"CONTINUIDAD" CON "OTRA IMPRONTA"

El MSP de la coalición: ¿cuánto cambiará la salud en el próximo gobierno?

El nuevo Ministerio de Salud aplicará la ley del aborto pero con énfasis en el asesoramiento; mantendrá la de marihuana pero con advertencias; potenciará la fiscalización y le quitará poder al FNR.

Daniel Salinas y José Luis Satdjian
El próximo subsecretario, José Luis Satdjian (Partido Nacional), y el futuro ministro de Salud, Daniel Salinas (Cabildo Abierto).

Es, con certeza, uno de los ministerios donde el cambio de signo ideológico genera más incertidumbre. Es una cartera de políticas sociales y alta sensibilidad, en la que el Frente Amplio será desplazado por una combinación encabezada por Cabildo Abierto y secundada por un soldado fiel del presidente electo. ¿Qué tanto cambiará el Ministerio de Salud en el próximo gobierno?

En los pasillos del edificio de 18 de Julio y Juan A. Rodríguez, en el centro de Montevideo, la charla es pura especulación. “No le dieron mucha bola a este ministerio porque no hubo grandes conflictos. Hay pocas referencias al tema en el programa (del Partido Nacional) y en el borrador de la ley de urgente consideración. Por tanto, no tienen intención de cambiar nada”. Esa es una hipótesis que se escucha.

Pero también hay quienes abonan la duda de lo que pasará. Dicen: “Hay una incertidumbre tremenda de todo. No se sabe ni quiénes van a ocupar los lugares. Los directores directos son lo más importante y no se sabe nada de nada”. Temen que se desarmen los equipos. Temen, también, que se elimine un centenar de cargos técnicos que el Frente Amplio creó en los tres períodos de mandato.

Por otra parte, sospechan que un gobierno “de derecha” dará más cabida al tercer nivel de atención y descuidará el énfasis que se le ha dado al primero. “Es más marketinero autorizar tomógrafos que incorporar médicos de familia, pero sirve más esto último”, plantean.

Entre los políticos de la izquierda, quienes han estado vinculados a la gestión de la salud tienden a creer que hay poco margen para hacer cambios drásticos. Daniel Olesker, que fue titular de este ministerio entre 2010 y 2011, adhiere a esa teoría. “Han mostrado mucho desconocimiento, pero en el Sistema (Nacional Integrado de Salud, SNIS) no creo que muevan mucho. Algún cambio en los seguros privados puede ser. Puede haber cambios en las metas asistenciales, como dejar de pagar un plus por determinada cosa, pero todo eso es muy marginal. Es un sistema muy querido por los dueños de las empresas, los trabajadores y los usuarios. Se comprarían un lío”, dice Olesker.

Al exministro sí le preocupa que la habilitación de donaciones especiales para la financiación de medicamentos caros implique quedar ligados a los laboratorios. También teme que se congele el presupuesto de ASSE, que prácticamente se multiplicó por 10 desde 2004, pero luego matiza esta posibilidad al afirmar que el prestador público podrá funcionar igual con el dinero que recibe hoy.

Miguel Fernández Galeano, que ocupó la subsecretaría de Salud en el primer período del Frente Amplio y actualmente es adjunto al directorio de ASSE presidido por Marcos Carámbula, dedicó un par de días a analizar en profundidad los cambios que supone la ley de urgente consideración (LUC) en materia de salud, y redactó un documento que entregó al Frente Amplio. Fernández Galeano cree que ninguno de los 22 artículos vinculados al tema “modifica o incorpora aspectos sustantivos de la arquitectura jurídico institucional en la que se apoya el SNIS, ni cambia en ninguno de sus contenidos sus leyes constitutivas”. Para él, esto “supone un reconocimiento tácito del futuro gobierno a una de las reformas estructurales implementada por los gobiernos del Frente Amplio” y, en definitiva, más allá de consideraciones puntuales, “la LUC no afecta los avances conquistados por Uruguay en materia de acceso y cobertura universal a la salud”.

Las nuevas autoridades, ante esto, dicen que el SNIS sí va a cambiar porque aunque “está bien en la teoría”, fue “mal implementado”. Anuncian que habrá “continuidad”, pero que el nuevo ministerio tendrá “otra impronta”. Y se irritan cuando se les pregunta por el cambio de signo porque, para ellos, no existe derecha o izquierda en la salud: “Es una inversión social, y lo que importa es gestionar bien y ejercer un buen rol de rectoría”.

Control y eficiencia.

El neurólogo Daniel Salinas y el licenciado en administración José Luis Satdjian llegan al anexo del Palacio Legislativo, donde será la entrevista —la primera como autoridades designadas de Salud— en autos separados, pese a que vienen del mismo lugar. A Salinas lo acompañan su esposa y su hijo, que lo esperarán afuera durante una hora. La nota se desarrolla en un despacho vacío que les prestan para la ocasión.

Hasta hace unos minutos estuvieron en la que fue sede de campaña de Luis Lacalle y ahora oficia de sede del gobierno electo. Se reunieron con la futura ministra de Economía, Azucena Arbeleche, a quien le puntualizaron qué necesitan y dónde creen posible recortar gastos. Arbeleche, según supo El País, se quedó con una buena impresión de Salinas por lo ordenado, sistemático y conciso.

La mujer que manejará la caja estatal les acaba de dar el visto bueno para jerarquizar el Departamento de Fiscalización del Ministerio de Salud, convertirlo en una dirección, y en consecuencia dotarlo de más inspectores. “Es una primicia”, dice sonriente Satdjian.

De hecho, es tal vez el principal rasgo que quieren que identifique a su administración. Dice Satdjian: “Si me preguntás a mí qué va a cambiar, yo creo que el MSP ha sido un testigo de lujo de irregularidades. Nosotros le vamos a dar otra impronta: estando en el territorio y obviamente dándole un rol de fiscalizador al ministerio, que lo tiene por ley desde 1934, y que a lo largo de estos años no se ha ejercido”.

El subsecretario electo, como mano derecha del diputado Martín Lema, escuchó en el período pasado los reclamos de los funcionarios de Fiscalización, relativos a la falta de herramientas para ejercer el control. Un informe que se publicó a fines de 2016 en esta sección informaba del tremendo atraso en las habilitaciones y del vaciamiento de recursos humanos que por bajos salarios había sufrido ese departamento del MSP, y anunciaba el sistema que las autoridades habían diseñado para solucionarlo: sustituir las inspecciones en los lugares por declaraciones juradas de los inspeccionados.

Si bien los futuros jerarcas aseguran que reforzarán esta función del ministerio, no explicitan si darán marcha atrás a esa reforma que se hizo en 2016: “Hoy en día es muy difícil adelantarte esa medida. Obviamente lo vamos a estudiar y mejorar”, dice Satdjian.

Las primeras palabras de Salinas son gestión, rendimiento, eficiencia. El próximo ministro apunta a mantener el presupuesto de la cartera —9% del PIB, al nivel del promedio de los países desarrollados— pero quiere que “rinda más”.

Y cuando se le pregunta dónde hay oportunidades para ser más eficiente, responde con palabras que el Frente Amplio, en la implementación del SNIS, ha dicho y repetido: “En la complementación de las coordinaciones departamentales y en la integración verdadera de los efectores de salud y el terreno”.

Esto, que a esta altura podría sonar a frase hecha, para Salinas se puede lograr “interactuando con todos: con el efector local de ASSE, el prestador privado, las intendencias, las emergencias móviles, la red de atención primaria”. Planea disminuir el “macrocentralismo” de Montevideo y fortalecer la Dirección General de Coordinación, una dependencia que se creó en este período. Para dirigirla, según supo El País, piensan en Karina Rando, una anestesista joven, docente en Udelar, con formación en Inglaterra y con 16 años de trabajo en el Hospital Militar. Salinas y Satdjian no quisieron confirmarlo, pero fuentes del MSP confiaron que Rando ya se reunió con Adriana Brescia, quien ocupa ese lugar hoy.

Otros cargos que ya están asignados, de acuerdo con las fuentes, son el titular de la Dirección General de Salud y su subdirectora: serán el médico internista y exdiputado blanco Miguel Asqueta, y Luján Giudici, médica geriatra de Florida.

Ministerio de Salud Pública
Según las autoridades designadas, el Ministerio de Salud no ha ejercido su rol fiscalizador en estos años. Foto: El País 

Marihuana y aborto.

Jornadas laborales intensas, reuniones de seis horas con autoridades actuales, organizaciones y asociaciones, más trabajos de “selección, preselección y tamizaje de los candidatos” para los cargos a llenar. Y ansiedad, mucha ansiedad por llegar al 2 de marzo.

Entre medio, intentan “ser responsables” con los anuncios. Pero en relación a dos temas sensibles como son el aborto y la marihuana, reconocen que también allí se verá un nuevo énfasis.

En cuanto a la ley que habilitó la venta de marihuana estatal —y que Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, es partidario de derogar—, Salinas dice: “Creo que hay que revisar el tema del cannabis en un sentido constructivo. Tenemos que revisarlo. Si puede tener el mismo tipo de advertencia que van a llevar los dulces o los chocolates, grasas y sal, o si tiene la misma que las cajillas de cigarrillos”. A su lado, Satdjian dice que “no está resuelto”. Y vuelve Salinas: “Digo que es muy importante. No soy un especialista en el tema, pero hay que revisar cuántos recaudos se toman a la hora de brindar ese producto a la población”. “Pero no está planteado derogarla”, acota nuevamente Satdjian. Además, dicen, es un tema que no involucra solo al MSP.

En relación al aborto, el ministro designado vuelve a usar el verbo revisar: “Dijimos que los derechos adquiridos no se iban a tocar, así que ese no es un tema que esté en cuestión. Quizás lo que haya que revisar es cómo los procedimientos se cumplen, si están ajustados a lo previsto por quien diseñó el programa”.

El nuevo gobierno pondrá el ojo en que se cumpla con el asesoramiento previo, estipulado por la ley, para las mujeres que se presentan para interrumpir voluntariamente sus embarazos. “Yo, como ser humano, podría hacerte un discurso de si prefiero una cosa u otra. Como médico, siempre voy a preferir la vida. Me parece que hay que dar mucho apoyo a esas madres que quedan embarazadas, mucho asesoramiento. Todos los recursos que el Estado puede poner a disposición de ellas para salir adelante con sus hijos: recursos de alimentación, subsidios… es importante que los tengan a los efectos de establecer una libre elección verdadera”.

El énfasis, dice, podría estar en un cumplimiento mayor de los plazos previstos. Para Salinas, hay que pensar el aborto teniendo en cuenta la baja tasa de reemplazo de Uruguay. “Es muy importante. No porque vayamos a promover una política de natalidad —que no está dicho eso—, sino que todo aquello que haga que nuestra demografía muestre mejores signos de recuperación son buenas noticias. La inmigración está dando oxígeno en ese sentido”.

Ambos coinciden en que al MSP actual le falta “hacer una evaluación a largo plazo del impacto, tanto en un sentido como en el otro”. Se preguntan: “¿Qué pasó psicológicamente con estas señoras? ¿Pudieron levantar ese tema? ¿Qué pasó, a su vez, con las que decidieron tener? ¿Pudieron formar su familia?”.

Concluye Satdjian: “A nosotros como ejecutores nos dan la confianza para llevar adelante la ley. Todo lo que esté en la ley se va a hacer, y lo que no esté, no. Si allí se marca un sistema de información, de atención, de garantías, eso va a estar”.

Daniel Salinas
Daniel Salinas, el neurólogo y administrador de servicios de salud que impulsó Cabildo Abierto. Foto: Marcelo Bonjour.
INVESTIGACIÓN

"No hay conflicto de interés con el Casmu", dice Salinas

Visiblemente molesto por las noticias que lo vinculan a una investigación del Casmu, donde fue gerente de Recursos Materiales, Daniel Salinas declina referirse a este asunto durante la entrevista. “Yo soy una persona seria que actúo con seriedad y que estoy muy tranquilo de mi proceder”. Salinas repite que la información que inicialmente publicó Búsqueda, indicando que Salinas y otros profesionales son objeto de una investigación del Casmu por posibles irregularidades en la compra e instalación de una campana para citostáticos, son meros “trascendidos periodísticos”. Por eso asegura que “de ninguna manera” ese asunto puede llegar a condicionarlo en su rol de fiscalizador de todos los prestadores y niega que suponga un eventual conflicto de interés. “El día que me llegue una notificación, me tendré que ocupar. Mi proceder va a ser con total apertura, franqueza y objetividad como corresponde”.

Medicamentos y cápitas.

El anteproyecto de ley de urgente consideración estipula la creación de una “Agencia de Evaluación y Control de Medicamentos de Alto Precio y Técnicas Complejas”. También estaba en el programa del Partido Nacional. Sin embargo, sobre este punto las autoridades designadas prefieren no dar detalles. “Es difícil decirte cómo va a funcionar algo que todavía no se sabe si va a salir”, se excusa Satdjian.

La integración de esa agencia —en la que participarán, según el borrador, delegados de seis organismos— generó polémica y por eso ambos evitan referirse al asunto. Se limitan a explicar que “la idea madre” es que la agencia sea la que evalúe qué tecnología y qué medicamentos incluir en la cobertura del Fondo Nacional de Recursos (FNR). Esto, que hoy se hace en el seno del fondo, pasará a ser parte de esta agencia que será “independiente”, aunque según el anteproyecto estará encabezada por alguien designado por el Poder Ejecutivo. El rol del FNR, de acuerdo a Salinas y Satdjian, será el de “comprador” de los productos, procurando el negocio más conveniente.

Para bajar los juicios por medicamentos caros el plan es incluir más de estas drogas reclamadas. La financiación crecerá con donaciones de empresas y con dinero proveniente de ensayos clínicos. Afirman que los laboratorios que colaboren “no condicionarán” sus decisiones.

Otro asunto que tiene expectante al sector médico y político es un anunciado cambio en la forma de pago de las cápitas a los prestadores. El programa de gobierno habla de incorporar una variable epidemiológica a lo que ya se contempla, que es el sexo y la edad de los usuarios. En el Frente Amplio advierten que hacerlo implicará “un lío político grande” y aseguran que no hay buenas referencias mundiales a imitar.

Al respecto, Salinas admite que puede resultar “engorroso” y que “es discutible”, pero lo justifica diciendo que algunas mutualistas han adquirido “sesgos” que inciden en problemas financieros. Asegura que hay países que pagan por factores de riesgo y enfermedades, y que habría que hacer un listado de aquello que podría implicar “un plus” a abonar. Concluye: “Es un tema para hacer una mesa de negociación con los prestadores y ver de qué manera se puede perfeccionar”.

La gestión del próximo gobierno no va a ser “tierra arrasada”, promete Salinas. Y agrega que todos aquellos funcionarios que están en el MSP por pases en comisión del FA, y que quieran quedarse, podrán hacerlo por un plazo de 90 días en el que se evaluarán los rendimientos. “Somos un ministerio en marcha. La función debe continuar”, concluye y enseguida aclara, entre risas: “No el show sino la funcionalidad; la función vital”.

ley de urgente consideración

Preocupa en el Frente Amplio la integración y el financiamiento de la nueva agencia de medicamentos

El exsubsecretario de Salud y actual adjunto al directorio de ASSE, Miguel Fernández Galeano, elaboró un documento en el que analiza en profundidad lo previsto en la ley de urgente consideración (LUC) respecto a la futura Agencia de Evaluación y Control de Medicamentos de Alto Precio y Técnicas Complejas. La incorporación de una agencia con relativa independencia que defina estos temas es de consenso en el Sindicato Médico. Sin embargo, la forma en que quedó plasmada en la LUC genera controversias. En lo relativo a la integración, a Fernández Galeano le llama la atención la ausencia de las cátedras de especialistas en medicamentos, y cree que para incluir el análisis financiero debería participar el Ministerio de Economía. En esto coincide Álvaro Díaz Berenguer, integrante del Comité de Bioética del MSP, que en diálogo con La diaria también cuestionó que la participación de la Facultad de Medicina esté dada por la Escuela de Graduados y no por otras áreas. A su vez, Fernández Galeano entiende que “la planificación y la gestión (de la agencia) es un punto clave y debería ser el corazón de la propuesta, pero está muy poco desarrollado” en el anteproyecto. Fernández Galeano también cuestiona la financiación prevista en el borrador, que dice que será a través de “proventos” obtenidos de estudios, evaluaciones, cursos y publicaciones. “Entendemos que de ningún modo constituye un mecanismo de financiación sustentable y revela un gran desconocimiento de las necesidades estratégicas que tienen este tipo de agencias”, dice.

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