Violencia

Niños con custodia: la protección al límite

Las custodias para niños y adolescentes en situación de riesgo no son usuales, pero existen. Algunas salen bien, otras no. Los jueces prefieren no aplicarlas salvo que la peligrosidad sea extrema. Pero, ¿cómo se protege a los menores que son amenazados o agredidos por los adultos?

juzgado-familia-especializada
Guardería improvisada por educadores sociales en el juzgado de Familia Especializada del 1° al 4° turno. Foto: Darwin Borrelli.

Incluso cuando la vida se parece a una pesadilla, somos capaces de sonreír para una foto. Micaela tiene 13 años y hasta hace dos meses era víctima de violencia doméstica, pero en las publicaciones de sus redes sociales se la ve sonriente. El agresor era su padrastro, que también habría intentado abusar de ella. Su madre (36 años, otro hijo de siete a cargo) aún conserva en Facebook una foto junto a él; a ella también la golpeaba.

El inicio del fin lo determinó el novio de Micaela, un joven de 18 años que denunció la situación en la comisaría. Virginia Hernández, directora de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y Género de Treinta y Tres, dice que además de las agresiones físicas, psicológicas y de las tentativas de abuso, la mamá estaba amenazada de muerte: por eso no se animaba a decir lo que estaban viviendo.

Este caso así de terrible no es raro en el departamento. Hay 32 agresores con tobilleras y ocho mujeres con custodia; el año pasado ocurrieron tres femicidios de los cuales dos siguen sin resolverse; y la semana pasada fue condenado a 20 años un hombre que intentó matar a su pareja prendiéndola fuego.

Lo novedoso del caso de Micaela es que mientras la investigación del posible delito sexual avanza por la vía penal —la fiscal no respondió los llamados para este informe—, la jueza de Familia decidió mantener la custodia policial solo para ella.

La magistrada Andrea Aita explica que la madre solicitó que se le retirara esta medida de protección tanto a ella como a su hija. Como la Justicia no puede obligar a la víctima a ser custodiada, Aita aceptó suspender la protección para la madre, pero se negó a hacerlo para la menor hasta no recibir el resultado de las pericias del núcleo familiar. Los informes están atrasados porque los equipos técnicos están saturados.

juzgado-familia-especializada
Jueces y defensores consultados perciben que hay igual cantidad de denuncias por violencia de género que por maltrato y abuso infantil. Foto. D. Borrelli.

“El agresor no incumplió las medidas cautelares, pero debido a la peligrosidad de los hechos relatados, con amenazas, violencia física y verbal hacia la adolescente, decidí continuar con la custodia para proteger a la menor”, argumenta.

No es usual disponer de una custodia para un niño o un adolescente. July Zabaleta, directora de la División Políticas de Género del Ministerio del Interior, asegura que ni la custodia ni la tobillera deben usarse en ellos. “En caso de tener que ser protegidos por riesgo, se dispone la herramienta para la persona mayor de edad que esté con el menor todo el día”, dice. Y agrega: “Insisto en que eso es en última instancia ya que no es lo recomendable”.

Pero, ¿esta es una medida prevista a nivel legal? Eduardo Cavalli, ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, explica que la ley de violencia basada en género incluye a los menores (también varones) como sujetos de protección. “No establece un número limitado de medidas cautelares, sino que enuncia varias y deja abierta la posibilidad de que se apliquen otras”.

Ningún caso que implique agresión a un menor “es de laboratorio”. Su colega, la jueza Roberta Licciardi, considera que esta es una “medida excepcional”, pero “no está prohibida”. “Nuestro deber es proteger. Si la medida es exagerada es preferible a quedarnos cortos”.

las cifras

Una radiografía detallada de la violencia hacia menores

Según el informe anual de violencia hacia menores elaborado por el Ministerio del Interior, al que accedió El País, el 71% de las denuncias se realizaron en el interior del país, siendo Montevideo el primer departamento (29%). El 50% denunció un atentado violento al pudor, mientras que el 18% refirió a un abuso sexual, el 11% a explotación sexual y el 7% una violación. El principal receptor de estas situaciones son las unidades especializadas en violencia doméstica y género: 46%. La resolución judicial más usual (por amplísima mayoría) es la aplicación de las medidas cautelares. Le sigue la denuncia sin consecuencias. El 76% de las víctimas son mujeres y el 21% son varones. La mitad tienen entre 0 y 12 años; el 44%, entre 13 y 17. En la mitad de los casos el agresor fue un conocido familiar: 13% padrastro, 9% padre, 6% madre, 5% tío, 3% abuelo.

Andrea Venosa, secretaria letrada del directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), opina que esta es una protección “muy extrema” que puede vulnerar los derechos del niño ya que “distorsiona su vida cotidiana”. “No es la ideal pero también es cierto que luego tenemos el mundo adulto que es mucho más perverso de lo que podemos imaginar”.

Unos meses atrás, también en tierra olimareña, se le aplicó custodia a otra adolescente, y en Montevideo a dos niños: el padre había amenazado con matarlos.

La sombra o el drama.


José Ferreira lleva 25 años en la Policía de Treinta y Tres y es uno de los que le sigue los pasos a Micaela. Cuando se traslada a pie, en bicicleta, o en moto, un patrullero va detrás: dos oficiales la acompañan al liceo, a la plaza de deportes, a la casa de sus amigas.

“Está previsto que el único lugar al que no podemos entrar es el baño y el dormitorio, pero la realidad es que siempre esperamos afuera”, aclara. A Micaela la describe como “una chiquilina de pocas palabras”; “no parece estar enojada, entiende la situación por la que está pasando”.

Los que trabajan con estas miserias saben que luego de una denuncia de violencia de género la angustia no desaparece.
Aquí no hay magia.
Y si un actor falla, las consecuencias pueden ser nefastas.

Marcela Falco, abogada de la organización civil Plemuu que asesora a usuarias del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), cuenta que la semana pasada fue desactivada la tobillera de un agresor que violentaba a su esposa y a su hija adolescente. Mientras la madre tenía el móvil —que viene junto a la pulsera e indica si el agresor se acerca—, se había dispuesto una custodia para la chica cada vez que salía del hogar.

El problema ocurrió en el liceo: “Le impedían el acceso porque los policías iban armados. Se habló a la inspección de Secundaria, pero entre tantas idas y venidas, cuando se determinó que sí podían ingresar la chica entró en depresión y dejó el liceo”.

Inmujeres sigue atendiendo a ambas víctimas y trabaja sobre una eventual alarma de trata con la adolescente. El encierro en el hogar la llevó a refugiarse en las redes sociales, donde conoció a un joven mexicano que dice ser su novio y le envía dinero. Ahora que cumplió 18, le sugirió que bajara de peso y dejara el país para irse a vivir con él. Le contó que su padre estuvo preso por contratar a inmigrantes indocumentadas para trabajar en su bar.

juzgado-familia-especializada
Los juzgados de Familia Especializados están saturados. Aún no se crearon los juzgados especializados que prevé la ley de violencia basada en género. Foto: D. Borrelli.

“Quizá los custodios de menores podrían no usar el uniforme, vestirse de civil para que sea menos violenta su presencia”, plantea la abogada Falco. Esto habría sido determinante para que los dos hermanos custodiados en Montevideo pudieran ir al paseo de fin de año del colegio: la dirección les prohibió ir acompañados por policías; se lo perdieron.

“Antes era más común, pero ahora los jueces intentan no poner esta medida porque es bastante agresiva y pueden darse este tipo de situaciones”, dice Rossana Bianchi, encargada de la Defensoría de Familia Especializada de Montevideo.
—¿Los niños son ser rehenes de la violencia entre los padres?
—Sí, muchísimas veces.
—¿Suelen ser amenazados?
—Sí. A veces de muerte, pero sobre todo se amenazan entre sí con la tenencia.

Eternos invisibles.

En los juzgados de familia especializada (que son ocho y está previsto crear dos más) se atienden urgencias. Allí no se investigan los posibles delitos penales, sino que se fijan medidas de protección para que cese la violencia.

El seguimiento lo hace un juzgado de Familia; si se incumplen las medidas y se comete un delito de desacato se le da aviso a la fiscalía, que debería iniciar una causa penal. Esto no siempre sucede debido a la saturación.

Como está estructurado el sistema, un escenario de agresión a un menor puede generar un cúmulo de causas abiertas en distintas sedes que incluso pueden tener sentencias contradictoras entre sí. Cavalli opina que debería generarse un único expediente. Para ello la ley de violencia basada en género previó la creación de juzgados especializados, que aún no existen debido a la falta de fondos.

Mientras tanto funciona así.

La jueza Licciardi asegura que los niños son abarcados tanto cuando sus derechos son vulnerados en una situación de violencia de género, como cuando la denuncia presentada (la mayoría de las veces por parte de las instituciones) es por maltrato o abuso hacia un menor.

juzgado-familia-especializada
Hay una sala de espera para la parte denunciada y otra distinta para la denunciante, pero ambas ingresan por la misma puerta y suelen enfrentarse allí. Foto: D. Borrelli.

Dicen los jueces y afirman los defensores que aunque las cifras oficiales no lo indiquen, la percepción dentro de los juzgados es que la cantidad de denuncias por maltrato infantil iguala a las de violencia de género. Su crecimiento parece evolucionar a la par, indican.

Sin embargo, especialistas en los derechos del niño opinan que los menores siguen siendo los eternos invisibles de la violencia intrafamiliar. Muchas mujeres víctimas no visualizan que el agresor puede ser un peligro para ella, pero tampoco para sus hijos, y no relatan todos los hechos. Por otro lado, según Andrea Tuana, de la ONG El Paso, por lo general la actuación judicial se concentra en lo que le pasa a la mujer. “El menor no es contemplado a pesar de que es una víctima directa”.

Pero hay jueces y jueces, reconoce.

Licciardi asegura que cuando ingresa una denuncia de violencia de género en el ámbito doméstico, la pericia técnica contempla a todo el núcleo y la valoración de riesgo incluye a los hijos de la pareja, si los hay.

Según informó el Ministerio del Interior, en el 55,6% de las denuncias presentadas en 2018 (37.007) había niños implicados. Agustín Romano, que es psicólogo forense, lo confirma. “Siempre se les pregunta para ver si presenciaron agresiones o si las recibieron”, dice. Eso sí: la saturación a todo nivel de estos juzgados genera que estas pericias no lleguen en las 72 horas que prevé la norma.

guardería

Educadores, jueces y actuarios compran juguetes y comida para niños que esperan en el juzgado

La guardería. La jueza Roberta Licciardi hace el tour: a unos pasos de su despacho está la sala de espera de la parte denunciante. Bajando una escalera, en la planta baja, está la sala donde espera la parte denunciada. Junto a esta, hay una guardería improvisada. Liliana Mautone, educadora social, cuenta que el espacio se acondicionó para que esperen los menores. Hay juguetes, mesitas con sillas y paredes llenas de dibujos. Esa guardería es única en el sistema y existe porque así se lo propusieron las tres auxiliares: ellas compran los juguetes. Por mes, reciben $ 1.500 para una caja chica, que los usan para comprar alimentos para los niños. Otras veces son actuarios y jueces los que ponen dinero de su bolsillo.

Si existe riesgo, las medidas de protección como la prohibición de acercamiento y de comunicación, entre otras, también se aplican a los menores.

Otra veces, nada de esto pasa.

Así les sucedió a Patricia y a su hija Josefina. A Patricia la pareja la amenazaba con un cuchillo, intentó desnucarla dos veces y solía tirarla al piso y pararse sobre ella. El hombre pesa 120 kilos. A Josefina, de 12 años, el padrastro la “martirizaba” diciéndole “gorda”, “trola”, “sucia”. Josefina se defendía pateándolo y él le respondía golpeándole los brazos.

El día en que Patricia le dijo a su pareja que lo iba a denunciar, él se adelantó: presentó la denuncia en la comisaría narrando esos mismos hechos pero invirtiendo los roles. El juez dispuso, por teléfono, que ella no pudiera acercarse a él. No la citó a audiencia. Ella incumplió: “Fui a su casa y lo amenacé, le dije que sacara ya esa denuncia”. El hombre inició una demanda penal. A ella la dejaron dos días presa por desacato y le colocaron una tobillera durante cuatro meses.

Aunque mencionó en varias ocasiones la violencia que su expareja ejercía sobre su hija, no se le asignó un defensor ni fue periciada. El hombre, ahora, intercambia mensajes privados con la niña.

Más protección.

La ley de violencia basada en género cambió la reglas: tras la denuncia, la tenencia de los menores pasa a ser de la madre, el juez debe fijar pensión alimenticia y suspender las visitas por 90 días, período que puede prolongarse si el agresor incumple las medidas cautelares, lo que sucede la inmensa mayoría de los casos.

“Trabajamos mucho con el Poder Judicial para que se entendiera que un señor con tobillera no puede tener visitas. Antes decían que los niños tenían derecho de ver a su padre y el padre de ver a los hijos, porque la violencia había sido ejercida hacia su pareja. Era un error conceptual enorme, porque hay casos de agresores que matan a los hijos para castigar a la madre”, dice Tuana.

De acuerdo a información brindada por el Ministerio del Interior, en 2017 asesinaron a tres niñas y dos niños en un contexto de violencia doméstica y/o abuso sexual. En uno de los casos el homicida fue el padrastro; en otro, el padre, que tenía una denuncia por violencia de género. En tanto, en 2018 asesinaron a dos niñas y a un niño, y uno de los homicidas fue un padrastro.

A estos episodios se los interpreta como un femicidio indirecto”, dice Tuana.

Pero, si un padre agrede a un menor, ¿se le puede disponer una custodia? Según una consulta que formuló el ministro Cavalli a sus colegas, si bien es legalmente posible no se aplicó aún en Montevideo. Sí se optó por esta medida en casos ocurridos en Colonia y Maldonado, pero debido a la pluralidad de familiares en riesgo, no exclusivamente como una medida de protección para los niños.

jueza-roberta-licciardi
La jueza Roberta Licciardi en su despacho. Foto: D. Borrelli.

Un nuevo capítulo se abrirá en octubre cuando entren en vigencia las modificaciones realizadas en abril pasado al Código de la Niñez y la Adolescencia. La abogada Alicia Deus trabajó en su redacción y considera que la inclusión de la exposición a la violencia basada en género dentro de la definición de maltrato, y el detalle de todas las medidas de protección a aplicar, “acabará con el vacío conceptual que invisibiliza a los niños”.

También establece la posibilidad de retirar del hogar al agresor como medida cautelar. “Eso no ocurría en una situación de sospecha de abuso. Al que sacaban era al niño, que a veces terminaba institucionalizado”, explica.

Además, se refuerza el patrocinio de la defensa para los menores, “que muchas veces era para llenar una formalidad”, dice esta abogada: “la norma precisa obligaciones y responsabilidades”.

Dispone que las pericias se realicen en casos imprescindibles y que se busquen otros medios de prueba además de los que surgen del cuerpo. “Se investiga poco y mal. En consecuencia, cuando no hay secuelas físicas no pasa nada, por eso hay mucho abuso sexual infantil en la más completa impunidad”, opina Deus.

Por otro lado, se le da rango legal a la existencia del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), que está activo desde 2007 como un acuerdo interinstitucional bajo la órbita del INAU. Para Venosa, abogada de esta institución, el cambio “implica más compromiso del Estado”.

El Sipiav tiene 32 comités de recepción que recepcionan casos de violencia. Realiza una primera investigación y diseña una estrategia de actuación que incluye la denuncia judicial y un seguimiento de las medidas cautelares impuestas, durante el cual articula con las distintas instituciones que deben responder para reparar el daño del menor.

Para la jueza Licciardi esto es algo a mejorar. “Tras un maltrato infantil se abre un problema enorme. Las medidas de protección están y se aplican, pero nosotros llegamos hasta ahí. Luego hay instituciones que tienen que trabajar con esas familias y a veces los resultados demoran mucho”, plantea.

Las novedades indican que el Sipiav deberá monitorear y coordinar la reparación de los daños físicos y psicológicos de los menores, articulando la atención médica con centros públicos y privados, e informar al juzgado en un lapso de seis meses.

Esto podría evitar una situación como la de Clara y sus tres hijos de 12, ocho y siete años, que tienen medidas de protección para que sus padres no los agreda. El hombre tiene tobillera desde febrero pasado y la jueza dispuso un tratamiento psicológico para los niños al que aún no pudieron acceder.

En su mutualista, les dieron hora para julio y la noche anterior a la consulta se la cancelaron; los reagendaron para el 12 de diciembre. Aunque se mudaron de casa y se cambiaron de escuela, los niños que vieron a su padre romper muebles y agredir a su mamá siguen llorando más de lo que deberían, temen salir a la calle, no quieren que su madre esté sola, y tiemblan cuando sienten un ruido tan cotidiano como el motor de un auto que se aproxima.

La próxima audiencia será en diciembre. Entonces, es probable que se retiren las medidas cautelares y el padre solicite visitas. Tal y como están las cosas, en ese estado llegarán los niños a esta instancia.

pasta base

El peso de la adicción en el círculo de la violencia

La jueza Roberta Licciardi insiste en que los magistrados no deben perder la empatía con la realidad. El panorama cotidiano les dice que hay agresores y víctimas que no van a las audiencias porque no tienen cómo pagar el boleto, o no saben cómo llegar. Esto sucedió unos días atrás con un denunciado: el hombre no sabe leer ni escribir, y no tenía idea de cómo llegar porque nunca había ido a esa parte de Montevideo (Aguada). Llegó en un carro tirado por un caballo, acompañado de un vecino.
Otra de las realidades es la adicción a la pasta base. “En la absoluta mayoría de los casos de violencia de género están presentes las adicciones en el agresor. La solución del caso pasa también por un problema de salud y no contamos con recursos para que se atienda”, plantea Licciardi. Y agrega: “Al agresor le imponemos un tratamiento para su adicción pero, ¿a dónde va si los servicios están desarticulados? Le imponemos a él el tratamiento y se lo comunicamos al Portal Amarillo o a la policlínica de salud mental del Maciel; después de unos meses pedimos informes. El otro asunto es que quienes entienden dicen que si la persona no quiere, no se rehabilita. Entonces, cuando conseguimos la internación lo que sucede es que se desintoxica, vuelve a la calle y otra vez consume; incumple las medidas cautelares, comete desacato y si no es primario va preso unas semanas. Después sale y volvemos al mismo círculo”. Un problema similar ocurre con los menores adictos que están en situación de calle. Las modificaciones del Código de la Niñez y la Adolescencia permiten que ante una situación de crisis aguda el INAU pueda ingresarlos a centros de salud mental y luego tramitar la orden del juez, para así evitar demoras.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)