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Les tocó el turno en la nueva agenda de derechos

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Foto: archivo El País

BASTÓN ESTATAL

El 14% de la población tiene más de 65 años. Sin embargo, los derechos de los mayores no son tan reivindicados como los de otros colectivos vulnerables. El Mides hizo un relevamiento para evaluar cómo las intendencias atienden estos asuntos y se propone marcar un rumbo común.

La evidencia internacional nos dice que en países desarrollados hay entre 4% y 5% de personas mayores sufriendo algún tipo de abuso tanto en casas de salud como en sus hogares. En nuestro país, eso significaría que hasta unos 25.000 ancianos podrían estar sufriendo maltrato. Lo más frecuente, explican los geriatras, es que este venga de familiares a cargo del cuidado. Según profesionales que trabajan con esta franja de edad, buena parte de ese maltrato ni siquiera se percibe como tal porque todavía no hay consciencia real del "viejo" como sujeto de derechos. A veces ni siquiera ellos mismos reconocen que lo que les está sucediendo es violencia; las conductas son normalizadas.

El abuso a ancianos no genera ni la mitad de "alarma social" que el maltrato a a un niño, dice el psicomotricista y máster en Gerontología Alejandro López. Para él, el tema ingresa a la agenda pública recién con la llegada del Sistema de Cuidados en 2015, pero no con la fuerza de otras causas. El adulto mayor presenta factores de riesgo que lo hacen más vulnerable a sufrir violencia, así como sucede en mujeres y niños, pero el tema, remarca el director de Geriatría y Gerontología de la Facultad de Medicina, Ítalo Savio, llega "tardíamente" a ser tratado.

Para abordar el tema del maltrato a ancianos hay que recurrir a estudios internacionales, porque no existen investigaciones locales. Tampoco hay datos desagregados por franja etaria en las denuncias hechas a la Policía. Las personas mayores, como colectivo, no son una cifra para el Ministerio del Interior. Sin embargo, la directora de la división Política de Género (que comprende también la violencia a personas mayores), July Zabaleta, dice que en su unidad sí abordan la "perspectiva generacional" en las capacitaciones. Zabaleta explicó que si bien se reciben denuncias de maltrato a ancianos, si se requiere seguimiento para la situación se deriva a Inmayores, el órgano del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que se dedica a este colectivo.

Desde la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) analizan plantear en su congreso interno pedirle a la Policía que empiece a contabilizar las víctimas de violencia de más de 65 años en un registro aparte. Es una medida para visibilizar el problema como tal.

Para Elsa Schuett, miembro de Onajpu, gran parte de la culpa de que se ignoren los problemas de los ancianos es de los medios. "Se los trata como si fueran un gasto y no como gente que trabajó toda la vida", se queja. Schuett lamenta que quienes luchan tanto contra la violencia de género —como ella— se olviden de la violencia hacia las personas mayores. "Parece que el género terminara a los 50 años", ironiza.

En la vejez, la mujer también es más propensa a sufrir violencia que su par hombre, pero en el caso de los ancianos prevalecen las abusadoras de sexo femenino. Esto se da, señala Savio, porque el cuidado de los mayores está tradicionalmente asociado a la mujer, por lo que la mayoría de las cuidadoras, tanto familiares como pagas, son féminas.

Según un relevo nacional de Inmayores sobre instituciones dedicadas a la vejez, en 2016 las instituciones contaban con un 75% de personal femenino. Este relevo, o mapeo, es una puesta a punto que realizó Inmayores para ver qué instituciones hay en las 19 intendencias del país que están orientadas a trabajar con personas mayores y cómo funcionan. El objetivo no era solo obtener una radiografía de la situación, sino también trazar el rumbo de las políticas para la vejez tomando a los gobiernos departamentales como actores clave.

No hay una situación homogénea a nivel país: Montevideo tiene oficinas dedicadas a la vejez desde 1990, mientras que otros departamentos aún no. Inmayores busca uniformizar todo el territorio desde una base común: la nueva concepción del adulto mayor. En definitva, incorporarlos a la "nueva agenda de derechos".

Cambio de paradigma.

En 2015 la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, y en junio de 2016 Uruguay la ratificó. Es el primer documento jurídicamente vinculante a nivel mundial que promueve a los mayores como sujetos de derecho. Con esta norma se intenta cambiar la percepción de la vejez y, por lo tanto, las formas de tratarla.

Los resultados del mapeo de Inmayores revelan que las instituciones para la tercera edad de las intendencias se encuentran en un período de "coexistencia" de concepciones de los adultos mayores. La primera, más asistencialista, se centra en la cobertura de necesidades, mientras que la nueva, que se desprende de la convención, percibe al anciano de una forma más integral. Se pretende que la persona mayor tenga más esparcimiento y diversión, y que no se vea a la vejez como la antesala de la muerte.

En mayo del año pasado se creó una Comisión Interdepartamental de Personas Mayores, que sesiona una vez por mes y trabaja junto a Inmayores en capacitación y formación de técnicos y funcionarios. Leonel Molinelli, que la lidera, dice que el fin de la comisión es lograr una "forma unificada de trabajar" siguiendo este nuevo paradigma.

El mapeo reveló que de 19 departamentos había siete (San José, Artigas, Río Negro, Soriano, Colonia, Lavalleja y Florida) que en 2016 no contaban, a nivel municipal, con institucionalidad dedicada a este grupo social. De los restantes 12 departamentos, siete tienen oficinas exclusivas para personas mayores y cinco la comparten con áreas como discapacidad o género.

El mapeo también clasificó a las intendencias por su "grado de cercanía respecto al paradigma de derechos humanos". Montevideo quedó en el primer lugar con nueve puntos de 11 (ver mapa en página A2). Desde el relevo hasta ahora, Florida y Lavalleja han incorporado oficinas dedicadas a la vejez y el envejecimiento, "y eso es una victoria", consideró Molinelli.

En tanto, el intendente de Florida, Carlos Enciso, niega que la incorporación de una oficina específica se explique por el trabajo de la comisión o el relevamiento. "El Mides viene a hacer estos relevamientos, pero al final las que tienen que poner la plata son las intendencias", se quejó. "Abrir la oficina fue una iniciativa exclusivamente del gobierno de Florida, no dependemos de ningún elemento central o nacional para tener políticas departamentales", enfatizó.

Víctimas silenciosas.

Savio dice que (también según estudios internacionales) hasta un 40% de los ancianos maltratados por sus familiares prefieren no denunciar. A menudo llegan a hacer consultas pero luego desisten o se arrepienten. Esto ocurre "por la dependencia afectiva o económica" o bien por "temor a que si el cuidador se entera, el abuso empeore o sean institucionalizados", dijo la doctora Fernanda Lozano, encargada de coordinar los equipos que abordan y asesoran en este y otro tipo de situaciones de violencia en los centros de ASSE.

El abuso geriátrico "es algo que si no se pregunta no se detecta", explicó Savio. Por eso existe algo llamado la Valoración Geriátrica Integral, que hace el geriatra para determinar cómo se encuentra el paciente holísticamente, y entre las preguntas que hace el médico se introduce de a poco el tema de la relación con el cuidador, hasta preguntar directamente por situaciones de maltrato. Una de las pocas organizaciones de la sociedad civil que atiende este problema es el Centro Inter-institucional de Cuidado del Adulto Mayor (Cicam). Los lunes en la mañana, un grupo integrado por una psicóloga, una abogada y una asistente social, atienden a adultos mayores que se sienten víctimas de violencia por parte de sus familias o casas de salud, y los asesoran integralmente. El servicio es gratuito, confidencial, y no tiene que ir la víctima en persona. Desde 2013, Inmayores dispone de un área que funciona de la misma forma, y es adonde Cicam y la Policía derivan los casos que no pueden manejar.

Existen varias formas de ejercer violencia hacia personas mayores. El maltrato físico o el abuso sexual, aunque ocurren, no son de los más frecuentes. Entre los que se ven más, dijeron Savio y Lozano, así como la abogada de Cicam, Florencia Maqana, está la violencia patrimonial, que es cuando al anciano le utilizan su dinero, tarjetas, cheques, le hacen firmar poderes, sacan préstamos a su nombre o se quedan con sus viviendas y los institucionalizan. También es común la violencia psicológica, que es el trato agresivo y brusco pero también puede ser "infantilizar" al adulto mayor: tratarlo como un niño, no dejarlo decidir qué hacer o desmerecer sus opiniones.

Otra forma de violencia es la sobremedicación: cuando al anciano se lo seda más de lo necesario para no tener que lidiar con él y que pase la mayor cantidad de tiempo dormido. La violencia hacia personas mayores, aseguran desde Cicam, no es patrimonio de ninguna clase social. Ocurre en todos los estratos. El psicomotricista López habla de conductas "normalizadas" que todavía no se perciben como maltrato, pero lo son. "La más clara es la sujeción compulsiva", dijo. Es cuando a un anciano lo atan contra su voluntad para evitar que se pare y se caiga. Es frecuente en casas de salud, agregó.

Una de las alternativas para aliviar el desgaste de los cuidadores y así bajar la incidencia del maltrato, es la creación de centros diurnos: lugares a los que se pueda llevar a las personas mayores a pasar el día para realizar actividades recreativas. Esto "ayuda a limitar el tiempo de exposición" del cuidador con el anciano, explicó Savio. Julio Bango, secretario nacional del Sistema de Cuidados, dijo que este año se propusieron la creación de 10 de estos centros en todo el país y "se va a cumplir la meta". Se siguen licitando y adjudicando las obras para continuar construyendo más el año que viene, informó Bango.

El gobierno está poniendo foco en un lugar al que es incómodo mirar. Para Schuett, de Onajpu, a la sociedad todavía le cuesta hablar de la vejez por una cuestión de prejuicios y estigma. "Los viejos caminamos más lento, hablamos más lento, nos vamos quedando sordos… pero le va a pasar a todo el mundo".

El estrés del cuidador puede gatillar casos de maltrato

No sólo hay que buscar indicadores en el paciente geriátrico a la hora de determinar si está siendo víctima de abuso: es clave ver qué está sucediendo con el cuidador, advirtió el geriatra Ítalo Savio. Hay señales de alerta previas: la existencia de alguna adicción, antecedentes de violencia, contexto familiar o económico difícil, o que la tarea del cuidado le haya sido asignada y no la haya elegido. Pero también puede que un cuidador, no siempre intencionalmente, después de un tiempo de desgaste, tenga actitudes hacia la persona mayor que caigan en la definición de abuso.

La doctora Fernanda Lozano, coordinadora de los equipos encargados de abordar este y otro tipo de situaciones de abuso en las policlínicas de ASSE, contó que los geriatras aplican un test para medir el desgaste de los cuidadores. Se llama el test de Zarit, y consiste en una serie de preguntas sobre la convivencia con la persona mayor. Cuando la puntuación excede cierto límite se recomienda un relevo: que otro familiar se haga cargo. Pero no siempre es posible recurrir a esa alternativa. Cuidar de una persona mayor puede ser muy satisfactorio pero es demandante, no suele ser por elección, y cuando no hay perspectiva de mejoría es angustiante. "Afecta la vida laboral, social y emocional. Cuidar es un trabajo de 24 horas los siete días", explicó el psicomotricista con maestría en gerontología Alejandro López. "Les consume la vida, terminan sin querer maltratando al viejo".

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