EDUCACIÓN Y COVID-19

El Covid-19 parece haber dado al menos una tregua, y el regreso masivo a las aulas se torna inminente. En 10 días, luego de que el 29 de junio se abran las puertas de la gran mayoría de las instituciones de Montevideo, todas las escuelas, los liceos y los centros UTU del país estarán dictando sus cursos de manera presencial. La asistencia seguirá siendo voluntaria y esto, según supo El País, se mantendría así hasta que el Poder Ejecutivo declare el fin de la pandemia.

Aunque los sindicatos han planteado algunas debilidades (falta de transporte público y carencia de personal de servicio para mantener la higiene en las instituciones, entre otras cuestiones), lo cierto es que todos aceptan volver —tapaboca de por medio— casi que de buen modo a las clases cara a cara.

El regreso, aunque se espera que sea masivo (el 75% de los liceales que debieron reintegrarse la pasada semana lo hicieron, pese a que era voluntario), no será total, pues los alumnos tendrán menos horas de clase y deberán asistir solo dos o tres días a la semana.

La ANEP, en tanto, garantiza la continuidad educativa para quienes no se presenten a estudiar, pese a que los sindicatos advierten que los docentes no tendrán tanto tiempo para dedicarles a aquellos que se queden en sus casas.

En cuanto a las evaluaciones: muchos coinciden en que es muy pronto para hablar de esto, pero al mismo tiempo piensan en alternativas para que la pandemia no implique una repetición masiva de los estudiantes.

Lo cierto es que la nueva normalidad se parece en algo a lo que pasaba antes del 13 de marzo, pero es bastante distinta, y hay quienes advierten que el golpe que recibió el sistema educativo provocará dolores de cabeza durante varios de los próximos años.

En este artículo intentamos responder algunas de las principales dudas sobre el regreso a las aulas, en medio de una realidad que en muchos aspectos parece todavía parte de una película de ciencia ficción.

La ANEP aprovechó la pandemia para probar algo que el gobierno había adelantado ya durante la campaña: una descentralización que permita a las instituciones organizar ellas mismas cómo es el regreso a las clases. Sin embargo, hay sí algunos lineamientos claros, por ejemplo en lo que tiene que ver con los horarios y la organización de los espacios. Los alumnos no pueden ir más de cuatro horas por día y se debe respetar la debida distancia social. Lograr esto en algunos centros sería imposible, si lo que se quisiera fuera que los jóvenes asistieran a clase todos los días. Pero esto no será así: el regreso será parcial, los grupos se dividirán y hasta que el gobierno declare el fin de la emergencia y la presencialidad vuelva a ser algo obligatorio, no se espera que los alumnos vayan a cursar todos los días.

Robert Silva, presidente de la ANEP, explica que las estrategias que están aplicando los centros son diversas: “Hay instituciones que decidieron que vaya la mitad de los alumnos lunes y martes, los otros miércoles y jueves, y el viernes queda libre para coordinación. Hay otras que optaron porque vayan una semana unos y la siguiente otros. Este es un gran cambio que hemos hecho, porque quienes más saben sobre cada centro son sus directores”.

Jenifer Cherro, directora general de Secundaria, en tanto, advierte que “hay instituciones que han hecho que las clases duren menos, pusieron varios recreos en el medio, y entonces hicieron que los alumnos se queden en realidad cinco o seis horas, aunque haya cuatro de aula. Acá hubo que apelar a la creatividad, porque nunca antes habíamos vivido una pandemia”.

En cuanto a los colegios privados, Adrián Arias, de la Asociación de Uruguaya de Educación Católica (Audec), dijo que se está intentando que los centros “puedan abrir los cinco días a la semana por cuatro horas”. Aunque señala que en algunas instituciones esto no será posible, y también se optará por ingresos escalonados. “Depende de los espacios y los recursos humanos. Se está intentando que la modalidad presencial se extienda lo más posible”.

Sí, porque la asistencia no es obligatoria. Y aunque los alumnos irán cuatro horas y en días salteados, los profesores deberán cumplir todo el horario. El tiempo que les quede libre lo tendrán que utilizar en tutorías para los más rezagados, darles clases a los que ese día no tengan que asistir y seguir atendiendo a los que no se animan o no pueden volver.

“La virtualidad va a seguir existiendo, es imprescindible porque los alumnos van a estar yendo dos o tres días por semana”, señala Silva.
Esto, sin embargo, genera molestias en los sindicatos.

“Yo, docente, tengo una determinada carga horaria; fuera de ella planificaré y corregiré… ¿Qué hago con los estudiantes que se quieren contactar conmigo online? Bueno, es un tema, señala José Olivera, de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria.

“En Montevideo van a trabajar cuatro días presencial y uno virtual. Un día para atender la virtualidad es poco. Esto se va a complicar”, señala en tanto Elbia Pereira, presidenta de la Federación Uruguaya de Magisterio.

Cherro, que la semana pasada firmó una resolución por la cual los profesores deberán permanecer en las instituciones todo el horario de trabajo pese a no estar dando clases —UTU marcó una mayor flexibilidad para que trabajen de forma remota—, advierte sobre este tema:

“Imaginemos este escenario: vos y yo somos profesores, yo tengo un horario de ocho a dos de la tarde, pero en realidad mis clases son de ocho a 12. ¿Qué hago de 12 a dos? Uso las instalaciones para de repente hacer un Zoom con los que no estuvieron. Todo eso implica trabajo, organización y planificación. Las autoridades están abiertas al consenso, al diálogo y demás… A la mayoría de los docentes no hay que decirles qué hacer porque son ejemplo de lo que hay que hacer. Los otros, los que a veces no resultan ejemplo, van a tener que pensar que ciertas acciones que puedan desarrollar no son positivas ni para sí mismos, ni para la profesión que eligieron”. En cuanto a las instituciones privadas, Arias dice que estas están llamando a cada familia para que venzan el miedo y envíen a los estudiantes. Sin embargo, para quienes no regresen también habrá clases en línea.

 La ANEP aprobó dos protocolos para la vuelta a las aulas. Uno el 19 de mayo, para “la protección de los funcionarios”, y otro el 28 de mayo. En el primero se establece que la distancia entre alumnos dentro del salón debe ser de dos metros; en el segundo dice que de un metro y medio. Cherro advierte, sin embargo, que consultaron al grupo de científicos que asesora a Presidencia y que les dijeron que “incluso con uso de tapabocas la distancia puede ser un poco menor”.

“Nosotros habríamos cometido un error si hubiésemos puesto 15 alumnos como máximo por grupo. Porque hay liceos que tienen salones enormes, o habilitaron salas puntuales en las que pueden tener más de 15 con una separación de un metro y medio”, señala en tanto Silva, en respuesta a una de las exigencias que hacían los sindicatos para el reingreso a las aulas. La ANEP decidió darles libertad a los directores.

Uno de los pocos problemas que se dio la semana pasada con el regreso a las aulas fue en el Miranda, donde los salones grandes se estaban utilizando para la elección de horas docentes. Esto demoró el comienzo de algunos grupos hasta el miércoles.

En el caso de Secundaria, Cherro dice que las instituciones han logrado un buen manejo de los espacios, al punto que pudieron recibir a más alumnos de los que se esperaban. Hasta ayer, el 75% de los estudiantes convocados a partir del 15 de junio habían vuelto a las aulas. De 28.302 regresaron 20.405. Los alumnos que menos lo hicieron son aquellos que cursan en horarios nocturnos. La mayor asistencia fue en Florida, con el 86% de los alumnos, y en Treinta y Tres, con 80%. El que menos alumnos recibió fue Rocha, con 62%. En Primaria, en tanto, la asistencia ha sido del 69%, mientras que en UTU fue del 63%.

Todavía no se sabe cómo serán las evaluaciones de fin de año. Lo que sí está claro es que es poco probable que los estudiantes lleguen a los conocimientos correspondientes al grado que están cursando. Y tanto jerarcas como sindicalistas advierten que si bien las herramientas tecnológicas pueden ser un buen complemento, la presencialidad es insustituible.

En lo que respecta a las evaluaciones del primer semestre, si bien no hay un lineamiento único, lo que se recomienda a las instituciones es dar juicios y no poner notas, y tener en cuenta el esfuerzo de quienes se mantuvieron conectados durante todo este tiempo.

En el sector público hablan de extender las clases que suelen terminar en noviembre en los liceos y escuelas técnicas, hasta diciembre. “Pero esto no lo podemos asegurar, porque primero tenemos que ver cómo venimos con la pandemia en agosto. Si todo sigue así quizá pueda ser una alternativa”, considera Charro.

La ANEP, en tanto, ya trabaja con cada consejo la creación de pruebas estandarizadas para evaluar en qué nivel se encuentran los estudiantes, y qué tanto impactó la pandemia en cada uno de los centros. No se piensa en una solución única, sino en varias que tengan en cuenta la realidad de cada escuela o liceo.

En cuanto a las instituciones privadas, estas están revisando los programas de cada año para determinar cuáles son los conocimientos que sí o sí sus estudiantes deben adquirir, y cuáles se pueden trasladar al año que viene.

“Se hará una jerarquización de los contenidos teniendo en cuenta la realidad. Los años que se vienen van a ser de articular contenidos de un año con los de los años anteriores. Las huellas de la pandemia van a quedar por un tiempo”, advierte Arias, de la organización de colegios privados católicos.

Ante la gran cantidad de funcionarios docentes y no docentes que se encuentran bien de salud para ir a trabajar, pero igualmente son considerados población de riesgo ante el virus, la ANEP creó las validaciones. Esto es para que estas personas, en vez de certificarse, sigan trabajando desde sus casas —en el caso de que la tarea que realizan así lo permita—, al mismo tiempo que no pierden algunos beneficios, como el pago de presentismo.

“Nos empezó a pasar que los funcionarios estaban yendo directo a las inspecciones a decir que no podían volver, y así se nos iba a ir de las manos; era necesario ejercer un control. Ahora los médicos de la ANEP revisan cada caso. Había hipertensos que decían que no podían volver, pero no es cualquier hipertensión la que contempla el protocolo, es para casos específicos”, dice Silva.

Todos los mayores de 65 años son validados. Y las enfermedades incluidas en el protocolo son aquellas que tienen “alta susceptibilidad de presentar complicaciones” en el caso de una infección por coronarivus. Entre otras figuran: hipertensión arterial complicada con repercusión parenquimatosa, cardiopatía isquémica (lo que incluye a quienes sufrieron infartos, recibieron un stent o les colocaron un bypass), asmáticos (pero solo aquellos de “difícil control”, que sean frecuentemente internados o que hayan tenido una internación en CTI reciente), y personas con VIH (pero solo aquellos con carga viral elevada).

Hasta ayer no estaban procesados los datos de validaciones y certificaciones en todos los desconcentrados, pero sí se contaba con los datos de Primaria, donde se validaron 424 docentes y 272 funcionarios no docentes, la gran mayoría de estos últimos personal de servicio.

n Tanto las maestras como los profesores de Secundaria y UTU recibieron o recibirán dos tapabocas cada uno. Esto es a lo que se ha comprometido la ANEP, que ha centralizado el reparto de tapabocas, alcohol en gel, detergente y otros productos de higiene, que antes estaban en manos de cada uno de los desconcentrados.

“Lo hicimos así para no duplicar esfuerzos, y lo cierto es que ha funcionado bien, porque más de 1.230 centros educativos abrieron sus puertas y no hubo quejas”, advierte Silva.

La idea es que estos tapabocas sean de tela, aunque Juan Pereyra, director general de UTU, advierte que en algunas instituciones se han entregado descartables.

El uso de tapabocas para los estudiantes de Secundaria y UTU es obligatorio; para los de Primaria es optativo. Y en todos los casos se los deben proveer ellos mismos.

“Un tapaboca ahora es como una bufanda en invierno, cada uno debe acostumbrarse a usarlo para salir a la calle”, señala el presidente de la ANEP.

En cuanto a los alumnos que no lo tengan, el jerarca advierte: “Cada centro resolverá con una apuesta pedagógica cómo solucionar cada problema. Puede ser que un alumno no lo tenga porque no lo puede adquirir. Ahí cada centro deberá desplegar una estrategia para atender esa situación”.

Según supo El País, algunas instituciones han realizado colectas para comprar tapabocas para los estudiantes.

Silva dice que quizá en casos puntuales se les pueda brindar un tapabocas de los que se están enviando para los docentes, pero que no alcanzarían para todos los alumnos, y que estos problemas deben ser resueltos por cada centro educativo.

Las quejas de los sindicatos de Primaria, Secundaria y UTU van por el mismo carril: primero, que las validaciones implicaron una caída importante de auxiliares de servicio, y que esto representa un problema para la higiene de los centros; y segundo la falta de transporte, sobre todo en el interior, donde las líneas interdepartamentales han bajado su frecuencia y no permiten que viajen más de 10 personas paradas.

“La falta de auxiliares es un problema en todo el país”, señala Patricia Massiotti, presidenta de la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu). Esto tiene que ver con el déficit histórico de estos funcionarios, que es denunciado por el sindicato y reconocido por las autoridades, y con que muchos de estos trabajadores tienen más de 65 años, por lo tanto son considerados población de riesgo.

“No se puede barrer a distancia, entonces hay que buscar alguien que los sustituya”, advierte Olivera, de Fenapes. El sindicalista sostiene, además, que algunas instituciones que tienen prevista su apertura el 29 de junio no podrán habilitar todos los salones debido a la falta de personal de limpieza.
Las soluciones que la ANEP ha encontrado a estos problemas han sido diversas: desde contratar a empresas de limpieza y cooperativas del Mides, a pedir funcionarios prestados a las intendencias, cosa que sucede al menos en Colonia, Flores y Durazno.

En cuanto al transporte, Pereira, de la FUM, sostiene que la baja de las frecuencias implica que haya “docentes que salen de trabajar a las cinco de la tarde y pueden subirse al ómnibus a las nueve de la noche”. En algunos casos también se ha apelado a transportes de las comunas, pero la sindicalista advierte que “después del 29 cada vez van a ser más estudiantes” y no se dará abasto.

Las instituciones educativas de Primaria, Secundaria y UTU no harán control de fiebre de quienes ingresen a los edificios. En el caso de los privados, la situación es variada: están los que no controlarán, los que lo harán de manera aleatoria, los que solo lo harán con los trabajadores y los que también tomarán la fiebre de los estudiantes.

O sea que, en la mayoría de los casos, salvo que los síntomas sean muy evidentes, los centros educativos se enterarán de la presencia de un caso de Covid-19 entre sus paredes solo cuando este sea diagnosticado.

El protocolo establece que cuando una institución (sea pública o privada) sepa de un caso positivo, deberá inmediatamente comunicarlo a la División de Servicios Médicos, Salud y Prevención del Trabajo de la ANEP, que es la que luego indicará las medidas a tomar.

Aunque no hay nada predeterminado, las autoridades coinciden en que lo más probable es que se proceda al cierre de la institución y a la posterior desinfección de los salones o los espacios comunes por los que haya transitado la persona infectada.

Arias, de los colegios privados, advierte que por eso es importante que los estudiantes se movilicen por sectores bien marcados en cada centro educativo, pues es lo que luego permitiría saber con exactitud por dónde transitó y qué estudiantes fueron los que se cruzaron con la persona con Covid-19.

Los centros evitarán, por otro lado, cualquier tipo de acto multitudinario, y el ingreso estará restringido a los alumnos que deben cursar cada día. Secundaria, por ejemplo, decidió postergar la jura a la bandera que debería haberse realizado el pasado 19 de junio, día del natalicio de Artigas, y esta fue postergada para el 23 de setiembre, día de su fallecimiento.