A UN MES Y MEDIO DEL CPP

Nuevo Código entre caos y promesas

A un mes y medio de cambiar su ADN, la Justicia penal fue noticia por sus conflictos sindicales, pero también comenzó a dar muestras de sus virtudes. Los fiscales recurrieron a medidas alternativas para evitar juicios y se limitó la prisión preventiva. ¿Qué otros cambios cabe esperar?

Las distintas herramientas alternativas y el buen uso de la prisión preventiva podrían reducir el número de presos. Foto: F. Ponzetto
Las distintas herramientas alternativas y el buen uso de la prisión preventiva podrían reducir el número de presos. Foto: F. Ponzetto

Dice Jorge Chediak, presidente de la Suprema Corte de Justicia, que juzgar el funcionamiento del nuevo Código de Proceso Penal (CPP) a un mes y medio de implementado "es de ansiosos". Pero Uruguay, en términos de seguridad, tiene los nervios de punta. Y los reclamos de fiscales alertando que están desbordados por la cantidad de denuncias, que sus jornadas laborales son de 15 horas y que el sistema informático tiene fallas que enlentecen su trabajo, se juntan con el dato de que hubo un 58% más de homicidios este noviembre con respecto al año pasado, mientras que el ingreso de presos a la mayoría de las cárceles se redujo considerablemente. En el caso del Comcar bajó al 50%.

Según los expertos que apoyan el cambio del sistema, puede confundirse el caos administrativo "fruto de la adecuación de los primeros días", según Chediak, con ineficacia. Y puede mezclarse el principal objetivo del CPP —que es bajar la cantidad de presos sin condena— con la necesidad de reducir los delitos. Acerca de la situación que denuncian algunos fiscales, Chediak dice que son "dificultades de flujo de trabajo" que se van a solucionar. "Este sistema aún no está funcionando al 100%, hay que darle por los menos seis meses para que muestre sus bondades", sostiene. Sobre si le corresponde a este código limitar la inseguridad, responde: "Ese no es su cometido".

A Chediak, así como al fiscal de Corte Jorge Díaz y al resto de los padres del CPP, les gusta repetir que estamos ante "un enorme cambio cultural". Dicen: para el juez "es un giro de 180°", porque ahora deben únicamente sentenciar y no guiar la investigación. Dicen: para el fiscal "es un doble salto mortal al vacío sin red", porque dirige la investigación, cambia de métodos, negocia distintas vías de acuerdos con el defensor y el victimario, está en contacto con la víctima, recibe todas las denuncias que se realizan en el país —antes el 60% no llegaba a la Justicia— y debe dejar un registro electrónico de cada paso que da. Dicen: en los pasillos de los juzgados, los defensores "están alegres como perro con dos colas" porque es la primera vez que ellos y los fiscales están parejos ante el juez. Antes, en los hechos, el fiscal investigaba junto al magistrado. Según Díaz, esta cercanía en la búsqueda de pruebas explicaría por qué solo el 2% de los acusados resultaba absuelto.

Y para la opinión pública, ¿que representa el CPP? Adriana Berezán, presidenta de la Asociación de Defensores Públicos, reconoce que no se supo informar a la gente "en su debido tiempo". Andrés Ojeda, abogado penalista, plantea: "Vamos a tener que acostumbrarnos a ver acusados esperando su sentencia en libertad. Quiero saber qué va a pasar cuando estemos frente a un caso grave de homicidio y no se aplique la prisión preventiva porque no haya riesgos demostrados para fijarla. ¿Cómo se va a tragar eso Uruguay?".

Fantasma latinoamericano.

"El principal objetivo del CPP es que la prisión preventiva se use como una medida cautelar y no como una pena anticipada", ha explicado Díaz. Para entender el asunto hay que ver el contexto. En este momento hay 11.300 reclusos. Nuestro país tiene el mayor índice de prisión del mundo luego de Cuba y Estados Unidos. Tenemos más presos que Colombia. Tenemos más presos que México. Y el 40% son primarios. "Algo pasa si estamos teniendo más presos de los que deberíamos, y es que se estaba aplicando la prisión es exceso. Y nuestras prisiones tienen tantos problemas que influyen en que muchas veces se reincida", plantea Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario.

Petit, al igual que varios operadores judiciales, cree que el funcionamiento del proceso anterior, que enviaba automáticamente a un imputado preso, era un círculo vicioso. Debido al mal uso de la prisión preventiva como medida cautelar, el 70% de los reclusos no tienen condena. Luego, a través del acceso a distintos beneficios que existían, como la libertad condicional, la libertad anticipada y la suspensión condicional de la pena, la mayoría terminaba cumpliendo la pena en libertad. Para Díaz, este problema carcelario es "un fantasma que atormenta a los países latinoamericanos" que se rigieron demasiado tiempo bajo un proceso inquisitivo. Ahora, la prisión preventiva es utilizada como una medida excepcional y los jueces le ponen un plazo. Solo se aplica en los casos en que haya riesgo de fuga del imputado, peligro de daño de pruebas o que sea una amenaza para la víctima y la sociedad. Por ejemplo, se ordenó prisión preventiva para los asesinos de las niñas Valentina Walter y Brissa González.

Lo que quiere el CPP es invertir estos porcentajes, y que al menos dos tercios de los privados de libertad tengan condena. Esta meta ya la alcanzaron una veintena de países que hicieron el cambio de código antes.

La bola de cristal.

Unos días atrás, una fiscal declaró a El País que parte del caso se debe a que "la estructura de este código se pensó para captar el 100% de las denuncias policiales, pero con el mismo personal que el anterior, que solo cubría un 5% de las mismas". La pregunta que retumba entre quienes tienen sus dudas con el CPP es si entre el ascenso del delito y la reducción del número de presos, estamos ante un sistema que promueve la impunidad. Uno de los que advierte que así será el futuro es el exfiscal Enrique Viana, que renunció a su cargo el mismo día que entró en vigencia el código "para evitar cumplir con tareas inmorales". Viana está convencido de que el código cambió para dar impunidad a los delitos de corrupción, "porque se eliminó al juez de instrucción que puede investigar los crímenes de este tipo y en su lugar quedó el poder en manos de la Fiscalía, que es una agencia del gobierno operada por un director todopoderoso", opina aludiendo a Díaz.

Además, dice que "la justicia por pactos" —herramientas alternativas que reducen los juicios orales y los años de la pena — "es un mecanismo que da impunidad a los delitos de la marginalidad, porque se negocian penas más cortas".

En las antípodas de Viana está Carlos Negro, hoy fiscal de flagrancia. Él cree que "los presos que no deberían estarlo podrán solucionar su conflicto por las vías alternativas. Y los que tienen problemas mentales o adicciones, con soluciones que no son de cárcel". La gran diferencia, opina, es que para el sentenciado se termina la incertidumbre. "Hoy los que acceden al procedimiento abreviado pueden salir en 24 o 48 horas con la condena en la mano: saben exactamente qué día van a salir. Y eso tiene un valor enorme para el fiscal, el defensor, el juez, la víctima y para el condenado".

La semana pasada, durante una conferencia acerca de cómo el nuevo CPP impactará en las cárceles, Díaz aseguró que no puede saber con tan poco tiempo si van a haber más o menos presos. "Yo no tengo la bola de cristal y cualquiera que diga que lo sabe está jugando a adivinar".

Más avenidas, menos juicio.

Entre tanto ruido que hubo en estos 47 días, los fiscales se adaptaron rápidamente a recurrir a las vías alternativas al juicio oral. "Mi miedo era que no se utilizaran y terminar con un cúmulo de juicios orales. Estoy feliz de la vida de que se estén utilizando estas avenidas", confesó Díaz durante una charla con la prensa.

¿La reducción del número de presos tiene que ver con el mejor uso de la prisión preventiva y la elección de estas resoluciones que evitan la judicialización? Aunque no hay números oficiales y Díaz asegura "no tener idea aún de si existe una relación", otros fiscales entrevistados opinan que sí. En gran medida, frente a un caso de menor trascendencia aplicaron el principio de oportunidad, "lo que evita la intervención del Estado", explica Negro. En causas leves los fiscales están autorizados a negociar la suspensión del proceso fijando condiciones para evitar el encarcelamiento. Además, pueden aplicar acuerdos reparatorios —cuando se devuelven objetos robados o se llega a un acuerdo económico— y, cuando el delito tiene una pena inferior a seis años, se puede recurrir a un proceso abreviado. En este último caso, ante una prueba contundente y un reconocimiento de los hechos por parte del victimario, se negocia bajar la pena o un régimen de libertad vigilada.

Estos pactos son homologados por el juez y evitan que se realice un juicio oral. "Permiten que el sistema no pierda tiempo. Si vamos a tener éxito, ¿por qué recorrer un camino más largo si por una pena hasta un tercio menor podemos obtener una pena efectiva y a un preso con condena en pocos minutos?", cuestiona Negro.

Es que detrás de estas herramientas está la clave del cambio cultural que trae el CPP: "El objeto ya no es hallar la verdad material de la infracción, se trata de resolver un conflicto", asegura Díaz.

Guillermo Payssé, defensor público de menores y abogado de mayores, cuenta que desde el 1° de noviembre no llevó ningún caso a juicio. En dos casos con menores llegó a un acuerdo con la Fiscalía para la suspensión condicional del proceso, "y la aplicación de medidas que prevé el código, como que el victimario no pueda acercarse por determinado tiempo a tal persona o a tal lugar, y que los adolescentes se integren a actividades educativas". En otro caso que tuvo con un mayor, la pena consiste en concurrir dos veces por semana a la comisaría por cinco meses. Si no cumplen, serán llevados a juicio.

Payssé comenta que sus colegas que ejercen de forma particular le han dicho que hubo un descenso del volumen de trabajo, "justamente porque como consecuencia del uso de los acuerdos, a los juzgados se han llevado menos casos".

Caballos, motos y fiscales.

Para hacer mejor su tarea, los fiscales fueron divididos por especialidades: homicidios, delitos sexuales y de género, económicos y contra la administración pública, y otros delitos. Un mes después de que entrara en vigencia el nuevo CPP, la fiscal de Flagrancia Brenda Puppo fue elegida como presidenta de la Asociación de Fiscales. "Los fiscales de Flagrancia somos como los médicos de guardia que atendemos urgencias", dice Puppo. A ellos les avisa la Policía cada vez que ocurre un delito y tienen un detenido.

Cuenta que las primeras semanas recibían unas 800 llamadas. Por las noches, su teléfono no deja de sonar: en Montevideo hay un solo fiscal de guardia. "Recuerdo haber recibido una llamada por un caballo suelto en una calle, una bicicleta que chocó contra un árbol y el conductor resultó ileso, y la gran pesadilla diaria son los accidentes de tránsito. Me llaman para saber si pueden devolver un auto o no". En estos días, dice que el trabajo de investigación con la Policía ha ido mejorando.

Según esta fiscal, el desborde que están sufriendo tiene que ver con cómo se distribuye el trabajo. Puppo cuenta que las denuncias llegan a la Fiscalía y allí un grupo de abogados evalúa qué caso asignar y a quién. "Tenés 1.500 denuncias en tu bandeja de entrada, pero por defecto el sistema no te avisa de los avances. Si para el caso 4.365 pedí una prueba a la Policía y quiero saber las novedades, tengo que ir hasta ese caso y leer todo de nuevo".

Los fiscales exigen más personal. Negocian nuevas condiciones con la Fiscalía ante el Ministerio de Trabajo. Foto: F. Ponzetto
Los fiscales exigen más personal. Negocian nuevas condiciones con la Fiscalía ante el Ministerio de Trabajo. Foto: F. Ponzetto

En los medios se publicó que varios fiscales y jueces estarían comprando seguros para cubrirse por mala praxis. "Sienten que no tienen garantías ya que el nuevo sistema los deja mucho más expuestos, porque deben anotar en el programa cada paso que dan, son fiscales sometidos", dice Viana. Tanto Puppo como Alberto Reyes, ministro del Tribunal de Apelaciones y presidente de la Asociación de Magistrados, aseguran que lo de los seguros se arrastra desde el código viejo. "Por el contrario, los jueces se han adaptado muy rápidamente y muy bien al CPP", opina Reyes.

Ojos en la cárcel.

No es un sistema perfecto. Queda pendiente resolver la desventaja de los menores frente al tratamiento de los mayores, para quienes la prisión preventiva es excepcional mientras que para los adolescentes es preceptiva por un año. Aunque varios operadores judiciales reconocen que la Policía se adecuó rápidamente a trabajar con los fiscales en lugar de los jueces, hay fiscales, como Negro, que opinan que habrá que especializar más sus funciones y crecer en investigación. "También nosotros debemos profesionalizarnos en la investigación", admite.

Entre los desafíos a futuro, el Ministerio del Interior tendrá que ver cómo resuelve la exigencia del CPP de que los detenidos que cumplen prisión preventiva no estén junto a los condenados a prisión.

El código también establece que, por primera vez, los jueces son responsables del cumplimiento de la pena. Es decir, deberán hacer un seguimiento de los presos. Así lo explicó Reyes en la conferencia sobre el impacto del CPP en el sistema penitenciario: "La cárcel es como la culpa: no la quiere nadie. Los jueces debimos habernos hecho oír más fuerte y antes sobre la influencia del sistema anterior en los problemas de nuestras cárceles. Ahora dejaron de ser un tema ajeno".

En tanto, Petit anuncia que con esta novedad se está "en la antesala de un cambio copernicano en las cárceles, porque ahora si un recluso no recibe educación, salud ni trabajo será tan grave como el incumplimiento de la pena". Aunque aún no se sabe con qué mecanismo se hará este monitoreo, menciona la institución de habeas corpus para denunciar la violación de la dignidad de los reclusos.

Este nuevo requerimiento, también abre la puerta para las políticas sociales. "Hay una cantidad de situaciones que no ameritan la cárcel y para esos casos debería haber alternativas sociales", dice. Y agrega: "Cada año hay 6.500 personas que vuelven a la libertad. Pero, ¿cómo vuelven? Este código bien aplicado quizá logre que regresen mejor".

Para el abogado penalista Ojeda hay otro problema que debe ser puesto sobre la mesa. "Es incoherente que una sociedad comprometida con el cambio del CPP tenga un Código Penal redactado en 1934, emparchado a lo largo del tiempo. Si no cambiamos este código, ¿el CPP no quedará rengo?", se pregunta.

El proyecto de ley para renovar el Código Penal comenzó a trabajarse en 2005, al mismo tiempo que el CPP. En 2014 fue aprobado por Diputados, pero quedó dormido y al ganar protagonismo el CPP lo expulsó de la agenda. Para expertos como Germán Aller, catedrático de Derecho penal y director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho, "es necesario derogar delitos y hay que mejorar otros". Según el código vigente, una rapiña tiene una pena máxima cuatro años mayor a un homicidio. "También sería necesario comenzar a discutir de una vez políticas criminales", dice. ¿Qué son? "Nada menos que decidir cuáles son las conductas que se elevan a delitos y cuáles no".

—¿Por qué Uruguay todavía no tiene una política criminal?

—Porque somos muy contradictorios. Somos un poco autoritarios y un poco benévolos. Pareciera que no sabemos lo que queremos. Pero el gran político criminal, por definición, no es ni el policía ni el juez, ¿sabe quién es? Es el legislador. A él le corresponde poner punto final a esta carencia.

DOS CUENTAS PENDIENTES

los menores y una policía especial.

El CPP prevé que para los adultos la prisión preventiva sea excepcional, "pero el artículo 116 del Código de la Niñez y la Adolescencia la considera obligatoria por un año", explica el defensor de adolescentes Guillermo Payssé. Además, en octubre pasado la Cámara de Diputados extendió el tiempo del que dispone el juez para dictar las sentencias de las infracciones gravísimas. Antes tenía 90 días para expedirse, ahora son 150. Para Payssé, esta es una gran contradicción ya que "las penas, cuando se trata de adolescentes, son menos severas que para los adultos". Mientras que la pena máxima es de cinco años para un menor, para un mayor es de 30 más medidas de seguridad que pueden sumar otros 15 años. "Como el artículo ocho de la Constitución habla de igualdad en el tratamiento de los ciudadanos y el artículo 43 habla de una justicia especial para adolescentes, yo creo que se está dando una inconstitucionalidad, por eso es mi intención cuando me llegue un caso de este tipo presentar un recurso de inconstitucionalidad para evitar la presión preventiva", aclara.

Por otro lado, según anunció El Observador, el Ministerio del Interior creará un grupo de investigación policial con el fin de "generar información que permita estudiar fenómenos delictivos y no solo delitos aislados", le dijo a este medio Mario Layera, el director nacional de Policía. En paralelo, Fiscalía cuenta con la Unidad de Análisis y Contexto que ya hace una tarea similar.

Víctimas y testigos ahora son protagonistas del juicio.

Según Jorge Díaz, "el mejor aliado del fiscal es la víctima, ya que es la principal fuente de información". Pero en el antiguo código del proceso penal "solo era un nombre en un expediente; era la gran olvidada por el sistema. Se la trataba como un objeto de prueba y luego se la hacía a un lado del proceso". Con el CPP esto cambió. Ahora la víctima puede oponerse a la decisión de un fiscal, oponerse a que se archive un expediente, o que se aplique el principio de oportunidad (según el cual un fiscal puede decidir no investigar un caso), puede proponer prueba e ir a la audiencia.

"Es un sujeto nuevo y como todo sujeto nuevo puede resultarles molesto al resto de los operadores", opina Díaz. ¿Por qué molesta? "Porque puede llorar o enojarse ante un operador", explica la asistente social Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación.

Durante una charla con la prensa, Díaz anunció que la Fiscalía aspira a que el Poder Ejecutivo emita un decreto para que exista una política pública que atienda a la víctima. "Por ejemplo para que tenga atención prioritaria ante su prestador de salud", adelantó.

Solari comenzó en marzo a diseñar el funcionamiento de este departamento. El equipo consta de un grupo de asistentes sociales y psicólogos, y está previsto que a partir de enero se sumen otros 30 referentes. La idea es estar presente en todas las fiscalías del país.

De acuerdo a la experiencia de estos 47 días, hay varias vías por las cuales una víctima llega a la unidad. "Algunas vienen a hacer la denuncia y los administrativos las ven en una situación vulnerable y las derivan. Nos piden que estemos presentes durante la declaración. Les explicamos qué pasos van a seguir, cuáles son sus derechos en el proceso y los preparamos para el juicio", cuenta Solari.

Por otro lado, también se ponen en contacto con casos que consideran que podrían necesitarlos, como las quinceañeras estafadas por una organizadora de eventos. "Uno no puede medir el grado de vulneración solo por el delito", aclara. La unidad ya atendió casos de rapiñas, lesiones, amenazas, homicidios, abusos sexuales y estafas.

"El CPP propone que la víctima tenga derecho a participar del proceso, pero una víctima altamente afectada no va a poder participar por su estado emocional. Nuestro propósito es acompañarla para que pueda hacerlo", explica. Esta asistente social dice que cuando se habla de víctimas no se pueden hacer generalizaciones. Si bien algún fiscal mencionó que alguna víctima se negó a entrar a la audiencia porque no quería ver al victimario, "cada situación depende del tipo de delito, de las características de la víctima y del apoyo y contención familiar que reciba. "No es lo mismo un delito que irrumpe en la vida de la persona como una rapiña en la calle, que un delito sexual que se continuó en el tiempo, o un homicidio completamente inesperado".

A su vez, además del condicionante emocional del afectado, esta unidad baja a tierra los tecnicismos, que debido a la ajenidad de un proceso y al shock muchas veces la víctima no entiende.

"Hay que contemplar por lo que están pasando, respetar su tiempo y permitirles estar tristes y enojadas. Es una responsabilidad del Estado darles un espacio donde puedan comprender qué es lo que va a pasar en las próximas semanas", opina.

Solari cuenta que han venido trabajando muy de cerca con las familias de las niñas asesinadas recientemente, así como de otros homicidios y abusos sexuales. "Trabajamos en equipo con los fiscales que dirigen la investigación y ponen medidas de protección".

Acerca de cuándo termina el acompañamiento de la unidad, su encargada dice que es complejo determinarlo, "porque algunas víctimas nos piden que vayamos a su casa tiempo después, o nos llaman pasadas las semanas, porque hay secuelas en los delitos más violentos que no son inmediatas y que, además, afectan al círculo más cercano". En estos casos, la unidad coordina acciones con distintas organizaciones sociales.

—A este ritmo, ¿cuántas horas tiene su jornada?

—Muchas, pero estoy muy contenta con el cambio cultural que esto implica en la Justicia, porque estas son situaciones que nadie espera que le ocurran en la vida.

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