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El juez y el delator

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La laberíntica trama del escándalo "Petrolão" tiene en el juez federal de Curitiba, Sergio Moro, a uno de sus principales protagonistas.

Los informantes en calidad de arrepentidos se convirtieron en las otras piezas clave, tal el caso del exjefe de la bancada oficialista en el Senado, el senador Delcídio Amaral. Sergio Fernando Moro (1972) era un juez federal brasileño aparentemente desconocido hasta que en 2014 asumió el caso Lava-Jato, la mayor investigación de corrupción que se ha visto en Brasil y que ayer hizo que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fuera conducido a una comisaría. Pese al protagonismo y la fama que ha ganado como responsable por una investigación de corruptelas que salpican a una veintena de grandes empresas y medio centenar de políticos, Moro, considerado como uno de los mayores especialistas en investigar lavado de dinero en el país, insiste en mantener su vida privada en el anonimato.

El juez fue el responsable por la orden de "conducción coercitiva" por la que la Policía Federal condujo a Lula a una comisaría para prestar declaración sobre los supuestos beneficios que recibió de las empresas que desviaron recursos de Petrobras. Pero mantenerse a la sombra ha sido difícil dada la extensión que ha alcanzado la investigación por los millonarios desvíos en la petrolera estatal Petrobras, que tiene en prisión a millonarios empresarios y contra las cuerdas a decenas de políticos y autoridades. Alzado a casi un símbolo nacional contra la corrupción, el juez ha pasado a dar conferencias en universidades y ante empresarios, que enfoca en asuntos técnicos y en las que mantiene su tradicional seriedad. Nacido en Maringá, ciudad en el sureño estado de Paraná, este juez titular de la 13ª Corte Penal Federal de Curitiba es hijo de Odete Starke, profesora de lengua portuguesa, y Dalton Áureo Moro, profesor universitario de geografía (ya fallecido). Su formación académica le llevó por varios centros académicos de Brasil y Estados Unidos, donde se especializó en el análisis de crímenes financieros, de lavado de dinero y en los practicados por grupos criminales organizados. Estudió Derecho en la Universidad regional de Maringá, cursó un programa para instrucción de abogados en la Harvard Law School (EE.UU.) y participó en el "Programa para Visitantes Internacionales" organizado en 2007 por el Departamento de Estado norteamericano, especializado en la prevención y el combate al lavado de dinero. Casado con una asesora jurídica y padre de dos hijos, es maestro y doctor en Derecho del Estado por la Universidad Federal de Paraná (UFPR), actual profesor adjunto de Derecho Procesal Penal en dicha universidad y asesor de la Comisión de Constitución y Justicia del Senado brasileño. Cuenta con la experiencia de haber colaborado con la jueza Rosa Weber, actual magistrada del Supremo Tribunal Federal, en un caso de corrupción que en 2005 hizo tambalear al Gobierno de Lula porque probó que varios legisladores recibían sobornos periódicos por apoyar las iniciativas legislativas del Ejecutivo. Durante su carrera profesional, Moro ha escrito varios libros y artículos académicos, todos ellos de carácter legal, entre los que se encuentran títulos como "Crimen de Lavado de Dinero" y "Desarrollo y Aplicación Judicial de las Normas Constitucionales".

Fue considerado una de las 100 personas más influyentes de Brasil en 2014 por la revista brasileña Época y recibió la medalla del Mérito Legislativo en 2015 por recomendación del líder del Partido Popular Socialista (PPS) en la Cámara de los Diputados, Rubens Bueno. Sus obligaciones jurídicas han levantado pasiones y odios a partes iguales, divididas entre aquellos que lo ven como un justiciero y aquellos que lo acusan de ceder ante las presiones e intereses de los medios de comunicación. Pese a la gran cantidad de veces que aparece su nombre en las noticias desde hace ya dos años, este magistrado se mantiene en un silencio que solo rompe para ir desmantelando poco a poco este escándalo que amenaza ahora al gobierno de la actual presidenta, Dilma Rousseff. Pero la pieza determinante del caso sale de sus propias filas. Según reveló la revista Istoé, el senador Delcídio Amaral, exjefe de la bancada oficialista en la cámara alta, detenido a fines de noviembre por su participación en el "petrolão", tanto la presidenta como Lula estaban al tanto del esquema de coimas y sobrefacturación dentro de Petrobras. Amaral, del Partido de los Trabajadores (PT), apuntó que Dilma usó su poder para evitar el castigo de corruptos y corruptores al designar para el Supremo Tribunal de Justicia a un juez que se comprometió a votar a favor de liberar a los empresarios arrestados por haber sobornado a directivos de Petrobras y a políticos oficialistas a cambio de contratos con la petrolera estatal. Y acusó a Lula de actuar personalmente para bloquear las investigaciones judiciales al ordenar el pago de dinero para intentar comprar el silencio de testigos de la multimillonaria trama de corrupción en Petrobras. Istoé obtuvo copias del acuerdo de delación premiada negociado entre la Procuraduría General de la República y Amaral, que desde el 19 de febrero cumple prisión domiciliaria. La revista aclaró que el documento, de unas 400 páginas, aún no había sido aceptado por el Supremo Tribunal Federal (STF), que cuestionó una cláusula de confidencialidad exigida por el defenestrado senador petista. El abogado de Amaral sembró dudas sobre lo publicado por Istoé: "Ni el senador ni su defensa confirman el contenido de la nota. No conocemos el origen y tampoco reconocemos la autenticidad de los documentos que van adjuntos al texto", escribió. De todos modos a esa noticia Rousseff respondió ayer.

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