Dinero en política: ¿respaldo o interés?

La hipocresía disfrazada de transparencia

El sistema político intenta mejorar su imagen y transparentar la financiación de las campañas: una comisión investigó casos polémicos en el Parlamento y un proyecto de ley podría cambiar las reglas para 2019. Sin embargo, ninguno de los dos da frutos y el cambio no asoma.

Foto: Fernando Ponzetto
El FA espera que el proyecto de ley se apruebe antes de fin de año; en la oposición miran con desconfianza el texto creado en 2017. Foto: F. Ponzetto

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¿Usted me está investigando a mí?", le preguntó en febrero el diputado frenteamplista Óscar De los Santos al legislador del Partido Nacional Alejo Umpiérrez. La acusación se dio en el marco de la comisión investigadora de Diputados que indaga presuntas irregularidades en la financiación de las campañas políticas entre 1999 y 2015. En ese tono se desarrolló la mayoría de las reuniones —que terminaron el lunes pasado—, donde representantes de distintas fuerzas estuvieron analizando de qué manera consiguieron los fondos los demás para catapultarse al poder. Fue un año y medio de recriminaciones cruzadas.

La oposición cuestionó que De los Santos —que fue intendente de Maldonado entre 2005 y 2015— integrara la comisión, ya que uno de los temas en carpeta fue el vínculo entre el Cambio Nelson y los partidos políticos en ese departamento. El legislador fue convocado a declarar al respecto y los límites entre investigador e investigado fueron difusos. De hecho, cada vez que otro invitado comparecía por ese motivo, el diputado oficialista era aludido con una nueva acusación.

Pero la bomba estalló ese día de febrero, cuando el diputado de la Liga Federal Darío Pérez sentenció que había vínculos entre la campaña de De los Santos y el exsenador del Partido Colorado Wilson Sanabria, dueño del Cambio Nelson. "Es evidente que Wilson Sanabria eligió quién debía ganar en el departamento de Maldonado. Lo eligió en 2005 (cuando ganó De los Santos) y lo eligió ahora en 2015 (con la victoria del nacionalista Enrique Antía)", sostuvo.

Cuando Pérez se retiró de la sala, Umpiérrez intentó profundizar ese concepto: "Perdón, señor diputado De los Santos. Le hago una pregunta, porque fue parte de la exposición y como es usted quien conoce la realidad, obviamente no tengo más remedio que preguntárselo". El legislador frenteamplista se enojó, le dijo que no tenía por qué responder y cuestionó que se lo indagara cuando estaba ocupando otro rol en ese momento.

"Queda constancia de que no quiso responder, simplemente, y demuestra una vez más que usted no debería estar en esta comisión", puntualizó Umpiérrez.

Sin embargo, no hubo cambios en la integración y los legisladores que empezaron en mayo de 2017 trabajaron hasta el final. Ahora llega el momento en el que los partidos deben elaborar los informes, que podrían terminar en denuncias penales o archivados en un cajón; hay plazo hasta el 20 de diciembre para decidirlo.

El FA espera que el proyecto de ley se apruebe antes de fin de año. Foto: F. Ponzetto
Foto: Fernando Ponzetto

Cada uno, claro está, buscará demandar al otro y tapar lo propio, como reconoció el expresidente José Mujica, que se negó a comparecer ante los diputados por los presuntos vínculos entre su gobierno y Tenfield, la empresa dirigida por Francisco Casal.

"La experiencia parlamentaria, hace tiempo, me llevó a la conclusión de que los legisladores somos luchadores políticos y estamos lejos de una objetividad mínima. Siempre se tiende a golpear al adversario", escribió en la carta que envió al Parlamento explicando su ausencia. Consideró que la investigadora se había transformado en un "circo mediático".

Entonces, ¿por qué se creó una comisión en el Parlamento para que los políticos se investigaran entre sí? Para la legisladora nacionalista Graciela Bianchi —que integró el grupo—, el trabajo de los diputados no buscó sustituir a la Justicia sino encontrar "a los responsables políticos" de presuntos delitos. No obstante, afirma que fue "muy difícil avanzar" en las indagaciones, ya que la investigadora no tiene potestades para obligar a los acusados a comparecer.

Enseguida sostiene que el "principal invitado que quedó pendiente" fue Mujica, sobre todo porque el perdón a la deuda de Casal "resultó grosero". La Dirección General Impositiva (DGI) demandó al contratista en 2002 por evadir impuestos por US$ 9 millones, pero el caso se dio vuelta seis años después y Casal amenazó con denunciar al Estado por US$ 300 millones por daños y perjuicios. El expresidente terminó condonándole la deuda en 2013 y el empresario no tuvo que pagar.

Bianchi considera que hay "elementos de convicción suficiente" para establecer una relación entre el dinero que aportó Casal a la campaña del Frente Amplio y el perdón de lo adeudado. "Esa es la patología que debemos tratar de probar: ver si algunas empresas tuvieron algún beneficio porque fueron aportantes", agrega.

El FA espera que el proyecto de ley se apruebe antes de fin de año. Foto: Archivo El País
Foto: Archivo El País

No obstante, asegura que todavía confía en los empresarios y pone como ejemplo lo que ocurrió a principios de noviembre, cuando el precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou organizó un coctail para recaudar fondos. Las mesas costaban US$ 10.000 y fueron vendidas a militantes y particulares que quisieran aportar a la campaña. "Tuvimos un evento y Luis dijo una cosa fundamental: Ayúdenme a ser presidente porque necesitamos que el país salga adelante. Ahora, no esperen de mí ninguna concesión por haber colaborado", recuerda.

Para Bianchi, no todos los políticos ni todos los empresarios son iguales: "Para disculpar US$ 9 millones se necesitó a un Paco Casal que presionara y a un Mujica que cediera. ¿Todos son Mujica? No. ¿Todos son Casal? Tampoco".

Sin embargo, el diputado frenteamplista Alfredo Asti —que participó de la misma investigadora que Bianchi— tiene una visión distinta de los hechos. A su entender, "no hay nada que vincule" la financiación de la campaña por parte del contratista con la condonación de la deuda. Enseguida explica que el expresidente consideró que era "muy riesgoso" seguir adelante con el juicio, porque se podía perder "mucho más" que lo que se reclamaba. Para el legislador, el caso Tenfield está cerrado.

Asti, asimismo, considera que en realidad se debería seguir investigando la relación entre el Cambio Nelson y la campaña de Enrique Antía en Maldonado. "No hubo colaboración. Vino el intendente, pero no respondió ninguna de las preguntas. No volvió a venir y se le pidió que contestara por escrito, pero ni siquiera respondió los temas sustanciales", agrega.

A su vez, el diputado frenteamplista Óscar Groba anunció al portal Ecos que pedirá que la Corte Electoral analice los vínculos entre la Iglesia Misión Vida, liderada por el pastor Jorge Márquez, y la senadora nacionalista Verónica Alonso. Para el legislador hubo una violación de la Constitución, que establece que quedarán exentos de impuestos los templos consagrados al culto de las diversas religiones. Sin embargo, este beneficio no rige para financiar campañas políticas, aclaró. "Las pruebas son más que claras en cuanto al aporte de fondos y recursos de la iglesia", afirmó Groba.

Bianchi sostiene que, salvo por el caso de Antía, el Partido Nacional "no fue objeto de investigación" en la comisión, ya que no resultó electo durante el período analizado. Aclara que no se dio por aludida durante las sesiones porque lo que se estaba tratando de probar era qué beneficios habían tenido algunos empresarios por haber financiado las campañas. "Si me dijeras que estaba incluido el período de Lacalle Herrera, todavía… Pero nosotros no fuimos gobierno", insiste.

Y si bien hay discrepancias, tanto Bianchi como Asti concuerdan en lo siguiente: el grupo debió analizar muchos temas en poco tiempo. El diputado frenteamplista opina que tanta exigencia "fue una hábil jugada del Partido Colorado", ya que el caso del Cambio Nelson fue el que motivó que se creara la comisión.

Foto: Archivo El País
Foto: Archivo El País

Pero el legislador colorado Adrián Peña no está de acuerdo con esa acusación y explica que el grupo tuvo obstáculos debido a que "múltiples actores no quisieron colaborar". Entonces pone el ejemplo de Aire Fresco, la empresa intermediaria en los negocios con Venezuela durante el gobierno de Mujica, que hizo aportes a la campaña del MPP al Senado en las elecciones de 2014.

"Ni sus integrantes ni el Poder Ejecutivo quisieron cooperar. Y aunque estos temas estén en la Justicia, tiene que quedar claro que son cosas diferentes: lo que nosotros investigábamos eran cuestiones que no hacen a las buenas prácticas administrativas o que pueden estar reñidas con la ética", señala Peña.

Para él, en el caso del Cambio Nelson "no se ven" beneficios que haya podido obtener Sanabria luego de haber financiado campañas de su partido. La única decisión política que los involucra, según el legislador, fue la autorización para que pudiera operar como cambio, que le fue otorgada durante un gobierno colorado. "No se advierte más de lo que conocemos, que llevó a que expulsáramos del partido a Francisco Sanabria", aclara.

Y si bien los informes no están prontos, una cosa es segura: probablemente no haya similitudes entre ellos. Es que cada partido considera que no hubo equivocaciones propias sino de los otros.

Una ley estancada.

La investigadora no es la única que trata de echar luz sobre las financiaciones de los partidos políticos. Un proyecto de ley presentado por la bancada del Frente Amplio en noviembre de 2017 intenta regular los aportes económicos a las campañas, pero diferencias internas en el oficialismo y grandes discrepancias de la oposición tienen el texto estancado. Para el partido de gobierno, sin embargo, es de vital importancia que se apruebe antes de fin de año y así ponerlo en práctica durante las próximas elecciones.

Partido políticos. La ley de financiamiento levanta discrepancias en los sectores de la oposición. Foto: Gerardo Pérez.
Foto: Gerardo Pérez.

El texto estipula que solo personas físicas podrán realizar aportes, por lo que las empresas no están contempladas. A su vez, establece que las donaciones deberán hacerse a través de medios electrónicos para darle un seguimiento al dinero. Quien deberá fiscalizar su funcionamiento será la Corte Electoral, cuyo presidente, José Arocena, ya anunció que no tiene los recursos suficientes para hacerlo.

Igual, por ahora, la ley no sale. El principal escollo para el Frente Amplio es Darío Pérez, que tiene el voto 50 en la cámara baja. Este legislador, que se ganó el mote del "diputado rebelde", no comparte la mayoría de los artículos que propuso su partido y se niega a que se autoricen las modificaciones tal como están planteadas actualmente.

"La gente que inventó esto —y estoy hablando de los míos— jamás estuvo en una campaña de finanzas ni estuvo a cargo de la gestión de la comunicación. Es gente de estructura, que siempre ha tenido todo servido en la mano, que nunca anduvo loqueando por los canales. Son personas que nunca hicieron este tipo de trabajo, que es de calle", sentencia.

Entonces cuenta lo que le ocurrió hace un rato, cuando una señora de al menos 80 años se le acercó con "un montoncito" de dinero. Los billetes no sumaban más de $ 50, asegura el legislador, pero "evidencian lo más lindo de la política". Con esta ley aprobada, la mujer debería haber hecho un depósito bancario.

Lo que más le preocupa a Pérez es que este proyecto de ley "concentra el poder en los partidos más grandes", por lo que "deja de lado" a las expresiones minoritarias. Uno de los artículos, por ejemplo, establece qué porcentaje de minutos gratis en radio y televisión tendrá cada uno El texto propone que el 45% del espacio se divida de forma igualitaria entre los lemas que tengan representación parlamentaria, y que el otro 50% se reparta en función de los votos obtenidos en la elección anterior. Solo quedaría un 5% para los partidos restantes, como el Partido de la Gente, que aún no obtuvo votos porque nunca se presentó a unos comicios nacionales.

"El Frente Amplio se está apurando por aprobar algo que en algún momento puede ser un tiro en el pie para él. Porque hoy tiene la mayoría y accede a la mayor cantidad de minutos, pero no sabemos dónde vamos a estar parados mañana", sostiene Pérez.

De hecho, en la oposición están convencidos de que el oficialismo quiere aprobar el proyecto para acceder a más espacios gratuitos. Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado que investigó a fondo el texto, cree que la propuesta es inconstitucional, ya que genera inequidades y excluye a partidos que ya se presentaron antes pero no tienen representación parlamentaria, como el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI).

"La bancada oficialista sabe que este proyecto tiene muchas imperfecciones, pero se está haciendo un juego para la tribuna diciendo que apunta a mayor transparencia para en realidad hacerse de esos minutos", agrega.

Sin embargo, el senador frenteamplista Marcos Otheguy no acusa recibo de las críticas. Señalado por fuentes políticas como "el redactor" del texto, afirma que "todos los partidos" coincidieron durante la discusión parlamentaria en que estas modificaciones eran necesarias. El legislador explica que el proyecto tiene una distribución mixta de espacios gratuitos en medios, ya que una mitad se otorga de forma proporcional a los votos y el resto es equitativo para todos.

Senador de la República, Marcos Otheguy, Senador de la Republica
Marcos Otheguy. Foto: Archivo El País.

Pero Rodríguez insiste con que hay "un fin oculto" del oficialismo, ya que la redacción del proyecto "se parece mucho" al de la ley de medios, que otorga minutos gratuitos para campañas de bien público hechas por el gobierno. Los avisos empezaron a emitirse este año y el Sistema de Cuidados fue el primero en ser promocionado, lo que significó 15 minutos diarios de avisos gratuitos en cada medio audiovisual nacional por 21 días.

"Con las campañas de bien público se hace publicidad velada para el partido de gobierno. Y a eso se le suman los minutos gratuitos a raíz de estas modificaciones. Si se aprueba el proyecto, son cientos de miles de dólares de ahorro para el Frente Amplio", alega el legislador.

Y esos miles de dólares menos preocupan a la Asociación de Broadcasters Uruguayos (Andebu), que centraliza a canales y radios. Su presidente, Omar De León, dice que la ley de medios "ya tuvo un impacto muy importante" en las finanzas y este proyecto podría seguir "empeorando la situación". Según él, se comunicaron con legisladores para hablar sobre la situación y también fueron a la comisión de Senado que evaluó el texto.

Pero Otheguy no comparte ese punto, ya que asegura que "no hubo planteos"de parte de los medios. De haberlos recibido, asegura, habrían sido tomados en cuenta.

Entre el apuro y la falta de definición, el Frente Amplio intentará el próximo lunes llegar a una redacción que convenza a su diputado desobediente. La distribución de los tan codiciados minutos de televisión y la bancarización obligatoria de los aportes son prioridad. Si no hay cambios, Pérez asegura: "Yo no lo voto".

El fin de las donaciones anónimas a los partidos

El proyecto de ley que presentó el Frente Amplio para regular los aportes a las campañas políticas prohíbe las donaciones anónimas. La normativa que está vigente limita hasta $ 15.000 este tipo de aportes. Este punto no generó controversia en el Parlamento; de hecho todos los partidos están de acuerdo en aplicarlo. Sin embargo, el politólogo Óscar Bottinelli dijo a El Observador que el proyecto debería haberse aprobado antes. "La ley llega tarde, porque llega cuando muchos ya hicieron caja", aseveró. Según el director de Factum, algunos candidatos "tienen el apoyo de grandes poderes económicos" que "ya están haciendo sus aportes" amparados por la ley actual, que fue promulgada en 2009 y se intenta cambiar.

Varios artículos polémicos
Foto: archivo El País

Aporte de personas. El proyecto de ley presentado por la bancada del Frente Amplio estipula que solo podrán donar personas físicas a las campañas políticas. Este inciso busca evitar las donaciones de parte de empresas, que luego puedan reclamarles favores a los gobernantes. Sin embargo, el diputado colorado Conrado Rodríguez —que analizó el texto— señala que la prohibición "no tiene sentido", ya que "los dueños de esas empresas" podrán seguir otorgando fondos.

Topes estipulados. El texto plantea un límite para los aportes personales que los candidatos pueden hacer a su campaña. Aquellos que se postulen como presidente y vicepresidente, solo podrán donarse a sí mismos hasta 400.000 unidades indexadas (US$ 48.700 al valor actual). El diputado frenteamplista Darío Pérez, que se opone a que el proyecto se apruebe así, señala que "no debería haber topes" para los aportes que los candidatos quieran hacer. "Si yo quiero poner plata de mi bolsillo —como hay gente que pone en caballos lentos y en mujeres rápidas— no hay ningún problema. Se está limitando la libertad del individuo", agrega.

Minutos electorales. El proyecto estipula que será la Corte Electoral la que comprará los minutos de televisión y radio, para evitar que cada partido negocie el precio y así generar un "financiamiento encubierto" de las campañas. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Broadcasters Uruguayos (Andebu), Omar De León, señala que este inciso "perjudica todavía más" a los medios de comunicación. El empresario afirma que los ingresos de los canales de Montevideo disminuyeron, en pesos corrientes, 31% desde 2014.

Estados contables. El texto señala que los partidos deberán presentar estados contables ante la Corte Electoral. El diputado del Frente Amplio Darío Pérez afirma que el proyecto "desconoce la realidad del interior", ya que obliga a las pequeñas agrupaciones "sin recursos" a profesionalizarse.

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