SALUD MENTAL EN OBRAS

La ley que pondrá punto final a los manicomios

El proyecto de ley que esta semana obtuvo media sanción, prevé cambios estructurales en la forma de tratar a los enfermos psiquiátricos. De aquí en más, el "cambio de paradigma" deberá transformarse en medidas concretas que terminen con las violaciones de derechos.

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Marcha organizada por la Asamblea Instituyente por Salud Mental. Foto: F. Ponzetto

Nadie discute que el Estado mantiene una deuda histórica con las personas que sufren patologías psiquiátricas. Hace al menos 30 años que los gobiernos anuncian planes y reformas que no terminan de poner en marcha cabalmente. Pero esta vez parece haberse logrado un consenso. Quizás las décadas de palabras rimbombantes acumuladas —"cambio de paradigma", "enfoque interdisciplinario", "perspectiva de derechos"— finalmente empujaron a la redacción de una ley que promete una reforma a fondo.

La ley, considerada desde el Ejecutivo como una de las más importantes del período, recibió media sanción del Senado esta semana. Fue apoyada por todos los partidos políticos y votada por unanimidad, sin perjuicio de que algunos senadores hayan planteado dudas respecto a la posibilidad de su cumplimiento.

Una vez que el texto sea aprobado en Diputados —donde se espera que sufra modificaciones secundarias—, aquellos conceptos repetidos por años se transformarán en acciones concretas. La deuda empieza a ser saldada.

En práctica.

El proyecto plantea como lineamientos más significativos el cierre progresivo de las instituciones asilares, como las colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi, y establece la hospitalización como un recurso restringido. Pone foco en la capacitación, en la inserción laboral, familiar y comunitaria, y deja en manos de una Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental del Ministerio de Salud (MSP) la supervisión de los pacientes hospitalizados.

La ley no establece un plazo específico de cierre de las colonias; es posible que eso se vuelque en la reglamentación. Sin embargo, es claro que a partir de la puesta en marcha de la nueva norma los centros asilares dejarán de ser tales y no podrán ingresar más pacientes.

Las colonias psiquiátricas albergan hoy a 735 personas. Desde hace un tiempo, en parte gracias al lobby de las autoridades sanitarias, se han reducido las internaciones por orden judicial y, por ende, han mermado los ingresos. Algunos pacientes son enviados al Hospital Vilardebó. Según dijo a El País el director de Salud Mental de ASSE, Horacio Porciúncula, en lo que va del año se internó en las colonias a unas 20 personas, y egresó más o menos la misma cantidad.

Las alternativas para esa gente cuando empiece a regir la ley, son las "unidades de inserción comunitaria", explicó Porciúncula. En esa categoría entran las llamadas casas de medio camino, los hogares asistidos y las viviendas supervisadas, modalidades que ya existen, aunque no tan extendidas como se pretende en la reforma.

"Yo me quedaría contento con que pudiéramos generar unas cinco casas por año", señaló el jerarca. Porciúncula dijo que, considerando que por año fallecen entre 30 y 40 pacientes y que las colonias reúnen a unas 700 personas, si se lograran generar entre 25 y 50 casas, con 15 personas en cada una, la reubicación se podría culminar en unos pocos años.

El director de Salud Mental del MSP, Ariel Montalbán, reconoce que el cambio no va a ser de un día para el otro. A su juicio, la complementación entre los servicios de salud es un camino "fundamental" a transitar. "Integrar y complementar. Si multiplicamos sin complementar es un despilfarro de dinero. El país gasta muchísima plata en salud y en el modelo actual que queremos cambiar gran parte se la lleva la internación. Queremos desplazar paulatinamente esa plata", explicó Montalbán, quien agregó que ya se está capacitando personal y que ese será un punto de énfasis en 2017.

El nuevo modelo va a requerir de inversiones progresivas de distinta índole: en recursos humanos, en capacitación, así como en el alquiler o compra de lugares adecuados y en la sensibilización de la población que está alrededor, apuntó por su parte Porciúncula.

Durante la discusión del proyecto, el senador blanco Javier García planteó que, por más plausible que sea, la ley corre el riesgo de ser inaplicable en todo el territorio nacional y terminar en letra muerta. Porciúncula reconoce la dificultad, pero entiende que para cumplir con la norma ASSE puede echar mano a ciertos instrumentos, como por ejemplo la creación de cargos de alta dedicación que estimulen la radicación de médicos jóvenes en los lugares con mayores inconvenientes.

Porciúncula agregó que en varios departamentos hay casas de medio camino —Lavalleja y Treinta y Tres, por ejemplo— y que la idea es replicar esta modalidad, "darle un empujoncito", de modo de conformar una "atención comunitaria en red". Aseguró que en prácticamente todos los departamentos existen centros de rehabilitación para trastornos mentales severos y persistentes, y que son unos tres o cuatro aquellos en los que se debe profundizar.

"No es necesario pensar en un equipo imaginario de bomberos esperando a que aparezca el incendio", indicó Porciúncula sobre el modelo de atención ante situaciones de crisis. El primer contacto del paciente será con un médico general de guardia, quien pondrá un plazo perentorio para que sea atendido por quienes considere necesario: psiquiatra, psicólogo o incluso un trabajador social.

"¿Por qué así? Porque es en esas primeras horas que hay un 90% de chances de que aparezcan los familiares", indicó Porciúncula. Eso permite evaluar problemas que puedan ocurrir en el entorno, como situaciones de maltrato o abuso, y proponer un tratamiento "personalizado". No se trata de tener psiquiatras en "cantidades industriales", sino de generar seguimiento de los casos a través de las herramientas disponibles en cada comunidad.

Largo camino.

Hay que luchar contra barreras del modelo de todos estos años. Superar eso implica complejidades, intereses, resistencias. Nadie piensa que es fácil", indicó Montalbán, quien considera que mucho de lo planteado en la ley ya se está poniendo en marcha y, de hecho, se desprende de experiencias ya probadas en determinados puntos del país.

Porciúncula cree que la puesta en práctica de la ley va a colocar al país al mismo nivel de quienes lideran en el tema. "Yo siento un fuerte entusiasmo por lograr implementar globalmente la ley en unos pocos años. No quiero ser iluso, hace muchos años que trabajo en esto, hemos tenido éxitos y fracasos, capaz que más de los segundos que de los primeros". De esta forma, el país comienza su camino para sacar de las sombras a la salud mental.

Los que no se sienten representados por la ley.

"Ni enfermos, ni locos ni trastornados", "rayados estamos todos", "se va a acabar el manicomio en Uruguay": esas fueron algunas de las consignas que se escucharon en la marcha organizada por la Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna este miércoles, un día después de la aprobación por unanimidad de la ley de salud mental en el Senado. Además de exigir el cierre de las instituciones asilares, las decenas de familiares, pacientes psiquiátricos, docentes y estudiantes que marcharon, manifestaron su descontento con varios puntos contenidos en la ley. La versión aprobada no habla de plazos para el cierre de las colonias psiquiátricas, algo que reclaman las más de 50 organizaciones que conforman la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental en clave de Derechos Humanos. Por otra parte, indican que el organismo de contralor creado por el proyecto no debería depender del Ministerio de Salud sino ser independiente. Además encuentran que la ley no debería hablar de trastorno psiquiátrico, un término que consideran tan estigmatizante como el de psicópata, que da nombre a la ley que actualmente está en vigencia y tiene más de 80 años. "Es una forma de categorizar a la población en base al padecimiento psíquico", explicó Hekaterina Delgado, vocera de la Comisión y de la Asamblea Instituyente, quien consideró que "reduce la complejidad de la salud mental" y "representa los intereses de la corporación médica".

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