Descendientes olvidados

El Congreso español discute una ley para ampliar el acceso a la nacionalidad de descendientes que hasta ahora fueron dejados de lado. En Uruguay se estima que se beneficiarían miles. Además, se preparan otras medidas para reforzar los derechos de la comunidad en el extranjero.

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Jorge Torres Cantalapiedra recuerda con nostalgia, pero sin remordimientos, los tiempos en que el Centro Gallego de Montevideo era popular. "Hacíamos fiestas y venían 400 personas. Bailaban y hacían temblar los pisos", dice ahora, que es una de las autoridades del Consejo de Residentes Españoles de Uruguay (CRE) y ve cómo esta y la mayoría de las 45 agrupaciones que reúnen a la población española se están vaciando. La solución para salvarlas, confía, es conquistar a los nietos. Para muchos uruguayos, a España hay que aprender a quererla como madre patria y para eso el primer paso es convertirse en su ciudadano.

La nacionalidad española se transmite por sangre. Es una cadena que si no se rompe puede llegar tan lejos como la familia de descendientes quiera. El problema es que el Estado español mantiene unas trabas para acceder a la nacionalidad que perjudican a miles de nietos en nuestro país y a millones en el mundo.

El jueves 6 el Centro Gallego estaba movido, mucho más que de costumbre. Había jóvenes. Rodeaban a Sara Vilà Galán, senadora por Podemos, madrina de un proyecto de ley que "quiere hacer justicia con los colectivos de nietos discriminados". Para eso pretende modificar el artículo del Código Civil que establece que todo descendiente en el exterior debe ratificar antes de los 18 años su voluntad de mantener la nacionalidad española, información que miles desconocen y por eso llegan tarde.

Además, la nueva norma les otorgaría la nacionalidad a los descendientes de los que emigraron por razones económicas antes, durante y después de la Guerra Civil y tuvieron que nacionalizarse en el país de acogida para conseguir un trabajo formal —exigencia que imponía Uruguay. También reconocería a los nietos de las españolas que al casarse con un extranjero debían tomar su nacionalidad, o las que tenían marido español pero al emigrar la perdían. Las reglas eran así para las mujeres hasta la Constitución de 1978.

La senadora Vilà Galán voló 12 horas para pasar 72 en el Río de la Plata reunida con la colectividad española de un lado y otro del río: con los representantes de los 440.000 ciudadanos que hay en Argentina y los 70.000 que tenemos en Uruguay. Aquí vino a hablar con Torres Cantalapiedra, quien preside la comisión de residentes en el extranjero que defiende sus derechos ante España. Esta es una gira política, porque aunque en nuestro país la noticia de la ley no tuvo eco, en el resto del mundo se sigue minuto a minuto.

El asunto es que se trata de una deuda histórica, "de una injusticia con los que emigraron por la hambruna y por la violencia de la guerra", insiste la senadora. La deuda fue saldada parcialmente en 2007 con la Ley de Memoria Histórica, que además de cambiar el nombre de plazas, calles y de exhumar restos humanos en fosas comunes, amplió el acceso a la nacionalidad a los hijos y nietos de los exiliados políticos durante la Guerra Civil. Pero los nietos debían ser menores de 18 años, lo que según la senadora "no tenía ningún sentido".

Para los colectivos que representan a los 2.300.000 españoles en el exterior, es inaudita una discriminación por género y por edad cuando se trata de la descendencia de emigrantes que durante décadas enviaron remesas a sus familiares que pasaban hambre en España.

Jorge Torres Cantalapiedra recuerda los tiempos en que le decían que él era "un gallego de mierda". En las décadas de 1940, 1950, 1960, cuando los barcos traían miles de gallegos hambrientos, ser español no era cosa buena. "Mis compañeros de escuela lo ocultaban. Hasta que terminamos el liceo, empezamos la facultad y de pronto ser español pasó a ser una forma de abrirse puertas", cuenta.

Por resentimiento hacia el país que los expulsó, o por vergüenza, muchos españoles negaron su nacionalidad y también sus hijos. Con la Ley de Memoria Histórica los nietos menores de 18 pudieron acceder a la ciudadanía, pero para ello había que presentar la partida de nacimiento del abuelo o del padre originario. En Uruguay fueron alrededor de 10.000 los nacionalizados, indica el Consulado.

Miguel Pérez, consejero suplente del CRE, administrativo del Club Español, que también suele estar vacío, estima que esta norma alcanzó apenas al 10% de la población potencial en nuestro país. El mayor problema fue que estos documentos se registraban en iglesias que durante la Guerra Civil fueron incendiadas. La ley otorgó cuatro años para realizar el trámite, pero el desborde burocrático dejó a miles esperando turno mientras conseguían el documento.

En Cuba y en Venezuela hay decenas de miles que no obtuvieron una nacionalidad que ahora lo desean con desesperación. Aunque en el mejor de los escenarios la nueva ley de nacionalidad —también apodada nueva ley de nietos— se aprobaría en 2019, en la isla ya hay filas en la embajada y se venden falsos formularios para comenzar el trámite. Según información que le llegó a Pérez desde el consulado, la intención de emigrar es mayor ahora que en la crisis de 2002. El cónsul español en Uruguay, José Rodríguez Moyano, se negó a hacer declaraciones para esta nota

En España, los opositores temen que la ley sume 2.000.000 de españoles, pero la senadora Vilà Galán está segura de que serán muchos menos porque considera que esta "no es una población que emigre masivamente". "Serán algunos cientos de miles", dice y agrega: "es una ventaja para España y se está viendo con excesivo recelo sin pensar en las consecuencias positivas que puede llegar a tener que nuestra comunidad crezca en el exterior".

Los nietos pueden ser muy valiosos para algunos y muy poco para otros, depende de cómo se los vea. Esta ambigüedad se trasladó al Congreso español cuando luego de que el Senado votó apabullantemente a favor de ingresar este proyecto, una vez que pasó a diputados, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) dio marcha atrás presentando un cúmulo de enmiendas que restringen la nacionalidad solo para los nietos mayores de 18 años que quedaron afuera de la norma anterior por el límite de edad.

Este viraje fue visto como una traición y fue rechazado por la inmensa mayoría de las sedes del PSOE en el extranjero. Vilà Galán aún no escuchó las explicaciones a estas enmiendas, pero supone que tienen que ver con que ahora el PSOE gobierna —desde la destitución de Mariano Rajoy— y que además hubo por parte de los trabajadores de los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores un temor al colapso. "Se dieron recortes de personal y el sistema está saturado, entre otras cosas por los problemas que causó el pasaje al voto rogado, pero la solución no es negar los derechos que se merecen los descendientes, sino poner más recursos", opina.

Según publicó el portal España Exterior el 30 de noviembre pasado, el cónsul Rodríguez Moyano dijo que la derogación del voto rogado y la ampliación de acceso a la nacionalidad aumentará de "manera impresionante" el trabajo en el consulado. "Nos vamos a quedar muy por debajo de personal para hacer frente a esta demanda", anticipó preocupado.

Jorge Torres Cantalapiedra recuerda las historias que le hizo su abuela, los 30 días que pasó con ella en 1986. Sus siete hijos comían raíces hervidas durante la hambruna y una vez los militares les dieron pan con cemento. A un hijo casi lo fusilan, otro cruzó la frontera con Francia a nado, y un tercero fue enviado a Londres durante un tiempo para ser criado como un niño de la guerra. Ya de adolescente emigró con su hermana mayor, de 18 años, a Uruguay. Esa joven es ahora la madre de Torres Cantalapiedra, que asegura que su país siempre fue generoso con sus descendientes, y como prueba de ello dice que el Hogar Español es la institución que más aportes recibe del Estado español en el mundo. "Estamos hablando de millones de euros", aclara.

Para intensificar la relación con su diáspora, 25 años atrás España organizó a sus descendientes en torno a los consejos de residentes, que cada invierno se reúnen en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, donde plantean acciones y planes de trabajo, que el gobierno selecciona y financia.

Los intereses de España en Uruguay, dice Cantalapiedra, "son muchísimos". Pero también se necesita cautela, porque los ciudadanos españoles de bajos recursos pueden aspirar a decenas de ayudas sociales. Esta también puede ser una de las motivaciones tras las enmiendas del PSOE. Esta semana comenzó la ponencia en diputados para discutir el proyecto de ley. Pisándoles los talones está la duda de cuándo se llamará a elecciones generales, porque un cambio de legislatura alejaría la esperanza de que se haga justicia pronto para estos nietos.

Los nietos que algunos quieren y otros no. Los nietos que se sienten ciudadanos españoles de segunda y que Podemos quiere convertir en protagonistas de otra ley para estimular su retorno a la madre patria. Esta misión ya la comenzó Galicia hace dos años, ofreciéndoles a estos parientes del otro lado del mundo vivienda y becas de estudio para repoblar las aldeas vacías. Ahora quiere llevar familias.

Son 20 los uruguayos que ya hicieron las valijas y volvieron al hogar donde empezó su historia.

El auge de los abogados que asesoran a sus clientes online

Máchelin Díaz Tavarez es abogada de extranjería. En su canal de Youtube, Díaz actualiza las novedades de la nueva ley de nietos. “Hemos recibido muchas consultas sobre la ley. Casi el 80% de las consultas son de cubanos, el resto proviene de argentinos, venezolanos, colombianos”, cuenta. También la contactaron uruguayos. La atención se realiza por cualquier medio de comunicación online, el costo es de 35 euros por 35 minutos y 50 euros por una hora.