VIOLENCIA DE GÉNERO

27 huérfanos por femicidios: ¿Qué ayuda les espera?

Si bien existe normativa específica, todavía es novedosa y el mecanismo debe aceitarse. A veces la ayuda tarda más de lo que se querría y en algunos casos se pierde de vista a las víctimas.

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A lo largo de 2019 el Ministerio del Interior registró 24 femicidios y 23 intentos de asesinar a una mujer. Foto: Fernando Ponzetto.

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De un lado de la moneda están los 24 femicidios que registró el Ministerio del Interior a lo largo de 2019, y del otro los por lo menos 27 huérfanos que dejó. El decreto de emergencia nacional por violencia de género que anunció Tabaré Vázquez el 30 de diciembre pasado planteó la elaboración de un plan que se entregará a las autoridades del gobierno electo, que entre otros puntos incluirá medidas para mejorar la atención integral hacia los niños afectados. ¿Cómo es la que reciben ahora?

Entre los especialistas hay un consenso de que tras la mayor visualización que están consiguiendo los homicidios por violencia doméstica, se fue corriendo el velo de lo que pasa con estos hijos.

Primero la ley de violencia basada en género (de fines de 2017) y ahora una modificación en el Código de la Niñez y la Adolescencia (en octubre pasado) aportaron medidas específicas para esta población, pero abogados y jueces coinciden en que la normativa que los protege está “muy fresca” y hay conceptos que todavía “se están construyendo”.

Fernando Rodríguez, presidente interino del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) —que en los últimos años incrementó en 80% su presupuesto, multiplicando la instalación de servicios especializados— reconoce que son las prácticas recientes, surgidas a partir de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal dos años atrás, las que permitieron entender que los niños lejos de ser considerados testigos deben ser tratados como víctimas, al igual que sus madres. “Hasta ese momento no se los cuidaba como víctimas, se los consideraba un medio para conseguir prueba para dimensionar el delito”, dice.

En ese sentido, la creación de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía ayudó a ordenar el diálogo entre los distintos actores que deben trabajar conjuntamente y de forma inmediata ante estos eventos, porque recursos contemplados para esta población los hay aunque no siempre las víctimas saben cómo llegar a ellos.

En el ámbito judicial, varios admiten que fue esta área la que instaló la prioridad de preguntarse ante un homicidio por violencia de género si hay niños, quién los tiene y cómo están; pero el mecanismo debe aceitarse.

Rodríguez reconoce que no existe un protocolo específico para trabajar estos casos. En este sentido, Mariela Solari, directora de la unidad, anuncia que acaba de tener una reunión con Unicef y la Facultad de Psicología para crear uno que contemple los distintos procedimientos que han probado a lo largo de dos años de trabajo.

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En el 31% de los femicidios existía una denuncia de violencia de género previa. Foto: Francisco Flores.

En este tiempo, fueron atendidos 86 menores —y más 32 mayores— hijos de víctimas de un femicidio y de mujeres que sufrieron un intento de asesinato.

Mientras tanto, el INAU se entera de estos episodios por distintas vías. La noticia puede llegar a alguno de los centros de referencia desplegados en el país o a la unidad de urgencia que está en Montevideo, o mediante un llamado de esta unidad de la Fiscalía.

Pero, ¿esto asegura la intervención en todos los casos? “Sí, en las primeras horas de ocurrido el hecho”, asegura Rodríguez, aunque advierte: “Salvo lo que pasó en un caso del 25 de diciembre”.

El episodio que sigue sirve como ejemplo de los distintos factores que se despliegan y colisionan ante un crimen brutal, en el que el pedazo de familia que queda —o surge cuando no hay nadie— debe tomar decisiones en nombre de los menores.

Un desfasaje que defraudó

El 25 de diciembre amaneció con la noticia de que dos mujeres habían sido asesinadas durante la Nochebuena: una joven de 18 años que intentó defender a su madre de una golpiza que le estaba dando su padrastro, y una mujer de 48 que estaba celebrando con su hermana (38) cuando la expareja de ella se apareció con un revólver y les disparó a las dos; la segunda víctima falleció al día siguiente. Este hombre ya había sido imputado por un delito de violencia doméstica y porte de armas en un lugar público, y tenía vigente una medida de prohibición de acercamiento. En ambos casos, entre los testigos había niños.

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Modificaciones en el Código de la Niñez son difíciles de aplicar, según expertos

En octubre pasado se modificó parte del articulado del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA). Los cambios prevén medidas que distintos operadores aseguran que son difíciles de cumplir debido a la escasez de recursos que tienen y la inexistencia de juzgados especializados en violencia de género. Rossana Bianchi, encargada de la Defensoría de Violencia Doméstica, explica que son 13 defensores cuando deberían ser 25 para atender los 10 juzgados de familia especializada que hay. Por esta razón, los operadores que trabajan con violencia de género se reunieron el pasado 12 de diciembre con el presidente de la Suprema Corte Eduardo Turell para plantearle la situación de desborde absoluto que atraviesan. El CNA exige ahora una reunión anterior a la audiencia entre el defensor y el menor representado, pero como no tienen oficina se termina citando a una audiencia para escucharlo y ahí asumir el cargo. A veces la falta de espacio hace que las charlas sean en los corredores. El código también obliga a discutir cada petición con el menor, lo que es correcto, pero implicaría hacerlos ir al juzgado varias veces al mes. También se acortó de seis días a tres el tiempo previsto para responder a una apelación, “lo que en estas condiciones podría perjudicar la calidad de la intervención”, plantea Bianchi. Concluye: “Están pidiendo cosas que no son reales”.

La conmoción fue generalizada y motivó el pronunciamiento del presidente Vázquez decretando la emergencia nacional que meses antes le reclamaban distintas agrupaciones feministas.

Volvamos a esa noche fatal. La Policía ya estaba en el domicilio de las hermanas Lorena Suárez y Rita del Carmen de los Santos, cuando llegó un hijo veinteañero de ella acompañado de su novia. Ya le habían avisado que a su madre la acaba de matar la expareja de su tía.

En el hogar del barrio La Comercial, ahora convertido en escenario del crimen, aguardaban dos hijos de las víctimas que habían visto el homicidio, primos entre sí; una niña de 12 años —hija de Rita— y un varón de 11, hijo de Lorena y del imputado.

La Policía le permitió a la pareja partir con los menores hacia un apartamento de Ciudad Vieja, un monoambiente que comparten los cuatro desde el día de la tragedia. Instantáneamente decidieron que solicitarían la tenencia de los dos niños.

Allegados a las hermanas comenzaron a acercarse a sus hijos —los dos menores y dos mayores— y de forma espontánea se generó una red de apoyo que Rodríguez, del INAU, describe como “excepcional” para este tipo de situaciones.

Una amiga de las víctimas se ofreció a compartir la custodia del niño. Los compañeros de trabajo de una de ellas hicieron una colecta para pagarles el sepelio; el mismo plan llevaron adelante otras amigas, que abrieron un colectivo en Abitab. Un colegio, enterado de tragedia, se puso en contacto para ofrecer una beca completa para los menores. Los empleados de la mutualista donde estos están afiliados, alertados de que pronto serían dados de baja, se ofrecieron a mediar para evitar que esto sucediera y contactaron a una psicóloga que había atendido un tiempo atrás a la niña; la psicóloga puso pausa a sus vacaciones y volvió a Montevideo para entrevistarse con la pequeña. Una mujer vio la noticia en el informativo y reconoció un juguete: era un regalo de cumpleaños que ella le habría comprado a un compañero de clase de su hijo; ella también se acercó para ayudar. En estos días, fueron varias las madres de amigos de los niños que se encargaron de recogerlos y sacarlos a pasear.

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Por lo general aparece un familiar o amigo de la víctima que se hace cargo de los niños. En los otros casos son institucionalizados. Foto: F. Ponzetto.

Según supo El País, esta cadena de colaboradores se fue armando a lo largo del 25, 26 y 27 de diciembre. Parte de los involucrados se contactaron con el directorio del INAU, reconoce Rodríguez, ya que el instituto demoró 48 horas en hacerse presente.

Pero lo que desde las instituciones se consideraba un procedimiento bajo control, a los allegados les dio la sensación de soledad ante la tragedia.

De acuerdo con la reconstrucción que se realizó para este informe, un equipo de la unidad de Fiscalía se contactó telefónicamente con los hijos mayores de Rita en la madrugada del 25 para darles los primeros “auxilios psicológicos”. Luego orientó a sus parejas, ya que fueron identificadas como las referentes con mayor fortaleza emocional en estas circunstancias.

También se estuvo en contacto con un par de amigas de las víctimas que cooperaron en el cuidado de los menores.Ese mismo día, la unidad le habría dado aviso al INAU, que a su vez trasladó la información a sus centros regionales, que están organizados por zonas. El primer mensaje habría sido recibido por el centro correspondiente al municipio C —asignado de acuerdo con la dirección de las víctimas—, pero como los niños habían sido ubicados en otro barrio, se trasladó la información al equipo que trabaja en el municipio B. Este trámite habría generado un desfasaje de 48 horas en la atención.

Los funcionarios se pusieron en contacto con los adultos cercanos a los menores recién el día 26; prometieron ir al domicilio pero no lo hicieron.

El 26 de diciembre, antes de que la fiscal Sandra Boragno formalizara al agresor y se le aplicara una prisión preventiva de 180 días por los delitos de homicidio, homicidio muy especialmente agravado (femicidio) en reiteración real y un delito de desacato en reiteración real, el equipo de la Unidad de Víctimas de Fiscalía se reunió con los hijos de las mujeres —con excepción del niño de 11 años, que no quiso ir— y les presentó un defensor que los asistirá durante el proceso.

Al día siguiente se realizó otra reunión, esta vez sí con la presencia del INAU. El instituto visitó el día 28, por primera vez, la vivienda donde están viviendo los niños. Se les entregó una boletera, una canasta con alimentos y comenzaron los trámites para gestionar una tenencia provisoria.

Como el espacio con el que cuenta la pareja que quiere hacerse cargo es reducido, y no apareció aún una solución habitacional, se acordó que la niña quede con ellos, mientras que el varón alternará su crianza entre este hogar y el de una amiga de la mujer asesinada.

Rodríguez explica que en esta etapa se estudia la voluntad de la familia de hacerse cargo y su capacidad para conseguirlo aplicando un test. También se dilucida qué otras ayudas les harían falta, como puede ser la vivienda —la necesidad más compleja de satisfacer, reconoce— o un apoyo económico, que de acuerdo al contexto puede variar de $ 4.154 a $ 12.462.

Luego se firma un contrato donde se fijan metas y compromisos por parte de los cuidadores de los niños. Rodríguez señala que su cumplimiento se controla. “El seguimiento se realiza hasta que el equipo técnico concluya que la familia logró una autonomía”, dice.

Algunos abogados que trabajan con este perfil de víctimas dijeron para este informe que les consta que el INAU no siempre cumple con este seguimiento.

Medidas a ajustar

Desde la unidad dicen que deben lidiar con el mito de la necesidad de un psicólogo apenas ocurren los hechos. Claudia Capelli, terapeuta que integra este equipo de atención, explica que no se procede igual ante cada crimen: “No siempre es conveniente que los técnicos estén presentes en la escena. Tenemos que hacer una rápida evaluación de cuál es la mejor estrategia, identificar qué adultos están rodeando a esos niños y cuál es el mejor camino para fortalecerlos a ellos, porque para el niño no dejamos de ser una cara desconocida”.

Por eso, para la unidad la demora del INAU en el caso del 25 de diciembre no fue grave.

Ellos trabajan con los adultos que se harán cargo, pero no siempre asisten a los niños de forma directa. “Tras hacer un primer diagnóstico del grado de afectación, convocamos al INAU para el seguimiento y a los centros de salud, pero se trata de no invadir a las víctimas”, dice Solari.

A quienes cuidan a los hijos de Rita y Lorena les preocupa que el varón no tenga aún coordinación con un psicólogo: lo sienten en estado de shock y negación. Cuentan que relata permanentemente cómo fue el asesinato.

También es una tarea de la unidad informar a la Justicia de Familia para que un juez homologue la tenencia, si es que aparece algún familiar o amigo dispuesto a hacerse cargo de los huérfanos.

En el caso contrario un magistrado solicita la institucionalización de los menores. La psicóloga Capelli dice que hay veces que “se levantan las piedras y no hay nadie”, pero que en la mayoría de los casos “aparece ese familiar que responde ante la situación”.

Solari asegura que la comunicación con el juzgado se hace siempre; sin embargo, desde la Defensoría de Violencia Doméstica dicen que estos casos casi no les llegan. Por su parte, Rodríguez, desde el INAU, también plantea que cuando los niños quedan con una familia de origen no siempre se pone en conocimiento a la Justicia.

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El imputado por el asesinato de Lorena Suárez y su hermana Rita cumple 180 días de prisión preventiva. Foto: Marcelo Bonjour.

¿Esto podría ser un problema? Eventualmente, sí. Eduardo Cavalli, ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, indica que un femicidio amerita la creación de un expediente donde se adopten medidas de protección para el niño, como aislamiento con el agresor —a quien se le retira la patria potestad tras la condena de sentencia, mérito de la ley de violencia basada en género—, pero además es el juzgado el que debe hacer su investigación para ratificar la decisión que propone el INAU para la tenencia del menor.

Además, mediante un juicio de pensión, el niño podría recibir un subsidio de la familia paterna, o del propio padre condenado si este tiene algún bien.

Aunque fuentes judiciales comentan que el INAU mejoró la frecuencia y la calidad de los informes que entrega sobre el seguimiento de estos menores, otras dicen que se sabe que a veces llegan tarde.

Uno de los casos emblemáticos del olvido en que algunos de estos huérfanos pueden caer por parte de las instituciones lo expone la abogada especializada en violencia doméstica Marcela Falco: lo sabe porque terminó acogiendo en su familia a dos de los seis hijos que dejó Vanesa Monzón tras ser asesinada dos años atrás por su pareja, en Treinta y Tres. El menor de los niños, cuyo padre se había suicidado tiempo atrás, está al cuidado de la psicóloga de la Administración de los Servicios de Salud del Estado que lo atendió tras la pérdida.

INAU demoró siete meses en realizar un seguimiento. El juzgado, en tanto, jamás concretó la visita de la asistente social en sus nuevos hogares. El Estado, que tiene obligación de velar por ellos, no sabe si alguno se mudó —una de las niñas, de 13 años, cambió cinco veces de hogar— o si están concurriendo a los centros educativos y a los tratamientos médicos. Yo sé que están todos bien porque me hablo con los otros papás para que los hermanos se vean entre sí, pero nadie se sentó con ellos a preguntarles cómo están en sus nuevos ambientes y podría ser caótico. Honestamente: no saben si están vivos o muertos”.

Hay otro recurso para los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género que podría funcionar como un control de la situación de los menores, pero estos niños también quedaron afuera de él. Desde 2011, y tras un reclamo del colectivo Mujeres de Negro, se logró la ley que obliga al Banco de Previsión Social (BPS) a cubrir la atención psicológica, y a pagar una pensión y una asignación familiar a cada uno de los huérfanos.

Según información a la que accedió El País, desde 2013 el BPS otorgó 288 pensiones cuyo valor actual es de $ 11.160; 18 de ellas corresponden a 2019. En cuanto a las asignaciones familiares, en el mismo lapso de tiempo fueron entregadas 280; entre ellas 16 en el año pasado, por un valor de $ 1.615 para los niños que cursan primaria y $ 2.307 para los que están en secundaria.

Para que estas prestaciones se mantengan luego de los 14 años, y hasta los 21, deben presentarse anualmente certificados de estudios. El penalista Juan Williman, especializado en la representación de víctimas, cuenta que se las han retirado a algunos de sus representados por no cumplir con este requisito. Este beneficio es también un factor a vigilar: “Algunas veces me he preguntado si ciertas personas no estaban queriendo hacerse cargo de los niños para cobrar esta pensión”, dice.

Sin embargo, la contradicción que plantea la redacción de esta ley es que para tramitarla exige la formalización del agresor. Ivana Manzolido, abogada especializada en género, plantea que esto es un problema cuando el homicida se quita la vida porque no hay imputación alguna. Esto les sucedió a los seis hijos de Monzón: el presunto homicida se suicidó en la cárcel antes de que se le tomara declaración y el BPS aún estudia la situación para aprobar la pensión de los menores.

Un panorama similar enfrenta ahora Williman, abogado de los hijos de las hermanas Rita y Lorena. La fiscal Boragno tipificó a uno solo de los homicidios como femicidio, y por lo tanto a la hija de Rita no le correspondería recibir la pensión pese a que el entorno de las víctimas aseguran que el imputado también la amenazaba recurrentemente por proteger a su hermana.

Ante la consulta de por qué no fue considerado femicidio, la fiscal explicó que no tenía elementos que le permitieran sacar esta conclusión al momento de la formalización, pero que la investigación continúa.

La misma situación sucede con la otra víctima de Navidad, la joven de 18 años que defendió a su madre de los golpes de su pareja: su hijo de dos años no tendría derecho a la pensión de acuerdo con la clasificación del delito (homicidio especialmente agravado por la presencia de un menor en régimen de reiteración real y un delito de lesiones personales).

Este es uno de los ejemplos que los expertos señalan que necesitan ajustarse para que finalmente los huérfanos de esta emergencia nacional sean tratados como se merecen.

DESDE MARZO

INAU prepara un software para mejorar los seguimientos de las familias de acogida

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) está perfeccionando el funcionamiento de un software que estaría listo para implementarse en todo el país en marzo. Fue diseñado para mejorar el seguimiento de los niños que integran el programa de acogimiento familiar del que participan 780 familias que cuidan a unos 1.900 menores. Cuando se otorga una tenencia provisoria dentro de este programa, la familia de acogida firma un convenio con INAU donde se fijan metas y compromisos. A este paquete se le llama programa de apoyo individual y se diseña en conjunto con los técnicos, la familia de acogida y si hubiera un menor adolescente también puede participar. Una vez acordadas, las metas se cargan al sistema, que las traduce en distintas alertas que el equipo técnico irá recibiendo para ser orientado en el monitoreo del cuidado del menor. Por ejemplo avisa cuando tal niño debe ser inscripto en un centro de estudio o realizarse un control médico, entre otras obligaciones. El sistema se viene probando desde hace tres años de forma piloto con una ONG que supervisa a 100 familias en Río Negro. “Acumulamos mucha experiencia y creemos que este software nos permitirá facilitar la tarea del seguimiento”, explica Fernando Rodríguez, presidente interino del INAU. De esta manera los equipos técnicos contarán con una tablet donde tendrán cargada la información de los casos que deben acompañar hasta que se considere que la familia logró una autonomía y no necesita más del apoyo del INAU.

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