LEY DE URGENTE CONSIDERACIÓN

Libertad vs. lavado: ¿cuánto arriesga el gobierno electo con los cambios a la ley de inclusión financiera? 

El gobierno electo busca derogar la obligatoriedad de la inclusión financiera. Así las transacciones millonarias podrían realizarse en efectivo y expertos advierten que facilitaría el blanqueo.

inclusion financiera
La ley de inclusión financiera determinó que las transacciones mayores a US$ 4.000 se hicieran a través de bancos. Foto: Archivo El País

La visita de una delegación extranjera generó terror el año pasado. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) llegó en mayo para controlar cómo se previenen el lavado de activos y la financiación del terrorismo en nuestro país, lo que llevó a que los legisladores promulgaran una ley de apuro para evitar un rezongo que ya se había anticipado: los parlamentarios sabían que Uruguay podía llegar a integrar la lista gris —o la negra, que habría sido aún peor— de ese organismo.

Luego de más de 40 reuniones en menos de dos semanas, los enviados se mostraron conformes con las medidas que se toman por estas latitudes para prevenir ambas actividades ilícitas. Pero una decisión de último momento, promovida por el gobierno electo, podría volver a sentar a nuestro país en el banquillo de los acusados del Gafilat.

El anteproyecto de ley de urgente consideración —elaborado por el prosecretario de Presidencia designado, Rodrigo Ferrés— plantea la derogación de la obligatoriedad de la ley de inclusión financiera. Esta norma, aprobada durante el gobierno del expresidente José Mujica, establece, entre otros puntos, que cualquier transacción que supere los US$ 4.000 no podrá realizarse en efectivo.

Así se buscó evitar el lavado de activos, sobre todo, en el mercado inmobiliario y de la construcción. Quienes trabajan en estos ámbitos reconocen que es un lugar propicio para el blanqueo de capitales, teniendo en cuenta que los costos de los materiales y el valor de los jornales se pueden maquillar. Fuentes vinculadas a la fiscalización dicen que desde que esta ley fue aprobada, la mayoría de los grandes inversionistas que buscaban limpiar su dinero en Uruguay decidieron migrar hacia otros países más permisivos.

A lo largo de su informe, los técnicos de Gafilat destacaron varias veces la promulgación de la ley de inclusión financiera en Uruguay. “Esta norma reduce los riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo relacionados con el sector inmobiliario y de construcción, que históricamente han sido percibidos como vulnerables, y también en cuanto al sector notarial”, reconocieron en el texto.

También hicieron énfasis en la “trazabilidad y transparencia” que fomenta esta norma, ya que todas las transacciones pueden ser rastreadas para descubrir el origen de los fondos. Así se lograron disminuir, sobre todo, las inversiones extranjeras que buscaban blanquear sus dineros sucios en nuestro país.

Daniel Espinosa, titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), está conforme con el resultado de la evaluación. Dice que “refleja con bastante certeza la situación del país” y que “elogia como medida mitigante” del lavado el uso de instrumentos financieros en las transacciones.

“Siempre las operaciones de alto monto con efectivo en el mercado inmobiliario son de alto riesgo y acá, si se mantiene la redacción del proyecto de ley de urgente consideración, renunciás a controlar. Va a ser difícil de explicar cuando vengan a preguntarnos cómo controlamos ahora algo que antes ya teníamos controlado”, sostiene.

Espinosa cree que es “grave” la redacción actual del texto. Considera que podría ser evaluada como un “retroceso” por parte de Gafilat, aunque el próximo análisis oficial será recién en cinco años. En el medio, a pesar de que Uruguay no integre ninguna de las listas preocupantes del organismo, sí tendrá un seguimiento anual un poco más informal.

“Sabemos que afuera, sobre todo en Argentina, se maneja el dinero ilegal en efectivo. El año pasado tuvimos lo que pasó en Puerto Camacho, en Carmelo (ver recuadro), y la Aduana tiene problemas para controlar el efectivo. La ley de inclusión financiera busca complicar el uso de efectivo por parte de no residentes, entonces seguro nos van a preguntar cómo fiscalizamos ahora a los que vienen con los bolsos de dinero”, agrega.

OCURRIÓ EN 2018

El caso de Puerto Camacho

Un puerto privado en Carmelo, Colonia, estuvo en la mira de las autoridades en 2018. Ese año se descubrió que el financista argentino Ernesto Clarens, vinculado con la causa de la “ruta del dinero K”, habría utilizado esa terminal para sacar unos US$ 200 millones de su país. La Justicia argentina sospecha que los movió a Uruguay en los 164 viajes (91 en barcos privados) que realizó entre 2003 y 2015. La oficina más cercana de Aduanas a ese puerto está a 11 kilómetros y el entonces director del ente, Enrique Canon, había dicho que los funcionarios realizaban visitas “aleatorias” tres o cuatro veces por semana, por lo que no había controles permanentes.

De hecho, el jerarca asegura que la ley sirvió como una “explicación” a la hora de intentar defender las “fronteras porosas” de nuestro país: “Son muy fáciles de traspasar, entonces nosotros sabemos que más allá de lo que se controle o no en las aduanas, las personas deben pasar esta fiscalización cuando compran algo importante en Uruguay”, insiste.

Además, Espinosa diagnostica otro problema en la redacción del texto propuesto por el equipo de Lacalle. Considera que es “muy grave” que los escribanos no dejen constancia en las escrituras sobre cuál fue el medio de pago, porque eso impediría que la Senaclaft rastreara las operaciones en efectivo de alto monto.

Desde que se aprobó la inclusión financiera, los notarios deben dejar por escrito cómo se pagó la transacción. Si registran un medio de pago alternativo —por ejemplo, efectivo— son pasibles de sanciones, agrega la norma. Ese punto sería derogado si el texto actual de la ley de urgente consideración fuera promulgado.

“Si a todo esto se le lograra poner un umbral, aunque sea de US$ 100.000, estos riesgos los estaríamos combatiendo. Se subiría el margen de US$ 4.000, sí, pero el sector de la construcción seguiría teniendo un buen control, que es lo más significativo. Soy optimista y pienso que la ley, así como está, no se va a aprobar”, sentencia Espinosa.

Básica de negociación

Los entendidos en el tema aseguran que el texto de urgente consideración no se mantendrá tal cual está. Dicen que en las negociaciones, sin importar cuáles sean, siempre se pide más de lo que se espera y luego se va bajando, hasta que al final se alcanza lo que en verdad se quería. Eso estaría haciendo hoy el equipo de Lacalle Pou.

Por eso estiman que la derogación de la obligatoriedad de la ley de inclusión financiera no será tal. Como decía Espinosa, los técnicos nacionalistas estarían de acuerdo con introducir topes que permitieran las operaciones en efectivo hasta cierto monto. Así se lograría mayor libertad sin interferir con los controles de lavado de activos.

El principal objetivo, como planteaba el jerarca de la Senaclaft, sería evitar el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario o de la construcción. Las transacciones más chicas, que involucran bienes de menor monto, no estarían en la mira de las próximas autoridades ni de los principales especialistas en esta materia. Por el contrario, la idea es simplificarlas para que los usuarios honestos no paguen las consecuencias de quienes invierten con dobles intenciones.

Leonardo Costa, abogado especializado en derecho tributario, considera que los cambios propuestos podrían “estresar” el sistema de prevención de lavado de activos. Según él, la norma de inclusión financiera permitió que se mitigaran los riesgos y que las transacciones, así tuvieran valores disparatados para lo que se estaba comprando, efectivamente se concretaran.

“Esto no siempre significó que fueran verdaderas; podían ser depósitos por compras ficticias. Pero sirve para disuadir este tipo de conductas, porque el pago tiene que realizarse y el intercambio de dinero tiene que existir. Si se cambia, vamos a tener que introducir otros mitigadores de riesgo”, afirma.

Según Costa, los mayores perjudicados por los cambios propuestos por la ley de urgente consideración serían los profesionales, que son sujetos obligados por la norma de prevención de lavado de activos, puesta en práctica recién en 2018. Desde entonces, los contadores y los escribanos deben advertir ante cualquier operación que les suene sospechosa. Si no lo hacen, son considerados cómplices del blanqueo de capitales.

Si las grandes transacciones volvieran a realizarse en efectivo, estos profesionales deberían estar más atentos al chequear de dónde provienen los fondos.

Hoy en día —y con el marco normativo actual— los contadores, por ejemplo, ya deben tener una ficha de sus asesorados, analizar sus ingresos y verificar su procedencia. De hecho, están obligados a buscar sus nombres en bases de datos internacionales que permiten identificar a las personas que ya realizaron operaciones sucias o sospechosas en otros momentos.

Cuando se promulgó la ley de prevención de lavado, distintos legisladores de la actual oposición se quejaron de que esta norma “recargaba a los particulares”. Decían que el Estado les traspasaba así la fiscalización del blanqueo de fondos.

Palacio Legislativo. Foto: Gerardo Pérez
El Parlamento deberá estudiar el proyecto de ley de urgente consideración. Foto: Gerardo Pérez

De hecho, en una nota previa en esta sección, el senador colorado Pedro Bordaberry consideraba: “Tenés una inmobiliaria y tenés que preguntarle al que te quiere comprar una casa de dónde obtuvo al dinero; si lo obtuvo del narcotráfico o del terrorismo. Si te dice que es narco, seguro salís corriendo del susto que te pegás”.

A pesar de estas diferencias —y teniendo en cuenta el buen resultado que mostró el informe del Gafilat—, el equipo de Lacalle Pou pretende mantener la ley de prevención de lavado. Tampoco habría cambios, por ahora, en la referida a financiación del terrorismo, que debió ser aprobada un día antes de que la delegación extranjera se retirara del país.

Espinosa, de la Senaclaft, explica que el informe de los técnicos extranjeros debe dividirse en dos partes. Por un lado está el cumplimiento técnico, es decir, las normas que el país promulgó para estar a tono con lo que el mundo espera de él. Aquí Uruguay fue de los mejores de la clase, ya que nuestro marco legal es de los más completos del planeta, si de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo hablamos.

El problema llegó en el segundo punto, al evaluar la efectividad de esas normas teóricamente perfectas. “Ahí nos marcan temas claros que tenemos que atacar a futuro: la detección de casos de lavado, la cantidad de decomisos, la cantidad de casos de lavado vinculados a otros delitos que no sean narcotráfico. Nos dijeron que en el sector inmobiliario, por ejemplo, deberíamos haber presentado más cantidad de reportes sospechosos”, cuenta Espinosa.

El jerarca considera que esto es un problema “de todo el sistema” y no de un actor en particular. Argumenta que “no ha dado el tiempo” de aplicar las normas porque ninguna de las dos —ni la de lavado ni la antiterrorista— tiene ni siquiera dos años. Por eso dice que las leyes todavía no lograron traducirse en un mayor número de casos reportados.

“La efectividad también está asociada a los recursos. Gafilat nos llamó la atención en ese sentido y considero que es una excelente oportunidad, ya que este año se va a dar la discusión del presupuesto, de prestarle atención a lo que dice el informe: tenemos que fortalecer puntos clave del sistema antilavado”, asegura. Si esto se cumpliera, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Unidad de Información y Análisis del Banco Central, la Auditoría Interna de la Nación y la Senaclaft, entre otros organismos, deberían recibir una mayor cantidad de fondos.

Indecisión

Entre los profesionales involucrados no hay una sola opinión sobre los cambios propuestos en la ley de urgente consideración. Además, el borrador llegó en días de licencia y las distintas gremiales recién se están reuniendo para analizar el texto.

Por eso Cristina Freire, presidenta del Colegio de Contadores del Uruguay, prefiere hablar a título personal. Explica que están en “pleno proceso de estudio” del anteproyecto, aunque ella también está segura de que la derogación de la obligatoriedad de la inclusión financiera tendrá umbrales, es decir, no será total.

“El tema de la inclusión financiera, en su momento, determinó que todo tipo de transacción tuviera que pasar por los bancos y eso quizás sea un poco excesivo. Ahora creo que va a tener que primar la lógica y el gobierno electo está mandando señales de que tiene las cosas a estudio, por lo que probablemente aquí también haya cambios”, sostiene Freire.

dolares
Los dólares en efectivo, provenientes de Argentina, generan temor entre las autoridades.

Ella considera que todos los profesionales obligados por la ley de prevención de lavado de activos deberían trabajar juntos en este tema. De hecho, el Colegio de Contadores pidió una reunión con el equipo de Lacalle Pou, pero aún no tuvieron respuesta. Quieren informarse sobre los cambios propuestos por el texto de urgente consideración y saber cómo afectarán su trabajo.

“No creo que tengamos una evaluación negativa de Gafilat a partir de esto, aunque continuemos en evaluación. Lo más importante es que tenemos una ley antilavado y un decreto que la reglamenta, y esperemos que la ley de urgente consideración no vaya en detrimento de esa norma”, agrega.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Escribanos del Uruguay, Atalívar Cal, está convencido de que las modificaciones legislativas propuestas por los nacionalistas “no afectarían” el control del lavado de activos. Asegura que hay una “gran confusión” entre ambas normativas, ya que el anteproyecto de Lacalle Pou “nada propone” sobre la fiscalización del blanqueo de capitales.

“Hay que ver la rigidez de una ley de inclusión financiera que requirió muchas prórrogas para entrar en vigencia y siete decretos para tratar de corregir su funcionamiento, sin lograrlo totalmente. Esto ha dejado mucho trabajo perdido para todos los que participan en la cadena económica que generan las transacciones”, sostiene.

Según Cal, los escribanos buscan “facilitar las operaciones y ser coherentes con la lógica del país” en el que hay mucha gente que “no cree en los bancos”. Entonces enumera: “Esos son los que tienen su dinero en cofres o lo hicieron con ahorros en pequeñas cantidades, informalmente a veces, con changas, y no lo fueron depositando. No lo tienen bancarizado y (queremos facilitarles) que puedan poner su capital a generar trabajo ingresándolo al mercado formal”.

El escribano cree que deberíamos mirar lo que sucede en el resto de la región. Él considera que el marco normativo uruguayo es “mucho más rígido que otros países” con los que solemos compararnos a la hora de captar inversiones. “Está claro que no hay que dejar zonas liberadas, que hay que continuar colaborando con el control, como lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, pero también hay que darle racionalidad a ese control”, agrega.

En este contexto, el gobierno electo tiene poco más de dos semanas para alcanzar la redacción final del proyecto de ley de urgente consideración. Lo más probable, como aseguran los expertos, es que la obligatoriedad de la inclusión financiera no se derogue totalmente sino que se estipulen umbrales. Pero un buen negociador, coinciden los especialistas, empieza pidiendo más de lo que en verdad espera lograr.

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