Salud mental

8 mil policías se certificaron por estrés en 2020, ¿por qué la mayoría se resiste a consultar?

Los sindicatos creen que el problema es mayor. Alertan que los funcionarios no consultan al personal de salud mental por temor a caer en una agónica encrucijada burocrática. 

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Funcionarios policiales evitan consultar con profesionales de la salud mental, sobre todo temen que los desarmen.

Iba a ser un día tranquilo, pero un pedido de auxilio lo cambió todo. La mujer alertó a la Policía que su pareja quería lastimarla y, cuando los agentes llegaron al domicilio, el hombre los sorprendió con un facón en cada mano. Uno de los policías tropezó, y al levantar la vista se topó con la hoja del cuchillo a menos de dos metros del rostro. Entonces le apuntó con su arma. Era la primera vez en tres décadas de servicio que le disparaba a una persona. De eso ya pasó un año; el agresor se recuperó y cumple condena en prisión, pero el policía sigue reviviendo ese trauma como si le hubiera pasado ayer.

Lo cuenta así: “Me dicen que debería estar orgulloso, que lo hice para salvarme a mí y a mis compañeros, pero yo quisiera tener amnesia. Me salvé, ¿pero a costo de qué? Ayer le decía a un amigo que a mí después de esto se me terminaron los abrazos con la gente, porque no me puedo controlar, se me caen las lágrimas. No estoy bien y no sé cómo voy a terminar”.

La jerga policial tiene una forma curiosa de referirse a circunstancias atroces. A este tipo de situación se le llama una “novedad”. Retrocediendo a aquel día, tras la novedad el policía fue derivado a una psicóloga. “Me hizo bien. Tuvimos un par de sesiones, pero pasó que iban a ingresar nuevos aspirantes y me dijo ‘ahora tenés que esperar porque me tengo que dedicar a otra cosa’. Me dejó de atender”, dice. Desde entonces todo fue de mal en peor.

Esta historia, dentro de todo, tuvo un desenlace oportuno: al menos el funcionario llegó a recibir atención. Esa no es la regla, según indican desde la dirección de ambos sindicatos policiales. Si bien existe una resolución que estipula que los funcionarios que participan en operativos cruentos deben recibir asistencia psicológica dentro de las 48 horas, rara vez pasa.

“Salvo que el policía se descompense o pida que lo lleven a ver al psicólogo durante los hechos, vuelve al turno como si nada”, apunta Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo - Uruguay (Sifpom) que agrupa a unos 9.000 policías.

Otros funcionarios consultados comentan que depende del jefe si se utiliza o no el recurso del psicólogo —disponible en cada jefatura de la capital y en el interior en los centros que funcionan como auxiliares de Sanidad Policial—. Algunos dicen que ni siquiera sabían que hay psicólogos a su disposición en las jefaturas.

¿Por qué los jefes “derivan muy poco” en general? Rodríguez considera que incide la falta de personal. “Lo que pasa es que cada policía que se certifica es uno menos en el turno y no tiene de dónde sacar gente para cumplir con la función. Si eso pasa, tiene que sobrecargar a otro funcionario, cortarle la licencia a alguno o rearmar el plan de patrullaje. No miran la parte humana: lo ven desde la perspectiva de un gerente de personal”, opina la dirigente sindical.

Este es un problema que se complejiza con el COVID-19, que ha generado una oleada de policías en cuarentena —y contagiados— desde enero a esta parte.

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Patricia Rodríguez, presidenta del Sifpom.

Pero, más allá de que los jefes no sean proclives a derivar a los funcionarios, el problema que señalan los sindicatos es que ellos tampoco golpean esa puerta en el momento en que deberían hacerlo. Temen ser desarmados. Sin arma, pierden el ingreso por el servicio 222, que les significa prácticamente un segundo sueldo. Además, los “aterra” que el reintegro dependa de la saturada Junta Médica de Aptitud. Los sindicatos reclaman que hay policías que tienen el alta de su médico y llevan dos años esperando a que se pronuncie la junta.

Desde el Ministerio del Interior, el director General Luis Calabria reconoce esta encrucijada. “La administración quiere abordar este tema y actualmente se trabaja en algunas propuestas para incentivar a los funcionarios a consultar cuando lo requieran”, dice.

El peso del silencio.

El golpe tuvo un impacto doble. Una semana atrás, la noticia, en Artigas, de que una funcionaria policial habría asesinado a su hija de 11 años y luego se habría quitado la vida, “espantó” a sus compañeros y a la “familia policial” entera. El suicidio es un “problema” que afecta a este entorno, pero sobre todo es una reacción masculina: no se espera eso de una mujer, menos de una madre.

Mientras la fiscalía investiga lo sucedido, los sindicatos comenzaron a organizarse para ver de qué manera mejorar la prevención en salud mental, porque ahí viene el segundo golpe: hacía 20 años que la mujer trabajaba en la jefatura, siempre se había mostrado “bien dispuesta y servicial”, pero nadie sospechaba que tenía depresión como ahora se comenta. El único indicio de que tal vez algo le estaba pasando es un preinfarto que había sufrido el año pasado; eso es lo que ahora da vueltas en la cabeza a sus colegas, ¿fue la alerta de una angustia profunda?

La funcionaria no había consultado en el Departamento de Salud Mental de Sanidad Policial, pero entre policías se sabe que ya sea por “miedo a la reacción del jefe” o a “la mirada de los compañeros” o el terror al desarme y sus consecuencias económicas, muchas veces estas situaciones se aguantan en silencio.

Otra vez la jerga del ambiente aporta simbolismo: entre policías se refieren a quienes se certifican como “milico quebrado”. Según información a la que accedió El País, en 2020 el sector Certificaciones Médicas del Ministerio del Interior emitió 47.742 certificaciones, de las cuales 8.394 corresponden a patologías psiquiátricas: 17,6% del total.

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En 2019, el Ministerio del Interior registró 58.946 certificaciones médicas, en 2020 fueron 47.742 y en lo que va del 2021 se emitieron 28.668.

El alto volumen de certificaciones no es nuevo; ni los suicidios. Tiempo atrás, fueron los dos factores que fomentaron el armado de una estructura para la prevención en salud mental, pero para los referentes “no ha dado el resultado esperado”. No se pudo quebrar “el miedo” a la consulta, ni los mitos que esta arrastra.

Luis Clavijo, secretario nacional de organización del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), cuenta que en 2009 junto a la Facultad de Medicina hicieron una encuesta anónima en cuatro departamentos. “Pusimos el dedo en la llaga. Los resultados eran tenebrosos y cuando íbamos a dar una conferencia de prensa para anunciarlos, vino una orden de arriba y la borró de un plumazo”.

En 2012, una seguidilla de suicidios agitó a las autoridades y a los sindicatos. De aquella época surgió la resolución de la atención a los funcionarios que participan en operativos violentos y también la implementación de un carné de salud psicofísico, que permitiría hacer un seguimiento. Esta iniciativa se aprobó pero no se llevó a cabo. “Era una buena idea pero no se hizo por miedo a que arroje un resultado nefasto”, dice Alejandro Álvarez, secretario de salud laboral del SUPU.

También por ese entonces llegaron los psicólogos a las jefaturas. “No tuvo el resultado esperado, por lo general el policía es el último de la cola para esta atención”, continúa Álvarez. Describe que a veces estos profesionales no tienen escritorio, ni computadora, ni una oficina con la intimidad necesaria para que el funcionario dé el paso de ir a su despacho a la vista de sus compañeros y superiores. “No hubo conexión”, concluye el dirigente.

Se creó la unidad de estrés, que continúa realizando tratamientos individuales y grupales. En 2019 recibió 4.773 consultas, 587 funcionarios realizaron un tratamiento individual y hubo 1.162 consultas por intervenciones grupales, pero en 2020 la cifra disminuyó. Se registraron 2.808 consultas, 234 realizaron tratamientos y 890 consultaron por la instancia grupal. Esta disminución se atribuye al COVID.

Las autoridades de Sanidad Policial no participaron de este informe para detallar cuál es la estrategia en prevención. Sin embargo, se mencionó un punteo del tipo de intervención grupal que incluye talleres de evaluación del estrés, evaluaciones de entornos laborales, tratamiento para situaciones de trauma colectivos y recientemente la formación de consejeros de pares —policías a los que se capacita para que sus colegas se aproximen y detecten situaciones de estrés—, una estrategia que ya se había implementado con éxito.

Entre 2012 y 2018, la ONG Último recurso, especializada en suicidología, mediante un convenio con la cartera, brindó atención en su línea telefónica 24 horas y presencial para funcionarios que hubieran tenido un intento o expresado intenciones de autoeliminación; realizó tallares de sensibilización y formación en la Escuela Nacional de Policía y en jefaturas con comisarios y subalternos a los cuales se los entrenó como consejeros de pares.

“Es una población que muchas veces tiene temor a recurrir a los profesionales de la salud porque creen que les quitarán el arma”, dice Silvia Peláez, directora de la organización. Sin arma no solo es dinero lo que se pierde. “Se sienten minusválidos, inútiles. Es un grupo mayoritariamente masculino para el que reconocer y comunicar el dolor del alma está prohibido porque lo encuentran descalificatorio del concepto más básico del varón.”

Crece el acoso laboral.

Los policías ven —viven— de forma asidua conflictos, accidentes, muertes que el resto de nosotros no veremos nunca. Eso genera una acumulación de estrés postraumático, que si no se descarga se convierte en una olla a presión. Pero también hay otro factor de ansiedad y angustia que surge de la propia cultura organizacional y el relacionamiento jerárquico: es lo que Rodríguez, del Sifpom, llama “la verticalidad de mando mal ejercida”.

Este sindicato está recibiendo unas tres denuncias por semana de acoso laboral. “El cambio de administración colocó a jefes veteranos, de la vieja escuela, más autoritarios. Estamos llenos de denuncias de funcionarios que vienen realmente angustiados, relatando casos de custodias por violencia doméstica en las que no les permiten ir al baño durante 12 horas, sanciones (incluso pecuniarias) por haberle hablado mal al jefe o cosas del estilo; traslados y cambios de turno repentinos, malos tratos y denigraciones”, narra Flavia Nardone, abogada de Sifpom.

La semana pasada trascendió que el jefe de Policía de Treinta y Tres inició un sumario a dos efectivos —que implica separación del cargo y retención del sueldo por seis meses— que habían denunciado irregularidades. Según supo El País, además, estos funcionarios habían escrito en su estado de WhatsApp los primeros números de unos expedientes supuestamente relacionados a los superiores.

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Cada año, la Junta Médica de Aptitud recibe más de 2.500 expedientes

Luis Calabria, director general de Interior, dice que el volumen de las certificaciones médicas representa un problema “con dos caras”. “Se trata de la salud de los funcionarios y es muy importante tener una fuerza en buen estado sanitario. Pero, el no contar con ellos puede repercutir en el servicio que brindamos, no solo en la seguridad pública, también en otras unidades del ministerio”. La Junta Médica comenzó a aplicar en marzo evaluaciones sanitarias mediante videoconferencia. En 2020, ingresaron 2.608 expedientes y egresaron 3.278. Los sindicatos proponen darle más potestad a los psicólogos en los centros auxiliares de Sanidad Policial.

¿Qué pasa cuando se denuncia acoso laboral? Según relata la abogada, estas situaciones se elevan al Ministerio de Trabajo y a la dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior. La cartera no respondió si le constaba un incremento en este tipo de denuncia, en cambio dijo que “hay un contacto fluido con los distintos sindicatos y cuando se hacen los planteos se los analiza”.

Tomás Teijeiro, inspector general de Trabajo, explica que es Interior quien debe investigar y solo en caso de que este organismo no lo haga actúa el Ministerio de Trabajo. En 2019, el área jurídica de esta cartera tenía cinco investigaciones en curso por esta causa, en 2020 fueron siete y no hay ninguna en 2021.

“Asuntos internos por iniciativa no genera ninguna investigación, se queda con lo que el policía le aporta. Habitualmente, sin pruebas, el 80% de las veces estas denuncias se archivan. La opción que les queda es presentar un recurso administrativo que le puede demorar 300 días. Entonces, agobiados, esos policías se terminan certificando. El mensaje es que la jerarquía es sagrada”, dice la abogada del sindicato.

Cambios resistidos.

Cuando se trató la Ley de Presupuesto Nacional (2020-2024), el fallecido ministro Jorge Larrañaga presentó datos contundentes para exponer el complejo problema de las certificaciones médicas que afecta al ministerio. Según un documento al que accedió El País, la estadística indicaba que, en 2019, dependiendo del mes, había entre 3.835 y 5.680 funcionarios no disponibles. Días atrás, El Observador informó que Interior presentó el mayor incremento anual en la cantidad de días de certificación en la Administración Central. En 2016 las certificaciones representaban el 45% del total del Poder Ejecutivo, pero en 2019 trepó a 70%.

Los sindicatos no se asombran de estas cifras porque atribuyen este crecimiento a la demora, “cada vez más grande”, que tiene la Junta Médica que debe aprobar el alta de los funcionarios certificados, su baja o su retiro. Desde el ministerio justifican que “se debe a una situación multifactorial” y comunican que trabajan en reducir el tiempo de resolución.

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Romina Laguna, psicóloga del SUPU.

El asunto es que, si un policía es certificado por más de 60 días dentro de un mismo año, ingresa al Subsidio Transitorio de Incapacidad Parcial (STIP) —hay 584 al día de hoy—. Cuando el motivo de incapacidad no surge de un acto de servicio, el sueldo se reduce 35% y se suspende el aguinaldo. El egreso del STIP también lo decide la Junta Médica de Aptitud.

Romina Laguna es psicóloga del SUPU. Desde la pandemia las consultas se triplicaron. “El 70% de los funcionarios que veo con diagnóstico de estrés se debe a que fueron desarmados y se les dilató la devolución de la Junta Médica. He visto gente que lleva dos años esperando. Al perjuicio económico que esto les genera, se suma la angustia de esperar por meses esa llamada de si los considerarán aptos o si les darán de baja. Es una agonía que genera problemas de pareja, más deudas y aislamiento. Es un combo que desestimula las consultas de salud mental”, dice.

A pesar de esta situación, la Ley de Presupuesto introdujo cambios para desestimular las certificaciones médicas. Si antes un funcionario policial podía estar hasta tres años en el STIP, el nuevo límite es de un año y medio o pasa a retiro: seis meses por debajo del resto de los funcionarios públicos y los empleados del sector privado. “Este plazo no se condice con los propios tiempos de funcionamiento de la Junta. Es decir que en breve vamos a ver a funcionarios dados de baja por esta razón”, plantea Nardone, la abogada del Sifpom.

Además, ahora la ley establece que se permite un único ingreso al STIP en cinco años. “Esto representa una limitación al derecho que no tiene nada que ver con los riesgos de la función de un trabajo policial y de sus consecuencias en su salud mental”, agrega.

En los sindicatos no descartan que haya certificaciones abusivas, “pero son las menos”. Creen que estas medidas harán que paguen santos por pecadores.

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Se triplican las consultas a la psicóloga del gremio policial

La agenda de Romina Laguna, psicóloga del Sindicato Único de Policías desde 2014, nunca estuvo tan cargada. La pandemia triplicó la cantidad de consultas. Algunos recurren a este servicio paralelo al institucional en busca de un desahogo lejos de la mirada del jefe y de los compañeros. Laguna explica que no hace terapia, sino que su enfoque es laboral, realiza informes, evaluaciones y seguimientos a funcionarios con signos de estrés, que en la mayoría de los casos ya fueron desarmados —por certificaciones psiquiátricas o denuncias de violencia doméstica, entre otras razones— y están a la espera de ser reintegrados. En 2019, “todos eran casos de violencia doméstica”. Con la pandemia esta causa mermó pero sí priman las separaciones y divorcios. “El estrés que les genera el desarme, reacomodar su vida a los cambios de turno y traslados; la conflictividad laboral; el trauma por los operativos violentos; el maltrato de los superiores; el endeudamiento y el miedo al contagio de COVID-19 son los relatos más habituales”, describe. “No hay una estructura institucional para prevenir el estrés: es un debe muy grande que contribuye a la resistencia por contar lo que les está pasando”, señala.

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