SEGURIDAD BAJO SOSPECHA

"¿Vos consumís? ¿Vos fumás? Abrí el bolso a ver si tenés algo indebido”. “¿Sos maricón que estás así vestido?”. “Pero vos sos menor de edad, ¿qué haces con tu novio a estas horas por la calle? Andate para lo de tus padres, nena”. “¿Por qué me filmás? Mirá que te tenemos identificado, que sabemos dónde vivís y que si ese video llega a circular en las redes te vamos a ir a buscar”.

Estas son, según las denuncias presentadas ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), algunas de las cosas dichas por policías a transeúntes durante operativos en los que les solicitaron documentos. En total, el organismo recibió 23 denuncias que involucran al Ministerio del Interior en apenas una semana, en contraposición a las 15 que le llegaron contra esa cartera durante 2019.

Hay, además, denuncias de personas que dicen haber sido pateadas en sus tobillos para que abrieran las piernas antes de ser cacheadas. Y también recibieron las que se hicieron públicas en los últimos días, de dos personas que advierten la utilización de armas de fuego por parte de la Policía: un malabarista que fue apuntado y un funcionario municipal que jura que le dispararon.

En el primer caso la Policía demostró que el malabarista tenía consigo dos machetes, y dijo que había amenazado a personas en una plaza del departamento de San José. En cuanto al segundo, el propio ministro Jorge Larrañaga presentó ante las autoridades de Adeom y el Pit-Cnt un video del operativo en el que no se ve que le hayan disparado.

En tanto, los sindicatos policiales también han salido en defensa de los policías y de los operativos impulsados por la cartera, por el cual se pide documentos a las personas que pasan por aleatorios puntos de control. Otros que dicen haberse sentido amenazados por los operativos, también presentaron denuncias ante la Justicia y al Ministerio del Interior, solicitado que se lleven adelante investigaciones. La cartera, hasta ahora, no ha reconocido haber cometido ningún exceso.

Es la ley 18.315 la que regula la actuación de la Policía. En esta se señala que los agentes están facultados a pedir identificación a una persona siempre y cuando esta “razonablemente pueda coincidir con aquella que esté buscando en el marco de un procedimiento”. También establece que “ante la negación de identificarse, la persona será trasladada hasta la dependencia policial más cercana y se informará de inmediato al juez competente”. También puede ser trasladada en caso de que exista una duda sobre “los documentos o los testimonios” que brinde.

El borrador de la ley de urgente consideración dado a conocer por el gobierno de Luis Lacalle Pou modifica este artículo, y advierte que la Policía podrá requerirle a una persona “la exhibición de su cédula de identidad, credencial cívica, libreta de conducir o cualquier otro documento” que sirva para identificarse, sin necesidad de que haya un procedimiento concreto de búsqueda de por medio.

Juan Faroppa, director del Inddhh, advierte que en realidad prácticamente siempre la Policía tiene manera de justificar un procedimiento por el cual pida documentos, puesto que alcanza con que esta explique que está buscando a una persona requerida o alguien que se haya fugado de una cárcel.

“Hemos enviado algunos de estos casos al Ministerio del Interior, pero todavía no recibimos una respuesta. El martes pedimos también una reunión urgente con el ministro, pero no nos contestaron”, sostiene Faroppa. Larrañaga, en tanto, dice que todavía no han tenido tiempo para agendar un encuentro.

El ministro, además, señala que los procedimientos en que se piden documentos hoy se están haciendo por zonas, que lo que se hace es elegir por ejemplo el cruce de algunas calles, y que hasta ahora los resultados han sido “muy buenos”, puesto que han podido atrapar a personas requeridas por la Justicia por haber cometido rapiñas, recuperar vehículos robados y también hallar drogas.

“La prevención ha vuelto”, dice Luis Clavijo, secretario general del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU). “Hay mucha manija con esto. Contra esto nadie está vacunado, no digo que no puedan ocurrir cosas. El ministerio y la Justicia estarán para corregir lo que no se haga bien, pero lo que a muchos molesta es que ha vuelto la prevención. A la Policía le mataron la prevención, se la enterraron en un cementerio, y es una parte fundamental del quehacer policial. Antes era solo la respuesta, ahora es distinto. Y hay un respaldo a la Policía. Algo cambió”, añade.

Alejandro Álvez, también miembro del SUPU, dice que los operativos cada vez son más porque el Policía “se siente ahora más respaldado para actuar”. Y agrega: “Hay cosas que cambiaron, eso fue lo que pasó. Había mandos de la Policía que no querían molestarse en trabajar demasiado; eso se lo decíamos al ministro anterior (Eduardo Bonomi). Hacer controles, pedir documentos, son cosas de rutina”.

Álvez reconoce que los operativos se suelen hacer aunque no se esté buscando a una persona en particular —algo que en realidad no está habilitado por la actual ley, que advierte que estos se deben hacer en caso de que se esté intentando atrapar a alguien que esté requerido—, sino como una medida preventiva. “Lo que hace el Policía es poner los datos de la persona en una planilla: ‘El señor fulano, cédula de identidad tanto, fue identificado tal día, a tal hora, en tal lugar’. Si luego sucede algo en las inmediaciones y se tiene esa información, se puede quizá identificar a la persona que cometió un delito. Eso es algo que ha pasado muchas veces”.

Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay (Sifpom), coincide con Clavijo y Álvez en que a partir del 1° de marzo los agentes se sienten más respaldados en comparación con lo que sucedía en el gobierno del Frente Amplio. “Lo que pasa es que venimos de años de tener al mismo ministro, entonces lo que está pasando es que a la gente le resulta raro, pero es lo normal. Que se pida documentos es lo normal. Es algo que pasa en las rutas, y que también puede pasar con los transeúntes”, manifiesta.

Larrañaga sostiene que la Policía no elige a quién para según su aspecto, sino que se le pide la cédula a todo aquel que pase por determinado lugar. “¿Por qué no se lo voy a pedir a alguien que lleve traje y corbata? Hay que pedirles documentos a todos”, dice. Álvez, del SUPU, en tanto, advierte sin embargo que se para solo a las personas que muestran una “actitud sospechosa”.

—¿Y qué es una actitud sospechosa?
—Si usted lleva algo que no es suyo se va a poner nervioso… Se va a parar al de traje, al de sombrero y al que sea. La Policía perdió la presencia preventiva y hay que desalentar la delincuencia.

Clavijo, del mismo sindicato, agrega que se va a parar a aquellos que estén en un lugar en el que no deben.

—¿Cómo se entiende que una persona está en un lugar donde no debe?
—Anda deambulando, mirando mucho… El policía aprende a mirar, a reconocer, esa es una virtud que tiene el policía. Y el aspecto no importa, alguien de traje y corbata puede ser sospechoso. Se ha creado mucha manija con esto.

“Las denuncias vienen de personas de distintos barrios, desde los accesos al Parque Rodó. Pero sin duda tienen que ver con la forma de vestirse de las personas, el color de su piel y el barrio al que pertenecen”, sostiene por el contrario Faroppa. Dice que hay un caso de dos afrodescendientes que fueron tirados al piso y les revisaron las mochilas. Esto pasó frente a una parada en el Centro tras la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. La denuncia no les llegó por parte de los protagonistas, “porque son inmigrantes y tienen miedo”, pero hay varios testigos que ya prestaron su testimonio. Eran dos jóvenes, sostiene Faroppa, “que volvían de trabajar”.

El director de la Inddhh advierte que no hay ley que habilite a la Policía a pedirle a una persona que abra una mochila para mostrar lo que tiene —aunque él recomienda que lo haga para evitar problemas—, y dice que hay otro caso en que la Policía le encontró un cigarrillo de marihuana a un hombre y le pidió carné del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca). Cuando este le dijo que no existe ese carné, pero le advirtió que sí estaba registrado, el agente le preguntó: “Y si no hay carné, ¿cómo sé que este porro no se lo compraste a un narco?”.

Otro debate que se desprende de todo este problema es si la Policía está capacitada para estos operativos, siendo que su formación es de solo seis meses. Y en esto, aunque con matices, coinciden todos. Faroppa dice que “hay un problema serio de capacitación”. Rodríguez, del Sifpom, advierte que “la formación debe ser mucho más completa y más práctica”.

Larrañaga, en tanto, promete que se mejorará la capacitación de base y también las de los policías que ya están trabajando, aunque el mismo tiempo advierte: “Hasta ahora lo que hemos visto es que la Policía está capacitada para hacer lo que está haciendo”.