LOS POLICÍAS QUE TRABAJAN DE PRESTADO

Sin internet ni transporte, en el interior intentan controlar libertades vigiladas

La Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) multiplicó por 10 su trabajo en el último año, pero sigue con los mismos funcionarios. Los operadores dicen que no tienen internet, hojas de impresora ni celulares; y si alguien falta en el interior, no hay quien fiscalice.

Los funcionarios reclaman que no tienen lineamientos desde Montevideo sobre cómo deben trabajar. Foto: Fernando Ponzetto
Los funcionarios reclaman que no tienen lineamientos desde Montevideo sobre cómo deben trabajar. Foto: Fernando Ponzetto

Esta es una historia repleta de buenas intenciones. Sus protagonistas son los funcionarios de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), que están diseminados por todo el país y hacen lo que pueden para controlar a quienes cumplen medidas sustitutivas a la prisión. Pero su trabajo explotó en noviembre de 2017, con la puesta en práctica del nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Con los mismos recursos que antes, estos policías ahora hacen malabares.

La OSLA pasó de atender 400 imputados a 4.000 con el nuevo CPP, por lo que multiplicaron las tareas por 10 en poco más de un año. El cometido es el mismo: fiscalizar las libertades vigiladas e intensamente vigiladas, los arrestos domiciliarios, las tareas comunitarias y las tobilleras electrónicas. Pero siguen trabajando allí los mismos 49 funcionarios de siempre, ya que un llamado para contratar a 30 más todavía no dio resultados.

El organismo se creó por decreto en 2010, pero nunca tuvo tanto trabajo como ahora. Desde noviembre de 2017, las medidas sustitutivas comenzaron a utilizarse con mayor frecuencia entre los fiscales, que negocian una reducción de condena con el delincuente primario cuyo delito no supere la pena de seis años, a cambio de que admita su culpabilidad.

Además, a esto se suma una ley promovida en noviembre de 2016, que creó la libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva. Estos institutos se aplican a personas que no sean reincidentes y que hayan cometido delitos por los que podrían ser enviados a prisión por hasta cinco años. Pero la norma ahora hace ruido en el Ministerio del Interior y el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la cartera, Gustavo Leal, planteó semanas atrás que habría que derogarla.

Los funcionarios de OSLA miran de afuera este debate. Cecilia Vega, directora de la oficina, dijo a El Observador en febrero que el impacto del CPP en su trabajo fue "muy importante". Agregó que tuvieron "algún incremento de recursos" y puso como ejemplo que ahora cuentan con cuatro vehículos. El País intentó comunicarse con Vega durante la realización de esta nota, quien se excusó de participar por "motivos de agenda".

Según datos del Ministerio del Interior, la OSLA tiene 46 funcionarios en Montevideo, dos en Salto y uno en Artigas. Esto cambió en el último tiempo, porque al principio solo había una trabajadora para cubrir esos dos departamentos del norte y Rivera. Fuentes del Ministerio del Interior revelan que se dieron cuenta de que esta situación era "inviable", por lo que le quitaron Rivera a los dos meses. Entonces la funcionaria mantuvo dos departamentos, hasta que aumentó la inseguridad en Salto y en abril de 2018 se dispuso que dos trabajadoras más se desempeñaran de forma exclusiva allí.

En los demás departamentos, son policías los que intentan controlar a los imputados, además de cumplir con sus otras obligaciones.

Los funcionarios en el interior del país consideran que están "sobrepasados". Reclaman que desde Montevideo se les dio solo dos días de capacitación, que utilizan computadoras prestadas en las jefaturas y que no tienen conexión a internet. Muchos no cuentan con teléfonos y deben realizar las llamadas relacionadas con el trabajo desde sus celulares personales. Falta material de oficina; de hecho, hay casos en los que ellos mismos compran las hojas y las lapiceras para trabajar. Tampoco les pagan viáticos si deben viajar por trabajo y pueden estar varias horas sin comer.

Ser funcionario de OSLA es complicado. Quienes fueron entrevistados para esta nota admitieron que cumplen las tareas porque tienen "fuerza de voluntad", pero no hay lineamientos claros desde Montevideo que les expliquen qué tienen que hacer. Asimismo, todos pidieron mantener el anonimato, ya que tienen miedo a las represalias que podrían sufrir por haber dado su testimonio.

Interior le dio cuatro vehículos nuevos a la OSLA como forma de aumentar su presupuesto. Foto: Archivo El País
Interior le dio cuatro vehículos nuevos a la OSLA como forma de aumentar su presupuesto. Foto: Archivo El País

En ese sentido, una supervisora de OSLA llamó este viernes a El País para preguntar quiénes habían participado en la nota. Por eso, los nombres en este artículo fueron cambiados.

Mario trabaja en un departamento del interior. Hace más de un año que se desempeña allí y revela que al principio fue "horrible". En la oficina ni siquiera le daban hojas para imprimir, por lo que debía llevar de su casa para elaborar los informes. Un día, cuenta, su hijo "no pudo hacer los deberes" porque él había gastado los insumos de su hogar: "Entonces dije basta. Ahí entendí que no podía estar usando los recursos de mi casa para cumplir mi trabajo. Por suerte, ahora en Jefatura me prestan".

Sin embargo, su situación permanece incambiada en muchos aspectos. Una de sus tareas es entrevistar a los imputados que comienzan a cumplir medidas sustitutivas a la prisión. Esta condena se suele aplicar a personas con bajo riesgo de incidencia, por lo que se evita que tengan contacto con otros criminales en la cárcel para que no empeoren su conducta criminal. La Justicia solicita la supervisión de OSLA y entonces Mario debe ponerse en contacto con el caso.

Pero en la Jefatura donde él trabaja hay pocos patrulleros y no siempre pueden prestárselos. Cuando se trata de un arresto domiciliario, debe ir casa por casa entrevistando a los condenados. Sin embargo, no tiene presupuesto para tomar taxi y a veces se le atrasa el trabajo por la imposibilidad de realizar las visitas.

Esto se agrava cuando debe ir a localidades alejadas de la ciudad donde vive y las distancias ya no son caminables. "Me pasa seguido que tengo citaciones en domicilios, coordino todo y después tengo que cancelar porque no hay móvil. Pasa que falta un auxiliar, pinchan una rueda y queda todo el trabajo para atrás", agrega.

La peor parte es cuando hay inundaciones y crecen los arroyos. Mario no tiene posibilidades de entrevistar a sus imputados más alejados y debe pedir ayuda en las comisarías cercanas para que controlen que todo esté en orden. Cuando deja de llover, debe aguardar al menos tres días para visitar los casos que tiene atrasados debido a las crecidas. Así va cumpliendo con el trabajo, "a los ponchazos", aunque reconoce que tanto la Justicia como la Fiscalía le tienen "paciencia" porque saben que está solo.

Los colgados de la luz y el problema de las tobilleras

La directora de OSLA, Cecilia Vega, reconoció a El Observador que les pasa "muy seguido" que no pueden controlar tobilleras electrónicas ya que los imputados están colgados de la luz, por lo que no cuentan con un contador de UTE. Ese fue el caso de Miguel Núñez, el homicida de un taxista asesinado en enero. En mayo de 2018, el hombre había sido acusado de estar implicado en la desaparición de una persona y la Justicia le impuso prisión domiciliaria sujeta al control de una tobillera. El problema surgió cuando OSLA se dio cuenta de que no podría cumplir la medida porque Núñez estaba colgado de la luz. El hombre violó 16 veces la medida hasta que fue capturado por la Policía en enero, luego de haber cometido el asesinato.

Sin plan B.

Un tema aparte son las licencias médicas. Los policías que trabajan para OSLA no tienen suplentes, por lo que nadie los cubre si faltan. Cuando se toman vacaciones, las oficinas del interior cierran y el trabajo se acumula hasta que el funcionario se reintegra. Eso le pasó a Gladys, que sufrió una afección de salud que no le permitía salir de su casa y se encontró con "un cuarto repleto de oficios" cuando le dieron el alta.

Los que tienen suerte cuentan con un cadete que les lleve los oficios desde el juzgado hasta la oficina. Pero en el interior hay otros que están más desamparados y deben ir con su propia nafta o pagándose boletos a las sedes judiciales. "Es pagar para ir a trabajar", dice Gladys. Tampoco le cubrieron los pasajes para viajar a Montevideo a la capacitación.

En ese sentido, se queja de que la formación fue "muy escasa". No conoce a sus compañeros en los otros departamentos y tampoco tiene claro cómo debe dirigir las entrevistas. Presume que ella está realizando esa tarea "por confianza" de sus superiores, aunque reconoce que la hace "con mucha intuición". Aplica técnicas que aprendió como policía, pero le gustaría que hubiera técnicos a quienes preguntarles cómo trabajar.

Fernanda, otra funcionaria de OSLA, dice que ella sí recibe apoyo de Montevideo ya que está más cerca de la capital. En su caso, no debe encargarse de hacer las entrevistas porque viajan psicólogos y asistentes sociales a su departamento para conocer a los imputados. Lo que sí le molesta es que se comuniquen directamente con los casos y no le avisen a ella antes, lo que la deja "al margen" del proceso que luego debe controlar.

Esta policía tiene a cargo las libertades asistidas, pero también están bajo su responsabilidad los arrestos domiciliarios, las tareas comunitarias y las tobilleras electrónicas, como les pasa a todos sus compañeros. Según números del Ministerio del Interior, son alrededor de 200 casos por funcionario; un número que, según Fernanda, los "excede".

OSLA debe fiscalizar las libertades vigiladas, los arrestos domiciliarios, las tareas comunitarias y las tobilleras electrónicas. Foto: AFP
OSLA debe fiscalizar las libertades vigiladas, los arrestos domiciliarios, las tareas comunitarias y las tobilleras electrónicas. Foto: AFP

Su situación es parecida a la del resto. No tiene internet, salvo que le presten un módem en Jefatura. Por eso no puede enviar correos electrónicos y tampoco cuenta con un dispositivo que le permita escanear los oficios. Ella también suele hacerlo desde su casa, aunque a veces termina sacándoles fotos con su celular para acelerar el trabajo. "No puedo estar atrasada porque se vencen los plazos. Si el juez expide un oficio y dice que a partir de la fecha tal persona empieza a cumplir tres meses de domiciliaria, tengo que tramitarlo ya porque el juez va a preguntar por qué no fue controlado", agrega.

Cuando debe fiscalizar un arresto domiciliario, Fernanda coordina con la seccional que esté más cerca de la casa del implicado. Los policías le hacen firmar al imputado una planilla, que luego le entregan a ella. Fernanda eleva esos informes a OSLA en Montevideo y al juzgado, donde notifica si la persona está cumpliendo con la condena o no.

Pero a veces hay problemas con los juzgados, donde el funcionamiento con OSLA todavía "no está aceitado", sostiene. Ella tiene que reclamar que le envíen los oficios, que a veces terminan en la capital por error. "Soy lo más responsable que puedo y siempre que me entero que hay algún penado, hago todo para encontrar el oficio cuando no me llegó. Pero alguno se me puede estar pasando", reconoce.

Todos los funcionarios del interior trabajan en espacios que les prestan en las jefaturas. Quienes fueron entrevistados están muy agradecidos con la actitud de sus compañeros, que intentan suplir una carencia que desde el Ministerio del Interior no se asume. De hecho, en Paysandú y Río Negro ni siquiera hay policías trabajando para OSLA, por lo que deben viajar de Montevideo para fiscalizar los casos.

Pero la capital tampoco la tiene fácil. Quienes deben ir todos los días a los domicilios a controlar los arrestos son los propios funcionarios de la oficina, mientras que en el interior son las seccionales más cercanas. Por lo tanto, deben recorrer a diario todas las direcciones en Montevideo y a 40 kilómetros a la redonda. Esto determinó que hubiera 46 personas trabajando de forma exclusiva allí.

Además, OSLA cambió sus autoridades en el último tiempo. La directora, Cecilia Vega, asumió en setiembre del año pasado y Natalia Vergara, la subdirectora, ocupa el cargo desde diciembre. Los trabajadores reconocen que ambas llegaron a "poner orden", por lo que organizaron una reunión en abril con todos los operadores para aunar criterios. Será la primera vez que muchos de los que hacen lo mismo se vean las caras.

El retraso, dice Fernanda, será difícil de arreglar: "Las dos están intentando ordenar todo, pero ordenar algo que viene desde hace meses con atrasos no debe ser nada fácil. Y menos si no les dan más recursos".

Interior versus Fiscalía por las libertades vigiladas

Búsqueda informó a principios de mes que en el Ministerio del Interior estaban preocupados por la salida de “miles” de presos que pasarán a régimen de libertad vigilada este año. Las fuentes cuestionaban que los fiscales acordaran con los delincuentes que parte de la pena se cumpliera fuera de prisión. El fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, escribió entonces en su cuenta de Facebook que no compartía que la cartera responsabilizara a los fiscales por aplicar esa ley . Según él, la norma fue “impulsada” por el ministerio en 2016.

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