Publicidad

Historia atrás de un femicidio: así fueron las últimas semanas de Daiana, antes del asesinato

Compartir esta noticia
femicidio Daiana Laguna
Movilizacion en protesta por femicidios y violencia domestica, tras el homicidio de una mujer a manos de su ex pareja en la esquina Mazangno y Maria Orticochea, en Paso de las Duranas, Montevideo, ND 20220808, foto Estefania Leal - Archivo El Pais
Estefania Leal/Archivo El Pais

LAS FALLAS DEL SISTEMA

Desde junio la víctima advirtió que el agresor incumplía las medidas de protección, pero nada cambió. Aquí, el detalle paso a paso de cómo actuó cada organismo y dónde estuvieron las posibles fallas.

Siete cuadras —solo siete— separan la casa que pertenecía a Daiana Laguna de la seccional octava de Policía, allí donde el barrio Paso de las Duranas empieza a convertirse en Sayago. Siete cuadras. Solo siete. Y estaría a salvo. Cuando en la tarde del jueves 4 de agosto su nombre apareció en los medios con la noticia de un nuevo femicidio, se supo que su expareja y matador había incumplido una vez más con la medida judicial que desde fines de junio le prohibía acercarse a ella y a sus dos hijas, de 11 y 6 años. Aquel jueves, la mayor de las niñas lo había descubierto caminando por el techo de la vivienda. Lo vio por las cámaras del sistema de videovigilancia que su padre había instalado para controlar sus movimientos.

Las acechaba.

Lo mismo había ocurrido unos días atrás. Entonces, en la madrugada, Daiana había llamado a la Policía para pedir ayuda. La tarde de aquel jueves, cuando otra vez el agresor las observaba desde el techo, Daiana tomó a cada hija de una mano y corrió hacia la seccional. Las tres avanzaron una cuadra. Dos. Hasta que el hombre las interceptó y le disparó en la cabeza a la que había sido su pareja por 12 años. La mató frente a sus hijas. Luego intentó suicidarse de la misma manera. No murió en el acto.

Los vecinos salieron a socorrer a las niñas y después respondieron las preguntas de la prensa, confirmando que en el barrio se sabía que eran víctimas de violencia. Daiana y el femicida, Javier Medina, tenían un almacén. Según supo El País, el hombre no le pagaba un sueldo a pesar de que el comercio estaba a su nombre. La maltrataba frente a los clientes y empleados. También era común escucharlo decir a los cuatro vientos que iba a matarla y después se iba a suicidar. Tanto lo repetía, que algunos vecinos dejaron de tomarlo en serio. Hasta que pasó.

Aquel jueves, salió a luz en los informativos que en los últimos años la víctima había presentado ocho denuncias contra su expareja y que, además, otras mujeres lo habían denunciado antes. Desde la escena del crimen, la fiscal especializada en violencia doméstica, Sylvia Lovesio, reconoció que tal vez se estuviera “frente a una situación donde quizá se podría haber previsto una muerte”.

femicidio Daiana Laguna
Movilización por el femicidio de Daiana Laguna. Foto: E. Leal

¿Por qué el victimario no tenía tobillera si había incumplido las medidas de protección determinadas por la justicia de Familia Especializada? ¿Y por qué no había intervenido la Fiscalía investigando las denuncias y los incumplimientos? En los informativos se aseguraba que las denuncias de Daiana nunca habían salido del Departamento de depuración, priorización y asignación de la Fiscalía.

La certeza de que el sistema había fallado en su deber de proteger a una víctima que pidió ayuda dejó una indignación a flor de piel. El lunes pasado, distintos colectivos feministas, vecinos y allegados marcharon para exigir explicaciones.

Más de cien personas —mujeres, hombres, niños— recorrieron las siete cuadras que ella no pudo. Fue una movilización desoladora. No era un grupo que se congregó en una avenida pública: aquello fue una especie de duelo colectivo en la intimidad de un barrio. En cada cuadra aguardaban vecinos que se sumaban; de los comercios salían los trabajadores para acompañar desde la vereda; los que recién llegaban a sus casas y aquello los tomaba por sorpresa, detenían el vehículo y descendían. Cuando los cánticos paraban, emergía un silencio espeso.

En la seccional estaban preparados. Apenas la marcha llegó a destino, el comisario y dos agentes salieron a la puerta, irguieron las cabezas y allí permanecieron hasta el último momento. No dijeron ni una palabra. Manteniendo la distancia, los colectivos leyeron los nombres de las 22 mujeres y de los niños asesinados en lo que va del año. También describieron la forma en que habían sido ultimados y quiénes fueron sus asesinos.

En primera fila había una niña de siete u ocho años. Filmaba la escena con su celular. Cuando terminaron de leer, se ofreció el megáfono a los presentes. Una mujer lo tomó. Dijo que es víctima de violencia, que su expareja tiene tobillera pero aun así la persigue y la amenaza. “Vivo a cinco cuadras de una comisaría pero el patrullero demora entre una hora y una hora y media en llegar. Una vez dejó cargando la tobillera en la seccional y se fue, lo dejaron irse. ¿Qué tengo que hacer para que no me mate?”.

El hombre le cortó la cara, le lastimó un seno, le quebró la muñeca. La niña que filmaba se colgó del cuello de la mujer y lloró a los gritos. El agresor es su padre.

Romper el círculo.

Tres días le lleva a Micaela Laguna armarse de coraje para afrontar lo que le espera. Es madre de un niño pequeño, espera otro y ahora se hace cargo de sus sobrinas huérfanas. Sabe que la historia de su hermana Daiana “es difícil”, sabe que “algunos están hablando mal de ella”, “pero nada justifica este final”, dice. La pareja llevaba 12 años de relación y desde el embarazo de la primera hija habían comenzado las agresiones. “Era toxicidad mutua. Primero tenían un problema de celos entre los dos y después empezaron los golpes”, dice.

Daiana le contaba de las agresiones, pero también ocultaba información “porque ya se habían separado un par de veces y después lo perdonaba y volvían”. Dos veces retiró denuncias del que sería su matador. Ambas familias habían intentado mediar entre ellos, pero todo siguió igual; “no había solución”. Nació la segunda hija y fue peor. Daiana se enfermó. “Mi hermana estaba mal psicológicamente, tenía problemas en la tiroides y presión alta crónica”, describe.

Sin embargo, un episodio lo cambió todo y en junio Daiana tomó acciones judiciales para ponerle punto final a la violencia. ¿Qué salió mal, entonces? Con esa pregunta en los pensamientos, Micaela ordena una y otra vez las constancias de denuncias y cedulones judiciales que llevaba su hermana consigo en el momento que la mataron. Estaban dentro de una mochila que en el forcejeo se rompió.

Le es difícil entender la cronología. Para orientarse en el laberinto y evaluar si hubo omisiones de los organismos que ameriten una demanda, contrató al abogado Pablo Lamela.

Dice Micaela: “Lo que pasó en junio es que todo se removió por lo que contaron las nenas a los médicos. Eso y después que mi hermana vio a la mayor pinchándose los brazos. Eso la hizo reaccionar”.

A inicios de junio, la niña pequeña ingresó a la emergencia del hospital Pereira Rossell por una infección de oídos, pero la paciente le relató al pediatra la violencia que vivía en el hogar. La hermana mayor hizo lo mismo. Sentía una angustia tan grande que se había cortado el brazo con un pedazo de vidrio, contó.

El hospital tiene un equipo multidisciplinario que se activa “en tiempo real” cuando surgen estas alertas. “Hay cientos de casos similares”, plantea Mariana Galán, una de las asesoras legales. Lo componen distintos médicos, asistentes sociales, psicólogos y psiquiatras. Tras escuchar a las niñas, se reunieron con la madre. Al tratarse de menores —le explicaron— la institución elevaría un informe al juzgado de Familia Especializada solicitando medidas de protección para las pequeñas. Daiana, entonces, reconoció que ella también era víctima y asesorada por el equipo, decidió presentar la denuncia contra el agresor.

Para resguardar a madre e hijas se decidió ingresarlas a sala. Estarían protegidas en el hospital hasta que una resolución judicial avalara el retiro del agresor del hogar y la prohibición de comunicación y de acercamiento. Recién entonces tendrían el alta médica.

Y así empieza el capítulo crucial de esta historia violenta.

Acción por acción.

El País accedió al registro del Ministerio del Interior que indica que el 7 de junio Daiana realizó la denuncia contra Medina en la seccional octava. El funcionario dio cuenta a la fiscalía especializada en violencia doméstica y género de primer turno, “quien dispone una serie de actuaciones, y se cumplen”.

El día 13 de junio, se citó al agresor a la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de Zona III; concurrió el día siguiente. El 16 se presentó Daiana y amplió la denuncia. De acuerdo al relato de la familia, lo hizo para advertir que tras enterarse de la denuncia el agresor la amenazaba por mensajes, la llamaba y le había enviado una carta al hospital.

Al día siguiente, desde esta comisaría se llamó nuevamente al agresor quien dijo que concurriría el 18 de junio, pero no lo hizo. Lo volvieron a citar el día 21 y asistió. “El agresor negó las amenazas y la violencia física. Agregó que estaban separados desde hacía 16 días luego de una relación de 12 años”.

juazgado
En Montevideo hay 12 juzgados de Familia Especializada. Foto: Darwin Borrelli

El informe que el hospital elevó al juzgado está fechado el 17 de junio. “Allí se deja constancia de que se trata de una violencia de larga data contra las tres”, puntualiza Lamela, abogado de la familia.

El 22 de junio, la seccional notificó que el juzgado de Familia Especializada de sexto turno dispuso audiencia para el 27 de junio y desde ese mismo día —el 22— se impuso al agresor el retiro del hogar y las prohibiciones de comunicación y acercamiento “en todo momento y lugar, inclusive los lugares que frecuente y por cualquier medio respecto de la mujer y sus hijas con radio de exclusión de 500 metros y por el término de 180 días”.

El día 24, la Dirección Departamental Especializada en Violencia Doméstica y Género realizó un seguimiento de la mujer, pero no la localizó. De acuerdo al relato de la hermana, Micaela, ese día finalmente habían partido del hospital. “Vinieron a mi casa a descansar un rato y de noche las llevamos a su vivienda. Mi hermana temblaba de miedo. Cuando entraron, él estaba adentro, esperándolas en la oscuridad”.

El detalle policial indica que ese mismo día se concurrió al domicilio y encontraron a Medina frente a la casa, en la camioneta. Lo detuvieron por incumplir las medidas. Al día siguiente, Daiana volvió a la seccional y amplió la denuncia debido a los reiterados incumplimientos. “Solicita tobillera. De esto se entera al juzgado de Familia Especializada de décimo. turno, quien dispone intimar al estricto cumplimiento de las medidas bajo apercibimiento de desacato, enviar antecedentes al juzgado, cese de la detención, enterar a Fiscalía”.

A su vez, la Policía enteró a la fiscalía de violencia doméstica de tercer turno, que dispuso “intimar al estricto cumplimiento”. De todo esto se lo notificó a Medina.

El 27 de junio se realizó la audiencia, 20 días después de la denuncia y no 72 horas como indica la ley. Ese día, tampoco se contó con el informe del equipo técnico que permite realizar la valoración de riesgos y determinar la colocación de tobillera.

El agresor no concurrió, con aviso.

Aunque la ley indica que en la audiencia debe haber tres defensores, en el juzgado de sexto turno solo había uno disponible, que se dispuso para las niñas. Daiana no tuvo defensa.

“Olvidate de las denuncias anteriores. En Familia Especializada no es como en Penal que se incorporan, si no que se toman como hechos aislados”, explica el abogado Lamela. Por eso, aunque llevaba 12 años en una relación violenta y había denunciado anteriormente, su expediente fue iniciado por el juez Juvenal Javier el 27 de junio pasado, a raíz de un proceso que empezó para proteger a sus niñas. La carpeta tiene apenas “unas tres páginas”.

El agresor, en tanto, había presentado “muchos escritos” donde la acusaba de ser “una mala madre”, resume Lamela.

Del acta de la audiencia no surge que Daiana hubiera solicitado la tobillera ni tampoco que el juez se la ofreciera. El País consultó al magistrado, pero no obtuvo respuesta. Tras esta instancia, se mantuvieron las mismas medidas de protección que habían sido incumplidas. El juez solicitó además informar al INAU, para que brinde orientación, apoyo y seguimiento al núcleo y fijó otra audiencia para el 15 de agosto.

El 7 de julio, la Dirección Departamental Especializada en Violencia doméstica y Género realizó un seguimiento. Concurrió al domicilio de la víctima, pero no respondió. El 11 la visitaron nuevamente y le consultaron por el cumplimiento de las medidas. “Se respetan, al momento está todo tranquilo”, le dijo Daiana a la Policía.

No surge registro de la llamada que Daiana habría realizado al 911 días después, para advertir que el agresor rondaba la casa por las noches y subía al techo.

Efecto desborde.

“El comportamiento humano no es cien por ciento predecible, pero con semejante historial de violencia, el informe brutal del hospital y el registro de las denuncias por los incumplimientos, incluso el hecho gravísimo de que hubiera ingresado al hogar con las medidas vigentes, las medidas del juzgado y de la fiscalía tenían que ser mucho más contundentes y debieron haberla escuchado cuando pidió la tobillera”, opina Lamela, que empieza a desentrañar el caso para evaluar si presentará demanda por omisión. E insiste: “Todo el sistema funciona mal. Sumás una cosa a la otra y por ahí en 20 casos no pasa nada, pero en uno confluye todo y termina así”.

femicidio Daiana Laguna
Movilización por el femicidio de Daiana Laguna. Foto: E.Leal

Hay muertes que develan las fragilidades de un sistema colapsado. Varias de estas fragilidades vienen siendo advertidas desde hace años por quienes integran los distintos eslabones de la cadena que se activa cuando se presenta una denuncia por violencia doméstica y de género.

¿Por qué funciona mal? “Hay muchos más asuntos de los que está en condiciones de resolver el sistema”, dice Eduardo Cavalli, ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia. Los primeros juzgados de Familia Especializada se crearon como respuesta a la Ley de Erradicación de la Violencia Doméstica (2002), pero luego se le sumaron más competencias, como los casos referidos a la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes (2004) y luego, en 2018, los que incorporó la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género.

“Si ves las estadísticas, notarás un incremento descomunal de estos asuntos pero los juzgados que se iban creando es porque la Suprema Corte de Justicia iba sacando recursos de un lado para enviarlos a otro. Las leyes ambiciosas generaron más conciencia de derechos, pero no se crearon cargos suficientes para responder a la demanda y así llegamos a este desborde”, plantea. Los cargos se crean por ley, por eso Cavalli enfatiza que el panorama actual “es responsabilidad de los tres poderes”.

El panorama es así. Hay 12 juzgados en Montevideo y desde febrero otro en San Carlos. Según información del Ministerio del Interior, a noviembre de 2021 se registró una denuncia por violencia contra la mujer cada 14 minutos. Y recordemos: esta es solo una de las tres competencias de estos juzgados. Las denuncias son tantas que se estima que hay jueces que reciben 110 por día. Las llamadas llegan en medio de las audiencias, interrumpiéndolas.

En los 12 juzgados de la capital, los más saturados, trabajan apenas 10 defensores públicos. Fuentes de la Defensoría revelan que no tienen computadoras suficientes para todos. “Ni siquiera dan las sillas, en ese grado de indignidad trabajamos”, lanza. En promedio, un defensor lleva 750 casos por año.

La Asociación de Magistrados del Uruguay creó una comisión de género que está semidesintegrada debido a conflictos internos. Según el último relevamiento que se hizo y al que se accedió para este informe, son contados los casos en que se cumple con el plazo que estipula la ley para citar a audiencia. Una vez que la Policía comunica al juzgado y a la Fiscalía el relato de los hechos y, en base a ese relato se fijan (o no) las primeras medidas de protección, el juez debe disponer una audiencia a las 72 horas para escuchar a las partes y definir si las medidas son las indicadas.

La norma también indica que en esa audiencia el juez debe contar con los informes del equipo técnico para evaluar el nivel de riesgo de las partes, crucial para definir si se requiere tobillera. Los equipos técnicos compuestos por asistente social, psicólogo y psiquiatra en muchos casos están incompletos y tienen un grado de desborde tan grande que prácticamente nunca se llega con el informe para la audiencia a las 72 horas. “No conozco ningún caso que lo logre”, dice un magistrado que colaboró en el relevamiento. La demora se extiende de tres a seis meses.

femicidio Daiana Laguna
Movilización por el femicidio de Daiana Laguna. Foto: E.Leal

¿Qué hacen entonces los jueces? “Cuando vemos que el agresor tiene antecedentes, que maneja armas, pedimos las tobilleras a ojo y después cuando tengamos el informe veremos. Pero si nos apegáramos a la ley, hasta no tener el informe de riesgo no se podría disponer de tobilleras, porque es verdad que es una afectación al derecho del agresor. Y hay casos en los que se te puede escapar la gravedad, porque muchas veces la violencia es sutil y los jueces no tenemos la preparación para captarla”, dice un juez.

A veces, la víctima que llega a la audiencia —sin informe técnico— no sabe cómo expresar la gravedad del peligro. Es más difícil aún si no dispone de un defensor que la oriente, como le sucedió a Daiana. Según fuentes de la Defensoría, hay tres juzgados que disponen de un solo defensor. “En esos casos hay que elegir a qué parte se le pone abogado. Si la pareja tiene niños en común, se los prioriza. Luego, a la víctima. En la mayoría de los casos el agresor se queda sin defensa”.

¿Y qué pasa en el ámbito penal? “Por falta de recursos materiales, personal y argumentos que son reales, muchas veces las fiscalías están a lo que resuelva el juez de Familia. Esto resulta que muchas veces el juzgado es el único que toma una medida de protección para la víctima”, explica la abogada especializada en género, Natalia Fernández.

Familia Especializada dispone de limitadas herramientas para proteger a la víctima. La más extrema es la tobillera —o la custodia policial, si no se halla al agresor o no hay dispositivos— y en todos los casos las medidas cautelares se prevén por seis meses, máximo 12. Además de investigar la responsabilidad penal del agresor cuando la Policía comunica la denuncia, los fiscales también deberían actuar ante un incumplimiento, por desacato.

El Poder Judicial no lleva la cuenta de los incumplimientos. En tanto, el abogado penalista Juan Williman, director del consultorio de la Udelar que defiende a víctimas en procesos penales, dice que reciben “muchas consultas por estos desacatos”. “Si la pregunta es si la Fiscalía suele acelerar la investigación cuando esto sucede, la verdad es que no”.

El fiscal de Corte Juan Gómez responde el teléfono camino a Rivera, donde se creará una fiscalía semiespecializada en narcotráfico, homicidios y delitos conexos. Continua la investigación interna por el caso de Daiana, comunica. Además, hubo una reunión con autoridades policiales “para analizar todas las cuestiones y desde luego tratar de mejorar la intervención de todos los organismos”. Dice: “De cada situación hay que sacar un aprendizaje”.

Las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer también están colapsadas; se sabe. La fiscalía de primer turno, la primera en recibir la denuncia de Daiana Laguna, lleva meses sin fiscal titular. Las dos adscriptas que están a cargo le expresaron al sindicato que ya no dan abasto. Gómez no encuentra de dónde quitar un recurso para trasladarlo a ese puesto. Sigue esperando la venia del Poder Legislativo para crear un nuevo cargo y llenar ese vacío.

hospital

Pereira Rossell: así actúa el equipo legal y médico cuando se detecta un indicio de violencia

El hospital Pereira Rossell cumple con la doble función de ser un centro de atención pediátrica y a su vez hospeda al Hospital de la Mujer. Estos dos factores lo ubican como un testigo directo del incremento de la violencia contra esta población. Mariana Galán es parte del equipo de asesores legales que trabajan a diario con estos asuntos. Registran un panorama cada vez más triste, sin embargo ella elige destacar cómo se ha ido fortaleciendo el equipo multidisciplinario que conforman médicos, trabajadores sociales y abogados para detectar estas situaciones, actuar “en tiempo real” y proteger a las víctimas. En este sentido, hay dos caminos distintos. Si la víctima de violencia es una mujer adulta, la institución “debe respetar su autonomía”. “Se valora la oportunidad”, explica la asesora: a veces dar el paso puede significar exponer a la víctima a más peligro. En el caso de que la mujer decida denunciar, el equipo la asesora y la acompaña; esto pasó con Daiana Laguna. Por otro lado, cuando las víctimas son niños y adolescentes, o personas adultas en situación de discapacidad intelectual, la institución “tiene el deber de informar los casos a los juzgados de Familia Especializada y a las fiscalías competentes”, explica Galán. “Hay cientos de casos”, plantea. Por eso es habitual para el hospital ingresar a las víctimas a sala para realizarles una evaluación completa. El departamento legal suele elevar informes y solicitar a la Justicia que disponga medidas de protección para proteger a las víctimas, a veces manteniéndolas ingresadas hasta que llegue la resolución del juez.

Violencia doméstica

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:
-  Desde una línea fija 08004141
- Desde celulares *4141

El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.

¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)

• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.
• Si decidís hacer una denuncia policial, buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.
• Irte de tu casa porque te maltratan, no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.
• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.
• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.
• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.
• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.
• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo
• Cambiar las rutinas si te persiguen.
• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad