Un negocio que se evaporó

Un control obrero y una nueva huelga de hambre agravaron el conflicto del gas. Petrobras anunció que dejará el país porque acumula pérdidas por US$ 116 millones. La historia empezó hace 15 años, cuando se vislumbraba un negocio redondo con el gas natural. ¿Cómo se llegó a esta situación?

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"La escala que tenemos en Uruguay no nos interesa”. El 26 de abril, un día después de que el sindicato del gas realizara un control obrero en la planta de MontevideoGas, el presidente de Petrobras, Roberto Castello Branco, anunció al diario O Estado de San Pablo que la compañía estatal se retiraría de Uruguay. La decisión venía siendo estudiada desde hacía tiempo en Brasil, no fue tomada a las apuradas.

Así lo manifiestan fuentes de la empresa, que desde hace un año y medio mantienen un conflicto con el gremio. Petrobras dice que sus números no cierran, por lo que intentaron reducir su plantilla laboral. El gremio, por su parte, cree que la decisión obedece a “la política de privatización” del presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

La historia de la petrolera en Uruguay, hasta llegar a esta decisión, tiene muchos capítulos. Si alguien se atreviera a ordenarla en una línea del tiempo, debería empezar en 1994. En ese entonces la compañía brasileña ni siquiera imaginaba aterrizar en el Río de la Plata, pero ya se estaba gestando la realidad que se vive hoy. Ese fue el año en que la Compañía del Gas pasó a manos de privados, luego de dos décadas de haber estado bajo el control de una comisión que también integraba a representantes del sindicato. Fue Gaz de France quien tomó la concesión del servicio de gas capitalino.

Casi una década después, en 2003, llegó por primera vez el gas natural al país y se dejó de utilizar el manufacturado. Y un año después, en 2004, Petrobras ingresó a Uruguay, a través de una concesión con Conecta, la empresa que provee esta energía en el interior. Confiados en el precio del gas y en la abundancia de este recurso en Argentina, los brasileños se iniciaron en el negocio.

Hasta ahora, era un contrato perfecto para todos. Los argentinos se imponían en el continente y lograban que Uruguay dependiera de ellos, a través de los gasoductos. A diferencia del petróleo, por ejemplo, el gas solo se podía transportar por caños, que conectaban a los uruguayos con sus vecinos de enfrente. Un tratado regional les aseguraba a los inversores que había un fuerte compromiso de introducir este recurso en la matriz energética del país y nada hacía pensar que las condiciones fueran a cambiar.

Entonces Petrobras dio un paso más y le compró las acciones a Gaz de France, con el objetivo de brindar el servicio también en Montevideo. Conecta venía funcionando bien y el gas se conseguía a buen precio, por lo que los brasileños se animaron a invertir el dinero de sus contribuyentes en otra concesión. El negocio parecía rentable y la compañía buscaba expandirse, por lo que en 2006 se hicieron cargo del abastecimiento de gas en la capital. De paso, le cambiaron el nombre y nació MontevideoGas.

Todo iba bien, hasta que la cosa empezó a complicarse en Argentina. Las tarifas se habían congelado en 2001, producto de la fuerte crisis económica que golpeó a la región, y nunca se habían actualizado. El gas era un bien insólitamente barato del otro lado del charco y ya no era rentable invertir en exploración, aun cuando nuestros vecinos tienen unos de los yacimientos más grandes del mundo. Las compañías dejaron de lado la búsqueda de gas y el recurso comenzó a escasear.

Los técnicos de Petrobras explican que un pozo de gas pierde el 10% de su eficiencia cada año en el que no recibe inversión. Sin empresarios interesados, las bocas empezaron a emanar cada vez menos volumen y a Argentina empezó a preocuparle cómo hacer para abastecer a su población. Para ellos, el gas solía ser un combustible esencial y barato, que se utilizaba hasta para calentar, por dar un ejemplo, las termas de la provincia de Entre Ríos; subirles la temperatura de forma artificial era más económico que perforar el suelo.

En este contexto, la exportación de gas a la región ya no era tan seductora como antes y fueron necesarias medidas drásticas: a Chile, por ejemplo, Argentina le suspendió los permisos de compra. Los chilenos tuvieron que construir tres regasificadoras para solucionar la dependencia, y así recibir el recurso en barcos. La tecnología parecía estar del lado de los damnificados y logró que el gas fuera transportado.

El caso uruguayo era distinto. Mientras que Argentina consumía 120 millones de metros cúbicos de gas por día, nosotros utilizábamos 300 mil. En la orilla de enfrente sabían la dependencia que había de este lado, por lo que el gobierno argentino no quería asumir el costo político de dejar hospitales y escuelas uruguayas sin energía. Y como la cantidad que demandábamos era ínfima, no había por qué cerrar la llave.

Sin embargo, mantener la canilla abierta tuvo un costo. Mientras que Petrobras compraba la unidad de gas a US$ 2,5 en 2005, el precio se multiplicó por 10 en menos de una década: alcanzó los US$ 25 en 2013.

La tarifa del recurso se mantuvo, por lo que los proveedores siguieron cobrando lo mismo; el sobrecosto eran impuestos y aranceles. Los argentinos, en tiempos de kirchnerismo, gravaron el gas como nunca y la ecuación económica de la compañía brasileña dejó de cerrar. El mismo año que la empresa asumió la concesión de MontevideoGas, la gráfica se disparó.

Hasta 2007, el aumento fue gradual. Si bien el precio no era el mismo que al principio, en Petrobras no imaginaban que se iba a llegar al extremo de US$ 25. Pero en 2008 se dio un pico que terminó de agravarse en 2010, cuando Argentina tuvo que importar gas. Sí, uno de los mayores poseedores de este recurso en el mundo debía comprarles a otros países porque no había interesados en extraerlo.

Lo que hasta entonces no cerraba, dejó de cerrar por completo. El gobierno argentino -con Cristina Fernández a la cabeza- le cobraba a Petrobras un impuesto del 100% sobre el valor del gas que terminaba comprando afuera.

El proveedor argentino seguía cobrando lo mismo, pero el precio total se disparaba porque la compañía brasileña debía pagar este nuevo arancel que nada tenía que ver con Uruguay. En otras palabras, Argentina adquiría gas extranjero que conseguía pagar gracias a los tributos que les cobraba a sus clientes.

El precio empezó a subir y en Petrobras buscaban ayuda en el gobierno. Pero el entonces presidente José Mujica los tranquilizaba diciéndoles que se construiría una planta regasificadora en Puntas de Sayago, que permitiría encontrar una solución parecida a la de Chile. El gas llegaría a Montevideo en barcos y los tres gasoductos quedarían obsoletos, por lo que la dependencia con Argentina tenía los días contados. “Aguanten”, les decían, cuentan hoy las fuentes.

El proyecto era en conjunto con los vecinos argentinos, que necesitaban importar este recurso. El anuncio de la construcción se hizo en 2011 y estaba previsto que quedara pronta a fines del año siguiente. El entonces ministro de Industria, Roberto Kreimermann, informó que la capacidad de producción sería de 10 millones de metros cúbicos al día, que se repartirían en iguales partes entre los dos países. “Empresas de Alemania, Argentina, Brasil, China, Finlandia, España y Rusia manifestaron su firme interés de invertir en diferentes tipo de energía en Uruguay”, dijo.

Las fuentes revelan que Petrobras decidió confiar, pese a que ya había antecedentes de que el gobierno no siempre cumplía. En 2007, cuando los argentinos empezaron a gravar el gas, la compañía le planteó al gobierno que buscara una solución. Pero el conflicto con nuestros vecinos a raíz de la instalación de una planta de celulosa en Fray Bentos estaba muy latente en ese momento, y los puentes seguían cortados. Había que ser muy optimista para pensar que el precio del gas integraría la agenda bilateral ese año.

La regasificadora tampoco caminó. El gobierno cerró la negociación con la francesa GDF Suez en 2013, una empresa que subcontrató a la brasileña OAS para la construcción de la planta. Pero hubo desavenencias técnicas entre ambas y OAS rescindió el contrato en 2015. Esta es una de las compañías investigadas por el pago de sobornos en Brasil y está involucrada en el escándalo de corrupción conocido como Lava Jato.

La administración de Tabaré Vázquez intentó reanimar el proyecto, pero tampoco tuvo suerte. La holandesa Shell coqueteó con la posibilidad de asumir la construcción a una menor escala, aunque esto no prosperó. El plan quedó encajonado y terminó con una comisión investigadora en el Parlamento, cuyas conclusiones fueron elevadas a la Justicia por la oposición. El informe de los legisladores reveló que el Estado perdió US$ 174 millones a raíz del proyecto.

Mientras tanto, Petrobras siguió pagando precios disparatados por el gas argentino. La compañía brasileña intentó pedirle ayuda al gobierno, pero las fuentes de la empresa juran que “no hubo respuestas”. El País intentó comunicarse con el ministro de Industria, Guillermo Moncecchi, quien prefirió no hacer declaraciones sobre el tema.

Las condiciones del mercado se habían agravado y las soluciones fueron postergadas, según las fuentes de la empresa. Ya no iba a haber una regasificadora que pudiera salvarlos.

Uruguay estuvo a punto de quedarse sin gas en abril de 2017. Argentina había concedido permisos de exportación hasta esa fecha y el Estado uruguayo debía renovarlos. Meses antes de que cayeran, Petrobras le envió notas a la entonces ministra de Industria, Carolina Cosse, pidiéndole que los renegociara. No obtuvo respuestas.

Recién en febrero, a dos meses de que se cerrara la canilla, la cartera contestó. Dijo que había una jerarca de licencia, que cuando se reintegrara activaría los mecanismos. Sin más novedades, la compañía brasileña convocó a un comité de emergencia para afrontar la crisis energética que se desataría cuando se acabara el gas.

Pero hay veces que la suerte puede más y el 24 de abril, el mismo día que se vencían los permisos, llegó el aviso de Argentina de que estos se habían renovado. Este evento desencadenó que Petrobras demandara al Estado uruguayo por perjuicios: a los altos costos del gas, se sumaba la tardanza que habían tenido las autoridades para resolver el problema de las autorizaciones.

La denuncia no hizo más que tensar las relaciones con el gobierno. Según las fuentes, fue entonces cuando la hoy precandidata del Frente Amplio, Cosse, ejecutó la garantía de MontevideoGas y cobró los US$ 8 millones previstos en el contrato de concesión. La decisión se tomó porque Petrobras adeudaba parte del canon que le paga al Estado uruguayo.

El canon corresponde a un porcentaje de la facturación de MontevideoGas y Conecta. Pero las tarifas absorbieron los sobrecostos que se le estaba pagando a Argentina por el precio del gas, por lo que las fuentes de la empresa aseguran que los ingresos no eran tales. Esa diferencia, entre lo que ingresaba a la compañía y lo que efectivamente recaudaban, fue lo que no pagaron y adeudaron, según sostienen desde Petrobras.

La pregunta que surge en Brasil es la siguiente: ¿por qué concepto debe pagar un canon una compañía que necesita recursos del extranjero para subsistir? En enero, Petrobras pagó US$ 1,2 millones de canon por MontevideoGas y otros US$ 200 mil por Conecta. Según las fuentes, las pérdidas -que se traducen en dinero que les envían desde Brasilia- ascienden a US$ 116 millones.

Presidencia anunció en marzo que Uruguay había sido “beneficiado” por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. El tribunal rechazó parte de la demanda de Conecta, por lo que el Estado no deberá indemnizarla con los US$ 80 millones que pedía. Sin embargo, en Petrobras consideran que ellos también ganaron, porque el tribunal solicitó que ambas partes revisaran “la ecuación económica financiera” del contrato de concesión. Es decir, hubo un reconocimiento de que los números no cierran.

La demanda de MontevideoGas no fue laudada por el momento.

Este contexto hizo que Petrobras resolviera reducir la plantilla laboral. La empresa afirma que tiene pérdidas desde que desembarcó en Uruguay, por lo que necesita recomponer la ecuación. Entonces le plantearon al gobierno que debían eliminar el equivalente a 30 puestos, según informaron las fuentes. También propusieron el envío al seguro de paro de forma rotativa.

Estas conversaciones fueron en 2017. Lo que hasta ahora era un problema con las autoridades, se terminó convirtiendo en un conflicto con el sindicato. Los trabajadores agremiados no aceptaban la decisión de la compañía, por lo que empezaron a tomar medidas. En noviembre de ese año tuvo lugar la primera huelga de hambre, que duró 15 días y se desarrolló frente a las oficinas de Petrobras, en Plaza Independencia.

Alejandro Acosta, vocero del gremio, dice que no saben nada del déficit de la empresa porque no acceden a sus números. Sin embargo, considera que la reducción en Uruguay no está relacionada con las pérdidas sino con la “política de privatización impulsada por Bolsonaro”. Según él, este argumento “es el mismo verso de siempre”.

Hace dos años, la empresa empleaba a 205 personas, ahora son solo 164. Acosta considera que la reestructura “ya está hecha”, por lo que no se debería echar a más gente. “Si no pueden sostener la empresa, que se vayan. La forma ordenada de retirarse no es hacer pedazos a los trabajadores, pero acá quieren hacer el lío más grande posible para forzar la salida”, agrega.

Hubo una segunda huelga de hambre, en octubre del año pasado, que duró 25 días. Pero las negociaciones no avanzaron, ya que Petrobras seguía firme con los despidos. Al no encontrar una salida al conflicto, los trabajadores redoblaron la apuesta y se abocaron a un control obrero. No hay antecedentes de una medida similar en la historia uruguaya.

Días antes de que esto ocurriera, en Petrobras empezaron a recibir correos de sus proveedores. Les decían que les habían enviado mensajes de texto extraños, en los que les pedían que se comunicaran con otro número de teléfono que no era el habitual, por temas vinculados a la empresa. Era el sindicato que ya estaba preparando el control obrero.

Esos mensajes fueron la prueba que necesitaban en Petrobras para pedirle al Estado que interviniera. Según las fuentes, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, no contestó y el conflicto se agravó. El País intentó hablar con el jerarca, quien se negó a hacer comentarios.

Tanto silencio llevó a la empresa a presentar un recurso de amparo para evitar la medida. El juez Hugo Rundie falló a favor de la compañía, pero eso no fue suficiente. El 25 de abril, a las seis de la mañana, el gremio tomó el control de la planta de MontevideoGas y de las oficinas de Petrobras en Plaza Independencia. Estuvieron al mando durante 12 horas, ya que en la tarde fueron desalojados por la Policía.

Al otro día, el presidente de la compañía brasileña anunció que se iban de Uruguay. Acosta, del sindicato, cree que se cumplió lo que anunciaban: “Petrobras se quería ir, lo decíamos y nos trataban de locos. Esta es la confirmación de que a la empresa no le importa el servicio público uruguayo, que es lo que defendemos los trabajadores”.

Con la decisión tomada, el sindicato considera que ya no debe negociar con los brasileños. El pasado martes iniciaron una nueva huelga de hambre frente al Ministerio de Industria. Reclaman que el gobierno tome cartas en el asunto y rescinda el contrato de concesión con Petrobras. Hasta ayer continuaban llevando adelante la medida.

Los brasileños ya anunciaron que se van. Dicen también que en esta situación, no podrán venderle la concesión a nadie. El gobierno todavía no resolvió cómo intervenir, pero algo es seguro: si la Compañía del Gas se estatiza, el conflicto lo habrán ganado los trabajadores.