LEY DE ARMAS

Limbo de plomo: miles de poseedores de armas están expuestos a multas millonarias

A dos años de reglamentada la ley, bajó la compra por parte de civiles, pero miles siguen sin permisos y están expuestos a multas millonarias y penas de prisión. El gobierno prevé revisar la norma.

ARMAS
Con 605.000 armas registradas, Uruguay es el país más armado de América Latina y el quinto del mundo, junto a Canadá. Foto: Leo Mainé.

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En este caso, tapar el sol con una mano sería no querer ver la estrecha e intensa relación que los uruguayos tenemos con las armas: hay una cada seis personas. Los aficionados dicen que es un gusto heredado de sus antepasados inmigrantes, que trajeron consigo revólveres, rifles, pistolas y escopetas; y también que estar armado es una necesidad cuando se vive en el campo.

Además de pensar en la defensa, hay quienes poseen armas con fines deportivos, para practicar la cacería o motivados por el coleccionismo.

Siempre hubo muchas. Por eso, en 1943 nuestro país fue el primero de la región en legislar la tenencia exigiendo una guía de posesión para cada pieza, lo que dio pie a un exhaustivo registro organizado por el Servicio de Material y Armamento del Ejército, que sigue la trazabilidad de las armas y las municiones durante todo su ciclo de vida.

Allí, más de 330.000 uruguayos tienen registradas 605.000 piezas, una cifra que según el coronel Pablo Font, director del Registro Nacional de Armas del Ejército (RNA), habitualmente “se mantiene estable” debido a que cada año hay ingresos nuevos al mercado, pero también miles son destruidas (unas 7.000 en 2019).

Sin embargo, de acuerdo a estimaciones de organizaciones internacionales especializadas en la temática, habría varios cientos de miles más circulando de forma ilegal; los más pesimistas dicen que serían tantas como las registradas.

Lo cierto es que Uruguay integra el incómodo podio de los países más armados del mundo que elabora el centro de investigación Small Arms Survey. Detrás de Estados Unidos, Yemen, Montenegro y Serbia, compartimos el cuarto puesto con Canadá, uno de los países más pacíficos.

¿Tradición inofensiva o problema nacional? Diego Sanjurjo, asesor en Seguridad del Partido Colorado, y exinvestigador del mencionado centro, asegura que no hay una correlación entre la cantidad de armas que hay en una sociedad y su nivel de violencia criminal. “La peligrosidad de las armas se da en el contexto en que las uses”, dice.

Incluso advierte que las políticas de desarmes  tienen un “resultado marginal si no están acompañadas de otras iniciativas que se apliquen en simultáneo”. Agrega: “Si pudieras sacar un tercio de las armas de circulación probablemente no cambiaría nada, porque las personas que delinquen acceden a ellas igualmente”.

Quienes las poseen defienden el argumento de que “el problema no es del arma, sino de la mano que está detrás”. Para el abogado penalista Martín Fernández, integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, que analizó a fondo esta polémica tradición y promueve el desarme civil, la razón por la cual hay tantas tiene que ver “con la flexibilidad histórica con la que el Estado permitió el acceso”, y con una “ausencia de políticas para desestimular su tenencia”.

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Según el experto Luis Tártaro, “saber usar un arma cambia tu lenguaje corporal”. Foto: L.Mainé

Es decir, ¿cuáles han sido hasta ahora los requisitos para adquirir un arma y qué consecuencias ha habido para los que las poseen al margen de la regulación?

El problema —según Fernández— es que la norma que existía “era dispersa y difusa”. Era el Servicio de Material y Armamento del Ejército el que, “haciendo un trabajo de hormiga”, mediante decretos, iba actualizando la legislación. “No había claridad acerca de qué conductas estaban prohibidas en el mercado legal”. En definitiva, opina que “faltaba una normativa de rango legal para ordenar la tenencia de las armas”.

Finalmente esta ley llegó en 2014, pero cuando fue reglamentada —en diciembre de 2016— , el radical cambio de reglas que introdujo el decreto abrió una caja de Pandora que trajo enormes efectos comerciales y jurídicos.

Cientos de personas agrupadas en torno a por lo menos 12 demandas solicitaron ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo la nulidad del decreto (o de parte de él), alegando ilegalidad en varios de sus artículos.

De acuerdo a distintos testimonios, los tenedores se sintieron “engañados”, porque mientras la ley expresaba el cometido de combatir el tráfico interno e internacional promoviendo la regulación y el control del armamento y de su comercio, tipificando delitos y asegurando la idoneidad de quien accede a la tenencia y al porte (el permiso para llevar el arma consigo), el decreto habría implicado “un desarme civil encubierto”.

Denuncian que la reglamentación les quitó un derecho a prepo, imposibilitó la regulación y dejó a miles de armas obtenidas de forma lícita en un limbo regulatorio.

Sin embargo, están confiados en que las nuevas autoridades repararán los “errores” de la norma. Según supo El País, su esperanza tendría fundamento: algunos asesores de seguridad recibieron la indicación de estudiar el decreto para asesorar a los legisladores en un futuro cercano. A su vez, el senador cabildante Raúl Lozano afirmó que “hay voluntad de revisar” la polémica legislación.

El decreto de la discordia.

Durante décadas, bastó con presentar la cédula de identidad para adquirir armamento. Luego, en 1970, para evitar que los guerrilleros accedieran a las armas de forma lícita, se creó el Título de Habilitación para la Adquisición y Tenencia de Armas (Thata), pero el acceso seguía siendo sencillo.

En 2002, alertado por el alto número de piezas sin registrar, el gobierno emitió un decreto que reforzó los requisitos para asegurar la idoneidad de quien solicitara la tenencia. Desde entonces, para tener el Thata, se exigió el certificado de buena conducta, un comprobante de aptitud psicofísica, constancia laboral y formación en el manejo de armas. A pesar de la intención, las malas lenguas dicen que había hasta dentistas entregando certificados psicofísicos a cambio de un pago.

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La norma indica que las armas que no tengan condiciones para ser incorporadas a la cadena de armamento policial. Foto:gentileza Ministerio de Defensa

Con esta normativa, el Thata no se asociaba a un arma específica: o sea que un título de habilitación permitía tener cuantas armas se quisiera y, de acuerdo a los armeros entrevistados, quien tiene armas en nuestro país, tiene muchas. Además, las consecuencias de poseer una pieza con la reglamentación vencida generaba una falta que se saldaba pagando una multa.

A medida que pasó el tiempo, las políticas de desarme civil se promovieron en la región con los gobiernos de izquierda. Primero fue la exministra del Interior Daisy Tourné (2007-2009) quien presentó un proyecto, pero no prosperó. Después, en 2014, tras constatar el incremento de la criminalidad y el uso de armas de fuego en los homicidios —que pasó de 49% en 2011 a 67% en 2015, y siguió trepando—, el Ejecutivo impulsó una nueva “ley de armas” para actualizar la original de 1943.

Debido a un duro enfrentamiento entre el ministerio de Defensa —que hasta ese momento tenía la competencia sobre la temática— e Interior —que ganaría protagonismo al encargarse del registro de las pericias balísticas que serían incorporadas—, la reglamentación de la norma demoró 26 largos meses.

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Hay más armas incautadas, y creció el número de denuncias por armas robadas y extraviadas

Según cifras del Ministerio del Interior proporcionadas para este informe, la incautación de armas se incrementó en los últimos tres años. En 2017 fueron incautadas 4.149; en 2018 se le sustrajeron a la delincuencia 4.474, y el año pasado 4.921. Por otro lado, el registro de denuncias por hurto de armas también subió:1.526 en 2017, 1.829 en 2018 y 1.799 en 2019. En tanto, las denuncias por extravío evolucionaron de igual manera. En 2017 fueron 480, mientras que en 2018 treparon a 669 y en 2019 a 929. Según expertos consultados estas cifras podrían estar relacionadas a la complejidad de actualizar los permisos que denuncian algunos tenedores de armas. Por su parte, el Registro Nacional de Armas del Ejército estima que cada día recibe unos 10 pedidos de información. El número no está depurado, pero comprende solicitudes del Poder Judicial relacionadas a delitos cometidos, a personas denunciadas por violencia doméstica, y a chequeos de la Oficina de Control Nacional de Armas del Ministerio del Interior para tramitar renovaciones del título de habilitación. En los últimos cinco años, cerca del 80% de las armas identificadas en los pedidos figuraban como registradas.

Cuando vio la luz, el decreto enfureció a miles de tenedores de armas que, agrupados en distintos colectivos —cazadores, coleccionistas, deportistas, tenedores responsables, importadores, armeros— presentaron una avalancha de demandas entendiendo que el decreto se extendía mucho más allá del propósito de la ley.

Esto dejó al descubierto los diferentes intereses y posturas que hay rondando el tema. El abogado Fernández reconoce que detrás de esta normativa está la idea de que “la circulación de demasiadas armas en el mercado legal terminan alimentando al mercado negro porque les son robadas a los civiles”.

Según este punto de vista, tener un arma no es un derecho sino un privilegio, y por consiguiente amerita un control estricto. En la vereda de enfrente, se escuchan planteamientos como el del importador Álvaro Gorga, que pregunta cuántas casas debería estar dispuesto a robar un delincuente, exponiéndose a ser herido, para hacerse de un arsenal. O defensas como la que expone el campeón de tiro y director de la Primera Escuela Uruguaya de Tiro, Luis Tártaro: “No se habla de lo que las armas evitan, pero un delincuente no se mete en una casa porque sabe que se le puede complicar si hay un arma. Si eliminamos la idea de que la gente se puede defender, con el nivel de criminalidad que tenemos se generaría un desastre”.

Para sacarte las ganas.

Los distintos colectivos de civiles armados reconocen que la normativa tiene virtudes, como haber complementado el curso obligatorio de manejo de armas con un examen que toma la Guardia Republicana.

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En 2019 fueron destruidas unas 7.000 armas; 1.000 fueron entregadas por civiles. Foto: gentileza Ministerio de Defensa

También apoyan que la vigencia del Thata —el título que habilita la tenencia y adquisición de armas, que emite el Ministerio del Interior a través de sus jefaturas departamentales— haya pasado de cinco a tres años, y que la Guía de Posesión —que se registra en el Ejército— deba actualizarse cada 10 años (los coleccionistas renuevan su carné anualmente).

Sin embargo, le recriminan que expone la intención de desestimular la adquisición de armas usando una estrategia que combina el endurecimiento de los requerimientos para estar en regla, y el convertir el proceso burocrático en un “trámite horroroso”.

“Fuimos engañados. Lo que logró fue agudizar el tabú en torno a las armas y fomentó el desconocimiento en cuanto al manejo seguro de las mismas”, opina el armero Juan Jiménez.

Desde diciembre de 2016, el Thata fijó como condición estar asociado a un arma; es decir que si quiero tramitar el título de tenencia y no tengo una, primero debo comprarla. Esta regla rige para el comercio en armerías y entre particulares; por eso, si heredo un arma y quiero conservarla o venderla, necesito el Thata. Si pasados los 12 meses no cuento con la documentación, debo entregarla al Servicio de Material y Armamento.

También limitó la cantidad de armas por tenedor a tres unidades —con posibilidad de sumar una cuarta si se prueba su necesidad y el jefe de Policía lo autoriza— y únicamente se habilitaron ciertos tipos.

El abogado constitucionalista Martín Risso presentó dos demandas; una en representación de cazadores y deportistas, y otra de coleccionistas. El principal punto que atacó fue la limitación a tres unidades. “Por un lado no cumple con el principio de proporcionalidad necesaria para practicar estas disciplinas, porque implica el uso de varios tipos de armas; por el otro, esta prohibición no tiene base en la ley que da pie al decreto”, dice.

También impugnó la prohibición de ciertas armas que se habían adquirido legalmente y ahora deben ser entregadas para su destrucción, perdiendo así su propietario cientos o miles de dólares. En el caso de ser coleccionista, les permite conservarlas pero desarmándolas y dejando a sus partes en lugares diferentes; si desean comercializarlas, deberán tallarlas, lo que afectaría su valor. Y además, limita las futuras compras a armas de uso civil, que no tienen ningún atractivo para este cotizado hobby. “Hay un perjuicio económico, porque para estos casos la Constitución exige el pago de una expropiación que acá no se previó”, explica.

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Desde 2018, 413 personas fueron formalizadas por tenencia o porte ilegal de armas, según información de Fiscalía. Foto: Ministerio de Defensa.

En tanto, el grado 5 en Derecho Procesal, Edgar Varela Méndez, llevó su demanda a título personal. Coincidió con Risso en cuanto a la afectación del derecho de propiedad sin resarcimiento económico, argumentando que esa limitación implica “un efecto retroactivo inadmisible”.

También cuestionó la legalidad del artículo que indica que de ser robada alguna de las tres armas, estas seguirán computando dentro de las habilitadas, “lo que implica la sanción vitalicia, incompatible con el estado de derecho”.

Varela Méndez, que practica tiro deportivo, cuenta que para conservar sus armas hizo lo que muchos otros: solicitó el carné de coleccionista, sin ser esta su motivación y además debiendo pasar por estrictos controles anuales.

Según información del Registro Nacional de Armas, actualmente hay unos 2.700 coleccionistas registrados, de los cuales al menos 1.000 son incorporaciones recientes.

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El mal puertas adentro del hogar

A Gustavo Guidobono, presidente de la Asociación de Lucha para el Desarme Civil, le preocupa la peligrosidad de las armas para defensa que están en los hogares y facilitan suicidios, muertes por accidentes domésticos y homicidios entre conocidos (incluso femicidios). “La gente no solamente tiene las armas sino que está más dispuesta a usarlas y eso empezó a generar un síndrome de violencia ciudadana tremendo”. Guidobono no cree que la revisión del decreto tenga quórum en el Parlamento y en cambio tiene la esperanza de contar con el respaldo del gobierno para iniciar una campaña de sensibilización acerca del problema que puede causar tener armas en casa.

Por otro lado, el decreto extremó los requisitos de la evaluación médica y psicológica. Así, además de ser excluyentes los indicios de adicciones y varios trastornos psiquiátricos, quedan excluidas de tener armas las personas con daltonismo y estrabismo; quienes tienen problemas auditivos; las que perdieron una falange en un dedo índice o anular; las que hayan sufrido un accidente isquémico, cardíaco o estén diagnosticadas con diabetes.

Marcelo Marchetti, abogado de la firma Ferrere —y también tirador deportivo— representó a distintos colectivos enfocando el pedido de nulidad en una “filosofía” distinta: “Impugnamos únicamente los artículos que limitan el acceso a las armas a personas que no representan un peligro”, dice.

Aparte de recurrir los aspectos mencionados por sus colegas, manifestó que “limitar severamente el derecho a defensa a personas con dolencias comunes, viola el principio del libertad que protege la Constitución”.

Arma problema.

Para estimular la regulación, las armerías deben presentar cada 72 horas la documentación de todas sus operaciones. Este cambio en la metodología, sumado a una reducción de las importaciones (pasaron de 5.756 piezas en 2015, a 3.334 en 2019), habría provocado el cierre de al menos la mitad de las 120 que están registradas. De las que sobreviven, algunas vieron sus ventas caer hasta 90%.

Gabriel Durán, directivo del Club Uruguayo de Tiro, reconoce que un trámite que solía resolverse en 15 días ahora puede llevar meses, pero que “las personas que quieren estar en regla, lo cumplen”.

Por eso surgieron roles nuevos en el universo armamentil, como el de los asesores que se ganan el sueldo ayudando a los tenedores a presentar la documentación necesaria en la oficina correcta. Vanessa Martínez se dedica a esto desde el torbellino que causó el decreto y tiene unos 10 clientes al mes. Dice: “Marea, no es fácil. Muchos propietarios son mayores y no pueden acceder con facilidad a la información para cumplir con las reglas”.

Analizando la cantidad de renovaciones del Thata, desde 2017 se constata que se incrementaron: 1.688 en 2017; 2.505 en 2018; 2.880 en 2019. En cuanto a solicitudes nuevas, varían entre los 1.075 y 1.685, con tendencia a la baja.

Entonces, hasta el momento, por un lado la normativa sí logró desestimular la compra de piezas nuevas pero, ¿mejoró el control y la regulación de las que ya estaban circulando en manos de civiles?

El número de renovaciones del Thata diría que sí, pero según informó el Registro Nacional de Armas más de 223.000 tienen la Guía de Posesión vencidas.

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Vanessa Martínez instruye a los tenedores de armas para que pueden cumplir con la nueva normativa.Foto: L.Mainé

Por otro lado, de acuerdo a cálculos realizados por Abel Saravia, presidente de la Asociación Uruguaya de Tenedores Responsables de Armas de Fuego, apenas 70.000 llegaron a cumplir con la nueva exigencia de pericia balística que exige la normativa para el 100% de las piezas.

Dice que por un lado esto se debe a que el gobierno no cumplió con su compromiso de difundir la fecha límite para el trámite y cómo hacerlo; por el otro, fue una traba que este análisis únicamente pueda realizarse en Montevideo: “Imagínese lo que implica transportar miles de armas desde el interior”, plantea.

El 4 de enero pasado terminó el margen para regular la documentación o entregar las armas para su destrucción; el Ministerio de Defensa apenas recibió unas 1.000.

Quienes incumplieron están expuestos a que sus armas sean incautadas y a multas que van desde 1.000 a 10.000 Unidades Reajustables (unos $ 12 millones). Pero, si vendieron o entregaron las armas, según la norma cometieron un delito de tráfico con una pena de seis meses de prisión a seis años de penitenciaría.

El rematador Sebastián Zorrilla dirige la única casa de subastas que hacía remates de armas bajo la habilitación del Servicio de Material y Armamento del Ejército. Ya no. “Es demasiada burocracia. ¿Cómo le pedís a una viuda que tiene que hacer el curso y pasar el examen para tener el Thata y así vender las armas que heredó? ¿Y quién está dispuesto a entregar un patrimonio de miles de dólares para su destrucción? Estoy convencido de que con tantas dificultades para regularizarse, amplió el mercado negro”.

En el campo hay trabajos que se siguen pagando con pistolas y revólveres. Escondidas en armarios hay piezas que aguardan con la documentación vencida a que la normativa sea modificada o a que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo comunique las dilatadas sentencias. Están quienes, imposibilitados de regularizarse, las vendieron o regalaron sin papeles. Pero otras personas tienen menos paciencia, o más rabia, o temen cargar con un delito: algunas de ellas están optando por tirar sus armas en las volquetas.

ley de urgente consideración

Rearmar a policías y militares retirados: ¿un cambio de paradigma en las políticas de seguridad?

La discusión en torno a si se debe impulsar un desarme civil se reactivó durante la campaña electoral de 2019. Por un lado el precandidato del Frente Amplio, Mario Bergara, lo incorporó como una de sus propuestas, mientras que la agrupación Casa Grande instó a iniciar un debate al respecto de estas políticas. En tanto, en su programa de gobierno, Luis Lacalle Pou se comprometió a revisar en su primer año de mandato la ley sobre armas y su decreto reglamentario en busca de una “simplificación del registro y regularización de la tenencia y adquisición de armas de uso civil”. Cabildo Abierto adoptó una posición más extrema y planteó la derogación de la ley vigente y confeccionar otra “moderna”, que “simplifique el registro” y permita “la adquisición legal de armas para la legítima defensa”. Aunque el tema no se agregó en el documento “Compromiso por el país”, la mayoría de los aficionados está expectante de que algunos legisladores del gobierno de coalición cumplan con sus promesas de campaña y revisen la normativa. La semana pasada, un militar retirado con permiso para portar armas presenció una rapiña en una casa financiera y reaccionó matando a uno de los delincuentes. Para algunas personas la inclusión en la Ley de Urgente Consideración de dos artículos que restituyen el permiso de porte de armas cortas a policías y militares retirados sin antecedentes y previa evaluación de su idoneidad, señala un cambio de paradigma en la política de seguridad y abre una puerta a la posibilidad de que la polémica normativa sea modificada. Es que la ley de 2014 había determinado que pasados los cuatro años del retiro, tanto policías como militares debían tramitar el permiso de tenencia y porte siguiendo el mismo proceso que los civiles. Para el senador cabildante Raúl Lozano, “desarmar a militares y policías en momentos en los cuales el país está con una gran inseguridad suena insólito o tragicómico”. Y agrega: “Hubo una cuestión ideológica en esa decisión, porque los militares forman parte de la reserva del país hasta su baja, por lo tanto tienen el derecho y la obligación de mantenerse en estado para manejar armas”. Para el abogado Martín Fernández, que apoya el desarme, detrás de esta iniciativa hay un mensaje: “No es simplemente ‘usted puede acceder a las armas de la forma en que lo hacía antes’; es ‘tenga armas, como las podía tener antes, pero además si es posible actúe’”. Alejandro Álvarez, dirigente del Sindicato Único de Policías del Uruguay, planteó ante la Comisión de Defensa que para algunos policías esto puede interpretarse como un compromiso indeseado, y que deben estar claros los requerimientos que determinarán la idoneidad para así asegurar el buen estado psicológico y físico de la población que vuelva a ser armada. “Hay que evitar que esto se convierta en un problema”, advierte.

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