LA VIDA POR UN MEJOR SUELDO

La mayoría de los policías muere cumpliendo tareas clandestinas de seguridad

Tras la muerte de un policía cumpliendo funciones clandestinas de seguridad, el Ministerio del Interior se debate entre ceder a las presiones de los gremios y autorizar la actividad, o seguir el camino del director de Policía: prohibir el uso de armas de reglamento fuera del horario de servicio.

Operativo policial en Montevideo. Foto: Archivo El País
En 2017, una banda criminal se enfrentó a la Policía en el barrio Brazo Oriental. Murió un delincuente. Foto: Archivo El País

A Rogelio Souza “lo mataron por ser policía”. Esto concluye el director nacional de Policía, Mario Layera, en entrevista con El País. El agente realizaba tareas encubiertas de seguridad en una empresa de reparto de bebida, cuando cuatro delincuentes -uno de ellos era un compañero de trabajo, que fingió haber sido reducido en el asalto- le dispararon seis tiros para acceder al cofre con la recaudación. Todo ocurrió el miércoles 5 de junio pero el robo se había planificado con anticipación, e incluso habían acordado cómo repartirse el botín.

Layera está convencido de que el famoso 223 -como se les llama a las guardias privadas que realizan algunos policías de forma clandestina- los “expone a la muerte”. Afirma que en esos casos utilizan “el arma que les da el Estado, los conocimientos que les da el Estado y la formación” al servicio de un particular. El Ministerio del Interior les proporciona las herramientas por las que se los emplea, pero nada tiene que ver con ese vínculo laboral, que es irregular. Entonces, según el jerarca, en ese contrato se gesta “el principio de la corrupción” policial.

Por eso la semana pasada, en una conferencia de prensa sobre otro asunto, propuso que los policías que realicen actividades privadas estén impedidos de utilizar su arma de reglamento. El anuncio generó revuelo a nivel político y sindical, y motivó que las principales autoridades de la cartera recibieran este jueves a los gremios. “El ministerio se deslindó de los dichos de Layera”, declaró Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom).

En esa reunión, el ministro Eduardo Bonomi accedió a aumentar las horas de 222 -el servicio legal que permite a los uniformados desempeñarse como guardias de seguridad-, y les transmitió que incluso podrían habilitarlos a ejercer tareas de custodia en empresas de seguridad registradas. Ahora la cartera deberá elaborar una propuesta, promover un proyecto de ley y que el Parlamento lo vote. El cambio no será inmediato.

En tanto, el impedimento de utilizar las armas de reglamento durante la actividad privada, como había propuesto Layera, quedó en suspenso a partir de la reunión. Sin embargo, en la entrevista con El País -que se desarrolló dos horas antes del encuentro-, el director de Policía ratificó sus dichos y explicó en profundidad por qué habría que prohibir el uso de este armamento en el trabajo particular (ver más en A6).

La decisión del ministerio conformó a los gremios, que plantean que recurren a esta actividad clandestina “por necesidad”. Juan Fagúndez, penalista y experto en criminología, explica que esta práctica tiene “una raíz muy sencilla” en que se ven obligados a obtener un segundo sa- lario. En la actualidad, los uniformados de menor rango cobran un sueldo de $ 27.000 líquidos. El último incremento fue en 2014 y desde entonces se ha ajustado de acuerdo con la inflación.

Fagúndez considera que esta “realidad económica los impulsa a tomar otro trabajo”, algo que no está prohibido por ley. Lo que sí es violatorio es que los agentes presten servicios de seguridad, por lo que los registran con otras funciones. Repartidor, gondolero, chofer, reponedor, asistente de descarga y pistero son algunos de los trabajos que, en teoría, realizan. Pero muchos de ellos portan su arma de reglamento y llevan a cuestas su experiencia policial, un valor preciado para ciertos patrones.

“Está implícito que si pasa algo, actúen de manera justificada por ser policías. Ellos desarrollan una tarea diferente, pero se sabe que hay una zona de riesgo. Si una empresa privada contrata a un policía para hacer jardinería, salvo una casualidad muy lejana, tal vez tenga que intervenir en algo en lo que su posición como policía le sirva”, agrega el abogado.

Policía administrativo que trabajaba en un reparto de bebidas fue asesinado en Las Piedras. Foto: El País
Policía administrativo que trabajaba en un reparto de bebidas fue asesinado en Las Piedras. Foto: El País

Layera dice que la mayoría de las muertes de los uniformados fueron durante el 223 y no en acto de servicio. Los números del Ministerio del Interior lo apoyan, en parte, ya que estimar cuántos agentes fueron asesinados en la actividad privada es difícil; en especial porque se trata de una tarea clandestina. En el último año y medio, tres policías fueron abatidos en funciones. Nueve murieron por “otros motivos”, y si bien no está claro cuál fue el contexto, posiblemente haya sido ejerciendo el servicio clandestino.

Respaldo y dudas.

Las dudas también traen problemas. Luis Clavijo, secretario general de Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), expresa que los agentes no sienten “suficiente respaldo” del Ministerio del Interior, por lo que no se animan a disparar ni siquiera cuando están en funciones. “Así nos matan. En cuestión de segundos hay que elegir si terminamos presos o en el cementerio”, asegura.

Esta situación se agrava durante las funciones clandestinas porque, si bien la ley orgánica estipula la “indivisibilidad y permanencia” de la tarea, los agentes se exponen a graves sanciones si disparan en esos casos. En el último año y medio, tres policías (de los 23.000 que hay en el país) fueron formalizados por homicidio, según datos del ministerio. Tampoco está claro cuántos de ellos cumplían servicio como 223 en ese momento.

Clavijo reclama mayor respaldo de sus autoridades. Expresa que “no hay confianza” y advierte que la defensa jurídica de la cartera “es lamentable”. Según él, el ministro “saca las manos del fuego cuando quema” y no les da las garantías que necesitan. “Todos sabemos que hay hechos complicados y si los compañeros no están procesados es porque el ministerio tuvo que contratar abogados particulares”, sentencia.

Rodríguez, la presidenta del Sifpom, tiene una opinión similar. Afirma que los jerarcas muestran “falta de empatía” y señala que Bonomi “no supo ganarse el cariño” de sus trabajadores. “Cuando un compañero muere, en vez de estar al lado, siempre se pone la falta que tuvo el funcionario. No se piensa que hay un papá, un tío que no vuelve. Cuando el policía busca que un ministro salga a decir que va a encontrar al delincuente que lo hizo, él sale a decir que el policía no estaba usando el chaleco”, agrega.

Sin embargo, Layera considera que el respaldo “no ha variado” en el tiempo. Dice que está consagrado hasta en la Constitución y que el accionar de los uniformados debe guiarse por los códigos de procedimiento policial. “En situaciones críticas, donde el elemento fundamental es la legítima defensa, es igual para todos. Está en nuestra genética”, sostiene.

La Policía detuvo a dos adolescentes, que fueron condenados. Foto: Archivo El País
Patrullero de Policía de Montevideo. Foto: Archivo El País

Y sobre este punto hay otro desacuerdo. Los sindicatos reclaman la aprobación del proyecto de ley de legítima defensa presunta, que daría por hecho que todos los policías actuaron bien salvo que se demostrara lo contrario. El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry presentó esta iniciativa en 2015, propuso que fuera una prioridad legislativa y que se aprobara en este período. Pero el Frente Amplio no le dio los votos y el texto duerme en el Parlamento desde entonces.

Rodríguez considera que ese proyecto podría darles la protección que necesitan: “No logramos que se apruebe porque muchos piensan que favorece el gatillo fácil, cuando el gatillo fácil lo tienen los delincuentes. Buscamos normativas que nos permitan estar más confiados al momento de defender nuestras vidas y las de los demás”.

Disparos en el aula.

Otro punto de discordia entre los gremios y el ministerio es la formación. El curso mínimo de la Escuela Nacional de Policía es de seis meses y es al que acceden los funcionarios de los grados más bajos. Estos son los uniformados que actúan en la vía pública, los que previenen y reprimen cuando la situación lo amerita. También son los que cobran los sueldos más magros.

Para Layera, ese tiempo de formación “está bien”. Hace hincapié en que los agentes se actualizan todos los años, y agrega que reciben contenidos prácticos y teóricos. Los cursos mínimos incluyen 600 disparos y el énfasis en la capacitación depende de qué tareas vaya a cumplir el estudiante. La Guardia Republicana, el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) y los policías encubiertos son los que reciben más formación.

Los gremios, sin embargo, no están conformes. Clavijo, del SUPU, dice que los cursos en Montevideo “son serios”, pero denuncia que en el interior la situación es distinta. “Ahí lo primero que les piden es que salgan a limpiar, olvidándose que los tienen que preparar para la función. Debería aprovecharse todo el tiempo en eso y no malutilizarlo”, afirma.

En tanto, expresa que los policías de antes “transmitían mejor los conocimientos”. Cuenta que eran tutores que instruían a los nuevos y les daban consejos que habían ganado con la experiencia. La exigencia mínima para entrar a la Escuela de Policía es tercero de ciclo básico completo en el caso de los subalternos, esos que se forman en seis meses. Los oficiales deben estudiar cuatro años allí.

Gráfica Qué Pasa

Rodríguez, del Sifpom, recuerda que tuvieron una reunión con la dirección de la escuela para que los cursos fueran “más completos”. Le pidieron mayor formación en el aspecto legal, en especial sobre derecho laboral. También reclamaron talleres sobre primeros auxilios, ya que algunos policías tienen estos conocimientos y otros no. “Algunos no saben si es mejor trasladar a un compañero herido o dejarlo allí”, revela.

Pero lo que más les preocupa es el cambio que muestra la delincuencia. La presidenta del gremio dice que el tiempo de formación “es el mismo de siempre, pero los criminales ya no son iguales”. Denuncia que los delincuentes “mutaron”, que la droga “hizo estragos” y que ahora se debe actuar “con mucha más violencia”. Lo que reclaman es que los formen para lo que se van a encontrar en la calle.

Marta Balfer está de acuerdo con esta mirada. La integrante de la flamante Academia Uruguaya de Investigación Criminal y Ciencias Forenses, creada por varios expertos para emitir opiniones en conjunto, considera que el sistema “necesita una reestructura”. Propone darles mayor profesionalización a los policías, clasificar a los delincuentes en función de si son rehabilitables o no, y reprimir más. “Creo que Uruguay no ha saldado su debate emocional sobre la represión. Siempre se reprime hasta ahí, y en ese mundo de grises se mueven los delincuentes y los policías”, agrega.

Layera reconoce que el crimen avanzó. No lo oculta. Es más, expresa que los primeros en sentir el cambio fueron los policías que están en la calle. Asegura que hay “un mayor enfrentamiento” entre uniformados y delincuentes, producto de la violencia con la que los criminales vienen actuando en el último tiempo.

El problema es que no hay una solución a la vista. El Ministerio del Interior ya incorporó nueva tecnología y mejoró la formación de los uniformados, pero habría que seguir tomando medidas de contención. Layera propone que haya cámaras de videovigilancia en todas las esquinas de Montevideo, que se quite de una vez por todas el dinero en efectivo y se sustituya por medios electrónicos, y que se construyan nuevas cárceles que “rehabiliten mejor”.

Pero la respuesta del ministerio es siempre la misma: “No hay presupuesto”.

Layera espera retirarse al final de este gobierno

El director nacional de Policía, Mario Layera, espera retirarse de la actividad pública cuando termine este gobierno. “Se supone que sí y tengo todo preparado para eso”, dice en entrevista con El País. Si le ofrecieran un cargo en el próximo período, afirma que debería evaluarlo y conversarlo con su familia. El jerarca tiene 38 años de experiencia policial: estuvo al frente de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, fue jefe de Policía de Montevideo y desde hace tres años ocupa el máximo cargo de esa fuerza.

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