La niña abusada y embarazada que se resiste a abortar puso en una encrucijada a todos los actores involucrados. La Justicia, INAU, ASSE y el propio marco legal fueron sorprendidos por su caso. La historia de la niña-madre abre un amplio debate y ahora la sociedad tiene la palabra.

Por tener solo 11 años al momento del embarazo, por haber sido abusada por un familiar, por padecer una patología psiquiátrica y un retraso leve, por haber expresado su deseo de continuar con el embarazo pese a la opinión contraria de su madre, por haber transcurrido ya el plazo legal en el que habría podido abortar, y por la vulnerabilidad socioeconómica en la que vive: por todo eso, el caso de esta niña uruguaya es de una complejidad que impacta.

Esa maraña también ha dejado perplejos a operadores judiciales, médicos y trabajadores sociales de los organismos del Estado responsables. Aun así, entre dudas, intervinieron en el caso que hoy parece estar laudado.

Según informó La Diaria el jueves, el INAU recibió una denuncia anónima y dispuso una medida de amparo para la niña. A su vez, el hombre de 41 años que abusaba de ella fue procesado con prisión. La madre declaró que no se puede hacer cargo de la niña y pidió su internación en el INAU. Luego de todo eso, estando la menor internada en el Pereira Rossell, la jueza Raquel Gini declinó competencia para decidir sobre un eventual aborto y dijo que eran los médicos quienes, junto con la niña y su madre, debían tomar postura. Los médicos le explicaron los riesgos de ser madre tan joven pero no fueron más allá porque entendieron que no tienen más posibilidades: la niña está determinada a tener a la criatura.

Sin embargo, cuando ya casi no hay vuelta atrás, emergen más dudas. ¿Son los médicos los más idóneos para resolver un asunto así? ¿Qué tan consciente es la niña de lo que le está pasando y de lo que viene por delante? ¿Qué tanto hay que tener en cuenta su deseo en esta circunstancia?

El ginecólogo, exsubsecretario de Salud Pública y promotor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, Leonel Briozzo, dijo a El País que no está interiorizado y por eso prefirió no opinar en detalle. Sin embargo, señaló: "En este caso, y en todos los casos, los médicos debemos acompañar a las pacientes en las decisiones que toman, estemos de acuerdo o no". Y aclaró: "Siempre que sean decisiones conscientes. De modo que, en este caso, si se llegase a la conclusión de que es una decisión consciente, se deberá acompañar (a la niña)".

Briozzo, que es profesor de la Facultad de Medicina, explicó que en bioética es consciente aquella decisión libre (sin coacción ni violencia de ningún tipo), responsable (lo cual implica que la persona conoce y asume los eventuales riesgos) e informada (cuando la persona tiene toda la información disponible).

Pero en el Pereira Rossell no creen que esas tres características se hayan cumplido en este caso. "Nadie ha dicho que sea una decisión consciente. La chiquilina no nos entiende lo que le explicamos", admitió a El País una ginecóloga que integra la policlínica de atención a adolescentes del Pereira y que pidió reserva.

"Decisión consciente implica que la mujer debe estar convencida de interrumpir el embarazo. Lo que hay que hacer (desde el punto de vista médico) es agotar todos los mecanismos para explicarle qué es lo que va a hacer", alegó.

La profesional no la atendió directamente pero está al tanto del asunto y aseguró que en el equipo están "indignados" y ella en particular "muy enojada" porque se haya identificado tanto a la niña. Dijo que pese a que en ningún momento se divulgó el nombre ni el lugar donde vive, la exposición que está teniendo el caso la deja a merced de todo tipo de comentarios de vecinos y conocidos.

Pero además, en el Pereira Rossell se sienten subestimados por ciertas críticas que trascendieron. "Como si no hubiéramos hecho todo lo que teníamos que hacer... Que algún defensor de los derechos humanos me diga, ¿qué hacemos si ella quiere seguir con el embarazo? No me imagino llevarla a interrumpir, sería de una violencia importante", dijo la médica.

Quien más cuestionó lo actuado por la Justicia y los médicos fue la directora de la ONG Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Lilián Abracinskas, que dijo a La Diaria: "Ahora resulta que la voz de una niña que vive en la más absoluta miseria es sagrada porque dice que quiere ser mamá. ¿Alguien se acercó para decirle que la situación puede ser diferente, que su situación es de riesgo y que pueden morir ella y su bebé? Si esta chiquita muere, ¿qué hacemos?", se preguntó.

Legalmente en Uruguay toda relación sexual con una persona menor de 12 años es considerada una violación, aún cuando sea con consentimiento. Hasta el año 1995 una violación era toda relación con alguien menor de 15 años pero la modificación de la ley 16.707 redujo el límite legal a los 12. Desde hace un tiempo algunas organizaciones de derechos humanos cuestionan la ley vigente ya que consideran que 12 años es una edad prematura para consentir una relación sexual, y proponen volver a subirla al menos a 14 años.

"Siempre un embarazo adolescente es un embarazo de riesgo", advirtió ayer la presidenta de ASSE, Susana Muñiz, y lamentó que sea algo frecuente (ver nota en página A4). "No es un organismo que esté preparado para un embarazo. Esto es lo que tienen que saber las autoridades, independientemente de las voluntades. Si uno sacara todo lo que son los aspectos psicológicos y psicoemocionales para los que una niña no está preparada, los que están en juego son los aspectos orgánicos", alertó la jerarca.

Según la Organización Mundial de la Salud, el embarazo en la adolescencia se asocia con mayores tasas de mortalidad, tanto para la madre como para el niño. Las adolescentes tienen un riesgo mucho mayor de morir o sufrir complicaciones médicas graves como: hipertensión, anemia grave y placenta previa (crecimiento anormal de la placenta que puede derivar en un sangrado intenso y mortal para la madre y el bebé).

Desde el Pereira Rossell dijeron que la niña fue advertida una y otra vez sobre estas posibles consecuencias. Incluso consideran que interrumpir el embarazo a esta altura, cuando la niña cursa la semana 16 de gestación, supone menos riesgos para su salud que llevarlo a término. De todas formas, no encontraron ningún motivo para que aborte.

En la Suprema Corte explicaron a El País que como ya se excedió el plazo legal para abortar, la interrupción solo podría concretarse si se demuestra que la mujer corre peligro de perder la vida o que existe una malformación del feto, o si se constata que hubo violación (como en este caso). Para realizar el aborto en situaciones como estas debe mediar una venia judicial. No hay plazos legales como en otras circunstancias, pero los riesgos aumentan cuando más avanzado esté el embarazo.

Cuando se redactó la ley de interrupción voluntaria del embarazo se buscó contemplar a las mujeres que quieren abortar, pero no a niñas o mujeres que no quieren hacerlo pese a que todo el entorno considera que es lo más indicado.

En ese sentido, el autor del proyecto final, el independiente Iván Posada, dijo a El País: "La ley no contempla estos casos, no está pensada para esto. Esta niña no está en las hipótesis. No hay, en principio, una manifestación de la adolescente de querer abortar. Lo que se aprobó es que en determinadas circunstancias, plazos y requisitos, haya una exoneración del delito del aborto, que está tipificado en el Código Penal". Para Posada no habría que planear una nueva norma para atender situaciones como esta, si no que es un caso que le compete a la Justicia.

La ley se refiere a casos de disidencia entre una menor de edad que quiere abortar y una madre que no quiere que lo haga, pero no contempla casos opuestos. Si la adolescente embarazada quiere mantener su embarazo, alcanza con su voluntad y nadie puede obligarla a abortar. Briozzo explicó que la ley se guía por el principio de autonomía del adolescente, consagrado por el Código de la Niñez y la Adolescencia, por el cual el equipo de salud tiene la capacidad de evaluar qué tan autónoma es la menor.

A su vez, el ginecólogo opinó que "no se pueden prever todas las posibilidades" en una ley. "Debemos contemplar un marco general de posibilidades. En casos con este nivel de complejidad, lo mejor es la evaluación interdisciplinaria en profundidad de una junta clínica", agregó.

Por su parte, Hugo Rodríguez, catedrático de medicina legal, dijo a El País que "vacíos legales siempre puede haber y algún caso se puede escapar de la casuística". Otras veces, agregó, hay situaciones muy desgraciadas que se dan en entornos culturales marginales, en los que los mecanismos normales parecen raros.

El especialista declinó hablar en detalle del caso de la niña por considerar que la exposición pública la perjudica más. Solo precisó que cuando un menor no está en condiciones de decidir, se considera que decida su madre y si esto no se da pasa a la Justicia de Familia. Desde este punto de vista, el caso de la niña no estaría dentro de lo que se entiende como un vacío legal sino que se habrían cumplido los pasos previstos por las normas.

De todas formas, una fuente médica manifestó preocupación porque se haya derivado el caso a los profesionales del Pereira Rossell. "Es un disparate, los médicos no somos responsables de la violación", se quejó, y relató que la niña llegó al centro de salud con una orden judicial que solicitaba evaluar si estaba en condiciones de consentir la relación sexual. "Nosotros no tenemos la potestad para decidir por la niña ni mucho menos". (Producción: Gabriela Cortizas, Leticia Costa y Tomer Urwicz)

Esta semana, la sociedad paraguaya se vio inmersa en un debate idéntico al que se instaló en Uruguay. La niña, en este caso, tiene apenas 10 años. Pesa 34 kilos y no mide más de 1.40 metros. Sin embargo, está embarazada de cinco meses. Fue violada por su padrastro en una localidad cercana a Asunción. En este caso, la justicia y el Ministerio de Salud paraguayo obligan a la niña a dar a luz porque la ley no habilita el aborto cuando no hay riesgo para el bebé o la madre. El año pasado hubo en ese país más de 700 nacimientos de madres de entre 10 y 14 años. La mayoría habían sido violadas, según un artículo del diario El País de Madrid.

Desde que se conoció la noticia hace dos semanas, varias organizaciones internacionales comenzaron a presionar para que la niña pueda abortar. La niña hoy está separada de su familia y la madre de la pequeña está acusada de complicidad con el padrastro.

El ministro de Salud, Antonio Barrios, exmédico personal del presidente Cartes, descartó el aborto. " Si se debía abortar, tuvo que ser antes de la semana 20", afirmó el jerarca.

Fue hace dos años en Bella Unión, Artigas. Una niña de 12 años interrumpió su embarazo, el que fue producto de abuso y explotación sexual. La decisión la tomó el equipo médico "por el riesgo que corría la menor", luego de que la Justicia dispusiera que fueran las "autoridades sanitarias" quienes resolvieran si era conveniente abortar.

En una modesta casa del barrio Las Piedras, lindero al recordado barrio Las Láminas, vivía la niña junto a sus padres y seis de sus nueve hermanos. La chica, quien según la inspección del personal del INAU de Artigas tiene una "cierta discapacidad", era alentada por su hermana de 16 años para ser explotada sexualmente.

El juez letrado Pablo Gandini fue quien inició la investigación. En ella comprobó que la niña fue víctima de una violación y se dispuso el procesamiento de un hombre de 75 años que solía mantener relaciones sexuales con la joven a cambio de pagarle de 20 a 50 pesos. El adulto, trabajador rural y de iniciales J.A.R., fue sancionado con hasta 12 años de prisión por lo previsto en la ley 17.815. Una posterior prueba de ADN, realizada en comparación con muestras obtenidas del feto, determinó que no se trataba del supuesto padre biológico. Sí se le tipificó el delito de retribución a menores de edad por actos sexuales.

El examen de ADN fue una solicitud de la Justicia para establecer si el embarazo de la niña se originó en su medio familiar. Pero de los resultados tampoco se comprobó el incesto. De hecho aún no se sabe quién fue el violador. Mientras, la hermana de fue internada en un hogar del INAU por conocer la situación y acompañarla hasta donde era explotada.

En todo este proceso la Policía estuvo por fuera y solo tomó conocimiento cuando se le encomendó a la Policía Técnica en Montevideo hacer los exámenes biológicos en el laboratorio.

La niña fue prostituida dos años por lo que, más allá del embarazo, hay otros síntomas como hiperactividad y ansiedad que debieran haberse manifestado, dijeron los especialistas.

"No es lo mismo el embarazo de un noviecito que el de un hombre grande o una patota. Tampoco es lo mismo violencia doméstica que abuso sexual", dice Leticia Rieppi, ginecóloga del Hospital Pereira Rossell y ex coordinadora del Área de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública. Por eso Rieppi considera que los médicos deben tratar más con las adolescentes embarazadas y hace notar que en llenado del Sistema Informático Perinatal se pregunta por violencia doméstica pero no por abuso sexual, lo cual no es fácil de distinguir para una adolescente. Tampoco se abunda en las circunstancias en que se produjo el embarazo. Una mayor precisión permitiría tener un diagnóstico más certero sobre las situaciones de abuso sexual en niñas y adolescentes. Rieppi presentó al Pereira Rossell un proyecto para identificación y seguimiento de las víctimas de violencia sexual.

En Uruguay las cifras son reveladoras, pero podrían ser solo la punta de un iceberg. La cantidad de embarazos adolescentes en Uruguay supera a la media internacional. Cada 1.000 partos, 60 son de madres entre 15 y 19 años; a nivel mundial el promedio es de 50 cada 1.000, según el Informe Estado Mundial de la Población Mundial 2014, realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Expresado de otro modo, el 9,6% de las madres en Uruguay son adolescentes.

La tasa se encuentra por debajo al promedio latinoamericano, (cuya media es de 76 nacimientos cada 1.000) y del de los países de la región. Argentina registra 70 partos de adolescentes cada 1.000; Brasil 65, Paraguay 63 y Chile, con el registro más bajo del sur de América, 52.

Los departamentos con mayor porcentaje de madres adolescentes son Artigas y Río Negro (ambos en un 14%). Por el contrario, Cerro Largo y Rocha, que eran departamentos con elevados porcentajes, redujeron estos guarismos a 12,41% y 10,71%.

Por su parte, el Censo de 2011 relevó la cantidad de mujeres mayores de 12 años que tenían uno o más hijos. En el primer grupo poblacional registraron a 97 adolescentes con edades entre 12 y 14 años que habían tenido un hijo; 91 eran de la ciudad y 6 del medio rural. El relevamiento no discriminó por edades como para saber cuáles tenían 12 años.

Por otra parte, 20 mujeres y 10 varones estaban casados y 178 mujeres y 7 varones tenían una "unión libre". El censo de 2011 también registró que 6 adolescentes entre 12 y 14 estaban divorciados (3 mujeres y 3 varones) y 76 se habían separado (49 mujeres y 27 varones). Además, 4 adolescentes mujeres ya eran viudas.

El embarazo adolescente genera otras consecuencias. El 14,6% de las jóvenes consultadas en 2012 declaró el embarazo como principal motivo de abandono de la educación media (el liceo), según el Sistema de Información de género de Inmujeres del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en base a la Encuesta Continua de Hogares 2012 del INE.

Valeria Ramos, del Fondo de Población de Naciones Unidas, pone sobre la mesa el factor del abuso sexual como desencadenante del drama que vive la niña que fue embarazada a los once años. "Más allá del caso puntual se debe pensar desde el punto de vista de las políticas públicas que Uruguay tiene un problema con la violencia y el abuso hacia las mujeres, el cual se expresa en esta niña y en todas las cifras de violencia y muertes", dijo a El País.

"Lo que estalla es una niña embarazada, el aborto y su decisión. Pero en el fondo hay una niña embarazada por abuso. Lo preocupante de eso. En la mayoría de los embarazos de adolescentes menores de 15 años hay un abuso. Se puede afirmar que detrás de cada embarazo en una adolescente hay violencia sexual, y eso es lo que Uruguay debe debatir", acotó.

Las cifras de denuncias de explotación sexual en Uruguay han ido en aumento en los últimos años. Entre 2007 y 2009 el Comité Nacional de Erradicación de la Explotación Sexual Comercial (Conapees) registró 20 casos de explotación sexual de menores. En 2012 fueron 59, diez más en 2013 y 2014 cerró con más de 100, según datos del Conappes a los que tuvo acceso El País.

Un estudio realizado por el organismo en 2014 dio cuenta de la naturalización de situaciones de abuso en el oeste de la capital, donde adultos negocian entre sí para que una adolescente pierda su virginidad o se convierta en su pareja a cambio de dinero para la familia o de una casa mejor.

La experta en Derecho de Familia, Laura Araújo, entiende que en el caso de la niña de 12 años embarazada, la capacidad de decisión de la involucrada está "afectada" y su postura, en este caso tener al bebé, debe ser contextualizada, es decir, contemplada en el marco de lo que puede entender una niña que ha sido violada sistemáticamente y está traumatizada.

"El INAU y la Justicia tienen que velar por la vulneración de potenciales derechos de la niña si la madre se lava las manos o si la voluntad de la madre es perjudicial o contradictoria con la salud y el bienestar de la niña. Pero si al final del día, la niña quisiera tener el bebé, no deja de ser una niña. Su capacidad de decidir está comprometida. La línea en este caso es muy fina. La madre tiene la patria potestad de la niña y se tiene que hacer cargo, pero renuncia a esa patria potestad. Si ella toma esa decisión, el Estado se tiene que hacer cargo de esos dos niños, la embarazada y su hijo. Los tiene que mantener juntos", explicó. Consideró que el principio que debe seguir el INAU, que ahora asume la tutela de la niña, es mantener el vínculo filial con su futuro hijo lo más que pueda. "Debe velar para que ese vínculo no se destruya. Si la decisión es que mantenga a su hijo, si se la hizo pasar por esa situación, debe tratar de que estén juntos".

Explicó que el Código de la Niñez y la Adolescencia le otorga a los niños un gran protagonismo a la hora de adoptar una decisión, pero debe estudiarse el ambiente en el que toman esa decisión. Eso implica apreciar su educación, edad, si viven con sus padres, si está internado en el INAU o si tienen retraso. "Si la Justicia se declara no competente, entrás en un camino de no retorno, a menos que aparezca algún elemento que la haga cambiar de opinión. Ahora el papel fundamental lo cumple el INAU frente a la decisión de renunciar a la patria potestad de la madre. Lo ideal sería que la niña no fuera institucionalizada, el problema es que si a una niña de doce años no la cuida la madre, el Estado debe asumir la responsabilidad. Luego se intenta de que genere independencia, pero el problema es que aquí el sistema se vuelve muy perverso y termina no teniendo libertad", opinó.

Consideró que así como este caso cobró notoriedad porque pasó por la Justicia, en Uruguay deben darse decenas de casos que se resuelven en las sombras porque no terminan siendo judicializados y nunca se conoce cómo se resolvieron.

Parálisis estatal