El primer sacudón fue en 2013, cuando Montevideo sintió por primera vez que el agua tenía un olor fuerte y desagradable. Con el paso de los meses el impacto se diluyó y las "medidas urgentes" quedaron en la nada. Fue necesario que el problema reapareciera, esta vez en la Laguna del Sauce, para que se recordaran los viejos anuncios.

Al escándalo del agua turbia de las últimas semanas en el este ahora se agrega la sospecha de que algo similar puede estar pasando en Durazno con el río Yi. El escenario podría empeorar aún más: en la Facultad de Ciencias advierten que es altamente probable que una nueva floración de cianobacterias irrumpa en el Santa Lucía debido a la contaminación y la falta de lluvias.

Existe amplio consenso de que la agricultura y el abuso de los fertilizantes son la principal causa de afectación de las fuentes hídricas. Sin embargo, el Ministerio de Ganadería (MGAP) no logra que los productores respeten un correcto uso y manejo de los suelos.

"La información que tenemos es que no se está cumpliendo masivamente con los planes presentados; la mayoría de los productores presentó un plan, pero después registramos poco cumplimiento de los mismos", dijo a El País la directora general de Recursos Naturales Renovables (Renare) del MGAP, Mariana Hill.

Esto se encuadra en un plan que inició la cartera a finales de 2012, a través del cual se comenzó a exigir a las explotaciones agrícolas de más de 100 hectáreas que acrediten un proyecto, realizado por un ingeniero agrónomo, sobre el uso que darán al campo. Con el mismo, luego extendido a productores lecheros, se buscó evitar la erosión y lograr un seguimiento de las formas de explotación de la tierra.

La jerarca dijo que por ahora lo común ha sido la presentación de planes que luego no se llevan a cabo. El ministerio ya comenzó a fiscalizar y viene aplicando sanciones a una gran cantidad de establecimientos, aunque por ahora, en la mayoría de los casos, no ha ido más allá de un simple apercibimiento.

Tras la orden del presidente Tabaré Vázquez de ubicar la situación del agua —y concretamente la del Santa Lucía— como prioridad, el MGAP puso énfasis en el control de las explotaciones ubicadas en dicha cuenca, donde viene advirtiendo las mismas evasiones que en el resto del territorio, aunque aún no han hecho un conteo de las situaciones irregulares.

"En caso de incumplimiento se inicia un acta que genera el antecedente, una falta a nivel jurídico. Como es la primera vez y nuestro objetivo no es recaudar sino que haya cumplimiento, hacemos un apercibimiento y en pocos casos llegamos a multar, pero eso más adelante va a cambiar, y si hay antecedentes las multas serán mayores", expresó Hill.

Un informe presentado en febrero por la Red Sudamericana de Economía Aplicada y el Centro de Estudios Fiscales, determinó que "la presencia de fósforo y nitrógeno en las aguas (del río Santa Lucía) proviene principalmente de las prácticas agrícolas de fertilización de suelos".

De acuerdo a información citada por tal estudio, el 80% de los nutrientes que llegan a cursos de agua proviene de fuentes "difusas", que son las que están ligadas a producciones pecuarias (principalmente lecheras) y a producciones agrícolas. El restante 20% deriva, según se afirma, de efluentes de industrias y aguas servidas de ciudades y poblaciones cercanas.

"La concentración de fósforo llega a ser preocupante en algunas zonas", dice el documento, y recuerda que estudios recientes mostraron incrementos importantes de concentración de tal elemento por "fertilización de pasturas".

Para Daniel Panario, profesor Grado 5 de la Facultad de Ciencias, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales y Coordinador de la Maestría en Ciencias Ambientales, se está "haciendo todo mal" en el combate a la contaminación del agua. El docente se mostró crítico con la cartera de Ganadería y afirmó que lo que hace "no sirve para nada".

"El MGAP tiene la función de ser promotor de la agricultura, entonces como tal no puede ser el que controle que la agricultura se haga bien o mal, eso debería estar en otra órbita. Los límites de hasta dónde, cuándo y cómo se planta son de Ganadería, y entonces ahí claramente hay una colisión de intereses. Creo que el plan de suelos sí tendría que ser uno de los primeros pasos a dar, pero si se hiciera bien", dijo el docente a El País.

Panario opinó que "sin duda fallan los controles", pero hizo énfasis en que en materia de cuidado de las fuentes de agua, una de las mayores falencias es que se suman organismos y se dividen responsabilidades. Así, "cada cual tira para su lado en lugar de hacer un trabajo coordinado", planteó.

"No hay una visión integral del problema, no se articula lo que se dice con lo que se hace. Cada cual busca que no le joroben el negocio, y eso es peor que dividir responsabilidades", dijo el especialista.

Luis Aubriot es doctor en Ciencias Biológicas, docente e investigador de la Facultad de Ciencias, y no sólo entiende que el gobierno no avanzó en el combate a la contaminación del agua, sino que advierte que la cuenca del Santa Lucía —fuente de abastecimiento de 1.750.000 habitantes— está expuesta a un inminente brote de cianobacterias similar al ocurrido en 2013, que causó por varios días un olor desagradable y tiñó de color oscuro el agua de OSE.

"El sistema está llegando a un punto de cuota mínima, de disminución importante del caudal, que hace que sea más riesgosa la situación porque se produce un tiempo de retención del agua más prolongado. El agua está detenida por más tiempo y como trae grandes cantidades de nutrientes, se genera una situación propicia para que comiencen a desarrollarse floraciones de cianobacterias. El agua estancada les da tiempo a los organismos de crecer", explicó Aubriot.

Agregó que las cianobacterias están presentes en todos los ecosistemas en mayor o menor medida, y dijo que para que haya una floración de las mismas solo hace falta que se den determinadas condiciones. Así, dijo que el estado actual del Santa Lucía se vuelve "óptimo" para que las bacterias alcancen tal punto. El río está en condiciones "muy extremas de enriquecimiento del agua, con materia orgánica y nutrientes".

"El agua del Santa Lucía (antes de llegar a la planta potabilizadora) está muy comprometida, se ubica dentro de los valores más altos en cuanto a los indicadores de impacto humano y es, por lo tanto, un agua que tiene una gran potencialidad de generar floraciones", recalcó.

Con los días se suman situaciones que complican el panorama de las fuentes de agua potable en el país y, por lo tanto, aumenta la preocupación del gobierno. El presidente Vázquez ya pidió que se le entreguen informes cada dos meses sobre la evolución de este tema y está decidido a impulsar cambios en el corto plazo; no en vano lo marcó como una prioridad en uno de sus primeros discursos como mandatario.

La presión se siente en los organismos vinculados al cuidado y monitoreo del agua y el ambiente. Todos buscan de una forma u otra mostrar resultados cuanto antes, a la vez que eluden a la prensa.

El País intentó hablar con los jerarcas de Dinama pero desde el organismo se respondió que no harían declaraciones de momento. En tanto, la cúpula de esa dirección visitó el jueves las 23 industrias que vierten sus líquidos en el Santa Lucía con el objetivo de controlar el cumplimiento de las medidas impuestas.

En la web de Presidencia se le dio especial destaque a la visita y se publicó que "el objetivo es comprobar la reducción de nutrientes de las emisiones líquidas de los vertidos industriales, fundamentalmente nitrógeno y fósforo". En los hechos, según surge de la misma nota difundida, ninguna de las empresas allí instaladas terminó las obras que la propia Dinama les había exigido en 2013.

"Muchas ya comenzaron las obras, mientras que otras están en fase de aprobación de proyectos porque las propuestas primarias no fueron de conformidad de Dinama", dijo el director de la oficina.

En tanto, en la Ursea —también con potestades de contralor sobre el cumplimiento de la normativa que protege los cursos de agua—, dijeron que no tenían tiempo para responder consultas de la prensa y afirmaron estar desbordados por informes y reportes a presentar.

Paradójicamente, en la academia observan con incredulidad los pasos que el gobierno anuncia. Distintos expertos consultados coincidieron en señalar que de todo lo dicho sobre el tema desde 2013 hasta ahora, nada ha tenido un efecto concreto en la calidad del agua.

"Por ahora no hay indicadores positivos en cuanto a las medidas que se han tomado. A nivel de la información que obtenemos del Santa Lucía todavía no hemos visto el reflejo de ninguna de las medidas para mitigar la contaminación", expresó Aubriot.

Panario fue más allá, y advirtió que es necesario pensar en tener un "Ministerio del Ambiente" o una estructura similar que centralice las responsabilidades en el tema, que esté dotada de recursos y que tenga la fuerza política suficiente para hacer lo que sea necesario en la materia.

"No hay nadie con autoridad suficiente para tomar decisiones. Hay que hacer un giro en cuanto a quién lleva las riendas en el tema. Entiendo, entre otras tantas cosas, que lo que se resuelve no es exactamente lo que hay que resolver, y que las prioridades a lo mejor no están en lo realmente necesario", dijo el docente.

"Si se estuvieran haciendo todas las cosas bien con el ambiente, no tendríamos problemas con el agua. Hoy, el agua es el sumidero de lo que hacemos en todo el territorio. Por eso creo que hay que dotar de autoridad y recursos a un ministerio que se haga cargo", sostuvo Panario.

Diego Martino es doctor en Geografía y Ambiente y dirige la firma "Asesoramiento Ambiental Estratégico". También fue representante en Uruguay del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma). Martino dijo a El País que las respuestas del gobierno ante las dificultades con el agua "por lo general han sido reacciones más que respuestas". "Lo hecho no ha derivado en cambios profundos en el tema. Cada vez que aparece un reclamo o hay un problema, se habla de algo que se creó, o de alguna medida que empezó a funcionar, pero todo eso no funciona en el sentido de provocar un cambio efectivo", opinó.

Martino afirmó que "no hay planificación a largo plazo, no se tienen en cuenta factores multidisciplinarios, no se ve la cuenca como un todo y los abordajes son parciales". Expresó: "No hay limitantes legales ni tecnológicas para atacar este tema, y por eso entiendo que con voluntad política se saca adelante".

Panario, en tanto, celebró que por fin se haya caído el "mito" que había en Uruguay sobre la calidad del agua, que llevaba a pensar que "nuestra agua era la mejor" y que impidió "ver la realidad". El docente aseguró que él toma sus recaudos ante la mala calidad del agua: "Yo no tomo el agua de OSE", concluyó.

La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados viene monitoreando la situación del Santa Lucía, y los legisladores que la integran ya realizaron dos vuelos sobre la cuenca del río. El objetivo es determinar si las Fuerzas Armadas y, puntualmente, la Fuerza Aérea, tienen algún aporte para hacer en el tema. Dos parlamentarios consultados por El País dijeron que ya han constatado que hay "más de una norma que se está violando en el río". Afirmaron que se detectaron "algunas situaciones presuntamente irregulares, como deforestaciones de áreas importantes y cultivos hasta el borde del río".

La Facultad de Ciencias avanza en un convenio con OSE para generar "un sistema de alerta temprana". Buscan un monitoreo automático y en tiempo real que mida el agua en la cuenca del Santa Lucía, para acortar los tiempos de respuesta ante las cianobacterias. Estas son microorganismos fotosintéticos, por lo general verdes. Algunas especies producen toxinas que pueden afectar la salud de animales y humanos.

Una particularidad que presenta Uruguay en cuanto al monitoreo y el control del agua es la gran cantidad de organismos que tienen potestades al respecto.

Esa división de responsabilidades es, justamente, uno de los puntos más criticados por los expertos y científicos que siguen el tema, dado que entienden que lleva a que se repartan culpas en la gestión.

OSE es el organismo responsable del abastecimiento de agua potable y del servicio de saneamiento en el interior del país, desde 1952.

Ursea se encarga de vigilar la calidad del agua potable suministrada a terceros por los prestadores mediante las redes de distribución.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a través de Dinama, se encarga de generar políticas públicas "que contribuyan a un desarrollo económico sostenible y territorialmente equilibrado", y "controla la calidad del recurso agua en la naturaleza a través del instrumento de evaluación de impacto ambiental". Además, desde la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) "elabora y propone las políticas públicas del sector".

El Ministerio de Ganadería, a través de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, se encarga de los planes de uso de suelos de los productores rurales para evitar la erosión.

UN TESORO TURBIOANDRÉS ROIZEN