POLÉMICA POR TERCERIZADAS
Hace tres años el Mides pide a las ONG con las que trabaja que sus empleados tengan el liceo terminado. Esto desencadenó una ola de juicios por parte de quienes desempeñaban tareas en tercerizadas yfueron cesados. En tanto, la cartera sigue contratando organizaciones sin previo paso por licitación.
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Cada año el Mides recibe una ola de juicios por parte de empleados de empresas tercerizadas que fueron cesados de sus cargos. Las demandas, en su gran mayoría laborales, aumentaron una vez que la cartera exigió a las empresas que contrataran solo personal que tuviera, al menos, el bachillerato completo. Se pasó de tener ningún juicio en 2012, tres en 2013, dos en 2014 y cuatro en 2015; a 13 en 2016, 24 en 2017 y 15 hasta septiembre de 2018, según datos brindados por la cartera a El País tras un pedido de acceso a la información.
El Mides hoy cuenta con una división jurídica formada por 16 funcionarios y una becaria, lo que implica un presupuesto anual nominal de $ 11 millones. El País pidió saber cuánto dinero se ha destinado a cumplir las sentencias desfavorables, pero desde el ministerio dijeron desconocerlo.
En su respuesta, el Mides remitió a los casos concretos, pero en la mayoría de los casos no aportó los números de expediente como para rastrearlos. En cuanto a montos que debieron pagar, la información también fue incompleta: un pago por $ 1.424.717 por aquí, otro de $ 1.157.388 por allá, sin datos suficientes como para contextualizarlos.
Pero hay situaciones puntuales que permiten inferir que el Mides desembolsa una fortuna cada año. Por ejemplo, la organización Eusebio Vidal, que hasta la semana pasada estuvo a cargo de un refugio en San José, obligó a la cartera a pagar indemnizaciones por cuatro juicios por un total de casi $ 3 millones y uno más se dirime la semana que viene por un monto de casi $ 2 millones.
En 2016 el Mides empezó a notificar a las ONG sobre la necesidad de que los empleados de estos centros que trabajaban como cuidadores tuvieran, al menos, el bachillerato completo. Ese mismo año la cartera incentivó a sus funcionarios a que concluyeran sus estudios a través del Programa de Culminación de Enseñanza Secundaria (ProCES).
En 2017 los trabajadores que no tenían el bachillerato terminado o no lo estaban cursando, fueron cesados. No se efectivizaron despidos puesto que los contratos eran anuales. Lo que se hizo fue no renovar el vínculo laboral, y lo que sobrevino fue una ola de demandas.
Un caso
El caso de la Eusebio Vidal le ha costado más de un dolor de cabeza al Mides. Fueron siete los empleados cesados, lo que incluye a una mujer que se quedó sin trabajo mientras estaba de licencia médica con tuberculosis, luego de haber contraído la enfermedad en el refugio.
Los demandantes reclamaron por partida triple: el despido por todos los años trabajados, el pago acumulado por nocturnidad (que no se les estaba pagando) y la reintegración de un descuento de entre 4% y 7% de sus salarios que se les hacía para financiar una radio comunitaria de izquierda (ver aparte). Uno de los encargados del refugio era Humberto Greno, edil de San José por el Partido Comunista.
La ONG, además, fue contratada por el Mides seis veces sin que mediara licitación, por un total de $ 28,2 millones.
El abogado Manuel Larrea, que representó a los siete trabajadores que hicieron juicio a la Eusebio Vidal y al Mides, señala que todos los juicios ya se dirimieron menos uno, que es el de mayor monto.
En los primeros dos, uno por $ 125.000 y otro por $ 400.000, la Justicia falló a favor de la cartera. De ahí en más, el ministerio siempre perdió. Uno de esos juicios fue por $ 132.657, otro por $ 243.689, otro por $ 1.115.003 y otro por $ 1.556.056. En este último se está trabajando en la liquidación final, porque el juicio empezó hace dos años y se entiende que la cifra ahora debe ser reajustada por IPC más un 0,5% de intereses mensuales.
Se espera que la semana que viene esté la sentencia concerniente a una funcionaria cesada en plena licencia médica, con una tuberculosis contraída aparentemente en el refugio, que reclamó $ 1.910.033. Larrea está esperanzado en que se puede lograr un buen resultado puesto que el tribunal de apelaciones que tiene el caso ya ha fallado a favor de los trabajadores demandantes.
Cierran radio comunitaria que se financiaba con refugio
La radio comunitaria de afinidad comunista que se financiaba con el dinero que aportaban los empleados del refugio Eusebio Vidal debió cerrar sus puertas luego de que los empleados fueran cesados de sus cargos e hicieran público —en un artículo publicado en Qué Pasa en febrero pasado— que la ONG les cobraba entre 4% y 7% a cada uno de sus empleados para financiarla.
La ONG, que tenía entre sus jerarcas a un edil del Partido Comunista, en tanto, dejó la semana pasada de encargarse del refugio. La ministra Marina Arismendi había dicho en octubre pasado en otra emisora de San José que todo lo que había pasado en la Eusebio Vidal le quitaba “el sueño” y que significaba para ella un “dolor de muelas”.
La radio de la Eusebio Vidal se llamó “Red Pueblo”, y en su página de Facebook tienen una foto de un muro blanco pintado en azul con las palabras: “Asociación Civil Eugenio Vidal”. La emisora había empezado a funcionar en 2014, mismo año en que el Mides le delegó por primera vez la responsabilidad del refugio en el departamento de San José. Hoy el muro en la red social sigue activo, y suelen colgar noticias sobre el Frente Amplio. En su programación, en tanto, mantenían una fuerte diatriba en contra de Donald Trump, y también a favor del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
En las sentencias de los juicios realizados por los exempleados del refugio, los encargados de este advirtieron que el pago de la colaboración para hacer funcionar la radio no era obligatorio, sino que cada uno era dueño de elegir si quería o no colaborar.
La defensa, en tanto, alegó que había una relación de poder por tratarse de sus empleadores, y que hubo amenazas de no renovar los contratos en caso de que no lo pagaran. El descuento no aparecía en el recibo de sueldo, sino que se efectuaba el pago y luego se cobraba la “colaboración”.
Contratos irregulares
En el pedido de información realizado por El País también se le solicitó a la cartera la cifra de contrataciones directas realizadas desde inicios de este gobierno, o sea a partir del 1 de marzo de 2015. En la respuesta solo se enumeran las contrataciones desde 2016, debido a que la “sistematización de esa información” existe desde esa fecha.
Según el Mides, entre 2016 y septiembre de 2018 se hicieron 60 contrataciones directas. Entre estas se destacan las de ONG para la promoción de políticas de género: para talleres de derechos sexuales y reproductivos, cursos de diversidad sexual en plataformas virtuales y talleres sobre violencia en el noviazgo, por ejemplo.
Se contrató también a una ONG para llevar adelante “talleres de sensibilización” de periodistas y comunicadores de Rivera y Tacuarembó, y otra para el Plan Nacional de Equidad Racial.
La Eusebio Vidal, en tanto, fue contratada cinco veces de manera directa desde 2016, lo que motivó observaciones del Tribunal de Cuentas y tres pedidos de informes por parte del diputado banco Martín Lema. Sin embargo, en la respuesta del Mides no figura esta información.
Oposición pide se expliquen contratos con ONG
Tras la salida de la Asociación Civil Eusebio Vidal de la gestión del refugio del Mides en la ciudad de San José luego de una serie de irregularidades —como el descuento a empleados de una parte del sueldo para financiar una radio comunitaria—, la cartera eligió ahora a otra ONG cuyas contrataciones también han estado en la mira del Tribunal de Cuentas, y que han motivado la sospecha por parte de la oposición.
La asociación se llama Factor Solidaridad y era la que gestionaba el refugio en San José antes de que Eusebio Vidal fuera contratada en 2014 —algo que pasó seis veces consecutivas, siempre con observaciones por parte del Tribunal de Cuentas—.
Los contratos del Mides con Factor Solidaridad acumulan 17 observaciones del Tribunal desde 2014 hasta fines de 2018.
Por ejemplo, en febrero de 2017 el Tribunal de Cuentas observó un pago de $ 2,9 millones que el Mides le hizo por encargarse de un centro en Montevideo.
El Tribunal volvió a observar un contrato del Mides con Factor Solidaridad en 2018, luego de acordarse un pago de $ 10,6 millones con la ONG para la gestión de un centro de 24 horas para personas mayores de 55 años también en la capital.
El diputado blanco Martín Lema presentó ayer un pedido de informes al Mides cuestionando cómo fue el proceso de contratación que realizó la cartera en esta oportunidad, y pidiendo que exprese las razones por las que fue elegida nuevamente, luego de que, según el legislador, esta “recibiera denuncias” por su mala administración del refugio.
“Factor Solidaridad era quien gestionaba el refugio con anterioridad y sobre su gestión trascendieron problemas de funcionamiento. Por otro lado, no encontramos en la página de contrataciones estatales el llamado a licitación por el cual se la contrató de vuelta”, señala Lema.
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