MALABARES PARA CONSEGUIR UN TECHO

La llave que abre un viejo drama

Con la llegada de 30.000 inmigrantes en los últimos tres años creció una franja de ciudadanos que no acceden a la vivienda. En busca de una solución, el Parlamento discute tres proyectos para reducir los desalojos colectivos, recuperar las casas vacías y universalizar el acceso a las garantías.

Caos: la cantidad de inmuebles ocupados se duplicó desde 2015. Foto: Fernando Ponzetto
Caos: la cantidad de inmuebles ocupados se duplicó desde 2015. Foto: Fernando Ponzetto

Dos viernes atrás, mientras los uruguayos sufrían por quedarse afuera del Mundial, siete mujeres y sus 10 hijos tenían una cita en el Poder Judicial para decidir dónde vivirían el resto del invierno. Seis de ellas son inmigrantes peruanas y dominicanas, y la mayoría de los niños nacieron en nuestro país. En febrero ocuparon cuatro casas vacías y ahora la Fiscalía les ordena retirarse bajo el riesgo de ser procesadas por usurpación.

Este no es un caso más. En él se enlazan el drama de la población que no accede a las garantías de alquiler, el abuso que las pensiones ejercen sobre los inmigrantes, la necesidad de rehabilitar inmuebles vacíos y de ordenar los desalojos colectivos para evitar que las familias queden en la calle de un momento a otro. Sucede en el preciso momento en que tres proyectos de ley que abarcan estas problemáticas están siendo discutidos en el Parlamento.

Si esta situación hubiera ocurrido seis meses más tarde, es probable que su destino fuera distinto. Pero como sucede en este contexto, podría convertirse en un caso paradigmático en el que la Justicia deberá procurar que se respete el derecho a la propiedad privada y el derecho a acceder a la vivienda a la misma vez.

Esta historia de inmigrantes comienza con un problema compartido por miles de uruguayos. Ninguna de las mujeres que ocupan las casas tienen acceso a una garantía, algunas porque no tienen un trabajo formal y otras porque reciben un sueldo insuficiente para cumplir con los requisitos y costear la renta. Según una investigación reciente de la consultora JVA, unos 30.000 personas viven en pensiones en Montevideo. La gran mayoría son extranjeros a los que les cobran precios más altos. Una habitación compartida por cuatro, siete o 10 personas puede valer entre $ 8.000 y $ 18.000. Además no suelen aceptar niños, y si lo hacen les suben el precio.

Foto: Fernando Ponzetto
Foto: Fernando Ponzetto

Los inmigrantes que comenzaron a llegar cuatro o cinco años atrás —en los últimos tres se otorgaron 30.000 residencias a extranjeros— ya tienen hijos, y el caos por encontrar un cuarto se intensificó. Algunos de ellos comenzaron a ocupar casas vacías. Por lo general hay intermediarios que les venden "la llave". Las siete mujeres dicen que se la compraron a un uruguayo que "andaba ofreciendo casa en las puertas de las pensiones". Pedía $ 10.000 por familia y a cambio les aseguraba que por varios meses no serían desalojados, porque los tiempos judiciales para expulsar a ocupantes son más lentos si hay niños adentro.

En febrero ingresaron a cuatro casas sobre la calle Mercedes, algunas con sus parejas, otras solas y con sus hijos. Todas las viviendas conforman un mismo padrón y son propiedad de un extranjero. Detrás de las puertas, el panorama era: tierra, excremento, baldosas rotas, revoques caídos. De acuerdo a los recibos sin abrir que encontraron, llevaban nueve años vacías.

En Montevideo, 30.000 viven en pensiones

Debido a las bajas exigencias para el ingreso, las pensiones se convirtieron en la principal opción habitacional para inmigrantes. El Núcleo de Estudios Migratorios y Movimientos de Población de la Udelar está realizando una investigación en el marco de un convenio con la IM. Relevó más de 100 pensiones clandestinas, muchas en edificios y casas ocupadas. Aunque el acceso es fácil, los costos son altísimos y las condiciones de salubridad y hacinamiento, terribles: algunos pagan por la cama y se la turnan con otras tres personas. Los cortes de agua y luz son habituales y hubo casos de extorsión con amenazas de desalojo y de deportación con complicidad policial, cuando en nuestro país está prohibido.

Un vecino le avisó al propietario de la ocupación, que le avisó a su abogada. Claudia Vallarino los visitó y les ofreció reintegrarles el dinero que habían pagado. Los ocupantes dijeron que no podían seguir pagando pensiones y que ya habían acondicionado estas propiedades. Le propusieron quedarse y pagarle al dueño un alquiler, pero el propietario no aceptó porque planea venderlas.

La abogada respondió realizando una denuncia policial que fue trasladada a Fiscalía. El fiscal a cargo del caso les dio un plazo de 20 días para retirarse bajo riesgo de ser procesados por usurpación, delito penado con hasta tres años de prisión y que podría jugarles en contra para obtener la residencia permanente.

Las siete mujeres visitaron el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho y sus abogados presentaron el 2 de mayo una petición al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) solicitando que se les otorgara una garantía de alquiler aunque no cumplieran con los requisitos económicos, u alguna otra solución. El 25 de junio la Fiscalía emitió una nueva orden dándoles otros cinco días para partir. Si bien el ministerio tiene un plazo de 150 días para responder, ante la presión de la Fiscalía la defensa presentó una acción de amparo para que la Justicia Civil intime al ministerio a cumplir con la petición.

El día en que Uruguay quedó afuera de la Copa, un grupo de niños se dormía en las sillas de un juzgado mientras sus madres oían a la jueza y a los abogados discutir dónde pasarían las próximas noches.

El reino de las pensiones.

Jessika llegó de Cuba con su familia la semana pasada. La pensión le cobra $12.000 por una habitación compartida por cuatro. Foto: F. Ponzetto
Jessika llegó de Cuba con su familia la semana pasada. La pensión le cobra $12.000 por una habitación compartida por cuatro. Foto: F. Ponzetto

Cada miércoles la organización civil Idas y vueltas recibe a decenas de inmigrantes recién llegados. Esta mañana les explican qué se necesita para alquilar. Jessika vino de Cuba hace ocho días. Carga con una beba y la acompañan su hermano adolescente y su marido. Duermen todos en el mismo cuarto de una pensión y pagan $ 12.000. Solo tiene dinero para mantenerse un mes. Saca de un bolsillo un papel que indica que deben tener tres recibos de sueldo y estar afiliados al Banco de Previsión Social, pero no cuánto deben ganar para lograr una garantía y cubrir una renta.

El Mvotma exige un salario mínimo de $ 16.065 (15 UR) como requisito para acceder a un contrato de garantía de alquiler. La Contaduría General de la Nación es una opción para funcionarios públicos, jubilados y empleados de empresas que tienen convenio, y pide un mínimo de dos años de antigüedad laboral. Anda y Porto Seguros solicitan tres meses en un empleo y permiten juntar recibos de sueldo de más de una persona, pero el valor del alquiler no puede superar el 35% del ingreso líquido. Ninguna de las garantías respalda a un trabajador endeudado (en el Clearing). El ingreso de las siete mujeres que ocuparon las casas varía entre $ 7.000 y $ 12.000; el alquiler de un apartamento de un dormitorio en el Centro no baja de $ 13.000.

Para Leonardo Fossatti, miembro del Núcleo de Estudios Migratorios y Movimientos de Población de la Udelar, es una paradoja que miles de inmigrantes y uruguayos paguen precios similares a los de un alquiler por una habitación compartida en pensiones clandestinas.

Según datos proporcionados por la Intendencia de Montevideo (IM), hay 268 pensiones registradas de las cuales 192 están habilitadas. Cada vez ingresan más solicitudes de registro. En convenio con la IM, el Núcleo de Estudios Migratorios realizó una investigación para determinar cómo funcionan estos negocios. De acuerdo a información a la que accedió El País, el informe arrojó que hay más de 100 pensiones ilegales en edificios ocupados y en inmuebles abandonados subarrendados a propietarios de pensiones por ocupantes. Allí los inquilinos son rehenes de todo tipo de abusos que ocurren en un punto ciego al que no accede la administración municipal ni nacional.

La intención de la IM es modificar la normativa redactada en 2008. Mientras esto sucede, los especialistas que tratan con inmigrantes creen que el problema de la vivienda es una bomba de tiempo. Tal vez el caso de las siete mujeres y sus 10 hijos podría ser una detonación.

Durante la audiencia por la acción de amparo la jueza sugirió consultar por una solución habitacional al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), pero el Mides no tiene soluciones habitacionales: tiene refugios. El Mvotma señaló en la contestación a la demanda de amparo que "de quedar en situación de calle estas familias podrían ir a refugios", pero en los refugios no se admiten familias: los hombres van por un lado y las madres con hijos por otro.

Fossatti dice que son pocas las familias que van a refugios para evitar ser separadas. Algunas no tienen otra salida.

No más casas vacías.

La próxima semana, mientras la abogada Vallarino inicia la acción de desalojo y los abogados de las siete mujeres aguardan la sentencia por el amparo, en el Parlamento se avanzará en el tratamiento de dos proyectos de ley que podrían ampliar el acceso a la vivienda de los más vulnerables.

Uno de ellos, presentado por el Mvotma, propone identificar los inmuebles urbanos y vacíos durante más de 24 meses y actuar judicialmente para asegurarse su recuperación. La ley habilitaría a este ministerio y a la Agencia Nacional de Vivienda a demandar ante la Justicia a los propietarios que no cumplan con el deber de cuidar, conservar y usar los inmuebles que establece la ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (2008).

Los dueños deberán presentar un plan de rehabilitación del inmueble. Si no lo hacen o no cumplen con él, el bien podrá ser rematado y adquirido por el Estado (que tiene preferencia) o por un privado, recibiendo su propietario el dinero por esta transacción. Quien adquiera el inmueble está obligado a recuperarlo o se podrá volver a solicitar su venta judicial.

Salvador Schelotto, director nacional de Vivienda, explica la importancia de este proyecto con una oración: "Buena parte de nuestra problemática de vivienda se solucionaría recuperando y rehabilitando las unidades que ya existen antes que construyendo más". Según Julio Villamide, asesor inmobiliario, nuestro país necesita sumar al stock unas 20.000 viviendas por año pero se construyen menos de la mitad, "lo que genera un déficit que se va agrandando a medida que pasa el tiempo".

El censo de 2011 relevó 42.716 inmuebles vacantes. El 77% son casas y 7% son edificios altos, la inmensa mayoría ubicados en barrios céntricos de la capital que ya cuentan con servicios. "Esta ley podría ayudar a ampliar la oferta en esas zonas y a generar nuevos modelos de negocios específicos para los sectores que no consiguen garantías", opina Villamide.

Una alternativa para recuperar estos inmuebles podría ser el coliving, una solución habitacional que no exige garantías, contratos ni depósitos elevados, que se está multiplicando en el mundo y desde hace algunos meses desembarcó en Montevideo. "Es una intuición, pero creo que los proyectos de este tipo que ya existen apuntan a sectores de ingresos medios y altos. Sin embargo, creo que la misma modalidad con un apuntalamiento del sector público podría ampliarlo a aquellas personas que no acceden a garantías de alquiler y de esta manera competir con las pensiones", dice Schelotto.

Hace menos de un mes la empresa de Villamide firmó un convenio con el Municipio B para estudiar la viabilidad de desarrollar un coliving en un inmueble de más de 500 metros cuadrados vacío en Ciudad Vieja. Su propietario fue ubicado y se mostró interesado en rehabilitarlo. En este lapso de tiempo ya van dos inversores locales interesados en este modelo de negocios. Y otros dos presentaron proyectos en la oficina que dirige Schelotto.

Cuatro casas vacías ubicadas en la calle Mercedes fueron ocupadas por siete mujeres. Foto: F. Ponzetto
Cuatro casas vacías ubicadas en la calle Mercedes fueron ocupadas por siete mujeres. Foto: F. Ponzetto

Reducir los desalojos.

A fines del año pasado la diputada oficialista Susana Pereyra presentó un proyecto de ley para ordenar los desalojos colectivos y estimular las prescripciones adquisitivas en espacios ocupados por más de cinco años. La propuesta pasará a la Cámara de Representantes la semana que viene, aunque con algunas observaciones puntuales del Partido Nacional, que entiende que no respeta del todo el derecho a la propiedad privada.

La norma abarca los inmuebles ocupados por más de cinco núcleos familiares por un período mínimo de 24 meses continuos sin que el propietario haya iniciado acciones judiciales para recuperarlo. El propietario deberá acompañar la demanda de desalojo de un proyecto que especifique cuál será el destino del inmueble. El juez deberá valorar si este proyecto es viable, con el fin de que no vuelva a ser abandonado. Si no lo avala, no dictará sentencia de desalojo y los ocupantes podrán permanecer allí.

En cambio, si el juez inicia el desalojo deberá avisar al Mvotma y a la intendencia correspondiente. La expulsión de los ocupantes se hará un año después de la sentencia. "Es una manera de darles tiempo a las intendencias y al Estado para que respondan a los realojos de las familias", explica Pereyra. En septiembre de 2016 una sentencia judicial otorgó 72 horas para desalojar a 48 familias del asentamiento La Quinta, pero recién en octubre estarán listas las viviendas para su realojo. Llevan casi dos años viviendo en la extrema precariedad.

El 15% de los asentamientos están en terrenos privados. Exigiendo un plan de rehabilitación, Schelotto cree que se podrían reducir situaciones especulativas. "Algunos propietarios usan el argumento de la ocupación para presionar al Estado para que le compre el terreno ante su incapacidad de realojar a tantas familias".

La segunda parte del proyecto quiere impulsar las prescripciones adquisitivas que la ley de ordenamiento territorial habilita a realizar tras cinco años de ocupación. La diputada Pereyra y el director de Vivienda explican que en una década no ha habido ni un solo caso de estos. "Sucede que muchos ocupantes no sabían que tenían este derecho y los que sabían no podían cumplir con los requisitos complejos y caros que entorpecían su aplicación", dice Schelotto. Por ejemplo, era responsabilidad de los vecinos contratar a los técnicos para el fraccionamiento del terreno, lo que ahora quedaría en manos del ministerio y de las intendencias departamentales.

Garantías para todos.

El diputado comunista Gerardo Núñez confía en que su proyecto de ley de alquileres será tratado una vez que se vote el de los inmuebles vacíos. Su propuesta es topear el costo de los alquileres a un 4% de su valor catastral y universalizar el acceso a las garantías de alquiler. Distintos economistas y promotores inmobiliarios creen que fijar un tope sería un error, ya que desestimularía a los inversores que están construyendo. Él responde que esta es una experiencia exitosa en distintas ciudades de Francia, Estados Unidos y Alemania, que les permitió reducir el peso de la renta en el ingreso del hogar.

Respecto al acceso a las garantías, propone que la Contaduría General de la Nación cubra a todos los empleados afiliados al Banco de Previsión Social. En su plan quinquenal, el Mvotma se puso como meta entregar 6.000 garantías de alquiler, cifra que ya superó. Además de este programa, el ministerio subsidia 900 alquileres en casos puntuales que son derivados de distintos convenios con instituciones que trabajan con poblaciones vulnerables, como víctimas de violencia doméstica, de trata, refugiados y próximamente testigos protegidos. Antes de fin de año, Schelotto se propone lanzar un nuevo programa que apunte a subsidiar parte del alquiler de aquella población que tiene capacidad de pago pero no accede a las garantías.

Al final del túnel hay otra salida. Desde 2008 el ministerio generó un sistema de sorteos que otorga préstamos a 3.000 cooperativas de vivienda por año. Para asociarse a una cooperativa se necesita un único pago de $ 2.142 (2 UR) y un ingreso del núcleo inferior a $ 64.200 (60 UR). Según Alicia Maneiro, presidenta de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, entre sus afiliados hay obreros, recolectores y una comunidad venezolana que está a punto de comenzar a construir. Ellos también ven con buenos ojos la recuperación de espacios vacíos: "Es nuestra oportunidad de volver a poblar el centro", dice.

El futuro suena alentador para aquellos que hoy lo ven negro. Falta saber qué suerte tendrán las siete mujeres y los 10 niños que están protagonizando el caso emblema de una vieja madeja difícil de desenredar.

El boom de las cooperativas: 10.000 nuevas en cinco años

El modelo atraviesa su mejor momento y se consolida como una opción para la población con capacidad de pago pero no de ahorro. Alicia Maneiro, presidenta de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, explica que en 2008 el Mvotma modificó la reglamentación facilitando el acceso a los préstamos. Creó dos sorteos anuales que financian 3.000 unidades. "Antes nos costaba encontrar tierras y llegamos a ocupar algunas. Nos tocaban zonas alejadas: llegaba la cooperativa y atrás venían los servicios. Eso ahora cambió. Tenemos que conseguir terrenos con servicios para lograr el préstamo", dice Maneiro. Las intendencias tienen carteras de terrenos a los que los cooperativistas acceden.

Hoy el 100% de los proyectos son financiados por el Mvotma y los que tienen más suerte empiezan a construirse al año. Las cooperativas tienen entre 12 y 50 miembros. El requisito es que el ingreso del núcleo familiar no supere los $ 64.200 (60 UR) y un aporte inicial de $ 2.142 (2 UR). Del costo total, el 85% es financiado por el Mvotma y el resto se cubre con ayuda mutua: 21 horas semanales de trabajo. Al no haber un requisito que estipule un ingreso mínimo, Maneiro dice que hay cooperativistas de sectores vulnerables, incluso el sindicato de recolectores de basura tiene dos proyectos encaminados y un grupo de inmigrantes venezolanos está a punto de comenzar a construir cerca de la Facultad de Agronomía. "Hemos conquistado espacios en Ciudad Vieja, en Palermo y en los alrededores del Mercado Agrícola, cambiando las situaciones de violencia que se daban y aportándole arraigo al barrio", dice Maneiro. Su próximo objetivo es volver al Centro, por eso les interesa el proyecto de ley que rehabilita inmuebles vacíos.

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