La conducta criminal ha cambiado. Los delitos son más violentos y el registro de homicidios continúa en niveles cercanos al récord del año pasado. El impacto del narcotráfico es una de las principales causas, pero no la única, la Policía pone todos sus recursos en la calle para frenarlo.

El homicidio de Bálmer Lucas (58) se aclaró esta semana con la detención del autor, V.A.A.P. (26) sin antecedentes penales. Esta muerte que sacudió a los vecinos del asentamiento 24 de Junio en la zona de Manga fue apenas una de los 203 homicidios registrados hasta el 1° de octubre pasado y tal vez el que menos difusión haya tenido. Su homicidio forma parte de una minoría de casos que ocurre en el curso de una rapiña. Sin embargo, las autoridades admiten que hay un notorio incremento de la violencia criminal en distintas manifestaciones.

"La percepción después que está instalada es muy difícil de hacerla desaparecer o disminuir, para que la gente recupere la seguridad que cree perdida tendría que desaparecer prácticamente el delito violento, y todos sabemos que eso es imposible", reconoce el director nacional de Policía, el comisario general (retirado) Mario Layera.

Layera lidera un programa de reformas en la Policía que continúa el desarrollado por el fallecido comisario general Julio Guarteche, un hombre junto al que el propio Layera trabajó durante años en el área de la Brigada Nacional Antidrogas. El objetivo central de este programa es el de atacar de lleno al delito violento, un flagelo epidémico sobre el que se levanta la percepción de inseguridad que domina en la opinión pública.

La estrella de esta reforma es el denominado Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), una herramienta operativa que tiene por objeto el combate a las rapiñas. La semana pasada se terminó la evaluación del primer semestre de aplicación del PADO y las conclusiones fueron positivas. Sin embargo, el homicidio continúa resultando un delito prácticamente imposible de prevenir, a excepción de aquellos precisamente vinculados a un robo en curso que, como se vio, son estadísticamente una minoría (16 %).

Un análisis de la calidad y cantidad de delitos violentos acompaña cada informe que llega hasta el despacho del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Las estadísticas de criminalidad y violencia que se venían publicando periódicamente se conocerán el próximo martes 25 de octubre cuando Bonomi sea interpelado en el Senado. Un examen del perfil de los delitos más violentos hecho por el equipo de expertos acompaña los resultados estadísticos. Esta metodología se replica en los distintos niveles operativos de la Policía, según explicó el comisario general Layera.

"La tendencia que estamos viendo en la conducta criminal creemos que es una consecuencia del impacto que ha tenido el narcotráfico", señala Layera.

El combate al narcotráfico a gran escala había rendido grandes resultados, pero su penetración en el tejido social y económico del país terminó por plantear un escenario distinto para la realidad uruguaya. "Habíamos sido exitosos en no permitir la instalación de las grandes organizaciones, los cárteles en Uruguay, pudimos detenerlos a todos. Pero el tráfico de pasta base cambió las cosas, aumentó el consumo y el microtráfico que es lo que estamos viendo ahora", señaló el alto mando policial.

Pero el narcotráfico al menudeo no explica todo el incremento de la violencia. "Creemos que hay causas que son ajenas a estos temas", apunta Layera.

En un rápido repaso el jerarca señala el panorama integral con el que se enfrenta cada mañana al llegar a su despacho y comienza a recibir las novedades. Conflictos en centros educativos, conflictos en espacios públicos, en centros de esparcimiento, escenarios deportivos, conflictos de orden ambiental o de protección a los animales, "todas estas cuestiones terminan muchas veces en actos de violencia de distinto tipo".

Si esto ocurre en términos generales y abarca a distintos sectores de la población, en el mundo estrictamente delictivo la gradación de violencia se ahonda por, estiman los analistas, tres factores principales que la determinan.

"En el estudio de las rapiñas estamos observando tres elementos que surgen como causas principales", apunta Layera.

La urgencia del delincuente en consumar el delito resulta determinante para agregar un mayor componente de violencia. "El delincuente siente que tiene que actuar con rapidez para conseguir escapar de la Policía", señala. La aritmética violenta es implacable: más rapidez, más violencia.

La reacción de la víctima es otro elemento decisivo, como en el caso ocurrido en Carrasco Norte sobre principios de mes. Si la víctima intenta defenderse es muy probable que el delincuente recurra a la violencia armada. "Y si interpreta el gesto como que puede llegar a correr riesgo de vida, más violenta es la reacción", agrega el oficial.

Y por último, uno de los factores cada vez más recurrentes. Los delincuentes consumen o han consumido drogas, en particular pasta base, con lo que sus actos están determinados por el efecto toxicológico.

Estos cambios en la conducta delictiva impactan también en el cuerpo policial. "Es mucho más probable ahora un enfrentamiento armado de la Policía con los delincuentes que antes", observa Layera.

De hecho, esta semana cinco policías resultaron procesados por su accionar fuera y dentro del servicio. En este último caso el fallo recayó sobre dos agentes de la Jefatura de Maldoando que dispararon contra dos delincuentes que huían tras cometer un robo.

A estos se sumaron los tres policías involucrados en los incidentes frente a la discoteca Coyote donde resultó muerto el joven Nicolás Cuña, a causa de un disparo hecho por uno de los efectivos.

Las viejas estructuras policiales están pasando por un proceso de reforma a todos los niveles. La descentralización del servicio en Montevideo fue el primer paso para una cadena de cambios que impulsó el exdirector nacional de Policía desde que asumió en el cargo. El fortalecimiento de la presencia policial en las calles a través de dos programas clave en la operativa policial.

Al mencionado PADO se agrega el sistema Pred-Pol, un software utilizado por las unidades de análisis que trabajan con un algoritmo que se alimenta de tres datos básicos: el tipo de delito, el lugar donde se cometió y la fecha y hora del mismo. Sobre esta base el algoritmos sitúa tendencias delictivas en un mapa referenciado y en base a ello los equipos policiales se desplazan a reforzar vigilancia.

"Este sistema es una adaptación de las experiencias que han realizado otras policías de las que hemos aprendido, como las de Nueva York (EE.UU.) y Reino Unido", explicó Layera.

El PADO abarca actualmente a un contingente de 800 policías que operan en la llamada área metropolitana (Montevideo, Canelones, Maldonado, San José). El Ministerio del Interior pretende ampliar este cupo a 1.000 efectivos más y extenderlo al resto de las jefaturas departamentales con un número de efectivos a escala.

Los policías del PADO se encuentran desplegados en 28 circuitos del área metropolitana, la mayoría de ellos ubicados en Montevideo. Estos son los denominados "puntos calientes", aquellos lugares más conflictivos donde se disparan los índices delictivos. Casavalle, Casabó, Pajas Blancas, La Paloma (Cerro), Tomkinson (Paso de la Arena), Las Acacias, Peñarol son las zonas que reúnen la mayor cantidad de delitos violentos.

A principios de esta semana el director nacional de Policía, el Estado Mayor Policial y los responsables del programa evaluaron el primer semestre de aplicación. Los resultados se conocerán cuando el ministro presente los datos durante la interpelación. Pero ya se anticipa que el programa permitió frenar las rapiñas y hacerlas disminuir en un 5 %, lo que en términos acumulados respecto a la tendencia de los últimos dos años suma una disminución que ronda entre el 15 y el 20 % menos de rapiñas. Al asumir esta administración se había marcado como objetivo una reducción del 30 % de las rapiñas, meta que aún está lejana.

En noviembre, todo el personal de comisarías comenzará a reforzar el patrullaje cuando ingrese personal administrativo para tomar tareas de ese tipo.

De este modo se pretende que todos los policías que actualmente están abocados a tareas meramente administrativas, queden liberados de estas para dedicarse de lleno al trabajo policial.

El Ministerio del Interior está contratando a un grupo de 200 becarios que seleccionó entre estudiantes universitarios y de carreras tecnológicas que comenzarán de lleno en los primeros días de diciembre próximo.

"La idea es que estos policías puedan reforzar la presencia en los barrios, que estén en contacto con los vecinos, que tengan un intercambio diario y puedan ver los problemas que plantea la gente", explica Layera.

De este modo se piensa dar solución a problemas cotidianos que a menudo derivan en situaciones propicias para el delito. La falta de iluminación, la poca vigilancia en un espacio público —plazas y espacios recreativos— son frecuentemente situaciones reclamadas por los vecinos.

La idea dominante en este esquema de trabajo es que la prevención puede incidir directamente en la baja de los delitos más violentos. Cabe recordar que el uso de armas de fuego conformaba en 2015 el 67 % de los medios utilizados en los homicidios, un índice que no ha variado sustancialmente este año. La legislación aprobada en 2014 que sanciona, por ejemplo, con tres a 18 meses de prisión la tenencia no autorizada de armas de fuego en espacios públicos, posibilita a la Policía de actuar directamente sobre sospechosos detectados en la calle que pueden derivar en un conflicto.

Otro elemento que viene relevando la estadística criminal y que se vincula directamente con los planes de prevención, es la ocurrencia de episodios violentos en la vía pública. En tal sentido, según las cifras difundidas recientemente por El Observador basado en datos del Ministerio del Interior el 42 % de los homicidios se consumó en lo que va del año en la vía pública, en tanto que el 38 % lo fue en el espacio de residencias. Si el programa resultara exitoso podría conseguir abatir en un futuro este porcentaje.

Las estadísticas publicadas periódicamente por el Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior analizan los móviles detrás de los homicidios consumados. Los últimos números oficiales difundidos en forma oficial son los cerrados al año 2015, recientemente El Observador publicó resultados comprendidos entre el 1° de enero y el 2 de octubre de este año, que fuentes de Interior confirmaron. En 2015 el 37 % de los homicidios obedecieron a conflictos entre criminales, o ajustes de cuentas. Solo el 19 % ocurrió en el curso de una rapiña, según los números parciales de este año ese porcentaje se redujo al 16 %. En tercer lugar se ubicaban en 2015 los homicidios por violencia intrafamiliar con un 18 %. Si bien no se conoce la cifra de este año, por los datos existentes es posible estimar un índice similar. El número de víctimas femeninas es también similar.

El homicidio del ciudadano alemán Arno Wollensak es el caso que rompe todos los esquemas criminalísticos del país. Para la investigación del caso el director de Policía designó a un equipo especial de investigadores, integrado por oficiales de alta graduación y especializados en varias disciplinas. Según comentó el comisario general Mario Layera los investigadores trabajan sobre varias pistas y buscan a las dos mujeres desaparecidas tras el hallazgo del cuerpo de Wollensak, Julie Ravel —esposa del gurú— y Anita, una empleada de la finca de Los Cerrillos donde residían, consideradas como piezas clave para el esclarecimiento del caso. Aunque en principio se pensó que el pasaje del alemán por el penal de Libertad y su contacto con narcotraficantes y policías alojados allí pudo haber derivado en su asesinato por algún tipo de ajuste de cuentas, esta hipótesis ha sido prácticamene descartada por los investigadores, afirmó el director nacional de Policía. Los pasos de los investigadores son mantenidos en estricta reserva, pero incluyen averiguaciones de distinto orden, incluso internacional. El cadáver de Wollensak fue encontrado el pasado 28 de agosto en la costa de La Floresta, semienterrado en la arena, con los pies atados, las muñecas esposadas, la boca tapada y encapuchado. La psicóloga forense Adriana Savio analizó el caso, en base a la información conocida hasta el momento y, según dijo a El País, el crimen guarda una estrecha relación con el perfil de la víctima, líder de una secta y denunciado por las víctimas como autor de sistemáticos abusos sexuales contra menores de edad. "El fenómeno de las sectas está muy estudiado por la criminología especializada, y lo que se destaca de estos estudios es el modus operandi diferente a otras modalidades, donde a menudo aparecen integrados el homicidio y el abuso sexual infantil, la trata de personas", señaló la especialista. Savio recordó casos en los que aparece el homicidio voluntario de los integrantes de la secta en el marco de un ritual. "En estos casos la persona acepta entregar su vida en nombre de algo que considera superior, no importa qué, según el nombre que le dé la secta", explicó. Para la psicóloga, que ha impartido cursos sobre perfiles criminales a integrantes de la Policía Científica, las características del líder sectario tienen mucho que ver en la naturaleza del crimen del que fue víctima. "Una secta es algo contrario a una religión por la sencilla razón de que mientras que la religión tiende a humanizar a las personas, la secta tiende a deshumanizarlas, los adeptos terminan cosificándose", explica Savio. Y ello se convierte en un ambiente propicio para "estructuras psicopáticas como las que presentaba el líder". Antiguas integrantes de la secta denominada "Oasis de Luz" denunciaron el cuadro de abusos sexuales del que fueron víctimas en su infancia a manos de Wollensak, en algunos casos entregadas por sus propias madres. "Este hombre no era un sociópata, acá estamos hablando de un trastorno de personalidad con una fuerte capacidad para desarrollar vínculos con otros", apuntó Savio. Y en el marco de esa red de vínculos estaban las madres que entregaron a sus hijas de corta edad como verdaderas "esclavas sexuales" de Wollesnak. "Las madres, desde el punto de vista de la victimología, son a la vez víctimas y perpetuadoras, allí aparece una perversión", señala.

La especialista señala que posiblemente en estas mujeras preexistiera una estructura paranoica y un estado de pre-sicosis que terminó siendo potenciado por la vida en la secta. Para Savio la forma en que fue hallado el cadáver tiene una simbología propia que, de algún modo, traduce la "lógica interna de la secta". "El cuerpo maniatado, la boca tapada con cinta, todo eso quiere decir algo", señala, "es un mensaje para terceros, algo así como no tendrías que haber hablado y no tenés forma de escaparte. Es un mensaje de miedo para los otros", apuntó.

"El paradigma que queremos imponer es el de la prevención, que es un cambio muy profundo en nuestra cultura profesional", asegura el comisario general Mario Layera. Durante décadas la imagen que imperó fue la del policía "atrincherado" en la comisaría, que recibía con gesto hosco al civil que llegaba a plantear una denuncia o una mera queja. Luego, cuando se consumaba un delito, los policías salían en tropel para ir en busca de los autores y con mayor o menor fortuna capturarlo. Esa imagen es la que ahora la institución pretende cambiar. "Tenemos que pasar del policía cazador, al policía cuidador, lo que implica un gran cambio en nuestra cultura", argumenta Layera. Este cambio de paradigma entraña aspectos prácticos muy concretos. Los análisis de criminalidad han demostrado que las horas nocturnas son las más propicias para el aumento de delitos. "Sin embargo los policías elegían salir menos en estas horas que en las diurnas", observa el jerarca. La batería de medidas pretende revertir estas tendencias y eliminar obstáculos como los de orden administrativos para que el funcionario no se escude en ellos para no cumplir tareas de patrullaje. El perfil que se busca es el del agente capaz de entablar un diálogo fluido en el vecindario, atento a las inquietudes y receptivo a los planteos. "El problema es hacer todos estos cambios en medio de un incremento de la violencia, lo que hace más costoso todo el esfuerzo", apunta el jerarca. La aplicación del programa PADO (ver aparte) es vista con interés por el personal, ya que implica un refuerzo económico apetecible. Los efectivos volcados a esta tarea reciben una partida extra de 7.000 pesos en el sueldo, lo que para muchos policías es una inestimable ayuda en la medida en que se está en proceso gradual de eliminación de las horas 222, los tradicionales servicios contratados que la Secretaría de Estado pretende eliminar. Aunque pueda pensarse que el PADO guarda alguna similitud con el programa de Unidades de Policía Pacificadora (UPP) que aplica la Policía de Río de Janeiro en las favelas, esto no es así. "Se analizó ese esquema, pero se vio que no hay ninguna similitud con las favelas brasileñas, que tienen una realidad completmente distinta. Por eso hicimos este programa con el asesoramiento de especialistas británicos y estadounidenses", señaló el jerarca. Los ojos están puestos ahora en las nuevas promociones de agentes que saldrán de los programas educativos con este nuevo perfil.

RENZO ROSSELLO

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