¿La prostitución debería abolirse?

Nuevas reglas para un viejo oficio

La regulación del trabajo sexual es una deuda que sigue pendiente desde la ley de 2002. Algunas figuras solitarias que ejercen esta actividad y un grupo de activistas quieren iniciar un debate público para reformar la norma.

227 son las trabajadoras sexuales inscriptas en el Ministerio del Interior. Foto: F. Ponzetto
Foto: Fernando Ponzetto

La primera en imaginar otro futuro para el trabajo sexual es Karina Núñez. Me pregunta si quiero saber su edad pública o la real. Le pido la primera. Cincuenta y cuatro, dice; y luego la otra, la de verdad: 44, pronuncia bajando la voz. "Mis clientes me conocen de 54". Núñez se acostumbró a agregarse 10 años desde que empezó a prostituirse a los 12, en Young, cuando cobró cinco pesos por sexo y los gastó en un yogur. "En la calle la Policía nos preguntaba si éramos mayores y yo siempre mentía así no me encerraban toda la noche".

Una de esas madrugadas no importó la edad. Cuatro veces la esposaron y cuatro veces llamaron a la ginecóloga para que la examinara. La médica se hartó. Le mostró fotos de cómo quedaba el cuerpo impregnado de enfermedades venéreas.

Núñez se asustó.

Se asustó más cuando vio morir a una compañera de sida. Y después otra. Y después otra. En los pasillos del hospital Maciel conoció a meretrices que trabajaban en whiskerías y estaban agremiadas para pelear por sus derechos. "Mujeres que eran lindas, eran elegantes". Ellas la sacaron de la calle y la llevaron a estos locales. Ahí empezó a recolectar historias de compañeras, a exigir, a cuidar su salud.

Núñez se cuenta así: hija y nieta de prostitutas; parió a siete hijos, a uno lo dio en adopción; dos abortos espontáneos, un lote de ilegales. Y además, por muchos años, el ejemplo de una "víctima buena".

—Hasta que me di cuenta de que nada de lo que hiciera iba a cambiar cómo iban a verme. Ahí dejé de ser víctima para convertirme en una mujer empoderada.

En su profesión la definen tres palabras que son su bandera: trabajadora sexual liberta. Es decir: autónoma, "lo opuesto a explotada". Es una luchadora solitaria contra la continuidad hereditaria de la prostitución. Realizó 27 denuncias por trata. Una de ellas le valió una golpiza que la dejó 11 días internada. Entrevistó a más de 300 colegas. Hizo un censo entre meretrices. Escribió un libro. Solo tres whiskerías le abren la puerta; el resto la echa a la calle para que no "alborote" al staff.

Karina: hace dedo desde Young para poder ir a las reuniones de la comisión del MSP. Foto: Sussette Kok.
Karina: hace dedo desde Young para poder ir a las reuniones de la comisión del MSP. Foto: Sussette Kok.

Son pocos los que se interesan por esta población. "Estamos en un momento en que nadie las mira, no se generan políticas para corregir la irregularidad, ni la violencia, ni para fortalecer sus derechos", opina Andrea Tuana, trabajadora social y directora de la ONG El Paso. Esos pocos que sí observan creen que Núñez es la única capaz de organizar a los más de 12.000 trabajadores sexuales que están dispersos desde que su gremio más fuerte, la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (Amepu), se disolvió en 2015.

Ahora estos trabajadores quieren la palabra. Una ley de 2002 reconoce al meretricio como un trabajo, pero no procuró una regulación de sus condiciones laborales. Tres años atrás, para solucionar el vacío de los aportes a la seguridad social, una comisión presidida por el Ministerio de Salud Pública redactó un proyecto de ley que establece una relación de dependencia entre los dueños de las whiskerías y las chicas y los chicos que trabajan allí. Nunca se discutió. Las protagonistas de esta actividad dicen que no tuvieron ni voz ni voto.

Aprovechando que esta iniciativa quedó en suspenso, el próximo martes 26 en la Sala Zitarrosa, Núñez, Tuana y Vanesa Pintos, trabajadora trans oriunda de Salto, expondrán la necesidad de modificar esta norma en función de su punto de vista. Quieren reunir 260.000 firmas para lograrlo y así asegurarse que las escuchen.

Vanesa: es trabajadora sexual trans. Ejerce en las calles de Salto y por redes sociales coordina citas con sus clientes en todo el país. Foto: Luis Pérez
Vanesa: es trabajadora sexual trans. Ejerce en las calles de Salto y por redes sociales coordina citas con sus clientes en todo el país. Foto: Luis Pérez

Primeras reglas.

"Tras este reclamo se esconde un debate polémico que divide a las feministas: perpetuar o no la prostitución", dice Lilián Abracinskas, directora de la ONG Mujer y Salud en Uruguay. Hay quienes apoyan su abolición, alegando que violenta a la mujer. En países como Suecia, Noruega, Singapur, Canadá, Francia, Israel y Sudáfrica los clientes son multados.

Otro modelo, como el alemán y el holandés, reconoce que puede ser una elección y establece zonas y lugares para ejercerla. En Holanda estas trabajadoras están obligadas a realizar aportes para su seguridad social. Y hay una posición intermedia, práctica, que reconoce su existencia y sugiere medidas para mejorar la vida de quienes transitan el meretricio y de quienes quieren salir de él.

Este camino es el que más convence a las trabajadoras locales, pero "¿estamos dispuestos como sociedad a escucharlas?", cuestiona Tuana.

Primero la prehistoria. En los tiempos en que Núñez veía a sus amigas morir de sida y el miedo al contagio preocupaba a todos, el diputado colorado Daniel García Pintos redactó un proyecto que por primera vez le dio a la prostitución un estatus lícito y laboral. "Esta ley (17.515) demoró nueve años y tres gobiernos en salir. No nos apoyaba nadie. La política era la del avestruz: hundir la cabeza en la tierra y fingir que la prostitución no existía mientras que había una laguna jurídica en torno al proxenetismo, porque no estaba claro si era un delito o una cosa lícita", recuerda García Pintos.

Cuando el proyecto se votó, la entonces senadora frenteamplista Margarita Percovich expuso el argumento que, por esa misma época, cambiaba el futuro de la prostitución en Suecia: "Vender el cuerpo no es un trabajo, es una estrategia de sobrevivencia". Y lo fundamentó en los defectos que le veía. "Era un proyecto que se basaba en el control de la actividad por parte del Ministerio del Interior, pero pudimos introducir una mirada de protección a las trabajadoras sexuales desde el punto de vista sanitario, sumando al Ministerio de Salud Pública (MSP) en varios artículos".

La ley generó un Registro Nacional del Trabajo Sexual en la órbita del Ministerio del Interior, específicamente en Policía Científica. Este ministerio sería responsable de prevenir y reprimir la explotación, mientras que Salud Pública controlaría el cumplimiento de las disposiciones sanitarias, teniendo la facultad de ingresar a los locales donde se ejerciera esta actividad. También el MSP realizaría los controles sanitarios mensuales, y crearía y presidiría la Comisión Nacional Honoraria de Protección al Trabajo Sexual que debía promover cursos de educación sexual, asesorar al Poder Ejecutivo en políticas públicas y supervisar la reglamentación de la ley. La oferta en la vía pública quedaba sujeta a zonas que fijarían las intendencias departamentales, y en prostíbulos, whiskerías y bares de camareras que las mismas deben habilitar. La ley indica que se presume proxenetismo cuando el explotador de uno de estos locales se beneficia de forma excesiva.

Desde 2010 los trabajadores sexuales pueden realizar aportes en el Banco de Previsión Social (BPS) como empresas unipersonales o monotributistas cuyo valor, tras un posterior acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social, varía progresivamente de $ 366 (los primeros 12 meses) hasta $ 1.463 (luego de los 36). Sin embargo, de los 12.353 trabajadores sexuales registrados al 2016, solo 86 aportan al BPS al día de hoy, entre ellos 72 son mujeres y 14 hombres, según el dato oficial al que accedió El País.

"La historia de esta ley es que el único que la reglamentó fue el Ministerio del Interior. En el MSP se creó la comisión, pero por años nunca se integró", dice Percovich.

En planilla.

Ahora el relato salta hacia 2015. Luego de denuncias de corrupción, Amepu se disuelve. Dispersos, los únicos trabajadores agrupados eran los de la Asociación Trans del Uruguay. Tras varias idas y vueltas, la comisión que creó la ley se puso en funcionamiento y elaboró un proyecto de ley que propone, entre otras modificaciones, que el registro de trabajadores pase a la órbita del Ministerio de Trabajo, que la actividad sexual sea considerada un trabajo insalubre acortando así la edad de jubilación, y definirlo como un trabajo subordinado en los locales comerciales.

Así, los trabajadores sexuales cobrarían licencia, aguinaldo, despido. "Si uno lo piensa con respecto a la situación actual es ideal, pero estaríamos legitimando la explotación de la prostitución", dice Tuana. Núñez se opone: "La mayoría de los dueños de las whiskerías han sido proxenetas toda la vida, ¿vos crees que nos van a dar un sueldo justo? ¿Que si una chica hace $ 10.000 en una noche se los van a dejar enteros? No se ajusta a la realidad. Somos trabajadoras independientes. No podríamos tener contratos con un solo local porque nos movemos continuamente a los lugares donde hay zafra. Lo que hay que hacer es exigirnos que hagamos los aportes como monotributistas".

Según la publicación La prostitución en Uruguay: Entre el trabajo y la explotación sexual (2015), del investigador de la Facultad de Derecho, Pablo Guerra, las ganancias de los trabajadores sexuales varían entre $ 7.000 y $ 200.000 al mes, y el promedio es de $ 63.000 mensuales.

Mabel, dueña de una whiskería, es tajante al oponerse a la dependencia: "Es imposible porque trabajan cuando quieren y si quieren". Lo mismo opina Naná, que lleva 40 años en este negocio. "Yo les exijo que hagan aportes para que tengan jubilación, pero es muy complicado pensar que pueden ser dependientes. Habría muchos despidos porque suelen faltar", plantea.

Sabrina, extrabajadora sexual y administradora de un local, explica que "son las chicas las que negocian con los clientes" y les pagan a los propietarios el alquiler de la pieza, que en una whiskería puede costar $ 100 cada vez que la usan, y $ 1.000 por noche en el prostíbulo de Naná. "Es lo que cobran por cliente. Con el primero ya cubren el gasto", dice la madama.

Por ahora la iniciativa de la comisión está en pausa. Desde el MSP, una de las nuevas autoridades que integra la comisión dice que es un proyecto de ley "heredado" y que, aunque van a trabajar en él, lo mejor sería, antes de avanzar, que lo tome la sociedad civil para discutirlo. Es consciente de que les falta un interlocutor.

Confuso y polémico.

Patricia González, directora de Asesoría de Género de la Intendencia de Montevideo, asiste a las esporádicas reuniones de la comisión. "Creo que las trabajadoras se tienen que organizar para construir una posición, así nosotros, las instituciones que ideamos políticas públicas, podemos ver cómo nos posicionamos ante eso", propone y coincide con el reclamo de Núñez.

Pero para organizarse se necesita tiempo, dinero y voluntad, algo que, según dicen Núñez y Tuana, la comisión no ha considerado hasta ahora. Por eso Núñez consiguió los derechos para proyectar gratis, el martes, la película argentina Alanís, un retrato exacto de los problemas que enfrentan las trabajadoras sexuales, y así atraer a su colegas. Al terminar el film comenzará un debate acerca del futuro del trabajo sexual. Pretende juntar las primeras firmas y discutir la creación de una cooperativa de trabajo sexual: se imagina whiskerías regentadas por sus trabajadoras.

Para González, si bien la ausencia de aportes es el gran problema, hay muchos otros para discutir. Por ejemplo, dice que ninguna intendencia definió aún cuáles son las "zonas rojas" en la vía pública como estipula la ley. Según Vanesa Pintos, trabajadora trans, esto obliga a que muchas trabajen en la ruta o en plazas oscuras, incluso eludiendo los controles sanitarios. Pintos también denuncia que en el interior del país los locales no son fiscalizados como deberían. González dice que en Montevideo sí se inspeccionan, pero que una consecuencia de esta regulación es que la clandestinidad encuentra nuevos espacios. "Ahora llevan a las chicas a apartamentos donde reciben clientes o trabajan en páginas web. A esos lugares solo podemos acceder si recibimos una denuncia, y tenemos que avisar inmediatamente al Ministerio del Interior. Sabemos que existen, sabemos que crecen pero no sabemos dónde están", plantea.

Otro de los reclamos es eliminar los controles sanitarios mensuales, que según Núñez y Pintos, lejos de preocuparse por su salud lo que hacen es "patologizar el trabajo". "Nos tratan como carne certificada para que el cliente esté tranquilo del producto", dicen. Buscan: VIH, sífilis, hepatitis b y c. Les realizan un exudado vaginal, anal, peneano y bucofaringeo. Lo que estos controles no incluyen son estudios como papanicolau o mamografías, como exigen los carné de salud que el resto de los trabajadores renueva cada dos años. "Que sea igual para nosotras", propone Núñez.

Insiste: no todos los trabajadores sexuales están siendo violentados ni son incapaces de percibir el abuso, como creen algunos. "Sucede, y es responsabilidad de todos denunciar el abuso de un compañero", opina, pero también cree que "los libertos" deben participar en el cambio de la norma que regula su trabajo.

Quién si no ellos.

—Queremos tener voz para discutir nuestros derechos, porque nuestra realidad también es que si a mí no me pagan, a mí no me tocan.

71 víctimas de trata en 2017 y se discute proyecto de ley

El Instituto Nacional de las Mujeres (parte del Mides) atiende a víctimas de trata que se acercan de manera voluntaria. "Estas mujeres necesitan un proceso personal antes de arrimarse a una institución", opina su directora, Mariella Mazzotti. Allí reciben ayuda legal y psicológica. La institución tiene un convenio por subsidio y garantía de alquiler que se les otorga a estas víctimas por dos años, debiendo la beneficiaria hacerse cargo del pago de la luz y el agua. También existe un convenio de formación laboral con Inefop. Si la mujer es extranjera y quiere partir, se la ayuda a costear el pasaje. ¿Qué alcance tiene esta intervención? En 2014 hubo un pico de víctimas y luego fueron disminuyendo. En 2015 se acercaron 99, un año después 86, y en 2017 fueron 71. "La política de trata se abarca de forma interinstitucional y la responsabilidad del Estado aumentará apenas se apruebe el proyecto de Ley Integral para la Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas, que ya cuenta con media sanción", dice.

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