DE 1985 A 2005: FIRMAS Y VOTOS

Desde el regreso a la democracia los uruguayos fueron consultados en 15 ocasiones por temas tan distintos que van desde la vigencia de cuatro artículos de la ley de caducidad a la fijación de un 27% del Presupuesto Nacional para la educación o la baja en la edad de la imputabilidad. Eso sin contar las veces en las que no se alcanzó el mínimo de firmas o votos requeridos, según el mecanismo elegido, para llegar a la consulta propiamente dicha. La mayoría de esas instancias fueron impulsadas mediante mecanismos de democracia directa por parte de sindicatos, partidos y organizaciones sociales, otras a partir de reformas constitucionales promovidas por los partidos o gobiernos de turno. Pero hubo cinco de ellas que, al igual que el referéndum para decidir sobre el futuro de parte de la Ley de Urgente Consideración (LUC), se concretaron en medio del período de gobierno (o, al menos, alejadas de las elecciones) y su resultado —positivo o negativo para los intereses de la administración de turno— afectó de alguna manera a lo que quedaba de gestión.

Se trata del referéndum por la ley de caducidad en 1989, el de la ley de empresas públicas en 1992, el plebiscito por la “mini reforma” constitucional de 1994 que habilitaba el voto cruzado, el de la reforma constitucional que estableció el balotaje y otros cambios electorales en 1996 y el referéndum por la ley de Ancap en 2003.

Aquí reconstruiremos esas cinco historias en la voz de algunos de sus principales protagonistas. ¿Cómo se gestó cada una de ellas, qué pasó antes y después?

Con votos colorados y blancos, el 22 de diciembre de 1986 se sancionó la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que renunciaba a juzgar a militares y policías por delitos cometidos durante la dictadura militar. Eso en medio de un clima de tensión con denuncias judiciales de violaciones a los derechos humanos y amenaza de desacato militar ante las citaciones. Fue la primera experiencia en Uruguay de utilización de mecanismos de democracia directa (o sea, juntar firmas para convocar a un referéndum), en este caso contra los artículos 1 a 4 de aquella norma histórica. Esa experiencia “definió aprendizajes básicos y una matriz de procedimientos que se podrán observar en las futuras iniciativas”, dice el politólogo Felipe Monestier en la investigación Movimientos sociales, partidos políticos y democracia directa “desde abajo” en Uruguay (1985-2004).

Tras la sanción de la ley, se instaló la Comisión Nacional Pro Referéndum, presidida por Matilde Rodríguez (viuda de Héctor Gutiérrez Ruiz), Elisa Delle Piane (viuda de Zelmar Michelini) y María Ester Gatti, fundadora de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

El entonces presidente Julio María Sanguinetti recuerda que el período de recolección de firmas fue “polémico y tenso”. Pero más complicado fue el proceso de verificación de las firmas: un año más tarde la Corte Electoral había declarado nula una cantidad significativa de adhesiones y había dejado en suspenso la validación de 35.000 firmas. De ellas, cerca de 23.000 personas ratificaron su firma y se anunció el referéndum para el 16 de abril de 1989, siete meses antes de las elecciones. “Si usted me pregunta a mí, yo creo que las firmas en realidad no llegaron, pero la Corte fue validando y por suerte lo hizo”, dice Sanguinetti, que encabezó una campaña centrada en que la anulación de esos artículos traería una crisis institucional y que, por el contrario, su mantenimiento era parte del prometido “cambio en paz”.

Durante el trámite parlamentario solo un miembro de la bancada oficialista, el entonces diputado colorado Víctor Vaillant, había votado en contra. Hoy frenteamplista, Vaillant opina que en el fondo los partidarios del voto amarillo (a favor de mantener la ley) instalaron la idea de que “estaba en juego la democracia”, mientras que los del voto verde, como él, creían que había que hacer justicia. Pero, dice Vaillant, la mayoría de quienes votaron por mantener la ley lo hizo “por la angustia y el miedo de un posible levantamiento militar”.

Luis Alberto Lacalle Herrera, que apenas unos meses después se convertiría en presidente, recuerda hoy: “Nuestra posición fue transmitir que al día siguiente había que darle la mano al que había votado distinto porque venían las elecciones. Le bajamos la pasión y el dar manija para no dividir”.

El 55,9% apoyó el mantenimiento de la ley y el 41,3% votó en contra.

Mucho antes que el proyecto de ley de empresas públicas llegara al Parlamento, el sindicato de Antel empezó a considerar la posibilidad de juntar firmas en su contra.

La norma, que habilitaba las privatizaciones en las empresas estatales, se sancionó el 1º de octubre de 1991 con apoyo colorado a la administración de Lacalle.

El entonces presidente de UTE, Alberto Volonté, cuenta que logró convencer a Lacalle de que esa empresa no entrara en el plan: “No me toques UTE o me voy”, asegura que le dijo, “en manos privadas sería una catástrofe”. Hoy, mientras toma mate en su apartamento del Edificio Panamericano con una hermosa vista a la rambla, dice que “habla muy bien de Luis Alberto” que haya aceptado su pedido.

Junto al resto del movimiento sindical y del Frente Amplio, el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) debatió entre recurrir toda la ley o solo los cinco artículos que afectaban la propiedad de Antel. Esa fue la postura que ganó, aunque algunos sindicatos y fracciones minoritarias del Frente fueron por la derogación total. Esos cinco artículos eran “la parte sustancial” de la ley, reconoce hoy Lacalle.

Por el llamado “camino largo” se pedía una cantidad baja de firmas para que luego la Corte convocara a la ciudadanía a votar para ver si había referéndum: en esa ocasión se necesitaba el apoyo del 25% de los habilitados y existían dos oportunidades. No era obligatorio concurrir.

En una primera instancia no se llegó al mínimo exigido para habilitar el referéndum por la derogación parcial ni total. El entonces director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Carlos Cat, declaró a los medios de comunicación que “fue un triunfo” del gobierno. Volonté e Ignacio de Posadas —ministro de Economía de la época— coinciden en que esa frase no fue positiva para los intereses del oficialismo y en la época se tomó como una mojada de oreja. “Carlitos era un gran tipo, pero en Uruguay gritás un gol en la cara y se arma lío”, dice Volonté.

La segunda y definitiva ronda fue exitosa para aprobar el referéndum y plantear la anulación de cinco artículos: casi el 30% de los habilitados lo apoyó.

En esta historia es clave la postura del expresidente Julio María Sanguinetti, que en octubre de 1992 anunció el respaldo del Foro Batllista a la derogación de los cinco artículos. Si bien aquel no era un gobierno de coalición como el actual, sí había un acuerdo entre blancos y colorados para poder votar las leyes.

Hoy Sanguinetti explica así su postura: “Nosotros con el Foro habíamos votado toda la ley menos esos cinco artículos. Lo mismo el doctor (Alberto) Zumarán. La impugnación fue por esos mismos cinco artículos que no habíamos votado. Estudiamos mucho el tema, el decreto reglamentario no nos pareció adecuado y entonces nos volcamos a favor del referéndum y en contra de una privatización de Antel que no era conveniente. El tiempo me ratifica que fue lo mejor”.

Lacalle admite hoy que la postura de Sanguinetti fue “determinante” para el resultado final. Volonté dice que “el que lo enloqueció a Julio fue Benito Stern”, que era director colorado en Antel. Y asegura: “Sanguinetti le sacó las banderas a la izquierda y ahí empezó su campaña para la reelección”. De Posadas sostiene que la actitud del líder colorado “era bastante negativa, similar a lo que ocurre ahora con el Frente Amplio, como un resentimiento por haber perdido el gobierno”.

Lacalle afirma que, a diferencia del referéndum de la LUC, había “un tema central para Uruguay, que era la presencia del Estado en las empresas”. Y agrega: “La propaganda era muy fácil, era un solo tema, 'cuidado que van a vender el patrimonio', aquello de los piratas y las joyas de la abuela”.

El 13 de diciembre de 1992, el 66,5% de los habilitados votó por la derogación (la papeleta del Sí) y el 25,1% en contra. “Fue impresionante la diferencia”, dice Lacalle. Sanguinetti reconoce que “fue un golpe importante” para el gobierno.

Aquella noche la presidenta de Sutel Susana Dalmás, que luego sería legisladora del Frente Amplio, leyó un comunicado de la Comisión para la Defensa del Patrimonio Nacional y Reforma del Estado, que decía que el resultado muestra “un deseo de cambio profundo en el rumbo de la política económica y social”.

Lacalle también habló: dijo que no habría secuelas “entre los buenos orientales después de este acto electoral”, pero que el resultado no detendría la reforma del Estado, más allá de que la campaña “encendió muchas pasiones y ahora se requiere una lectura y un análisis detenido”.

—¿Cómo piensa que afectó a su gestión en los meses y años siguientes?

—Nada —dice Lacalle hoy—. Nosotros seguimos con la misma política económica. Algunos importantes dirigentes del Partido Nacional, no vale la pena los nombres, nos aconsejaron a los dos días que había que devaluar, cambiar al ministro de Economía y dar un aumento grande a los empleados públicos. Pero nuestra política económica ya estaba mostrando resultados y le hicimos un bien al país.

De Posada coincide y dice que el golpe fue más político que de fondo: “Fue una derrota del gobierno de Lacalle que generó una reacción a nivel de diputados y caudillos blancos, presionando al presidente para cambiar la línea económica, pero él estuvo muy bien, tomó la decisión opuesta y apretó el acelerador”.

Más sobre el fin del gobierno, y tras un largo período de negociaciones, todos los partidos llegaron a un acuerdo para votar una reforma constitucional centrada en aspectos electorales. La llamada “mini reforma” habilitaba el voto cruzado entre lemas, entre otras cosas, pero en agosto de 1994 estuvo lejos de alcanzar los votos requeridos para que la población la ratificara. El politólogo Monestier dice que existe consenso en considerar la oposición de los jubilados y pensionistas “entre las claves de ese fracaso”. Lo confirma Volonté: “Los jubilados interpretaron equivocadamente que esa reforma dejaba sin efecto las leyes que aseguraban un ajuste cuatrimestral y el cálculo de ese ajuste”.

Las elecciones de 1994, con un final cabeza a cabeza entre el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio, dejaron a Sanguinetti como presidente, pero con una diferencia de unos 20.000 votos con Volonté y de 35.000 con Tabaré Vázquez.

En ese período Sanguinetti y Volonté instalaron un gobierno de coalición sólido. Cuenta el veterano dirigente nacionalista que, cuando se sentó con el presidente electo, Sanguinetti le entregó un documento con sus prioridades. El primer tema en la mesa era una reforma constitucional para cambiar el sistema electoral e ir a uno con balotaje. Volonté le replicó que lo primero debería ser la reforma en la seguridad social, que luego instaló el régimen de las AFAP:

—Julio, te pido un favor de pique. A mí la reforma electoral me importa tres carajos, esa es la verdad. Te voy a acompañar, pero prioritaria no es...

Sanguinetti lo aceptó. Igual a fines de 1995 se sentaron todos los partidos a negociar. Las cosas iban bien, pero Vázquez se bajó a pesar de que la reforma incluía reclamos históricos de la izquierda, como la eliminación de la ley de lemas y de las candidaturas múltiples. La historia es conocida: el general Líber Seregni quedó solo y terminó renunciando a la presidencia del Frente Amplio el 5 de febrero de 1996. Medio año después, en agosto, Vázquez se acercaría a Volonté para intentar consensuar un acuerdo que al dirigente nacionalista le costaría dolores de cabeza y que tampoco se concretó.

Para los blancos, la reforma tampoco era fácil de aceptar. “Resignar la múltiple candidatura era un desastre, una catástrofe en un partido muy de las diferencias y los personalismos. Era un tiro en el pie, las elecciones internas iban a ser una guerra mortal y de hecho en las del 99 hubo un destrozo brutal”, dice Volonté, que era presidente del Directorio. “Yo mismo no estaba seguro si firmar aquel acuerdo”.

Pero encontró una solución. Cuenta que le propuso a Sanguinetti algo que sabía que sus compañeros iban a apoyar: incluir en la reforma constitucional mecanismos de descentralización, un tema muy sensible para los blancos (“todo está muy lindo, pero si no incorporan ocho artículos que garanticen la descentralización del país, no les voto nada”, dijo en el Directorio). Entre otras disposiciones planteadas por los blancos y aceptadas por el presidente, se propuso otorgar mayores poderes y autonomía financiera a los gobiernos departamentales y se institucionalizó el congreso de intendentes.

Pero lo central de aquel planteo era electoral: Sanguinetti dice hoy que los países divididos en tercios son “de baja gobernabilidad” y que por eso se decidió ir a un régimen con dos vueltas. Es decir, la reforma establecía las elecciones internas con voto no obligatorio, primera vuelta en octubre con un candidato por partido, segunda vuelta en noviembre si ningún candidato llegaba al 50%, y elecciones departamentales al año siguiente.

—Siempre se dice que este sistema se planteó para evitar que el Frente ganara las elecciones siguientes...

—Y bueno, eso fue lo que sintió el doctor Vázquez, que a última hora se opuso —responde Sanguinetti—. Pero yo lo pensaba en términos de estabilidad institucional porque se avizoraba una baja gobernabilidad. Al país le ha servido.

Lacalle coincide: “Los frentistas decían que era contra ellos. Yo no veo cuál buen resultado tuvo esa estrategia, desde el momento en que después el Frente ganó tres veces seguidas”. Volonté, en cambio, no tiene dudas de que la intención de Sanguinetti “era cambiar el sistema para jorobar al Frente Amplio” y que por eso incluyó la segunda vuelta. “Julio María estaba contento con el balotaje y veía que por los siguientes 10 siglos ganaban los colorados; que estaban en la final siempre”, ironiza.

Lo cierto es que el gobierno triunfó: la reforma se aprobó por 50,5%.

En diciembre de 2003 se concretaría otro referéndum, el último hasta hoy, contra una ley que habilitaba la desmonopolización y la asociación de Ancap con capitales privados.

El oficialismo negoció los detalles de ese proyecto con el Frente Amplio, aunque al final la izquierda no dio sus votos y Vázquez amenazó con renunciar a la presidencia de la coalición si no se apoyaba al sindicato de Ancap en su campaña.

El país salía de la crisis y se sabía que la izquierda llegaría al poder. En ese marco, ganó la derogación, que tenía papeleta rosada como ahora, con el 62,3% de los votos. El No (papeleta celeste) y el voto en blanco sumaron 37,8%.

Leonardo Costa, entonces prosecretario de Presidencia, dice que el gobierno no lo sintió como una derrota muy fuerte, pero que además era una administración “débil”, “concentrada en otra cosa” y ya se había ido el Partido Nacional del gabinete. Esa ley “no era algo fundacional” como la LUC, afirma Costa. El entonces ministro de Economía Isaac Alfie también le quita trascendencia a esa derrota y dice que la ley “había sido tan negociada al final que no movía la aguja de nada” y que la asociación de Ancap “iba a ser casi imposible”.

Gerardo Rodríguez, del sindicato de Ancap, lo recuerda como “un proceso bastante similar” al de ahora, al de la LUC. Dice que “en el pueblo había un clima de rechazo a todo lo que venía sucediendo”.

Venían vientos de cambio. El sindicalista Juan José Ramos le dijo tiempo después al politólogo Monestier, según se publica en su investigación: “Si en ese momento promovíamos un referéndum para decir que al presidente había que pintarlo de azul, también ganábamos”.