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En un limbo: hogares de ancianos

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Justicia intimó al MSP y a Mides que presenten informes sobre controles al hogar salteño. Foto: AFP.
EL PAIS FOTOS - Par6158542 - PRO - HTH;DES - A woman, suffering from Alzheimer's desease, walks in a corridor on March 18, 2011 in a retirement house in Angervilliers, eastern France. AFP PHOTO / SEBASTIEN BOZON (Photo credit should read SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images) Par6158542 - Angervilliers - Essonne - France - AFP - S BO/ab/cla anciana, veterana caminando por pasillo
AFP - Stringer - AFP/Getty Image/AFP/Getty Images

El cierre de una residencia para adultos mayores en Salto y el posterior procesamiento con prisión de su encargada dejó al descubierto algunas de las situaciones más duras que viven los ancianos en centros de ese tipo, con casos de abuso y abandono. Pero, además, evidenció la deficiente fiscalización del Estado en esos sitios.

El pasado 5 de marzo la Policía, bajo orden judicial, ingresó al Hogar Santa María del departamento de Salto, y llevó a cabo un allanamiento con la presunción de que el mismo presentaba condiciones deplorables para sus internos. Una vez en el lugar, y solo con realizar un primer análisis de la situación, se detectaron varios elementos irregulares.

Según se dio cuenta en el auto de procesamiento, se encontró "una tina con ropas en remojo con agua turbia y cuerdas con ropa de cama y prendas personales tendidas sobre tapas de registros sépticos con desbordamiento de aguas servidas, percibiéndose un olor fétido".

Posteriormente se procedió al allanamiento de otro establecimiento que estaba a cargo de la misma persona, de iniciales L.C., donde se halló la situación de mayor dramatismo. Se trataba de una chacra alejada de la ciudad, donde había un solo empleado a cargo de 15 pacientes. En ese hogar se encontró "un recinto con la puerta cerrada con tres pasadores desde el lado de afuera, y con una de sus paredes confeccionada con huecos".

En esa habitación se encontraba una mujer "que pedía ayuda, pudiendo los presentes ver parte de su rostro y tomar contacto con ella por medio de los huecos de la pared". Se abrieron los pasadores y se constató que el cuarto "no tenía ventanas ni iluminación en su interior, estando el interruptor de la luz afuera".

"Al encenderse la luz, se observó que en gran parte del piso había un lago con orines, así como en un rincón había heces humanas, de todo lo cual emanaba un fuerte olor. La habitación no contaba con acceso a retrete ni tampoco se encontró ningún tipo de recipiente destinado a las necesidades fisiológicas", relató el magistrado en el fallo. También informó que el colchón de la cama desprendía un olor fétido y presentaba hongos.

Por esa situación puntual se dispuso el procesamiento con prisión de la encargada, por el delito de privación de libertad (ver nota en próxima página). Más allá de eso, la Justicia intimó al Ministerio de Desarrollo y al de Salud a que informen por escrito "las acciones concretas que hayan sido adoptadas, en el cumplimiento de sus respectivos cometidos a efectos del abordaje, prevención y corrección de las severas irregularidades constatadas en ambos establecimientos inspeccionados".

"Grandes problemas".

Profesionales vinculados al tema expresaron que las residencias para adultos mayores han crecido mucho en los últimos años, aunque los registros disponibles son pocos.

Las últimas cifras publicadas surgen del Censo 2011, y muestran un total de 903 residencias de larga estadía en todo el país, que se dividen en 416 radicadas en Montevideo y 487 en el interior. En esos lugares vive un 3% del total de los adultos mayores de Uruguay. Involucran a 13.817 personas, de las cuales 11.560 son efectivamente adultos mayores y el resto son pacientes con algún tipo de patología psiquiátrica o similares.

Ricardo Alberti, sociólogo y exresponsable del Programa Nacional del Adulto Mayor del MSP, dijo a El País que en los residenciales hay realidades muy distintas, y reconoció que en algunos hay "grandes problemas". "Hay muchos hogares que funcionan sin habilitación y también muchos son cerrados por las condiciones en las que funcionan y vuelven a abrir enseguida en otro lugar", comentó.

Subrayó el hecho de que "no hay personal capacitado" y dijo que muchas veces quienes se dedican al cuidado de adultos mayores lo hacen por "descarte", luego de no encontrar otras opciones. "No hay vocación, son muy pocos quienes saben cómo tratar a un adulto mayor, muchas veces no se sabe diagnosticar, no se sabe dar el trato necesario", agregó.

Desde enero del año pasado el Mides y el MSP empezaron a compartir la responsabilidad sobre los centros "de larga estadía", como les llaman a las residencias para adultos mayores, tarea que antes sólo correspondía a la cartera de Salud.

Ismael Falco, el juez que tomó el cierre del geriátrico de Salto, puso la mira sobre "la falta de higiene en las instalaciones, el hacinamiento, la carencia de personal especializado y de servicio, carencia de elementos mínimos para atención de los residentes", entre otros elementos. Por eso ahora buscará establecer qué responsabilidades les caben tanto al Mides como al MSP, encargadas de la fiscalización de estos centros y con inspecciones ya realizadas al hogar en cuestión.

La Justicia buscará determinar si hubo falencias de estos ministerios a la hora de fiscalizar, hacer el seguimiento o incluso tomar medidas más drásticas con el hogar Santa María y puntualmente con su encargada, dado que presentaba un complejo historial al frente de ese tipo de hogares en el mismo departamento.

El Mides argumenta que el proceso de clausura de ese establecimiento se dio "a partir de la detección de elementos de vulneración de derechos de los residentes". Alega que tomó conocimiento del problema "durante visitas de fiscalización y seguimiento", y que luego de una intervención del juez y una inspección del MSP, "comprobando la situación precaria a nivel sanitario de dicho establecimiento, se decide el cierre cautelar del mismo en el mes de agosto de 2014".

En ese entonces, y antes de que fueran realojados los pacientes, la mujer decidió abrir otro establecimiento similar, pero debió cerrarlo casi enseguida porque el Mides volvió a constatar irregularidades. De inmediato, la ahora procesada mudó a los pacientes al hogar Santa María, que también recibió observaciones e intimaciones, pero no fue cerrado hasta el reciente operativo ordenado por la Justicia.

Con todo ese derrotero de por medio, el juez del caso se propone establecer si hay negligencia de los ministerios en cuestión por el hecho de que la procesada haya seguido dirigiendo residenciales de ese tipo a pesar de su historial. Fuentes judiciales dijeron que las actuaciones "recién han comenzado en el caso", y que aún hay varios elementos a revisar.

El País consultó al Mides sobre la situación de Salto y la tarea que se viene llevando a cabo con las residenciales, pero se afirmó que este tema lo está centralizando la ministra Marina Arismendi, y que de momento no hará declaraciones al respecto. En el MSP también optaron por no hacer declaraciones.

En tanto, la Sociedad de Gerontología y Geriatría viene siguiendo con preocupación el cambio que hubo en cuanto a la fiscalización de los residenciales, y advirtió que "no es lo mejor" que el Mides sea el principal encargado de la tarea.

"Nosotros no estuvimos a favor de ese cambio que determinó el control por parte del Mides, y lo planteamos en su momento. Nos parece que los residenciales, si bien son centros sociales, son más que nada biomédicos, y eso quiere decir que lo referente a lo médico es lo más importante en los mismos", dijo Graciela Acosta, presidenta de dicha organización.

"Lo ideal sería un trabajo más en conjunto, nosotros vemos que hoy está el Mides por un lado, el MSP por otro y la Sociedad de Geriatría quedó por fuera, cuando es la única que reúne a todos los geriatras del país. Ahora no están teniendo en cuenta a estos profesionales, los dejaron por fuera, y creemos que hay mucho para aportar y mejorar en el tema", advirtió la presidenta de la Asociación. (Producción: Luis Pérez, en Salto)

"Retrasar la internación", dice el sistema de cuidados.

En un documento incluido como borrador en el diseño del Sistema de Cuidados se explica que "la falta de una programación integral de servicios que proporcione soporte para las personas mayores frágiles y dependientes, contribuye al aumento de situaciones de abandono y negligencia de cuidados, así como favorece la exclusión social ante la situación de institucionalización".

El documento afirma en el capítulo titulado "Hacia la creación de un sistema de cuidados para el adulto mayor" que es necesario avanzar en "la búsqueda del retraso de la institucionalización de las personas en situación de dependencia". En tanto, en abril del año pasado el Ministerio de Desarrollo realizó un informe en el cual analizó el "cambio de competencias de regulación y fiscalización de los establecimientos de larga estadía para personas mayores"; ahí se hace referencia al personal de las residencias y se señala que "casi el 20% de los trabajadores son profesionales, dos tercios del total son técnicos y 14% no tiene ningún tipo de formación específica".

Señalan falta de control por parte de las familias.

Ricardo Alberti, sociólogo y exresponsable del Programa Nacional del Adulto Mayor, con especialización en la temática, dijo a El País que "hace falta un gran control por parte de las familias de las personas que están en los residenciales", y comentó que muchas veces los adultos mayores son olvidados en estos lugares, no se los visita y no se hace un estricto seguimiento de la situación en la cual se encuentran, además de no estar pendientes de la atención que están recibiendo. "Si a la familia le dicen que para visitar al adulto mayor tiene que llamar antes de ir o ir en determinados horarios, ahí ya hay algo que no está bien. Si la residencia permite visitar en cualquier momento quiere decir que no tienen inconvenientes en que se vea el trabajo que están llevando a cabo", comentó Alberti a El País. El profesional afirmó que es un error guiarse por las características de "hotelería" que muestran algunos residenciales, y subrayó que lo central es la calidad en la atención y el cuidado médico que reciben los pacientes. "Hay lugares que muestran grandes jardines, pero la realidad es que los adultos mayores prácticamente no salen a los jardines", ejemplificó Alberti.

Tarifas de hasta $ 150.000 incluyen yoga y peluquería.

La oferta de residenciales en Uruguay es por demás extensa, y se pueden encontrar opciones de elite, con un costo mensual cercano a los $ 150.000, mientras que hay otras con niveles básicos de atención, que cobran lo que el adulto mayor pueda pagar.

Hay casos en los que se cobra la totalidad de la jubilación de los adultos mayores, y muchas veces hay formas de abuso asociadas a este aspecto. Por ejemplo, se convence a los adultos mayores de que se endeuden en base a sus jubilaciones. "Hay residenciales en los que el 100% de los pacientes están endeudados por préstamos que pidieron", dijo un profesional de la salud.

Otro de los consultados para este informe consideró que la tarifa promedio en un centro de buena calidad es de por lo menos $ 25.000 mensuales. "Por menos de eso es difícil conseguir algo bueno", expresó la fuente.

Los residenciales de más alto nivel tienen servicios de todo tipo, por ejemplo clases de yoga, pilates, talleres de expresión, paseos o servicio de peluquería, entre otras cosas.

Carlos Spiller, director del Residencial LAR, ubicado en el Buceo, dijo que ese centro ofrece un servicio "diferencial" al común de la atención en residencias, y destacó la calidad de la atención. "Tenemos un edificio de cuatro pisos que no tiene un solo escalón, que contempla la fácil circulación para el adulto mayor. Y en cada piso hay un puesto de control de enfermería. Está todo pensado para dar las máximas comodidades", afirmó.

Otro residencial de elite es La Maison, que ofrece cine, piscina y gimnasio a sus residentes. Tiene apartamentos individuales para los adultos mayores. También brinda un servicio de "botones de alerta", por cualquier imprevisto.

A pesar del olor y las aguas servidas afirman que eran una "gran familia".

Luego de allanar y analizar la situación del hogar para ancianos denominado Santa María, en el departamento de Salto, donde se constataron aguas servidas bajo la ropa lavada, la Justicia dispuso en marzo que los pacientes fueran realojados, y dio para eso un plazo máximo de 15 días hábiles. Esa fecha se cumple el próximo jueves, y por ahora más de la mitad de los ancianos que allí residían tienen un futuro poco claro.

Este tipo de dificultades no empezaron ahora para los 19 adultos mayores del hogar, sino que datan del año pasado, cuando la encargada ahora procesada sufrió la primera clausura de uno de sus hogares.

El director departamental del Mides en Salto, Darío Figueroa, confirmó que los 19 pacientes que se encontraron en aquel entonces fueron los mismos hallados en malas condiciones en el último allanamiento. Incluso, el ministerio explicó que entre el primer hogar clausurado y el Santa María, los internos pasaron por dos lugares más en los que la encargada buscó ubicarlos y hacer funcionar un residencial, aunque desistió por las advertencias de las autoridades.

Ahora, tras el cierre del hogar, el Mides se encargó de señalar que "la responsabilidad sobre los residentes en el establecimiento clausurado es de sus familias" e informó que "se han realizado por parte del ministerio movimientos para contar con la información necesaria sobre cada residente", a fin de buscarles un lugar donde puedan vivir. Según supo El País, dos de las empleadas del hogar clausurado planean abrir un nuevo residencial, donde llevarán a 12 de los 19 pacientes, dado que a siete adultos mayores sus familias ya optaron por retirarlos de allí. De esos 12, hay cinco que no tienen familiares y por lo tanto no tienen lugar a donde ir. Las familias de los otros siete dieron el visto bueno para que vayan al residencial de las exempleadas.

"Expuestos".

El traslado a ese nuevo hogar seguramente se hará la semana que viene, porque si bien se pensaba hacer este fin de semana, aún no se concretará porque "no instalaron la luz en la casa a utilizar". Alejandra Trindade, una de las mujeres que se encargará del nuevo hogar, dijo a El País que tras la intervención de la Justicia los adultos mayores del hogar quedaron "expuestos". Consultada sobre las condiciones que había antes del allanamientos, dijo: "No era un hogar con lujo ni riqueza, pero la comida jamás les faltó, los abuelos estaban higienizados, y si estuvieran mal se los hubieran llevado en el momento".

Luego agregó: "Ahora estamos trabajando gratis, hay abuelos que necesitan ser atendidos y si no vamos nosotras hay cosas que nadie las hace, porque el MSP manda un médico que solo los revisa y una enfermera que solo se encarga de la medicación. Hacemos casi todo el trabajo, a algunos ancianos les damos la comida en la boca, los higienizamos, los bañamos y limpiamos la casa".

Por su parte, Marcelo Acuña, exesposo de la mujer que fue procesada, dijo a El País que se está dedicando intensamente a cuidar a los pacientes, dado que habían quedado sin nadie que se encargara de ellos, y criticó la falta de apoyo del Mides y del MSP.

Por otra parte, sí destacó el respaldo de otras instituciones. "Nunca pensé que fuera a tener tanto apoyo de gente que ni conozco, que cuando se enteraron de las condiciones en que estábamos apechugando este problema para no dejar a nadie en la calle se arrimaron hasta para limpiar pisos".

"Miedo".

Walter Odriozola es uno de los adultos mayores que vive en el ahora clausurado hogar Santa María. Es montevideano, pero se dice "salteño por adopción", y expresó a El País que estaba muy conforme con el trato y la atención que recibía en el residencial.

"No me quiero ir de aquí, se han dicho muchas cosas feas de cómo vivimos, pero yo no tengo quejas y nunca me trataron mal, nos alimentan bien y vivimos como una familia grande; espero que no me corran de acá", reclamó.

Entre sollozos, contó que la pasó "muy mal" el día en que la Policía realizó el allanamiento en el hogar, mediante orden judicial. "Había una cantidad enorme de policías y nos separaron de los empleados del hogar. Ese día fue muy triste y no sabíamos lo que estaba pasando, nadie nos dijo nada ni nos explicó a qué se debía todo ese movimiento. Yo me acuerdo que me dio mucho miedo al ver tantas armas y policías por todos los rincones de la casa", recordó Odriozola.

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Justicia intimó al MSP y a Mides que presenten informes sobre controles al hogar salteño. Foto: AFP.

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