El sacrificio de poseer una casa famosa

Memoria en ruinas

Entre los 1.500 monumentos históricos los hay en buenas condiciones y en pésimas. El Estado no ha sido un buen propietario ni un buen gestor. Faltan estímulos para restaurarlos y más controles. Dos proyectos y una nueva ley se encaminan para que poseer un bien protegido deje de ser un problema.

Única: en la calle Atahona, en Aires Puros, quedan los restos de la casa más antigua de Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto
Única: en la calle Atahona, en Aires Puros, quedan los restos de la casa más antigua de Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto

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De la casa más antigua de Montevideo solo quedan los huesos. Queda un esqueleto de ladrillos parcialmente sostenido por unos brazos de hierro que aguantan lo inevitable. Esta fue, en 1750, la residencia veraniega del primer gobernador, José Joaquín de Viana. Ahora, a los pies de las ruinas, un hombre duerme.

Peligro de derrumbe, advierte un cartel destruido del municipio C. Sitio en proceso de recuperación, aclara otro, descolorido, de la Comisión Especial Permanente del Prado.

El vecino de este monumento histórico nacional se llama Alfredo García. Está sentado sobre un almohadón en la vereda. Sin quitar la vista de su celular, dice:

-Dejaron un cascarón vacío. A esta casa la cuidaba un sereno, pero falleció y la casa se vino abajo. El municipio se llevó las puertas, las rejas, las ventanas. Después desaparecieron la chimenea y los mármoles. Hasta las baldosas se llevaron.

Prado: Juan Pablo Corlazzoli es propietario de una vivienda que es monumento histórico. Foto: F. Ponzetto
Prado: Juan Pablo Corlazzoli es propietario de una vivienda que es monumento histórico. Foto: F. Ponzetto

Cuatro años atrás vinieron unos arqueólogos y le contaron a Alfredo que esta chacra era tan grande que demolieron una parte para hacer la calle. Entre los huesos que quedan creció un ombú y creció maleza, que llega hasta las rodillas. Entre la maleza hay colchones.

A unas cuadras de este lugar, Daniel Díaz escucha rock y corta madera. Acaba de pintar las paredes de la casa donde alguna vez pintó Pedro Blanes Viale y tiempo después compró su familia. La prepara para convertirla en un salón de fiestas. Él vivirá en la parte de atrás.

Acá no había piso. Todo era abandono.

Para que la Comisión Especial Permanente del Prado autorizara la obra, Díaz contrató a un arquitecto que le cobró US$ 8.000. Como hizo un muro sin esperar su aval, pagó una multa de US$ 2.000.

-Nos intimaron a arreglar la casa o se la quedaba la Intendencia para poner una biblioteca. Eso de ninguna manera, dije; si nunca nos ayudaron a cuidarla. Así que me puse a arreglarla con mis manos.

Enfrente hay otra casa que luce como un monumento, pero no lo es. Es de 1925.

-Nunca hicimos el trámite para la declaración porque el Estado no tiene promoción para el patrimonio, dice uno de sus dueños, Pedro Lamas, que es arquitecto.

La quinta de Piñeyrúa fue adquirida por Francisco Piria, que la fragmentó y la vendió. Foto: F. Ponzetto
La quinta de Piñeyrúa fue adquirida por Francisco Piria, que la fragmentó y la vendió. Foto: F. Ponzetto

Monumento histórico puede ser un bien privado o uno público. Puede ser una vivienda, un cuadro, un jardín, un espacio, el Candombe o un barrio. A veces es una condición impuesta y otras buscada, pero ese trámite, el de adquirir esa protección, el de tener ese estatus, es un trámite que ya nadie quiere hacer. Porque, ¿qué gano si poseo un pedazo de patrimonio? “Es como ganarse la lotería pero al revés”, dice el asesor inmobiliario Julio Villamide. “Más bien es tener un problema”, afirma el arquitecto especializado en patrimonio William Rey.

Y esto ya no da para más.

-Tenemos que revertir la condición de clavo remachado que tiene hoy un monumento histórico para convertirlo en un objeto de deseo- propone Rey.

Para eso tiene un plan. También tiene un plan la Intendencia de Montevideo (IM), y otro el Poder Ejecutivo, que redactó un proyecto de ley que quiere modernizar y ampliar la normativa de 1971.

La cruz de una casa famosa.

Entre arquitectos apasionados por el patrimonio hay dos dichos. Uno dice que no heredamos todo lo que queremos, ni queremos todo lo que heredamos; el otro, que si te regalan un castillo es mejor decir que no. En Uruguay las reglas para proteger el patrimonio se pusieron en 1971, en los tiempos en que Julio María Sanguinetti fue ministro de Cultura. No llegamos tarde a la discusión del mundo, porque fue en 1972 que la Unesco consagró la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.

Esta ley dio nacimiento a la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación y desarrolló como elemento de gestión la categoría de monumento histórico nacional, con restricciones que impone la norma y que los propietarios deben soportar para no afectar la calidad del bien. Por ejemplo, necesitan una autorización para pintar porque una pintura inadecuada podría dañar el material original.

El director de esta comisión es Nelson Inda y dice que del stock no se puede dar un número exacto pero sí aproximado: serán unos 1.500 bienes, en su gran mayoría privados. El resto son públicos, y de ellos debe cuidar el Estado pero, reconoce, “muchas veces no ha actuado como debería”.

Cuando eso sucede, de una casa pueden quedar únicamente los huesos. O puede derrumbarse, como le ocurrió a la parroquia de Santa Clara de Olimar.

Nicolás Barriola y Wiiliam Rey, arquitectos especializados en patrimonio. Foto: F. Flores
Nicolás Barriola y Wiiliam Rey, arquitectos especializados en patrimonio. Foto: F. Flores

Sobre los bienes protegidos también tienen puestos los ojos las intendencias, algunas más que otras. En el caso de Montevideo existen los bienes de interés departamental, municipal, los conjuntos urbanos protegidos y desde 1982 funcionan comisiones especiales integradas por organizaciones públicas y privadas que operan en 10 zonas, que tienen categoría de áreas patrimoniales (entre otras Ciudad Vieja, Prado, Carrasco y Punta Gorda, Peñarol, Pocitos, Reus Sur y Norte). Allí están inventariados 26.000 padrones, todos ellos con una calificación que les da un grado de protección que va desde cero (sustitución deseable) hasta cuatro (protección integral). De estos últimos hay unos 6.000.

Todos deben pedir una autorización si quieren intervenir su propiedad, pero los de mayor grado tienen más restricciones. Son también quienes aspiraran a mejores beneficios. Si el propietario tiene un plan de gestión de mantenimiento (reciclaje, rehabilitación de fachada, mantenimiento correcto, vegetación protegida) podrá solicitar la exoneración de la contribución inmobiliaria. Este descuento solía ser hasta del 100%, pero una resolución de 2017 lo topeó en 75%.

Por eso, por estos días, en el hogar de ancianos Amelia Ruano de Schiaffino, exquinta de Pedro de Piñeyrúa, discuten cómo pagar la factura anual de $ 297.795 por contribución. Volverán a hacer el trámite para pedir un descuento, que se renueva cada uno o dos años, y si lo consiguen, de todas formas, tras la nueva norma, les significaría un gasto de $ 74.500 que antes no tenían.

La familia Schiaffino Ruano compró cinco hectáreas. El casco de estancia se convirtió en un hogar de caridad para mujeres enfermas y ancianas. Foto: F. Ponzetto
La familia Schiaffino Ruano compró cinco hectáreas. El casco de estancia se convirtió en un hogar de caridad para mujeres enfermas y ancianas. Foto: F. Ponzetto

El mismo procedimiento intentará Juan Pablo Corlazzoli, el más reciente propietario de una hermosa residencia del Prado que fue construida en 1930 para el embajador de Alemania. De pie junto a su jardín con especies protegidas, que solo pueden ser podadas por un ingeniero forestal, dice:

-La casa nos da muchos costos. Está bien, hay que proteger los bienes, estamos permanentemente repintando para que no haya óxido, hacemos un esfuerzo muy grande, pero el municipio no lo reconoce al no permitirnos ahorro en los impuestos.

Los propietarios sienten que el bien común les pesa en los hombros: son ellos los que se sacrifican para que nosotros disfrutemos la vista.

El saladero Pedro de Piñeyrúa trajo arquitectos, artesanos y materiales desde Europa para edificar una casa quinta de 60 hectáreas en 1908. Foto: F. Ponzetto
El saladero Pedro de Piñeyrúa trajo arquitectos, artesanos y materiales desde Europa para edificar una casa quinta de 60 hectáreas en 1908. Foto: F. Ponzetto

Ganar restaurando.

El otro estímulo que existe para estos propietarios -y que no todos conocen- es la devolución del IVA en los materiales de construcción para un reciclaje. Esto le ahorró a la rehabilitación del teatro Solís más de US$ 1.000.000. Pero no es incentivo suficiente para que un inversor opte por restaurar un bien protegido en vez de edificar desde cero. Nicolás Barriola, arquitecto que participó en diversos proyectos de edificios patrimoniales, dice que una muestra de lo costosas que son estas operaciones es que el arancel de los arquitectos se incrementa 50%.

-Cuando hacés un edificio nuevo tenés los requerimientos del cliente, pero acá también es el edificio el que te pide cosas: es un actor más.

Las empresas, explica, se cubren de los imprevistos, y para eliminar incertidumbres se requiere una inversión de análisis previo -que puede incluir un escaneo del edificio para ver hasta la más mínima fisura- que ronda los US$ 10.000 e insume más tiempo del habitual para ponerse manos a la obra. Luego, algunos de estos bienes requieren un gasto de entre US$ 50.000 y 100.000 al año para el mantenimiento de su conservación.

Sin embargo, la experiencia demuestra que muchas veces rehabilitando construcciones patrimoniales se ahorra y además se gana prestigio por la asociación de valor que traen consigo.

-Eso de que la fachada de mi casa es mi fachada no deja lugar a dudas -opina el arquitecto Rey, quien dirigió la Comisión del Patrimonio tiempo atrás.

Los expertos consultados, incluidos Inda (el director de la Comisión del Patrimonio) y Ernesto Spósito, el director de Unidad de Protección del Patrimonio de la IM, coinciden en que hay que revertir el peso de poseer un bien patrimonial aumentando los incentivos.

Para ello hay dos planes encaminados; uno que a Inda le agrada y otro que no.

El que sí apoya es una iniciativa de los arquitectos Rey y Pablo Rodríguez Gustá, que ya fue presentado a distintas organizaciones vinculadas al patrimonio y tuvo una buena recepción. La propuesta es crear el Observatorio Patrimonial del Uruguay, que funcionaría en la órbita del futuro Instituto del Patrimonio Cultural de la Nación (que será fundado si se aprueba el proyecto de ley), con el propósito de controlar y calificar el conjunto de los bienes protegidos.

El observatorio operaría a la manera de un clearing, midiendo el activo de un bien (su valor) y su pasivo (obligaciones no cumplidas, su mal estado, entre otros criterios), resultando en un índice cuya calificación determinaría qué bienes tienen derecho a un beneficio y cuáles no.

Para ello prevé generar nuevos estímulos. La propuesta es incluir en la ley de mecenazgo para la cultura a estos proyectos arquitectónicos patrimoniales y así conseguir interesados en invertir en su rehabilitación, conservación y sociabilización a cambio de devoluciones fiscales. Para que sea posible, habría que modificar el tope actual de la ley de US$ 1.300.000 al año y subirlo a US$ 10.000.000. Se le garantizaría al Ministerio de Economía el cumplimiento de una correcta manutención del bien a través de una fiscalización regular.

-Hoy el patrimonio no se cuida. La comisión no tiene capacidad de fiscalización, pero este índice permitirá fotografías recientes de los bienes. Además, podría tener un efecto económico muy importante y mejorar la oferta turística y cultural.

Decenas de habitaciones, baños, miradores y un enorme jardín con especies únicas implican un gasto enorme cada mes. Foto: F. Ponzetto
Decenas de habitaciones, baños, miradores y un enorme jardín con especies únicas implican un gasto enorme cada mes. Foto: F. Ponzetto

El negocio intangible.

Cada año la Comisión del Patrimonio tiene un presupuesto de $ 21.000.000 (unos US$ 751.745): $ 9.000.000 son para gastos de funcionamiento, $ 9.000.000 para inversiones en bienes y los $ 3.000.000 restantes para comprar obras de arte. Este ingreso está “lejísimos del ideal”, dice Inda. Es que $ 9.000.000 costó la restauración de la casa de María Moreno en Colonia del Sacramento. En una sola obra se fue el presupuesto de un año en inversión.

Por ley el Estado está obligado a costear los bienes de su dominio y es por eso que limita la incorporación de nuevos al inventario. Un decreto estipula que si un propietario es incapaz de sostener su inmueble, puede solicitarle al Estado su expropiación y este no puede negarse.

-Es el gran problema que tenemos, por eso en los últimos años solo declaramos bienes con los que previamente hablamos con sus propietarios y están dispuestos a mantenerlos -dice Inda.

Esto explica por qué el edificio de Assimakos no tenía una protección, aclaran expertos. Porque, cuando la tierra pelada vale mucho, ¿quién quiere una declaración que implique que la propiedad no puede ser demolida ni ampliada? El asesor inmobiliario Villamide hace una cuenta rápida: supongamos una propiedad de 500 metros cuadrados en Pocitos, con una casa que ocupa la mitad, a un valor de US$ 2.000 el metro cuadrado. Esa propiedad tiene un valor de US$ 500.000. Ahora, si se pudiera demoler, en una zona donde se puede construir hasta 10 pisos, el valor del terreno pasaría a ser de US$ 2.000.000.

Spósito, de Patrimonio de la IM, sabe que se necesita equilibrar la ecuación y por eso anuncia que la comuna está a punto de emitir un decreto que promocione la transferencia del derecho de edificación del bien. Es decir, comercializar el valor de esa construcción de 10 pisos que el propietario no puede aprovechar convirtiéndolo en un bono que compra un tercero para edificar esos 10 pisos en una zona que la IM le indique, y que a su vez quiera poblar. “Es una situación de ganar-ganar”, opina Spósito, que cita como ejemplo la experiencia en Curitiba y en Santiago de Chile.

Pero, si el propietario no invierte esta ganancia en su propiedad, se le incrementará la contribución inmobiliaria.

Sin embargo, Inda retruca que el ordenamiento territorial de Montevideo ya está armado y no puede aplicarse la morfología de un predio a otro que no lo permite. No apoya la iniciativa.

El rostro de nadie.

El hombre que custodia la entrada de la casa de ancianos Amelia Ruano de Schiaffino es portero en un turno y jardinero en el otro. En el bosque que rodea la majestuosa construcción hay especies únicas y protegidas. Podarlo cuesta US$ 780 por mes; retirar la poda, otros US$ 470. A veces los ayuda el Ejército.

Las antiguas caballerizas son habitaciones para sus 77 internos, cuyas celosías están rindiéndose a tantas décadas de vientos y lluvias. La escalinata de mármol de Carrara está manchada y cuando se termina de pisar el último escalón hay que esquivar un encintado de “pare” porque allí el piso está hundido. Dentro, todo es exclamaciones. Es un viaje en el tiempo que, dependiendo de la habitación y el piso que se recorra, parece el escenario de una película de época o de una de terror.

Gabriel Sitjar jugaba en esta mansión cuando era un niño y ahora colabora con la herencia de sus familiares, que integran una comisión que soporta un presupuesto deficitario para cumplir con el deseo de su fundadora: hacer caridad. Pero la herencia pesa, y pesa cada vez más cuando se rompe alguna cosa. El arreglo de la claraboya costó US$ 1.000, impermeabilizar la azotea salió US$ 10.000. De todas formas la casa se llueve, los caños se tapan y la instalación eléctrica es un desastre. El muro que separa la propiedad del resto del barrio está roto. La Intendencia presiona, pero sus propietarios no saben cómo pagarlo.

-Cada rotura es un dolor de cabeza -dice Sitjar, mientras pelea con una ventana que no quiere abrirse. Ya no puede.

Mientras los descendientes de Schiaffino sufren, el Parlamento comenzó a tratar un proyecto de ley que no conformó a muchos de los técnicos que trabajaron en él. Dicen que el Ministerio de Cultura modificó la redacción y quitó los cambios más significativos. Sin embargo, reemplaza el concepto de monumento histórico nacional por el de bien de interés cultural, que es más amplio, y propone dos categorías de protección. Prevé la creación de un Sistema Nacional de Protección al Patrimonio Cultural, a la manera de un órgano consultivo, bajo la órbita del MEC, que coordine las áreas que trabajan para proteger un bien. Crea un Instituto del Patrimonio Cultural, pero no funcionará con la independencia que los expertos imaginaban para él -proponían una especie de LATU para el patrimonio-, ni con el profesionalismo que reclamaron -los asesores seguirán siendo honorarios. A su vez, el proyecto incorpora la exoneración del Impuesto de Enseñanza Primaria.

Una comisión conformada por cinco mujeres descendientes de Amelia Ruano de Schiaffino llevan adelante una casa de ancianos en la exquinta. Foto: F. Ponzetto
Una comisión conformada por cinco mujeres descendientes de Amelia Ruano de Schiaffino llevan adelante una casa de ancianos en la exquinta. Foto: F. Ponzetto

El salvataje del patrimonio ya no puede esperar y la sociedad presiona para protegerlo. Esto sucedió con el edificio de la confitería Cantegril y con el dique Mauá. La agrupación civil Basta de Demoler Montevideo se propone mantener este tema en la agenda compartiendo cada demolición que se realiza sobre un bien con valor arquitectónico. Su fundador, Erich Schaffner, vinculado a proyectos de restauración edilicia, les comunica a las comisiones asesoras permanentes si ve una irregularidad.

Pero, cuando se trata de una demolición en aquellos barrios donde la ley de Acceso a la Vivienda de Interés Social opera, es decir Cordón, Centro, Parque Rodó, sus reclamos caen al vacío, porque estas son zonas donde aún la IM no hizo un inventario y no existe una protección sobre las viviendas. La única avenida que se salva es 18 de Julio y sus plazas, que en 2015 se declaró área patrimonial. Reparar esto, dice Spósito, es una deuda que la comuna saldará pronto.

Si no se apura, al ritmo de demoliciones que existe, Schaffner estima que en una década el Centro y el Cordón van a cambiar de rostro. Más bien, lo van a perder. Todo será nuevo. No habrá más casas con nombre propio, ni una historia que contar. La esquina de nuestro hogar será igual de genérica y anónima que cualquier otra esquina del mundo.

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