Lucha contra la corrupción

Jutep, un despegue que costó 20 años

La Jutep se creó en 1998, pero recién cobró protagonismo el año pasado cuando empezó a tomar casos de oficio y cuestionó a varios jerarcas, como Raúl Sendic. Igual, el organismo no es vinculante, ya que espera por un decreto que le permita aplicar sanciones.

Ricardo Gil Iribarne, presidente de la Jutep. Foto: Fernando Ponzetto
Ricardo Gil Iribarne, presidente de la Jutep. Foto: Fernando Ponzetto

Monjas escondiendo bolsos con dinero en un convento. Los cuadernos de un chofer que revelan cómo funcionarios del gobierno cobraban millones de dólares en coimas de parte de privados. Un matrimonio presidencial que facturaba estadías ficticias en sus hoteles con el objetivo de lavar dinero. La dimensión de la corrupción que ha azotado Argentina en los últimos años parece de película de ficción para quienes viven de este lado del charco.

Sin embargo, el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) cree que Uruguay podría gestar escándalos de igual talla en algún momento. Ricardo Gil Iribarne tiene experiencia en 15 países de América Latina investigando el lavado de activos y considera que "lo peor" que tienen los uruguayos es creer que acá nunca pasa nada. Y ante la pregunta de si podríamos convertirnos en Argentina, responde: "¿Por qué no?".

Enseguida reconoce que Uruguay está mejor que sus vecinos en términos de corrupción, pero también aclara que "el último tiempo" sirvió para demostrar que no es tan inmune como parecía. Y cita un ejemplo: el uso de las tarjetas corporativas en diferentes entes públicos, que terminó con la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic en setiembre del año pasado.

Según Gil Iribarne, el caso reflejó que en Uruguay también puede haber una mala utilización de los dineros públicos. "Ese fue uno, pero puede haber otros que todavía ni siquiera conocemos", agrega.

El organismo que él preside existe desde 1998, pero empezó a cobrar protagonismo en los últimos meses. Antes, cuenta, muy poca gente sabía que la Jutep analizaba las faltas de ética y transparencia entre los funcionarios públicos. Por lo tanto, salvo que los jerarcas cometieran un delito —que investigaba la Justicia—, el caso quedaba en la nada.

Tal vez el desconocimiento que predominaba se superó en febrero de 2017, cuando el presidente Tabaré Vázquez propuso que el directorio del organismo lo integraran Gil Iribarne, el abogado Daniel Borrelli, y la activista por los derechos humanos y viuda de Héctor Gutiérrez Ruiz, Matilde Rodríguez. Con las tres venias aprobadas por el Senado, las nuevas autoridades se reunieron para definir el rumbo que tomaría el organismo.

"Teníamos una excelente herramienta de contralor y la estábamos desperdiciando. Nos dimos cuenta de que para que la ciudadanía supiera que estábamos acá, teníamos que empezar a tomar casos de oficio. Una actitud más proactiva era el primer paso para darnos a conocer", cuenta Gil Iribarne.

Ricardo Gil Iribarne, presidente de la Jutep. Foto: Fernando Ponzetto
 Foto: Fernando Ponzetto

El cambio se puso en marcha a los pocos meses, cuando la Jutep analizó de oficio cómo había utilizado Sendic las tarjetas corporativas de Ancap. Era la primera vez que el organismo estudiaba un caso sin que nadie lo denunciara, si bien un decreto de 2003 lo autorizaba.

El 20 de setiembre, 10 días después de que el líder de la lista 711 renunciara a la vicepresidencia, la Jutep dio a conocer el fallo en su página web.

"Este directorio considera que los hechos verificados en estas actuaciones constituyen violaciones por parte del señor Raúl Sendic de las normas vigentes en materia de administración de fondos públicos", señaló entonces.

A un año de ese informe, Gil Iribarne admite que sabían que generaría revuelo. El gran problema que tienen, explica, es que la Jutep no es vinculante, por lo que sus resoluciones son una simple recomendación. La ley que creó el organismo prevé una actitud sancionatoria, pero desde 1998 están esperando el decreto que la reglamente.

Después de Sendic llegó el torbellino. El fallo negativo sobre el intendente de Soriano, Agustín Bascou, que les vendía combustible a los vehículos de la comuna; la condena al senador frenteamplista Leonardo de León, quien usó las tarjetas corporativas de ALUR con fines personales; la reprobación a la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, por haber nombrado en cargos de confianza a su hermano y a su pareja; la recomendación al Banco República de remover del directorio del LATU a Miguel Brechner, quien está en juicio con el banco por una supuesta deuda de US$ 140.000. La lista sigue y sigue.

La Jutep había ganó viento en la camiseta y empezó a tomar un caso de oficio tras otro. Pero también aumentaron las denuncias, que antes no eran más de una decena al año y ahora superan las 100. "Una mujer nos escribió para decirnos que el padre de sus hijos se los llevó y no quiere devolverlos. No tiene nada que ver con la función de la Jutep, pero nos pone contentos porque significa que la gente sabe que existimos", dice el presidente.

Los uruguayos, opina Gil Iribarne, "están enojados con la corrupción", por lo que les exigen a los gobernantes "que no se hagan cosas raras con la plata de todos". Según el jerarca, el cambio en la actitud de la sociedad ayudó a que aumentara el protagonismo de la Jutep.

Pero un caso "quizás no llenó las expectativas de la ciudadanía", reconoce Matilde Rodríguez. En febrero, cuando estalló el tema del nepotismo en el Estado, distintas personas le pidieron al organismo que analizara la situación de Jorge Vázquez, subsecretario del Ministerio del Interior y hermano del presidente de la República. Gil Iribarne se abstuvo de estudiar ese caso, ya que había militado con Jorge Vázquez en el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).

La Jutep no condenó la contratación de Vázquez, ya que consideró que su jefe no es el presidente sino el ministro Eduardo Bonomi. "La gente estaba esperando un fallo adverso, como la mayoría de los que estudiamos relacionados con nepotismo", admite Rodríguez.

La resolución no generó grandes reproches en el sistema político, en especial porque varios partidos estuvieron involucrados en las contrataciones de familiares. Pero Borrelli sostiene que hubo "un doble criterio" en el caso de Jorge Vázquez, ya que dos meses antes le habían recomendado al presidente que cesara a su consuegro, quien se desempeñaba como su chofer personal.

Aunque el grado de parentesco de consuegro no se considera nepotismo, el directorio de la Jutep se basó en que "no hay solo que serlo sino también parecerlo". Por lo tanto, resultaba "inconveniente" que un familiar del presidente fuera su subordinado, según el informe.

Borrelli admite que ese mismo criterio se podría haber utilizado, entonces, para cuestionar al subsecretario Vázquez. Sin embargo, enseguida aclara que él firmó la resolución del consuegro del presidente "por solidaridad" con los otros dos integrantes del directorio, aunque no está de acuerdo con utilizar "una regla tan general" para juzgar la conducta de alguien. "Por mi formación como jurista creo que siempre debemos tener normativa que respalde nuestras resoluciones", agrega.

Y ese es el principal miedo de varios políticos consultados. Hay preocupación de que la Jutep se vuelva "una policía moral" que juzgue qué está bien y qué está mal de forma arbitraria. Por ahora, creen que el desempeño está a la altura.

"Vázquez debió haber sido cesado"

Tabaré Vázquez. Foto: EFE
Tabaré Vázquez. Foto: EFE

Los tres directores de la Jutep coinciden en que trabajan en un organismo que hasta hace pocos meses era desconocido, aunque fue creado en 1998. El vicepresidente de la institución, Ricardo Borrelli, afirma que ni siquiera el sistema político recordaba que existía, por lo que "se perdió la oportunidad" de denunciar situaciones que eran irregulares.

Enseguida pone el ejemplo de Jorge Vázquez, el hermano del presidente Tabaré Vázquez, quien durante el primer gobierno del Frente Amplio se desempeñó como prosecretario de Presidencia.

Esa designación, explica Borrelli, debería haber sido notificada a la Jutep, que "seguramente habría emitido un fallo adverso", ya que se trataba de un caso de nepotismo. "Jorge Vázquez debió haber sido cesado en 2005", sentencia.

No obstante, el jerarca considera que el hermano del presidente no solo se mantuvo en el cargo por desconocimiento del sistema político sino también porque el entonces directorio de la Jutep no tomó el caso de oficio, si bien un decreto de 2003 lo autorizaba a hacerlo.

Esa normativa prohíbe que actúen dentro de una misma oficina del Estado funcionarios que estén vinculados con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos) o por ser su cónyuge.

"Queda igualmente prohibida la permanencia dentro de la misma oficina o sección de funcionarios que entre sí reúnan alguno de los impedimentos establecidos", dice el decreto.

Malas señales del sistema político hacia la Junta

"Al sistema político le molesta un poco la actuación de la Jutep". Esa es la conclusión a la que llegó el presidente del organismo, Ricardo Gil Iribarne, luego de que la Cámara de Diputados no aprobara ninguno de los ocho artículos sin costo que habían propuesto durante la Rendición de Cuentas, tal como informó Búsqueda. Alquilar las tres cocheras de la oficina que no se usan, dejar de publicar documentos en al menos un medio de circulación nacional, entre otras ideas, habían sido llevadas al Parlamento. En el Senado tuvieron un poco más de suerte y les autorizaron digitalizar las listas de omisos en lugar de imprimirlas, lo que significa un ahorro de más de $ 500.000 al año. Con ese dinero, el organismo —en el que trabajan 18 personas— contrató a un técnico informático que se encargará de reformar el sitio web con el objetivo de recibir más denuncias. Sin embargo, Gil Iribarne se quedó con "gusto a poco" e interpreta la actitud de los legisladores como una señal del sistema político, que "le da la espalda a la lucha contra la corrupción". Enseguida cita como ejemplo lo que ocurrió con la mayoría de las resoluciones que emitió la Jutep, ya que los jerarcas involucrados continúan en sus cargos y no recibieron sanciones. "Que los dictámenes de la Jutep se guarden en un cajón es la peor señal", alega.

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