos que esperan sentencia

Contra un profesor

El profesor de música Guillermo Freijido fue acusado de abuso por dos alumnos en 2014. Uno no quiso denunciar, el otro sí. A este se le realizaron cinco pericias cuyos diagnósticos indicaban que su discurso era creíble, pero la fiscal entendió que no había suficiente prueba y lo archivó. En 2017, Freijido fue denunciado nuevamente, esta vez por abusar de su hijastro. El abogado Gumer Pérez solicitó que se desarchivara el expediente. Además, el otro chico abusado decidió denunciar también. Freijido enfrenta tres casos y dice que todo es parte de una campaña en su contra.

Se acusó al padre

Una madre vino de visita con su hija de tres años desde España. En el avión la niña dibujó un osito con un pene. Comenzó a hacer juegos sexuales y no dejaba que ningún hombre se le acercara. Tres pericias diagnosticaron abuso por parte del padre. La evidencia parece clara, pero como el padre no fue periciado (porque no está en el país) la Justicia ordenó la restitución de la niña a España, con medidas de protección para que éste no se le acerque. La madre apeló y espera la sentencia definitiva.

El nuevo Código Penal debió entrar en vigencia en junio pasado. Foto: G. Perez
 Foto: G. Perez

Confiar a ciegas.

Unos meses atrás, una niña artiguense y su amiga filmaron con una ceibalita el abuso sexual que el padre de una de ellas le hacía a la otra, para así conseguir que les creyeran. "Los niños no mienten y no inventan", dijo la fiscal del caso Mariela Núñez. Tras esta noticia, Jorge Díaz declaró que se debe investigar el hecho y no al niño. Según publicó el portal 180, dijo: "Desde que se dispone una pericia al niño ya se está automáticamente desconfiando". La semana pasada, durante el evento en que se difundieron las cifras de violencia infantil del año pasado, volvió sobre el tema y declaró a Radio Uruguay: "A nuestro entender la pericia a un niño no es necesaria, podrá hacerse o no, pero no para corroborar la veracidad del relato".

En los juzgados dicen que esta es una vieja discusión. Por un lado están quienes parten del convencimiento de que el niño nunca miente, y del otro los que creen que podría suceder. La jueza penal Bettina Duter dice que nunca vio a un niño que mienta en casos de abuso. No está de acuerdo en que deban ser sometidos a un análisis psicológico que cuestione su discurso. "Exigimos estándares probatorios cuando la prueba debería ser el testimonio del niño y una pericia que lo refuerce", opina, y afirma que algunos de sus colegas, con la intención de tener la prueba, realizan varias pericias, lo que "debería ser sancionado".

"¿Sabés qué valoro para saber si el acusado es inocente? Si cuando leo la acusación y lo miro a los ojos la persona no grita, no se desespera, desconfío", dice.

Sin embargo, varios abogados penalistas aseguran que en la mayoría de estos casos es el diagnóstico de la pericia a la víctima el que mueve la aguja. Sabrina Flores, fiscal de delitos sexuales, reconoce que el abuso que deja evidencia biológica sucede pocas veces, y que por lo general se recurre a los informes del psicólogo tratante de la víctima y a las pericias forenses, psicológicas y psiquiátricas. Aunque los diagnósticos de las pericias no son vinculantes, Flores dice que "tienen un peso fundamental".

Ana Nin dirige el equipo de 50 psicólogos del Instituto Técnico Forense (ITF) y explica que "si un juez decide apartase de una pericia tiene que argumentar por qué". Los fiscales y los abogados defensores son quienes indican qué buscar. El primer paso es hacer "una lectura exhaustiva del expediente judicial", explica. Se estudian las declaraciones, los partes policiales, las pericias médicas forenses, si hay diagnósticos médicos —enfermedades de transmisión sexual, tratamiento psicológico previo—, documentos escolares que indiquen el comportamiento y rendimiento habitual del niño.

Desde hace más de un año, el ITF tiene un equipo conformado por psiquiatra, psicólogo y asistente social especializado en violencia sexual para los casos de Montevideo. En el interior no. Fuera de la capital hay departamentos que no tienen psicólogos forenses a su disposición; aunque de acuerdo al último relevamiento del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, el 73% de estas denuncias se realizaron allí. "Estamos más sobrecargados que los fiscales", advierte Nin, y pide más recursos.

Al psicólogo y perito Gustavo Álvarez le parece una barbaridad la sugerencia de prescindir de la pericia. "El abuso sexual es amplísimo y es necesaria la pericia para evaluar la credibilidad del testimonio del niño. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos técnicos que han salido a decir que los niños no mienten en estos casos, pero estadísticamente entre el 5% y el 10% de los niños que dicen haber sido abusados no lo han sido. Me dirás, ¿este no es un porcentaje muy chico? Es cierto, pero no puedo partir de esa premisa porque voy a caer en fallos erróneos que pueden tener consecuencias imponderables", dice.

A Álvarez le tocó realizar tres metapericias, es decir, realizar una pericia de la pericia, y en los tres casos dice que faltaba evidencia científica para diagnosticar el abuso. Según su investigación, esos indagados eran inocentes. "Las pericias se habían hecho en 15 minutos. ¿Cómo una entrevista tan corta puede dictaminar una cosa tan grave?", plantea.

¿Qué se busca en una pericia psicológica forense?

El psicólogo y perito Agustín Romano dice que en la mayoría de los casos el abuso sexual afecta a niños, y que el principal riesgo que constituye es que son inducidos al secreto y por eso puede pasar mucho tiempo hasta que lo revelen. "El abuso muchas veces se maneja como una pauta de juego y eso complica que algunos puedan entenderlo como una conducta violenta". Otras veces el niño siente la necesidad de proteger al agresor "o porque es una persona querida o porque lo amenazó". En este tipo de pericia la entrevista es el eje y se intenta comprobar la credibilidad del discurso. Se busca a nivel conductual "si tuvo alteraciones físicas, del estado de ánimo, sentimientos de angustia, ansiedad, fobias, si teme el contacto con adultos, si recrea actos sexuales en juegos ". A nivel cognitivo, se valora su capacidad para distinguir la verdad de la mentira y se estudia el engranaje contextual: "El relato tiene que estar ubicado en tiempo y espacio, dónde pasó, cómo pasó, y con quién pasó".

Sin diagnóstico.

Tuana opina que el testimonio es una pieza esencial en estos casos porque "suelen ocurrir sin testigos", pero advierte: "Creo que las pericias que tenemos en este momento no llegan a fondo, se hacen muy rápidamente y no están actualizadas en sus técnicas, como el uso de la cámara de Gesell", en la que se filma el testimonio del niño para evitar su revictimización. Dice que solo hay una en Montevideo y que se usa poco.

Por eso la ley prevé cambios en cómo se realiza esta investigación. La abogada Deus enumera: la Policía no debe interrogar al niño, las pericias deben contar con su consentimiento, este podrá ir acompañado de un adulto de confianza, podrá elegir el sexo del técnico y la prueba no deberá centrarse en las secuelas físicas sino que deberán buscarse más pruebas del contexto que podrían acreditar una situación de abuso.

Según Nin, las pericias que realiza el ITF son exhaustivas y se aplica una batería de tests en cada caso. Uno solo de ellos, por ejemplo, tiene unos 19 ítems para investigar la conducta y el discurso del niño y el de su entorno.

Cuando la credibilidad del niño está puesta en duda, ¿por qué es? Según Álvarez, cuando son niños chicos "puede haber una distorsión entre lo cognitivo y la memoria". También puede darse "un desplazamiento del victimario", que es cuando el niño dice que fue otra persona el abusador, como sucedió con el alumno de una escuela en Flor de Maroñas que primero les dijo a sus padres que otro niño había abusado de él y luego se supo que fue un adulto con problemas psiquiátricos que ingresó al patio del local.

"Otro caso es cuando uno de los padres entrena e implanta memoria en el niño para que sea herramienta de confrontación con el otro padre. También he tenido de esos casos", asegura. Pocos, pero los hay.

Agustín Romano, también perito, dice que muchas veces no se puede afirmar ni descartar el abuso. "Y uno tiene que justificar por qué no puede afirmarlo ni descartarlo", explica. ¿Cuándo es que queda en duda su credibilidad? "Cuando el niño es muy pequeño y no verbaliza, cuando hay padres que no hablan del abuso, cuando hay una naturalización de conductas abusivas. Pero generalmente se trabaja bien y se llega", tranquiliza Nin.

Foto: Reuters
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¿Qué pasó con el Gucci?

Ante una condena errónea, el acusado de abusar deberá lidiar con las consecuencias sociales por un largo tiempo. Algo parecido les sucede a quienes son objetos de escrache por acoso en redes sociales, pero, ¿por qué se dan las denuncias en este espacio? El abogado Ignacio Durán explica que el acoso, a nivel jurídico, "si no lo lográs encasillar en una difamación, en una violencia privada o en algún otro delito, puede quedar sin respuesta". La falta de evidencia para demostrar los relatos de acoso sexual impide que sean escuchados en un juzgado. Muchos de estos casos ni siquiera llegan a ser denunciados por sus víctimas.

Ante la falta de resolución legal, "la sensación de impunidad y la rabia genera que algunas personas se expresen de esta manera, en la mayoría de los casos persiguiendo una conducta de autoprotección: esto me pasó a mí, que no les pase a otros", dice el psicólogo y perito Agustín Romano.

Esto les sucedió a 10 actrices que fueron convocadas al mismo casting para una serie cuyo director era el protagonista e incluía escenas sensuales con él. A cada una de ellas les dijo que era la favorita para el papel. Cuando se dieron cuenta de que era un engaño, algunas ya habían caído en la trampa. Hicieron el casting en su casa o en un hotel, y el director filmó el ensayo. Cuando consultaron a un abogado, las desalentó por falta de pruebas. El acusado se fue del país y todas las notas de prensa sobre el incidente desaparecieron de internet. No hubo más consecuencias que cierto repudio de parte del ambiente que lo rodeaba.

Tampoco tuvieron una respuesta legal las 32 mujeres (de distintos países) que denunciaron a un fotógrafo uruguayo premiado y reconocido que las habría engañado y violentado con la excusa de realizar un trabajo conjunto. Esta vez, la exposición pública provocó que el acusado fuera perdiendo sus trabajos.

En las últimas semanas, el caso que más sonó fue el de Gustavo Serafini, el Gucci. Fueron unas 20 las mujeres que lo denunciaron en redes sociales por acoso, algunas de ellas menores de edad.

El asunto se disparó cuando una usuaria de Twitter realizó una especie de encuesta. Los comentarios se multiplicaron y las denuncias se trasladaron a los medios, y así tomó estado público. El cantante negó las acusaciones y dijo que estaban afectando su trabajo. Para "limpiar su nombre" denunció en la Justicia penal a estas mujeres por difamación. Durán, su representante, explica que frente a este delito "no es el acusado el que tiene que aportar la prueba, sino que el juzgado cita a las personas que lo acusaron para que demuestren lo que dijeron".

Según el abogado, la joven que realizó la encuesta se presentó, dijo que no tenía pruebas, "que lo había inventado y pidió disculpas". Otras chicas no se presentaron y cerraron sus cuentas de Twitter. "Muchas veces la denuncia de acoso queda en una nebulosa, porque por más que se haga la denuncia y el fiscal investigue, no tiene elementos para emitir un procesamiento", dice Durán.

La ley de violencia hacia las mujeres basada en género prevé la denuncia de estos casos y medidas de protección. Esas denuncias deberán realizarse en juzgados especializados —en los que se unificarán los casos de violencia doméstica, abuso sexual, tenencias, visitas, divorcios—, pero todavía no existen.

Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), dijo a El País que se están afinando las necesidades en términos de jueces, defensores, técnicos, locales y recursos presupuestales indispensables para su aplicación en el país. Según publicó Búsqueda, el primer informe planteó cantidades de magnitud muy importante, y la SCJ consideró que los números deberán ajustarse.

Además, habrá que esperar qué recursos se le otorgan en la próxima Rendición de Cuentas.

Mientras tanto, quienes lucharon por la ley dicen que es una obligación resolver su implementación de forma inmediata y denuncian que hay procedimientos que no se están cumpliendo. Una mujer que denunció violencia en abril tiene fecha de audiencia para el 13 de junio y no se dispusieron medidas para su protección. La ley dice que la audiencia debe realizarse en no más de 72 horas. La abogada Alicia Deus advierte: "Esto es gravísimo".

No alcanza.

A pesar de que las pericias aporten un diagnóstico, puede suceder que los fiscales y los jueces reconozcan que hubo una actitud reprochable, pero que no puedan condenar el abuso sexual por falta de pruebas. Flores lo afirma, y amplía: "Esto pasa también con homicidios, rapiñas, hurtos".

Pero hay casos que dejan a los abogados defensores de víctimas boquiabiertos. Virginia Salvo representa a María, una madre que denunció el abuso sexual de su marido hacia su hija de tres años. El padre es español e inició un juicio exigiendo la restitución internacional de la pequeña. Salvo detalla las señales de abuso y parece un caso de manual. "Se hicieron dos pericias particulares y una forense. En esa instancia, cada vez que se hablaba del padre, la niña se hacía caca y no podían continuar. Presentamos videos donde la niña juega representando actos sexuales horribles. Dibujos. Incluso audios", cuenta.

Sin embargo, la Justicia determinó que como no se le había realizado una pericia al padre (que había sido solicitada por la defensa, pero al no estar en el país no se le hizo), no lo condenó por abuso sexual. La niña debe volver a España con una medida de protección que le impide a su progenitor acercarse y comunicarse con ella. Salvo apeló y espera la sentencia en estos días.

El abogado Gumer Pérez defiende a dos adolescentes que en 2014 dijeron que su profesor de música había abusado de ellos durante una clase de piano. Cuando los niños, entonces de 11 años, les contaron a sus padres, estos pidieron una reunión en el colegio. Cuenta el abogado que se reconstruyó la escena del abuso en la casa del profesor, "algo sorprendente", opina. En ese momento, los padres de uno de esos dos niños decidieron denunciarlo en la Justicia. El otro menor no quiso.

Al que sí denunció le hicieron cinco pericias, y a pesar de que los diagnósticos coincidían en que hubo abuso, la fiscal no halló suficiente prueba y pidió archivar el caso. Eso podía pasar con el antiguo Código de Proceso Penal, ya no: ahora la víctima puede pedir cambio de fiscal.

Tres años después, el mismo profesor fue denunciado por su pareja: habría abusado de su hijo. Pero, esta vez, el acusado se había convertido en una figura pública debido a su participación en el programa de televisión Master Class. Ante los hechos, Pérez pidió que se desarchivara el caso y el otro adolescente decidió denunciar, para evitar que el acusado quede impune y repita sus actos. Guillermo Freijido enfrenta tres denuncias. "Dijo que los niños lo habían seducido y que todo era parte de una campaña en su contra", cuenta Pérez. El juicio está en proceso.

¿Pero qué sucede si a un niño o adolescente se le hacen demasiadas pericias? Romano, el perito, explica que en estos casos "el relato puede empezar a distorsionarse por la reiteración". Otra vez su palabra podría ser puesta en duda. PRODUCCIÓN: FERNANDA KOSAK.

Mientras el proyecto de registro sigue en el cajón, otros hacen justicia por redes propias

Cuando Leonardo Albano fundó —junto a otras personas— la página de Facebook "Registro no oficial de delincuentes sexuales", recibió amenazas de muerte, pero no dio marcha atrás. En seis meses ya tiene 15.662 seguidores.

En ella se difunden nombres, imágenes, sentencias y ubicaciones de personas que fueron condenadas o están acusadas de abuso sexual a menores.

Albano explica que para subir la información por lo general espera a que haya una sentencia judicial, aunque no siempre es así. "A veces, si quedan en libertad y entendemos que representan un riesgo, subimos el nombre y la ubicación pero no la foto", reconoce.

¿Y si la persona ya está presa? En ese caso no suelen excluirlos de su registro. "La idea no es escrachar, sino que sea un servicio público que prevenga a la gente de personas que representan un peligro", explica.

La página cuenta con un mapa interactivo repleto de rostros en los que uno puede clickear y ver las historias detrás de cada abusador. Dicen: "Condenado por masturbarse frente a un colegio", "le solicitó a su hijastra material de ella desnuda", y así.

Esta iniciativa se inspiró en un proyecto de ley presentado por el senador Luis Lacalle Pou —en cuatro oportunidades, la primera en 2008— que propone crear un Registro Nacional de Violadores y Abusadores de Menores a cargo del Ministerio del Interior.

Hasta el momento, el Poder Judicial ya cuenta con dos registros de este tipo, uno en poder de la Policía Científica y otro en el Instituto Técnico Forense.

Sin embargo, tras el asesinato de la niña Brissa González a manos de un hombre que según El Observador ya tenía seis antecedentes de ataques sexuales y dos condenas, varios políticos de distintos partidos apoyaron la iniciativa del senador nacionalista.

Por el momento, el proyecto está a la espera de su tratamiento parlamentario.

Como novedades que afectan a agresores procesados, la ley de violencia hacia las mujeres basada en género prevé la suspensión de la patria potestad a quienes sean procesados por violencia y abuso sexual.

También implementa la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia.

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