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Por qué El Guardián pierde con la tecnología

El episodio entre Cristino y Argimón desató una batalla política que dejó tras de sí una pregunta: ¿A quiénes escuchan? El Guardián sigue canalizando interceptaciones, pero ya no es tan eficaz.

Foto: Gerardo Pérez
Foto: Gerardo Pérez

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Fuimos Argentina. Un día se borró la línea divisoria entre lo serio y lo jocoso, ese límite en nuestro imaginario colectivo que hace a la política amigable, a la farándula aburrida y al uruguayo, uruguayo. Se mezcló lo que nunca se mezclaba. Altos cargos del gobierno, un relacionista público, escuchas telefónicas y la palabra “dealer” en la voz de la vicepresidenta tejieron una trama prometedora, de esas que se ven en los programas argentinos que nadie dice que mira.

Pero una denuncia del abogado Gustavo Salle, acusaciones de locura entre políticos y una ola de videos de Fernando Cristino condenaron al reality show a lo grotesco, a lo demasiado obvio. La chispa se apagó rápido. La historia pasó a una carpeta en Fiscalía mientras las autoridades se encargaban de volver a poner lo serio de un lado y lo vulgar del otro.

“Todo queda grabado”, le dijo la vicepresidenta Beatriz Argimón a Cristino, el relacionista público. Enseguida, el gobierno negó con énfasis que exista tal cosa como “escuchas oficiales”. La vicepresidenta aclaró a El País que cualquiera puede escuchar sus llamadas “en altavoz o hackers; nada más”.

Las explicaciones no fueron suficientes para la oposición, y la extravagancia del episodio dejó tras de sí varias incógnitas: ¿extorsionan a los jerarcas del gobierno? Y por otro lado, ¿nos escuchan?

Para el Frente Amplio las preguntas son válidas. Los fragmentos de la conversación ponen “a la investidura del presidente y la vicepresidenta en una situación compleja, donde se habla de extorsión y otro tipo de solicitudes”, señalaron senadores de la oposición en el escrito elevado a Fiscalía el miércoles.

Para el Partido Nacional, Uruguay se ríe de la seriedad que tomó el asunto. La senadora Graciela Bianchi dijo que la denuncia es “una reacción infantil”.

“Todo lo que no esté en la órbita de la autorización judicial es ciencia ficción”, dijo el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, en declaraciones a la prensa. “Así de concluyente se lo digo. Si ustedes supieran todo el protocolo al que hay que recurrir para dar estos pasos advertirían que hay un dispositivo de seguridad regido por la Justicia”, agregó.

Larrañaga se refiere al SAIL (Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales). Allí están nucleadas las interceptaciones telefónicas que se instrumentan a través de El Guardián, el software que introdujo el exministro Eduardo Bonomi.

El proceso es así: si un Policía a cargo de una investigación advierte que un “pinchazo” a un teléfono podría ser de utilidad, se lo transmite al fiscal, que eleva la solicitud ante un juez. Según el protocolo, solo un juez puede autorizar una escucha. Si lo habilita, se transmite la orden a la empresa de telefonía.

Desde Antel señalan que los sistemas del ministerio y las operadoras están conectados mediante interfaz, y cada solicitud se remite ya autorizada por un juez competente mediante una firma electrónica.

De la misma manera se procede en las otras compañías: Movistar y Claro. Una vez que llega la solicitud, las compañías son las encargadas de brindar la información a la Policía.

Así, el destacamento policial que investiga la causa accede a todas las conversaciones que salen del celular o del teléfono fijo del indagado o sospechoso. Escuchan las llamadas que pueden estar vinculadas al presunto delito que se investiga, pero también las llamadas más íntimas. Escuchan todo.

Pero el SAIL no centraliza solo las conversaciones. Según explica la empresa Claro, a través de este instrumento también se canaliza información comercial, registros históricos y tráfico. “Cualquier solicitud y respuesta es canalizada a través de esta herramienta, de forma encriptada y segura de extremo a extremo entre Claro y el Ministerio del Interior”, afirma la empresa.

detectives

El universo paralelo (y legal) del espionaje y la investigación privada

En Uruguay operan empresas que brindan servicios de investigación a través de la clásica figura del detective privado. Sus clientes son empresas que sospechan de empleados, víctimas de infidelidad, familiares de personas ausentes, hijos que buscan a sus padres. En sus páginas web especifican los servicios: “espionaje en teléfonos celulares, cámaras ocultas, micrófonos, celular espía, software espía”.

Los teléfonos de contacto que brindan estas agencias están activos las 24 horas. Lejos del misterio, en la foto de perfil de Whatsapp de “Detectives Jack” se ve a una señora de unos 50 años, posando en un balcón del Hotel Argentino, con la rambla de Piriápolis y el cerro San Antonio de fondo. “Disculpa. El detective está en el interior”, responde la señora ante la consulta de El País. Con las “escuchas” en la agenda pública, los detectives son cautos al hablar. Otra de las agencias consultadas optó por no hacer comentarios respecto a sus actividades.

No así “La tienda del espía”, que comercializa todo tipo de artefactos para los detectives y los voyeuristas. Entre los productos estrella hay celulares Nokia y Samsung, que van desde los 500 hasta los 2.500 dólares. El diferencial es el “interceptor Pro”: un software que recoge todos los datos que entran y salen del teléfono. Chats, llamadas, audios, fotos, redes sociales, cámara, ubicación: todo migra a un servidor al que el comprador del celular tiene acceso con usuario y contraseña. “El celular funciona si se lo regalás a la persona. El software viene instalado y pasa desapercibido, no se ve la aplicación. Viene como una función más de Android”, cuenta la vendedora. También se vende el software por separado, a 400 dólares. “En ese caso tenés que tener a disposición el celular y contar con al menos 10 minutos para instalarlo”, explica la chica, con la naturalidad de quien vende un televisor. Es que todos estos productos se comercializan sin ninguna reserva.

Respecto a la prohibición de este tipo de vigilancia, se presentó un proyecto de ley en febrero de 2015, a cargo del el exsenador Pedro Bordaberry. En él se buscaba prohibir “la importación y comercialización de equipos o aparatos para realizar escuchas o interceptaciones telefónicas y vigilancia electrónica de personas”, siempre y cuando no exista una orden judicial para hacerlo. El proyecto había sido presentado por el exdiputado José Amy en 2011, pero en ningún caso llegó a aprobarse.

Corremos atrás.

María Helena Mainard, jueza especializada en crimen organizado, cuenta que autoriza solicitudes de interceptaciones telefónicas “a diario”: “Hay bastantes autorizaciones de SAIL por día. A veces tengo una o dos, a veces 10. Se utilizan en estupefacientes, sobre todo”.

La magistrada explica que la solicitud debe ser fundada porque implica una violación de un derecho consagrado en la Constitución: “Los papeles de los particulares y su correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie, son inviolables, y nunca podrá hacerse su registro, examen o interceptación sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general”, dice el artículo 48.

Si para el juez no hay elementos suficientes que ameriten esta intromisión, se convoca a una audiencia para que la fiscalía dé explicaciones. “Pero a veces son tantas (solicitudes) que no da para hacer 14 audiencias por día por SAIL; no nos daría el tiempo a los jueces y a los fiscales”, dice Mainard.

La jueza Beatriz Larrieu, también de crimen organizado, dice que esta herramienta “no corresponde para cualquier delito” ya que implica una violación a la intimidad. “No se escucha solo lo relativo al delito, se escuchan todas las comunicaciones personales. Entonces tienen que ser delitos graves o investigaciones complejas, como casos de narcotráfico o grupos organizados o trasnacionales”, señala.

Larrieu dice que no ha tenido juicios solo en base a interceptaciones porque los sospechosos de estos delitos suelen hablar en clave. “Con eso, sumado a otros elementos, se puede concluir que hablan de droga. Pero solo con interceptaciones es más complejo”, comenta.

Por su parte, Mainard señala que hace no mucho tuvo un juicio donde la mayor parte de la prueba indiciaria (es decir, pruebas indirectas) eran escuchas telefónicas. “Pueden ser determinantes como pruebas indiciarias. En este caso, las conversaciones eran claras a pesar de que a veces no se dice todo lo que se tiene que decir. Pero vas siguiendo el hilo y vas deduciendo cosas”.

La herramienta también se usa con frecuencia en las investigaciones de delitos económicos y complejos. El fiscal Enrique Rodríguez dice que la interceptación telefónica da resultados en estas investigaciones, pero no es una garantía. “A veces la persona se cuida, cambia el teléfono o no se contacta con personas con las que a uno le interesa saber si hay vinculación. O si se contactan, hablan en códigos”, comenta Rodríguez.

Entre enero y mayo de 2019 hubo 2.185 interceptaciones. Entre los mismos meses de este año hubo 2.748, según datos que el Ministerio del Interior brindó para este informe.

La tecnología avanza, pero los mecanismos de investigación se mantienen. Jueces y fiscales señalan que con el advenimiento de la mensajería encriptada, la utilidad de El Guardián ya no es la misma que el primer año. Carlos Negro, fiscal especializado en crimen organizado, dice que Whatsapp es “el gran problema”. Sus colegas piensan lo mismo.

“Las nuevas tecnologías siempre van adelante, las nuevas argucias delictivas siempre van adelante. Los investigadores siempre corremos atrás del crimen”, dice Negro.

Pero, al mismo tiempo, coinciden en que “hay gente que sigue mandando mensajes de texto y llamando”. El leve aumento en la cifra de interceptaciones de un año a otro lo confirma. Aunque exista Whatsapp, Telegram y Signal, donde la información que circula entre los chats no es accesible ni para las propias empresas que proporcionan las aplicaciones, las líneas y los mensajes de texto se interceptan igual. “La gente se descuida, se olvida, no sé por qué”, dice Mainard.

A su vez, Gustavo Nicastro, secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), sostiene que el número de interceptaciones “mantiene un nivel muy similar en el tiempo”.

Nicastro fue designado por la SCJ como responsable de la recepción de los reportes de las interceptaciones legales gestionadas por el SAIL tras un convenio celebrado en agosto de 2019.

En él participaron todos los actores involucrados en estas operaciones: la SCJ, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior, Antel, Telefónica Móviles del Uruguay S.A. (Movistar) y AM Wireless Uruguay S.A. (Claro). Allí se estableció la entrega de reportes trimestrales a la Justicia, con el detalle de solicitudes, la duración de las interceptaciones y las prórrogas. El propósito: verificar que los números del ministerio y los de las empresas coincidan siempre.

Al momento del acuerdo, la Unidad de Análisis Tecnológico del Ministerio del Interior (Unatec) ya había entregado los reportes correspondientes al período entre el 1 de mayo de 2017 y el 31 de julio de 2019, pero las empresas de telefonía no. Lo hicieron “en tiempo y forma” en los meses siguientes, señala Nicastro.

Hasta ahora, el secretario letrado detectó solo una discordancia entre los reportes: los datos del ministerio y de una de las empresas, correspondientes al período agosto-octubre de 2019, no coincidían. Frente a esto, se comunicó con las dos instituciones: “Ambas cumplieron con su deber de explicar esa discordancia, la cual se debió a un error mínimo que pudo ser identificado y que de ningún modo generó la sospecha de deberse a una escucha ilegal, por lo que la SCJ tuvo por suficiente la respuesta”, dice.

De todos modos, Nicastro todavía está procesando el “elevado volumen de datos” de los dos años en los que no hubo reportes. Comenta que todavía no se ha detectado ninguna inconsistencia en los mismos.

Estrategia.

La eventual obsolescencia de El Guardián es innegable. Están los “descuidados”, como dice Mainard, pero también los que se aseguran de ser contactados a través de Telegram para coordinar la entrega de “pasti”, “keta” o “ácido”. Allí ni siquiera es necesario hablar en códigos.

La única manera de acceder a los chats encriptados es a través de la incautación del teléfono; hoy por hoy, la mayoría de las aplicaciones de mensajería son impenetrables. Lo saben los narcos y lo saben las autoridades. ¿Cómo hacer para no “correr atrás” del crimen en pleno 2020?

Desde el Ministerio del Interior, se limitan a decir: “Siempre es necesario reforzar las potencialidades de investigación, y por tanto, modernizar las potencialidades de los recursos tecnológicos para perseguir mejor el crimen. Los recursos y estrategias del crimen son dinámicos y también tiene que ser dinámica su persecución. En el caso de los instrumentos de interceptación, si cambian las vías de comunicación hay que actualizar esos instrumentos para su detección y seguimiento”.

Y no niegan la compra de nueva tecnología. “Se evalúa la necesidad en base al dinamismo del asunto”, dicen ante la pregunta específica.

Una fuente consultada para este informe señala que hay información respecto a la adquisición de mecanismos distintos a El Guardián, pero que se mantendrá el hermetismo. Las razones de la reserva son las mismas que alegó Bonomi cuando Uruguay adquirió El Guardián mediante el mecanismo de compra secreta. En pocas palabras, no es estratégico que los narcos sepan cómo van a ser espiados.

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