CÓMO FRENAR LA VIRALIZACIÓN

La historia del "chiste malo" de Melo y las consecuencias de un rumor que se volvió escándalo nacional

La fiscalía analiza hasta qué parte de la cadena de viralización aplicará sanciones penales, mientras que activistas denuncian que el personal médico suele filtrar información confidencial.

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La actuación de fiscalía logró que mermaran los mensajes agresivos hacia la mujer difamada. Foto: Fernando Ponzetto

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Bajo este sol tremendo Melo parece una ciudad bendecida por una paz imperturbable. Las plazas están prácticamente vacías. Por las calles más populares circulan pocos transeúntes porque ya pasó el mediodía y se acerca la hora de la siesta. Hay vecinos que descansan con la puerta abierta: todavía confían los unos en los otros. A simple vista no hay ninguna señal del bullicio que sus habitantes protagonizaron unos días atrás al transformar un chisme acerca de la presunta enfermedad de una mujer en un escándalo nacional. Un conjunto de audios viralizados la acusaban de haber generado intencionalmente un brote de VIH “infectando” a más de 60 personas incluyendo a varias figuras políticas.

Escudados en el anonimato los melenses no tienen problema en reconstruir cómo fueron armando esta bola de nieve que se les salió de control. El "chusmero" empezó un mes y medio atrás. Se decía que una funcionaria de la intendencia había dado a luz a una niña con VIH y que el centro de salud privado donde se atendió elaboró una lista con los nombres de las personas que habrían sido “contagiadas” por la mujer. Serían citadas para hacerles el test, revelando así una cadena de infidelidades producto de fiestas “con poca luz” que organizaban las autoridades de la comuna.

Primero comentaban que eran 15 los municipales que habían contraído el virus. Después, agregando a las esposas de estos y a los amantes de estas, la lista trepó a 60. El chisme creció cuando los melenses compartieron “la novedad” en sus grupos de WhatsApp junto al nombre de la mujer, una foto suya y de sus dos hijos.

Cuenta un hombre indignado:
—Era imposible esquivarlos. Yo borraba los mensajes pero permanentemente alguien me los mandaba de nuevo.

Los más osados grabaron audios en los que confirmaban “un tendal de apestados” y “un desfiladero” de esposas engañadas que “desbordaban” los sanatorios para hacerse análisis. Pronto, al nombre y la imagen de la acusada de generar “el contagio” se agregó un archivo con las fotos de unos 40 “infectados”, entre ellos políticos y estancieros.

Hasta aquí el asunto se había mantenido en la intimidad de Cerro Largo, pero el 14 de enero pasado, cuando trascendió el audio que una vecina le había enviado a una amiga, sucedió la catástrofe que convirtió a un rumor de pueblo en un escándalo nacional, abriendo un nuevo capítulo que incluye hipótesis de rencillas políticas y consecuencias penales para los vecinos.

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Varias versiones indican que el rumor habría salido del sanatorio donde la víctima de la difamación habría dado a luz hace un mes y medio. Foto: F. Ponzetto.

En el mensaje la señora relataba que el exintendente Sergio Botana, el actual jefe municipal Pablo Duarte y la secretaria general Carmen Tort —que asumirá la titularidad de la intendencia el mes que viene, cuando Duarte inicie la campaña para su candidatura— habían contraído el virus.

Mientras ese audio se viralizaba, al menos cuatro personas difundieron la identidad de la mujer supuestamente infectada y de sus hijos junto a comentarios agraviantes en publicaciones de Facebook, que también se compartieron infinitamente.

En menos de 24 horas el chisme recorrió el país y cruzó fronteras. En dos días provocó seis denuncias penales por difamación e injurias y una investigación policial que ya identificó a siete personas de las cuales una debió retractarse (la señora) y otra fue formalizada y cumple 90 días de prisión domiciliaria como medida cautelar. Se trata de un hombre que compartió las fotografías bajo el título “Medio Melo contagiado de sida por esta loquita”.

Sin embargo, una semana después del alboroto, por las calurosas calles de Melo lo que se transmite es calma. Los vecinos que aceptaron participar de este informe opinan que el rumor ya se está aplacando y que pronto será olvidado.

Dice una comerciante, lamentándose:
—Acá es así: se empieza un rumor y se agranda hasta que todos nos convencemos de que tal persona hizo tal cosa. Siempre buscamos a quién acusar de algo. Ya estará por aparecer otra víctima.

Pero esta historia no se terminó. La fiscalía analiza hasta qué parte de la cadena de viralización aplicará la sanción por un delito penal, y fuentes allegadas a la mujer agredida denuncian que fue “usada” para provocar un daño político en la antesala de unas elecciones municipales que —se presume— serán picantes.

El fantasma del VIH


Por estos días hay un chiste que se repite en la intendencia arachana: “Llegás a trabajar y siempre hay alguien que te dice que te vio en la lista de los infectados”, cuenta una funcionaria. “Este asunto se tomó como un chiste. Un chiste malo”, opina.

Aunque los melenses mencionan la famosa lista como un hecho comprobado, nadie la vio y en el sanatorio que atendió el parto —Camcel— niegan haberla elaborado. Según supo El País, es cierto que algunas exparejas de la mujer se realizaron el test del VIH, pero desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) niegan la posibilidad de un brote.

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El rumor creció dentro del municipio. Hay vecinos que se enteraron del chisme mientras hacían un trámite. Foto: F. Ponzetto.

Fuentes del organismo explican que el director departamental hizo un relevamiento en centros de salud públicos y privados, y les confirmaron que no hay indicios ni de un aumento de las consultas ni de diagnósticos. “Nadie puede comprobar el rumor porque no se constató ninguna situación fuera de lo común”, concluye la fuente. De hecho, las cifras oficiales señalan que Melo pasó de 12 casos diagnosticados en 2017, a 10 en 2018 y nueve en 2019.

Si ante esta observación surgiera el argumento de que esas personas podrían estar haciéndose los análisis en laboratorios fuera de Cerro Largo, en el caso de que los resultados hubieran sido positivos el MSP tendría conocimiento. “Si un test da positivo es el laboratorio de Salud Pública el que hace la confirmación en todos los casos sin excepción. El ministerio está al tanto de cada diagnóstico”, indican desde el MSP.

Sin embargo, este chisme es invencible y ahora los vecinos recomiendan hacerse de otra lista: una que tendría a los siete nombres confirmados. Entre ellos siguen estando Botana, Duarte, Tort y otros dirigentes nacionalistas relacionados a la intendencia, cuyas identidades varían de acuerdo a quién se le pregunte.

Waldemar Perdomo, presidente de la comisión directiva de Camcel, no cree en la veracidad de este apéndice del rumor puesto que nombra a algunos amigos suyos que él sabe que no tienen el virus. También niega la posibilidad de que el primer hilo de esta madeja se haya tejido en su sanatorio, desde donde se habría difundido que presuntamente una mujer habría dado a luz a un bebé con VIH.

Él, por su parte, se enteró del enredo porque su hija, desde Australia, le envío los audios. “La institución no tuvo nada que ver”, asegura, pero reconoce que una empleada grabó “a título personal” uno de los audios. “Si la investigación judicial rebota acá adentro, entonces sí haremos una investigación administrativa”, dice.

Por ahora la fiscal María Siqueira no tiene previsto evaluar si el sanatorio violó la Ley de Protección de Datos Personales. Para hacerlo necesita que la mujer acusada presente una denuncia contra la institución, y hasta el momento no ocurrió.

A la activista trans Antonella Fialho, integrante del colectivo Campesinas Rebeldes de Cerro Largo, este escenario no le sorprende. Asegura que varias personas con VIH no se atienden con médicos locales ya que “muchas veces” constataron que su historia clínica se ventila sin ninguna consecuencia.

Es muy común que los usuarios del interior del país coordinen consultas en Montevideo y que pidan que les envíen la medicación a las agencias de transporte para así evitar recogerlas de los centros de salud de su lugar de residencia. Este tipo de discriminación incide en que el 30% de los diagnosticados no esté bajo tratamiento, de acuerdo a los últimos datos difundidos por el MSP, señala Juan José Meré, asesor en VIH del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

María José Fraga, representante de la Red uruguaya de personas que viven con VIH-sida, considera que el episodio de Melo echó luz sobre una vieja denuncia que hasta ahora no tuvo consecuencias: la falta de confidencialidad por parte del personal de la salud.

De acuerdo a un estudio realizado en 2012 sobre las situaciones de estigma y discriminación, el 72% de los encuestados indicó que en primer lugar se dan en el área de la salud, y luego en el trabajo y en el ámbito educativo.“A partir de estos datos comenzó un proceso de sensibilización y capacitación del personal de salud. También se elaboró una hoja de ruta para canalizar estas situaciones en los diferentes ámbitos, pero todo quedó en la nada ya que no había respuestas a las denuncias presentadas”, dice Liset Collazo, de la Asociación de Ayuda al Seropositivo.

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Según cifras del Ministerio de Salud Pública en 2019 fueron nueve las personas diagnosticadas con VIH en Melo, una menos que en 2018. Foto: F. Ponzetto.

¿Cuánto pesan aún los fantasmas en torno al VIH? Para Meré, el asesor de Naciones Unidas, “una noticia como esta reaviva los demonios del miedo hacia las personas con VIH porque el imaginario social las coloca en ese rol negativo como capaces de generar daño”. A su modo de ver, la polémica desatada en el norte del país demuestra que no se han podido traducir los “avances radicales” que el tratamiento de la enfermedad logró en 30 años, dejando de ser una enfermedad mortal para ser una crónica. “Con una adherencia correcta a la medicación está demostrado que una persona con VIH puede llegar a una carga viral indetectable y lograr una esperanza de vida similar a la de una persona que no tiene el virus. Además, este tipo de paciente puede tener relaciones sexuales sin riesgo de transmisión”, plantea.

Vecinos en el banquillo

Los mismos arachanes que confían en su prójimo al punto de dormir la siesta con la puerta de sus casas abiertas dejaron de enviarles mensajes de audio a sus amigos: temen que una imprudencia los conduzca al despacho de la fiscal Siqueira. Allí —dicen algunos— están tomándoles declaración a los que se habrían “contagiado”.

En este otro rumor hay una parte de verdad y otra de invento. La fiscal Siqueira no citó a ninguno de los presuntamente infectados, pero sí es cierto que la premura en la investigación que está llevando a cabo, y la razón por la cual aceptó dar varias notas a la prensa, fue para enviar un mensaje a la ciudadanía: el daño cometido es grave y habrá consecuencias para los que difundieron la identidad y agredieron a la mujer.

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Cómo se paga la injuria y la difamación

La difamación se castiga con una pena de cuatro meses de prisión a tres años de penitenciaría o una sanción económica que oscila entre las 80 y las 800 unidades reajustables (U.R.), cuyo valor unitario es $ 1.021. En tanto que la injuria conlleva desde tres a 18 meses de prisión o una multa de 60 a 400 U.R.. Los imputados por estos delitos en el episodio de Melo además enfrentan un agravante por haber vulnerado los derechos de dos menores de edad al exponerlos públicamente.

El plan funcionó y los mensajes mermaron. Pero cuando el chusmerío está alimentado siempre encuentra por dónde seguir derramándose.

Las víctimas de los rumores presentaron seis denuncias en dos días. Tras constatar la viralización del audio que grabó la señora, el intendente Pablo Duarte plantó una acusación por difamación e injurias. Lo mismo hizo el exjefe del gobierno departamental Sergio Botana y la secretaria general del municipio Carmen Tort.

La autora del mensaje pidió disculpas. “No configuraba un delito porque su accionar quedó en el ámbito de lo privado”, explica la fiscal. Por eso se acordó que grabara otro audio —que redactaron los abogados de los políticos— en el que admite que lo que dijo “era una broma”.

Otras dos mujeres fueron citadas a declarar: la que recibió su mensaje y otra que estaba junto a ella y lo compartió. “Al viralizarse sí podría constituir un delito, pero dilaté la decisión para luego de la feria judicial para analizar qué haré”, plantea la fiscal. Y agrega: “Tengo que pensar dónde corto la cadena de la responsabilidad en la viralización. ¿Corresponde sancionarlas a ellas que hicieron lo mismo que otras miles de personas? Cuando la norma deja este gusto amargo de la Justicia no es lindo aplicarla”.

Este caso recuerda al del Lord Alistair McAlpine, un exasesor de Margaret Thatcher que en 2012 fue víctima de falsas acusaciones de abusos de menores. Se enfrentó a los tuiteros que difundieron la información falsa y les exigió una retribución simbólica a cada uno de ellos que luego donó a una institución benéfica.

En 2015 un grupo de abogados españoles denunciaron a 38 tuiteros por burlarse de la muerte de 42 catalanes en un accidente aéreo. Uno terminó procesado por cometer un delito de discriminación.

Volviendo a Melo, la fiscalía también investiga la denuncia que presentó el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay debido a la difusión en redes sociales del rostro de los niños. Esta complementó la que presentó la gran afectada por el chisme y otra más de una allegada que aparece en una de las fotografías con ella.

La víctima señaló cinco perfiles de Facebook, uno correspondiente al hombre formalizado que cumple la medida cautelar de 90 días de prisión domiciliaria, y otros tres que ya están identificados. No todos los agresores son del departamento.

En estos casos, ¿alcanza con la retractación? “Esa posibilidad no va más porque el daño tiene el agravante de que se vulneraron los derechos de dos menores de edad. Valoré pedir la pena de prisión efectiva por la magnitud del escrache y el perjuicio que podría haberse evitado. Incluso intenté enmarcarlo en un delito de discriminación, pero la redacción de esta norma no contempla la causa por enfermedad ni género”, plantea Siqueira.

Mientras la investigación avanza hay otra hipótesis que toma fuerza entre los arachanes. La mujer difamada es reconocida como militante del Partido Nacional y es cercana a Botana, por eso sus allegados plantean que se habría aprovechado el rumor y fue “usada” para dañar la imagen de las figuras públicas en la previa de unas elecciones municipales que pintan más competitivas de lo habitual para los blancos desde que se anunció la candidatura de Rodolfo Nin Novoa.

Botana está convencido de que detrás de la viralización hubo una intención de “destrozar el sistema político” y “acusar a la intendencia de una cultura de trabajo fea”, anticipándose a la “histórica agresividad” que envuelve a Melo en período electoral. Cree que hubo militantes de izquierda involucrados.

En tanto, el diputado frenteamplista melense Yerú Pardiñas tiene otra lectura. Para él, esta acusación fue lanzada para “desviar la atención del conflicto interno que tienen los blancos”, dice. “Botana fue electo senador así que no irá por la intendencia. Hay dos candidatos (Duarte y José Yurramendi) que están pujando para quedarse con sus votos. Esa competencia ya se había dado antes entre los dos por la diputación y ganó Yurramendi. Ahora sucede lo mismo por el sillón municipal”, dice.

Para el candidato a edil por el Frente Amplio Ernesto Castro, el viraje político que tomó el chiste malo de Melo es comparable a lo que sucedió con los audios que en octubre pasado apuntaron al intendente de Colonia Carlos Moreira. La denuncia de acoso sexual y abuso de funciones que presentaron en su contra habría estado vinculada a una represalia tras un feroz enfrentamiento entre dos nacionalistas por una banca.

Ante estas conjeturas la fiscal Siqueira es firme: “No voy a citar ni a media personas por ese asunto. No hay política acá. No lo manejé ni lo estoy manejando. Me interesa la denigración que sufrió esta mujer por aparentemente tener VIH”.

En las soleadas calles de Melo los vecinos repiten el cliché de que aquí se conocen todos, pero ninguno admite haber intercambiado una palabra con la mujer difamada. Algunos se preguntan qué pasará con ella. Hay melenses que creen que tendrá que irse porque quedó “marcada”. Otros se preocupan por su situación laboral: “Lo más probable es que después de esto la saquen de la intendencia”, suponen, sin que haya indicios de que sea posible. En los pasillos de un sanatorio un funcionario anuncia que hay una foto nueva que empezó a circular: recomienda verla.

—Es de una fiesta con gente del municipio. Ella está marcada con un círculo.

tratamiento

Preocupa el 30% de diagnosticados con VIH que no toma la medicación

El exintendente Sergio Botana conoce a la mujer acusada del supuesto “contagio” desde que era niña. Dice que el episodio sucedido le resulta “completamente desagradable”. “Soy de los que creen en la máxima libertad de expresión en los medios de comunicación, pero con la mayor responsabilidad de uso”, señala. En tanto, José Yurramendi cree que este suceso “podría haber pasado en cualquier empresa grande y no habría tenido las repercusiones que tuvo este caso al tratarse de un organismo público”. ¿Hubo una intencionalidad política detrás de la viralización ? “No creo. Fueron actos individuales provocados por un mal uso de las redes sociales”, opina. Ni el intendente Pablo Duarte ni la secretaria general de la comuna, Carmen Tort, respondieron las llamadas para participar de este informe.
Juan José Meré, asesor en VIH del Fondo de Población de las Naciones Unidas, se refiere a este asunto como “una pequeña y lamentable tormenta de verano”. Cree que es una oportunidad para reflexionar sobre el impacto que la epidemia del VIH todavía tiene en nuestro país. Según las cifras oficiales, 11.500 personas están diagnosticadas en Uruguay. En el último año hubo 988 casos nuevos. “Nuestro país presentaba una curva descendente del número de infectados en los últimos cuatro años que se interrumpió en 2019”, dice Meré. El grupo etario en el que más aumentaron las infecciones es de 15 a 24 años. Un dato que llama la atención es el de la cantidad de personas que no toman la medicación a pesar de ser de acceso gratuito en centros de salud públicos y mediante un ticket de valor moderado en mutualistas. Son 8.100 los diagnosticados bajo tratamiento, 70% del total de la población con VIH. Meré plantea que es preocupante la resistencia que subsiste en algunos sectores. “A pesar de todos los avances en los tratamientos, en algunos centros de salud y educativos persiste el señalamiento negativo por la condición de portador de VIH. Esto nos está diciendo que no se ha traducido adecuadamente que es una enfermedad que dejó de ser mortal para ser crónica, perfectamente tratable y que les permite a las personas alcanzar el pleno desarrollo de su vida y ser felices”, dice el especialista. Entre los logros que el tratamiento del virus cosechó en nuestro país está la reducción de aproximadamente el 50% de la transmisión vertical, es decir de madre a hijo. “Cuando se detecta el virus en una mujer embarazada esta empieza el tratamiento. Incluso si la mujer llegara a la situación de parto sin los controles adecuados, también en el momento del parto se les pasa por vía intravenosa la medicación a ella y al bebé. De esta manera, las chances de que el niño pueda nacer libre de VIH son altísimas”, indica Meré. El único país de América Latina que alcanzó la eliminación de la transmisión vertical es Cuba. Uruguay está cerca de llegar al umbral mínimo; actualmente apenas supera el 1% de los casos.
Tras la polémica que generó el episodio de Melo, la Asociación de Ayuda al Seropositivo emitió un comunicado donde anunció la necesidad de generar una ley integral que proteja a las personas con VIH. “Si bien existen leyes, decretos legales y acuerdos internacionales a los cuales adhiere el país, es necesaria una ley que aborde al VIH en todas sus dimensiones: cuestiones específicas y generales sobre su atención, la prevención, el tratamiento, el estigma y la discriminación. La promoción de los derechos de las personas con VIH por medio de una ley es un factor esencial para prevenir la transmisión y reducir los efectos”, dice Liset Collazo.

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