EL QUIEBRE DE LA INFANCIA

Niñas que se vuelven madres en Uruguay: más partos que abortos en menores de 14 años

Una niña de 12 años quedó embarazada en Paysandú tras haber sido violada. En Argentina, dos casos recientes revivieron la polémica porque, en vez de abortos, se practicaron cesáreas. Respetando la norma, Uruguay tiene más partos en menores de 14 que interrupciones.

A pesar de la ley, en Uruguay hay más partos de niñas menores de 14 años que abortos en esa franja etaria. Foto: El País
A pesar de la ley, en Uruguay hay más partos de niñas menores de 14 años que abortos en esa franja etaria. Foto: El País

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Su primera reacción fue reírse. Cuando la fiscal le preguntó por el abuso sexual que había sufrido, ella se reía. Decía que no había sido consentido, que la había violado su primo, que lo había permitido porque le tenía miedo. Contaba también que él era quien les daba de comer, que si no lo dejaba se quedaría sin cena, que ella no había querido estar en esa situación. Pero se reía, no paraba de reírse y en la Fiscalía de Paysandú sienten que nunca vieron un caso igual.

A los 12 años, esta niña estaba embarazada. Había llegado al médico de la mano de su tía, la madre del adolescente de 15 años que la había obligado a mantener relaciones sexuales. Sus vecinos notaron que estaba “gordita”, pero ella nunca había contado por lo que había tenido que pasar. La única que sabía era su hermana de 11 años, que también estaba siendo abusada por su hermano mayor. Era un secreto de los cuatro y debían guardarlo como tal.

Esta familia está marcada por la violencia sexual. El abuelo había abusado de sus hijos, la tía que la llevó al médico ya había sido violada por un familiar y un primo más grande también abusaba de los dos adolescentes, que hasta agosto obligaban a las niñas a mantener relaciones sexuales. “Hasta que ellos aprendieron a defenderse y le dijeron basta”, cuenta una fuente del caso.

Fueron años y años de agresiones, que terminaron naturalizando la violencia y la volvieron parte de la vida. A tal punto, que la niña de 11 años declaró que ella sí quería mantener relaciones sexuales porque “estaba todo bien”. A su lado, su hermana embarazada todavía se reía.

Los niños de 12 años pueden dar su consentimiento para tener relaciones. Foto: Fernando Ponzetto
Los niños de 12 años pueden dar su consentimiento para tener relaciones. Foto: Fernando Ponzetto

La niña terminó abortando pocos días después, cuando ya cursaba 13 semanas de gestación. Había llegado tarde al médico, no había tenido controles previos y su caso se sumaba a la estadística “vergonzante” de la que habló esta semana el subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP), Jorge Quian. Ella fue una de las menores de 14 años que quedaron embarazadas el año pasado, del que todavía no se tienen datos. El número viene disminuyendo, pero todavía está muy lejos del cero: en 2017 fueron 162.

Cómo combatir este número es algo que preocupa a las autoridades. Irene Petit, responsable del Área de Violencia de Género y Generaciones del MSP, explica que “la inmensa mayoría de estos casos proviene del abuso”. Pero la línea entre consentimiento y violación a esa edad es muy fina, por lo que la legislación nacional pretende echar luz al respecto. A partir de los 12 años, los menores pueden dar su consentimiento para mantener relaciones sexuales, siempre que la otra persona no los supere por más de 10 años de edad. Si son menores de 12 o se llevan más de 10 años con el otro, es considerado abuso sexual.

A pesar de la ley, muchas de estas niñas embarazadas dicen que sí habían dado su consentimiento y los hombres suelen defenderse argumentando que no las obligaron. Fernanda Lozano, médica legista de ASSE, recuerda el caso de una menor de 11 años que quedó embarazada de un hombre mayor de 40. “Él le compraba ropa, pestañas postizas, zapatos. La vestía de mujer y ella hablaba de que eran novios”, cuenta.

Es la propia ingenuidad de la edad la que no les permite ver que fueron abusadas. Y con eso trabajan los equipos de salud de todo el país, que deben ocuparse no solo de la gestación sino también de la contención emocional de las niñas. “A veces, ellas no se ven como víctimas de violencia. Ven la maternidad como un ideal, como una forma de realizarse, como una manera de salir de la violencia. Sobre todo si son gurisas chicas que vienen siendo abusadas desde hace mucho tiempo”, señala Lozano.

Y aquí hay otro aspecto importante: la traición. Cuando se dan cuenta de que alguien que querían tanto les hizo daño, les arruinó lo poco que les quedaba de infancia y se aprovechó de ellas, las niñas tienden a deprimirse. Esto ocurrió en el caso de Paysandú, luego de varios meses de terapia que le permitieron entender a la niña por lo que había pasado. “Fue impresionante el cambio con respecto al principio. Fue muy doloroso hacerle notar que no debería haberle sucedido eso, que nadie debería haberla obligado a mantener relaciones sexuales”, agrega la fuente.
Las niñas ahora están con su padre, que no vivía con ellas. La madre, que tiene una discapacidad motriz, es investigada por violencia doméstica y omisión de la patria potestad. Los primos de 16 años todavía no fueron internados en un hogar del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), ya que la fiscal Estela Long estaba a la espera de unas pericias psicológicas desde agosto, que recién llegaron la semana pasada. Como en Paysandú no hay centros de estas características, deberán ser trasladados a Montevideo una vez que sean sentenciados. Tantos años de abuso terminaron con una familia desarmada.

Los médicos buscan adultos referentes que acompañen a las niñas durante el embarazo. No siempre son sus padres. Foto: EFE
Los médicos buscan adultos referentes que acompañen a las niñas durante el embarazo. No siempre son sus padres. Foto: EFE

Abortar o parir

Llega la noticia y hay que tomar una decisión: qué hacer con el embarazo. En Uruguay, la legislación ya permitía abortar en casos de violación antes de 2012, cuando se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Por eso, estas niñas tienen hasta las 14 semanas para resolver si continuarán o no -a diferencia de las 12 con las que cuentan el resto de las mujeres-, ya que son consideradas gestaciones forzadas. Pero muchas llegan tarde a la consulta y los plazos son más flexibles que los que la norma prevé.Lozano afirma que es “muy complicado” interrumpir un embarazo después de las 14 semanas, pero hace hincapié en que la ley permite abortar en cualquier momento “si hay riesgo para la mujer”. Y como el texto no especifica el tipo de peligro, el riesgo psicosocial que genera un embarazo infantil es utilizado como argumento en estos casos.

“En nuestro medio, se intenta hacer la interrupción cuando el producto de la gestación no es viable todavía. No le vas a hacer tener un parto a la chiquilina, que nazca vivo, que lo sienta llorar y que después no sea viable”, agrega.

A pesar de la ley, en Uruguay hay más partos de niñas menores de 14 que abortos en esa franja etaria. Los últimos datos disponibles son de 2017, que indican que hubo 98 nacimientos y 64 interrupciones en menores de 15 años. No obstante, la adopción también es una alternativa en estos casos, por lo que todos los partos se traducen en madres.

Cuando se descubre el embarazo, los médicos deben explicarles a las niñas cuáles son sus opciones. Lozano señala que a veces se les “escapan los plazos”, porque la gestación fue detectada de forma tardía y ellas no logran decidirse. “Tenemos niñas que no saben que están embarazadas y cuando les decís, quedan en blanco. Tuvimos un caso que estaba en la semana 24 y ya era imposible interrumpir, pero la gurisa estaba que sí, que no. Al final, le hicimos una ecografía y vimos que el cálculo inicial estaba mal hecho, así que terminó interrumpiendo”, recuerda.

También hay que tomar en cuenta a las familias. Muchas de estas niñas -“la mayoría”, dice Lozano- vienen de contextos de mucha pobreza, donde el abuso está naturalizado. Entonces, es difícil encontrar un adulto referente que pueda acompañarlas durante el proceso. Sin embargo, se intenta buscar a alguien que las aconseje en la decisión y se comprometa a darles apoyo si llegaran a convertirse en madres.

La última palabra siempre la tienen las niñas. El protocolo que se aplica en Uruguay sostiene que es “ilegal y antiético” forzar un aborto, y establece que por más que el equipo médico les explique lo que implica la maternidad, serán ellas quienes decidan si continúan con el embarazo o no. No obstante, Lozano reconoce que en ASSE intentan que se interrumpa la gestación: “Siempre se les trata de hacer ver los riesgos y, en general, terminan interrumpiendo el embarazo. Pero hay veces en las que no hay caso y no se las puede convencer”, sostiene.

Esto ocurrió hace cuatro años, cuando una niña de 11 con leve retraso mental llegó embarazada al hospital Pereira Rossell. Había sido abusada por un hombre de 41 y ansiaba ser madre. La historia encendió el debate, porque no estaba claro hasta dónde ella estaba en condiciones de decidir qué hacer. “Nadie ha dicho que sea una decisión consciente. La chiquilina no nos entiende lo que le explicamos”, había afirmado en ese momento una ginecóloga que seguía el caso. Al final, la niña terminó teniendo a su hijo y ahora viven ambos en un hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Lozano reconoce que cualquiera de las opciones es difícil y las marcará para siempre. En ese sentido, dice que hay niñas que entran al block a practicarse un aborto con un peluche en la mano o un juguete. “Si hubo una situación de abuso, el embarazo es lo de menos, por más horrible que suene decirlo. Son situaciones tan espantosas, tan complejas, que no sabés para dónde agarrar. Si ya fue-ron abusadas de un lado, no podemos abusarlas desde el sistema de salud”, sentencia.

Entonces habla de Argentina y de los dos casos que se conocieron en los últimos meses. En enero, una niña de 12 años quedó embarazada en la provincia de Jujuy luego de haber sido violada por un vecino de 60 años. En lugar de un aborto, los médicos determinaron que se le practicara una cesárea, ya que era una gestación de 24 semanas. El bebé terminó muriendo a los pocos días.

Otro caso ocurrió a fines de febrero, cuando una niña de 11 años quedó embarazada en Tucumán tras haber sido abusada por la pareja de su abuela. “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, había dicho, según figura en la historia clínica adjuntada a la causa judicial y que trascendió a los medios. La gestación fue descubierta en la semana 19, pero el gobierno de la provincia resolvió esperar a la semana 24 con el objetivo de salvar ambas vidas, aunque el bebé murió justo ayer. Tanto la niña como sus padres habían pedido que le realizaran un aborto.

Luego de este episodio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó al Estado argentino a garantizar la interrupción legal del embarazo y señaló que impedir la práctica puede constituir una forma de “tortura”. “La demora injustificada en el acceso a la interrupción legal del embarazo por parte del sistema provincial de salud y el Hospital del Este Eva Perón vulneró el derecho de la niña a la salud”, apuntó el organismo.

Valeria Ramos, representante en Uruguay del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), afirma que están trabajando en paralelo con Argentina sobre el abordaje de los embarazos en menores de 15 años. De hecho, en los próximos meses presentarán una hoja de ruta que tiene “otras consideraciones” con respecto a las adolescentes más grandes. Por ahora, nuestro país no cuenta con una guía que les preste especial atención a estos casos.

“En esos años hay una diferencia enorme en el desarrollo del pensamiento, en la capacidad de representarse las cosas, además del desarrollo físico. Cuando no terminaste tu infancia e irrumpe en vos el gestar una vida, es una situación diferente a cuando tenés 16 años. Ahí tampoco te desarrollaste plenamente, pero la madurez ya es distinta”, señala Ramos.

Uruguay no cuenta con una guía específica para trabajar los casos de embarazo en menores de 15 años. Foto: Marcelo Bonjour
Uruguay no cuenta con una guía específica para trabajar los casos de embarazo en menores de 15 años. Foto: Marcelo Bonjour

Nueva vida

Hay veces en que estas niñas terminan convirtiéndose en madres. Y ahí se abre un nuevo mundo, que debe intentar darles todo el apoyo posible. María Elena Mizrahi, coordinadora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia (Sipiav) del INAU, afirma que “lo mejor” es que las menores y sus hijos permanezcan con sus familias. Sin embargo, este anhelo del Estado no siempre es posible.

Si se constató una situación de abuso, los familiares deben ser evaluados por un equipo especializado y quienes terminan tomando una decisión son los jueces. A veces el entorno más cercano no está en condiciones, pero un adulto referente -un vecino o un amigo de la familia, por ejemplo- ofrece hacerse cargo. Si la niña está de acuerdo, irá a vivir con él y desde INAU le ofrecerán apoyo. El organismo puede hasta brindar ayuda económica para que esta persona reciba a la menor con su hijo.

La última opción es que la niña y su bebé sean acogidos por un centro 24 horas de INAU. Sin embargo, esta alternativa también termina usándose. Mizrahi cuenta que el Estado no separa a las madres de sus hijos, por lo que les buscan un centro que tenga “la infraestructura” adecuada para albergarlos. “Cuando tenés bebés, siempre necesitás otra logística y una cantidad de educadores mayor. Un bebé requiere una atención más personalizada”, agrega.

Pero estos hogares se ubican, sobre todo, en Montevideo. Por lo tanto, hay niñas que deben mudarse de departamento para recibir la contención acorde a sus necesidades. Esto no es lo ideal, reconoce Mizrahi, porque “siempre se apunta a que puedan reinsertarse a sus familias”. Que estas menores vuelvan a ganar autonomía es prioritario.

En estos lugares, las niñas tienen facilidades para retomar los estudios. Sus hijos son cuidados por técnicos de INAU y también acceden a los Centros de Atención a la Primera Infancia (CAPI). “Se apuesta siempre al futuro de estas niñas. Que puedan lograr una vida independiente, que estudien, que consigan otra pareja, que rearmen su vida por fuera de las protecciones del Estado”, indica Mizrahi.

Estos procesos llevan tiempo, mucho tiempo. Y mientras tanto, los bebés crecen y sus madres se van convirtiendo en adolescentes. La jerarca sostiene que han tenido “logros”, es decir, niñas que vuelven a vivir con sus familias y consiguen independizarse de los centros de INAU. Esos casos, sin embargo, no son la mayoría. “Tenemos que reforzar a estas chicas y eso no es algo que pase en seis meses. A veces son años”, agrega.

Reforzarlas también significa reforzar a sus hijos. Que ellos no repitan lo que les pasó a sus madres, que puedan disfrutar de su infancia, que no se las arruinen -ni ellos se la arruinen a nadie- de golpe.

ADEMÁS

Las cifras

- 72 niñas menores de 14 años parieron en 2018, según informó esta semana el subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian. No hay cifras todavía de cuántas quedaron embarazadas y abortaron.

- 162 embarazos en niñas menores de 14 años hubo en 2017. De ellas, 98 eligieron continuar con la gestación y 64 optaron por el aborto. La cifra de embarazos en esa franja viene en caída.

- 14 semanas de gestación es el plazo máximo para abortar su hubo violación. En el resto de los casos, las mujeres tienen hasta la semana 12 para interrumpir su embarazo, salvo que haya “riesgo”.

- 12 años es la edad mínima para dar consentimiento para tener relaciones sexuales. Sin embargo, los menores no pueden llevarse más de 10 años con la otra persona. En ese caso, es considerado abuso.

Un protocolo que permite detectar la violencia

Uruguay no cuenta con una guía específica para trabajar los casos de embarazo en menores de 15 años, si bien el Ministerio de Salud Pública (MSP) espera presentar una en los próximos meses. Los médicos consultan un protocolo que fue elaborado en diciembre del año pasado, que sienta las bases para abordar situaciones de violencia sexual hacia niños y adolescentes. El documento señala que el embarazo en edades tempranas “incrementa el daño psíquico que podría haberse generado por la situación de violencia sexual”. La guía recomienda a los técnicos escuchar “el relato espontáneo” de los niños, aunque ellos no puedan dar cuenta de la complejidad de la situación. El texto sugiere evitar los juicios de valor durante la entrevista, no mostrar incredulidad, no cuestionar a los niños ni a sus padres y emplear lenguaje claro. A su vez, plantea elaborar preguntas generales, que no induzcan la respuesta y permitan evaluar la capacidad de recordar. Con respecto a la gestación forzada, el documento señala: “Los embarazos producto de violencia sexual generan un daño que la maternidad profundiza. Por lo tanto, dentro del marco legal vigente, el equipo de salud debe ubicarse en un lugar que genere las condiciones para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo”. El aborto en contra de la voluntad de la niña “no se plantea como una opción válida desde el punto de vista ético y legal”, agrega el protocolo. Por otra parte, plantea que en el 85% de los casos de niños y adolescentes abusados sexualmente, el agresor pertenece al núcleo familiar y convive con la víctima. En el período comprendido entre abril de 2017 y marzo de 2018, los prestadores de salud informaron de 116 situaciones de violencia sexual a menores de 18 años. De ellas, 94 corresponden a mujeres y 22 a varones.

Algunos casos de abuso no llegan a oídos de la Justicia

No todos los casos de abuso sexual en menores de edad se judicializan. Irene Petit, responsable del Área de Violencia de Género y Generaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), dice que los técnicos deben evaluar “todo el panorama” antes de presentar una denuncia. “Como equipo de salud, nos presionan con que hay que denunciar siempre. Y es verdad que hay que denunciar casi siempre, pero nosotros hacemos hincapié en que no perseguimos el delito y atendemos a las personas. Pero si hay riesgo de que otros menores puedan tener represalias, por ejemplo, tenemos que evaluar toda la seguridad”, afirma. En ese sentido, plantea que es “una línea muy tenue”, por lo que buscan “la oportunidad de la denuncia”. Antes de dar aviso a la Justicia o a la Policía, los médicos se aseguran de que todos los menores de edad estén fuera de peligro. No obstante, en la mayoría de los momentos se denuncia enseguida: “Cuando uno sospecha que quien lleva al niño es quien ejerce la violencia, sí se hace la denuncia de forma inmediata para imponer medidas de protección”. Desde el MSP promueven que quienes tengan contacto con la Policía no sean los técnicos que atendieron a los niños, sino la dirección técnica del centro de salud o el jefe del servicio de emergencia. Por otra parte, la opinión del menor también es escuchada y si él pide que no se haga la denuncia, los médicos pueden llegar a hacerle caso. Esto suele darse en los adolescentes, sobre todo, que pueden exponer argumentos de por qué sería mejor no llevar el caso a la Justicia.

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