LA CUESTIÓN CATALANA

Cataluña celebra mañana (o quizá no) un referéndum por su independencia en el que están llamadas a participar más de cinco millones de personas sin saber aún en qué lugares se podrá votar, ni quién acreditará los resultados, y sin reconocimiento legal, pero con gran apoyo popular.

Crispación. Esa es la palabra que a juicio de la escritora Laura Ferrero define el clima político actual en Cataluña. Ferrero tiene 33 años y la perspectiva que da haberse criado en Barcelona y vivido en otras ciudades de España y del mundo, de Pamplona a Nueva York, pasando por Buenos Aires. De nuevo en su ciudad natal, considera que la relación entre España y Cataluña es similar a la de un matrimonio en crisis en la que las partes no se dan tiempo y, sobre todo, no se escuchan. "Hace falta diálogo entre los defensores del referéndum y sus detractores", explica.

Los defensores del referéndum reclaman diálogo al gobierno central para atender sus demandas tradicionales: más competencias y autonomía, mejores condiciones fiscales y respeto a la identidad cultural y lingüística de la segunda región más poblada de España, con siete millones y medio de habitantes. Cataluña es también la región que más aportó al PIB de la decimocuarta economía del mundo en ese concepto en 2016, con un 18,9% del total.

Como explica en su blog del Huffington Post la periodista Montserrat Domínguez, "en los últimos años, con la crisis económica y los recortes en gasto público, la percepción de un maltrato fiscal y político frente a otras regiones españolas ha cristalizado en un sentimiento anti- español".

La combinación de ese sentimiento y la percepción de un trato injusto por parte del gobierno central, impulsaron a la mayoría independentista del Parlament de Cataluña a aprobar en una sesión "exprés" la Ley del Referéndum. Con el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont al frente, la consulta sobre la independencia quedó fijada para mañana 1 de octubre.

En esa doble jornada parlamentaria celebrada los días 6 y 7 de septiembre, el diálogo también brilló por su ausencia: los independentistas forzaron que la Ley del Referéndum se aprobase con un solo debate parlamentario —normalmente son dos— y redujeron el tiempo de la oposición para presentar enmiendas a apenas dos horas. La nueva ley salió adelante, además, desestimando el informe del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) de Cataluña, que dio la razón a la oposición al cuestionar los plazos propuestos para tramitarla y la forma, que excluía la posibilidad de presentar enmiendas a la totalidad o solicitar la comparecencia de expertos.

En esa norma se contempla que, si gana el sí —independientemente del número total de participantes y de la diferencia de votos—, el Parlament debe declarar la independencia de Cataluña en un máximo de 48 horas aplicando una ley de "desconexión". Según Jordi Rodríguez Virgili, profesor de Comunicación Política en la Universidad de Navarra (España), "jurídicamente no hay debate, se trata de una propuesta insostenible que atenta contra la legalidad establecida".

Formalmente, es la justicia y no el gobierno central la que está actuando con mayor decisión para hacer cumplir la Constitución española. Fue un juez de instrucción de Barcelona quien, tras la aprobación de una ley que jurídicamente el Parlament no tenía atribuciones para promulgar y por tanto es ilegal, ordenó a la Guardia Civil proceder a 14 detenciones, la mayoría de altos cargos del gobierno catalán acusados de prevaricación, desobediencia y malversación, y practicar 41 registros, incluidos seis despachos oficiales de las consejerías de Economía, Exteriores, Gobernación y Trabajo de la Generalitat relacionados con la organización del referéndum. Y fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que instó a los diferentes cuerpos policiales a impedir el uso de locales públicos para la celebración de la consulta.

Miles de catalanes consideran que las reacciones de las últimas semanas están orquestadas por el gobierno central y fueron desmedidas. Por eso salieron a la calle a protestar contra ellas. La escritora Laura Ferrero entiende que "el uso de la fuerza por parte del gobierno central parece de otros tiempos y no ayuda a que los ánimos se calmen".

En esa misma línea, el educador social Rubén Galilea considera "un desastre" lo que está ocurriendo. "Es intentar apagar un fuego con gasolina. El gobierno central, lejos de solucionar el problema lo agudizará y perpetuará, si sigue rechazando una salida política y democrática al problema político que hay en Catalunya, que podría pasar por crear un Estado federal o confederal".

María Rosa Pous, ginecóloga catalana de 66 años, pese a no defender la independencia sino una reformulación del encaje de Cataluña en el conjunto de España, también considera "excesivas" las medidas del gobierno central porque "aumentan la confrontación". Su sobrino, Marc Pous, en esa misma línea, entiende que la actuación judicial y policial está siendo "totalmente desproporcionada" y las medidas del gobierno central "una auténtica aberración democrática". Para Marc, "la única salida posible es el referéndum. Es la única forma de saber lo que el pueblo quiere".

A juicio de María Rosa, la alternativa al clima político actual es la que también defiende Ferrero: el diálogo. "El problema —sostiene— es que con estos representantes institucionales actuales no será posible. Aquí se habla mucho de que la mayor fábrica de independentistas la ha organizado el señor Rajoy".

El sociólogo Roger Civit i Carbonell es independentista. "Ya lo era cuando éramos una minoría", cuenta. Por eso, para él, el problema viene de lejos. Desde su punto de vista, Cataluña lleva 40 años tratando de buscar un encaje en el Estado español "de forma infructuosa". El sociólogo considera que los diferentes gobiernos democráticos que ha tenido España desde la muerte de Franco no han sabido entender las particularidades culturales y lingüísticas de Cataluña, han cometido "un auténtico expolio económico" y han acometido "una intervención jurídica" contra decenas de leyes aprobadas por el Parlament.

Para Civit, la situación actual, "un Estado de excepción de facto", ha generado el hartazgo social. "Lo que está pidiendo la ciudadanía catalana es poder ejercer su capacidad de decidir en qué modelo de Estado quiere vivir, y no hay mejor oportunidad que esa para que el gobierno central proponga su alternativa a un Estado independiente para Cataluña".

Una de las representantes de las fuerzas políticas que defienden la independencia es la uruguaya Ana Surra (Montevideo, 1955). Con pasado en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T) y residente en Barcelona desde 2005, Surra no sabe hablar catalán, pero eso no le impide defender la independencia de Cataluña desde su escaño en Madrid como representante de la izquierdista Esquerra Republica de Catalunya (ERC).

Como ella, residen en Cataluña de manera autorizada otros 6.781 uruguayos de los 73.722 orientales que se encuentran en España, de acuerdo a los datos de la Generalitat. La cifra, sin embargo, es superior porque no incluye los uruguayos con pasaporte europeo. Todo ellos, al igual que los demás extranjeros residentes en Cataluña, obtendrían "la nacionalidad en el minuto cero" dentro de una eventual república catalana independiente, según declaró Surra en una entrevista publicada en el medio español El Confidencial.

Inés Solari es una de las uruguayas que viven en Cataluña. Llegó a Barcelona para estudiar una maestría en marketing deportivo y se quedó a trabajar. Hoy entiende el sentir de los catalanes y asegura que la mayor parte de sus amigos quieren la independencia porque se sienten "ajenos a la realidad española, desprotegidos, y consideran que sus necesidades no son contempladas y que nunca lo han sido". De todos modos, dice que "para poder tener una opinión al respecto es fundamental intentar entender ambas posturas".

Otra uruguaya, María Lourdes García, acaba de llegar a Cataluña para estudiar una maestría en la Universidad de Barcelona. Aterrizó en el aeropuerto de El Prat el 19 de septiembre, pero ya se ha mimetizado con el entorno. "El referéndum es tema de conversación en los bares, en la calle. Se ven senyeras (banderas) por doquier, en balcones, mostradores, espaldas y bicis".

Pese a todo, "se hace vida normal, la ciudad sigue adelante y la actitud general es muy cívica". Desde su punto de vista, el ambiente social es muy favorable al derecho a decidir y el deseo de la mayoría está claro: "Aquí se ha teñido todo de mensajes por el sí al referéndum, por la libertad de Cataluña a elegir, y el grito al unísono de votarem".

El mensaje separatista está muy vinculado a los sentimientos. Es en ese espacio, en la batalla del relato, donde funciona mejor la visión independentista. Argumentos en favor de la unidad, como el del expresidente español Felipe González, que recuerda en un artículo en El País de Madrid que la configuración política del país "está fuertemente descentralizada", no tienen tanto impacto como las ideas vinculadas al derecho a decidir. Según González, "no existe ningún soporte legal para lo que pretenden las autoridades de Cataluña, ni en el ordenamiento jurídico interno, ni en el de la Unión Europea, ni en el derecho internacional. Por eso (este referéndum) es un disparate democrático".

Para el profesor Rodríguez Virgili, el discurso independentista es "tremendamente emocional" y encaja bien en el contexto social y político actual. A su juicio, "vivimos, en palabras de Manuel Arias Maldonado, una democracia sentimental, donde prima la voluntad y el sentimiento sobre la razón y el lenguaje pasa a ser dicotómico, separa el ellos del nosotros. Ese mensaje simple funciona en las redes sociales, llega a los jóvenes y muchas veces es el discurso que se traslada a la prensa".

Tal vez por eso, la semana pasada, tras la actuación de la Guardia Civil en Cataluña en operaciones vinculadas a impedir la consulta, varios medios internacionales hablaron en sus portadas de una "guerra contra Cataluña" o aseguraban que "Madrid usa la fuerza contra Cataluña". Poco importa en estas aproximaciones que, de acuerdo al Consejo de Estado, la consulta es inconstitucional "en grado máximo", porque vulnera la Carta Magna y el Estatuto de autonomía de Cataluña, entre otras normas. El relato político se centra en las pasiones.

Más allá de formalismos legales y sentimientos particulares, las encuestas sobre las preferencias de los catalanes muestran una ligera ventaja para los partidarios de seguir formando parte de España. Según el último barómetro del Cente dEstudis dOpinió (CEO) de la Generalitat de Cataluña, el no a la secesión ha agrandado a ocho puntos su ventaja sobre el sí y rozaría el 50% de los votos. En concreto, el 49,4% de los catalanes votarían hoy en contra de la independencia, un punto más que en marzo, mientras que el 41,1% votaría a favor. Eso sí, en lo que hay mayoría es en el derecho a decidir: el 71,4% de los entrevistados lo defienden.

En cualquier caso, la parte de la sociedad catalana que no está a favor de la independencia supone, en palabras del gobierno central, "la mayoría silenciosa", no tan activa en las calles y en las redes sociales, pero significativa. Manuel Ballesteros, abogado residente en Barcelona pero nacido en Gerona, asegura estar "indignado con la situación y con el discurso demagógico de los independentistas". Ballesteros considera que "la fractura social ya está creada y parece que quien no piensa como ellos es una especie de traidor fascista".

De hecho, las presiones en forma de pintadas y amenazas contra los alcaldes de municipios socialistas contrarios a celebrar el referéndum (entre ellos Lérida, Terrassa, Igualada y Sant Boi), han crecido en las últimas semanas. También han sido señalados representantes del mundo de la cultura, como el escritor Juan Marsé, acusado de "botifler" (traidor), y Joan Manuel Serrat, defensor del derecho a decidir, pero crítico con la manera en que se aprobó la Ley del Referéndum.

Ejemplos como los mencionados ponen de manifiesto, para el profesor Rodríguez Virgili, que "no se trata de un conflicto entre Cataluña y España, se trata en realidad de un conflicto entre catalanes. Incluso políticos a favor de un referéndum pactado con el gobierno central han criticado las formas y los modos del gobierno catalán".

Sea un conflicto entre catalanes o entre Cataluña y España, lo cierto es que, como sostiene la ya mencionada periodista Monteserrat Domínguez, los secesionistas serán quienes obtengan el mayor rédito de todo lo que está pasando: "El 1 de octubre podrá haber urnas, pero no (...) independencia. Lo que sí habrá es la foto que algunos promotores de este drama bufo parecen buscar con ahínco: agentes del orden tratando de impedir que voten ciudadanos peligrosamente armados con papeletas. Añadan la posibilidad de que todo este proceso acabe con políticos presos... La causa soberanista habrá ganado nuevos adeptos, y todos los catalanes y españoles que confiamos en que el futuro, juntos, es mejor que por separado, habremos perdido".

El experto en comunicación política Jordi Rodríguez Virgili explica que el nacionalismo catalán ha atravesado cuatro etapas. La primera surgió en el siglo XIX, junto con otros nacionalismos en todo Europa; se conoce como la Renaixença y se caracterizó por "la defensa de la lengua y la cultura catalana. Es el germen del llamado hecho diferencial: Cataluña es distinta de las demás regiones y por eso merece un trato diferente, un trato mejor". En la segunda se desarrolló un mensaje centrado en lo económico: "Espanya ens roba", es decir, España nos roba: Cataluña, una región rica, aporta mucho dinero a las arcas públicas del Estado español y, sin embargo, obtiene poca inversión a cambio. En la tercera entró en juego el derecho a decidir, la idea de dejar al pueblo expresar su voluntad y, en la etapa actual, a esa cuestión se le suma la promesa de un país nuevo y la esperanza de un futuro mejor. "Este mensaje es más transversal, llega también a la izquierda, a diferencia del mensaje económico, más insolidario, y conecta sobre todo con los jóvenes", plantea Rodríguez Virgili.

La realidad política catalana hoy trasciende el eje independentismo/unionismo. Los partidos nacionalistas mayoritarios, si bien lograron conformar una candidatura unitaria que hoy, con 62 escaños, cuenta con la mayoría del Parlament de Cataluña, Junts pel Sí (Juntos por el sí), difieren en sus posicionamientos sociales y económicos. Sus dos socios mayoritarios van desde la izquierda de Esquerra hasta el centro derecha de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC). Además, entre los independentistas aparece la CUP, coalición de extrema izquierda que cuenta con 10 representantes en el Parlament.

Entre los partidos estatales, que suman más de la mitad del voto popular, los postulados conservadores del Partido Popular (PP), el partido que gobierna España y cuenta con 11 escaños en el Parlament, no tienen nada que ver con la socialdemocracia del PSOE, (PSC en Cataluña, 15 representantes). El que lidera la oposición con 25 escaños es Ciudadanos, un partido liberal en el que la defensa de la unidad de España es un elemento clave. En medio queda En Comú Podem, la versión catalana de Podemos, a favor del derecho a decidir, pero no nacionalistas. Precisamente este grupo propuso la semana pasada un "gobierno de unidad plurinacional" en Madrid, sumando los votos del PSOE, los nacionalistas vascos y catalanes y su grupo político a través de una moción de censura que desalojaría al PP de Mariano Rajoy del gobierno central.

La Constitución española se sometió a votación el 6 de diciembre de 1978, tres años después de la muerte de Franco, y fue apoyada de manera abrumadora en Cataluña: más del 90% de los votantes dijeron sí a la nueva ley que desde entonces rige en España, una cifra superior al 88% de la media del Estado en su conjunto. Entre los llamados "siete padres de la Constitución", había dos catalanes, Miquel Roca i Junyent, del partido nacionalista Convergencia Democrática de Cataluña, y Jordi Solé Tura, del Partido Socialista Unificado de Cataluña.

El referéndum se celebra mañana 1 de octubre y la pregunta que se formula es: "¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de república?". Las respuestas posibles son Sí o No. Las papeletas sin ninguna de las dos opciones seleccionadas se considerarán votos en blanco.

De acuerdo a la Ley del Referéndum, la votación tiene un resultado vinculante. Según la legalidad estatal vigente, en cambio, los resultados vinculantes son responsabilidad exclusiva del gobierno central.

Si sale Sí, el artículo 4.4 de la ley indica que el Parlament debe declarar la independencia dentro de los dos días posteriores a la votación. Si sale No, el Parlament debe convocar a elecciones para formar un nuevo gobierno autonómico.

Pueden votar "las personas que tienen derecho a voto en las elecciones al Parlament" y "los catalanes residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en Catalunya".

En España especulan con que los partidarios del No se quedarán en casa y eso incidirá en el resultado.