ESTRATEGIA ANTE EL BALOTAJE

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¿Una amenaza o un simple augurio? Esa es la pregunta que por estos días se hicieron analistas y políticos de todo el espectro luego de que la vicepresidenta Lucía Topolansky asegurara que, de ganar la coalición, en el próximo gobierno va a haber una “enorme movilización social”. La jerarca también puso en duda que la coalición que busca arrebatarle el poder al Frente Amplio “pueda resistir” y advirtió que esa situación generará “mucha inestabilidad en Uruguay”.

Unas horas después de que la agencia de noticias Sputnik publicara estos dichos, Topolansky salió a explicarlos: “Escuché que había un poco de ruido”, se excusó en entrevista con Subrayado. Entonces dijo que la ley de urgente consideración que anunció el presidenciable Luis Lacalle Pou incluirá “500 artículos” y solo tendrá “90 días de discusión para tocar 1.000 temas”.

Uno de esos temas, dijo, “es sacarle el voto a los delegados al (Consejo Directivo Central) Codicen del orden docente. Cuando a alguien le sacan un derecho, seguramente patee. Yo lo único que hice fue constatar el hecho. Si se desmonopoliza el gasoil y eso afecta directamente a una industria nacional como es Ancap, va a haber que reestructurar esa plantilla, la producción y la rentabilidad”, sostuvo en relación a otra posible medida.

La oposición se escandalizó con los dichos de Topolansky, en especial por el lugar que ocupa y la responsabilidad que tiene. Pero es una realidad que para los sindicatos no da lo mismo quién asuma el próximo gobierno y por eso los resultados del 27 de octubre ya fueron “un golpe bajo” para los gremios, según reconocen varios dirigentes para este informe. De hecho, hay líderes que ya están planificando cómo pararse frente a la coalición.

Tal es el caso de la Federación de Trabajadores de Ancap (Fancap). Salvador Sprovieri, secretario general de este gremio, cuenta que visitarán todas las dependencias del ente en el país para conversar con los demás funcionarios. Esto ocurrirá antes del 24 de noviembre y entonces les hablarán sobre las medidas que podrían tomar en caso de que ganara Lacalle Pou: “Si el próximo gobierno nos quiere cortar los derechos, nos va a encontrar en un conflicto grande”, asegura.

El documento “Compromiso por el país” —que materializa el acuerdo programático entre el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente— se propone “avanzar hacia precios de combustibles que sean competitivos con la región y el mundo”. En ese sentido, Lacalle Pou había anunciado que pretendía liberar la importación de combustibles y terminar con el monopolio de Ancap, aunque esa propuesta fue desestimada luego de la ronda con los socios de la coalición.

Para Sprovieri, esta iniciativa va “en contra del referéndum de 2003” —cuando el voto popular reafirmó la exclusividad del ente— y “no se ajusta” a la realidad de Uruguay: “Somos un país chico, no tenemos lugar para dos, tres o hasta cuatro empresas. Lo que va a generar es que se conformen monopolios privados que cambien los precios de los combustibles según dónde cargues. Ese es un viejo anhelo de los estacioneros”, agrega.

Por eso la directiva del gremio se reunió después de las elecciones. Quería planificar las medidas a tomar en caso de que ganara la oposición y también evaluar cómo transmitírselas al resto de sus compañeros, ya que algunos de ellos ni siquiera están afiliados al sindicato. El dirigente asegura que “hay que crear conciencia” entre los trabajadores.

“Una coalición de derecha, neoliberal y militarista va a ir en contra de la existencia de Ancap. Es real que podamos enfrentarnos a un conflicto grande en defensa de la Ancap estatal y pública. Estas propuestas son un ataque frontal a la soberanía nacional, porque se caerían todos los productos que se hacen a partir de la refinación. ¿Y a qué precio habría que importarlos?”, cuestiona.

Sprovieri explica que toda la oferta del ente se produce a partir de petróleo. Durante la refinación, las distintas capas del combustible se transforman en otras fórmulas y así se logra, por ejemplo, el alcohol. Por eso suspender este procedimiento podría ser “letal” para el organismo, sentencia el dirigente, ya que también prescindirían del resto de los productos que conforman el negocio.

El principal desafío del gremio es convencer a los funcionarios que no trabajan en la refinería, ya que serían los menos afectados con estos cambios. “Cuando empezás a explicarles la realidad que se puede venir, cuando les decís que si perdemos la refinación —que es el fuerte—, de a uno vamos a ir cayendo; y cuando entienden que se van a caer, la cabeza les hace un clic”, cuenta.

Cuando Topolansky explicó sus dichos, también se tomó un tiempo para hacer una cronología: “La discusión de la ley de urgente consideración terminaría a mediados de junio y el 30 de junio ingresa el presupuesto. Todos los gobiernos, incluidos los tres nuestros, con los presupuestos tenemos movilizaciones. Así que la movilización empezada en marzo seguiría hasta fines de octubre, y el primer año sería prácticamente eso”, aclaró.

Las palabras de la vicepresidenta coinciden con lo que ocurrió en el último tiempo. De hecho, este análisis es compartido por los técnicos de la Universidad Católica, que desde 1994 elaboran el Índice de Conflictividad Laboral. A partir de entonces, 2015 fue el año en que se tomaron más medidas gremiales.

Eloísa García, investigadora y docente de esa universidad, explica que la votación del presupuesto nacional es un “factor desencadenante” de conflictividad. Por lo tanto, “es de esperar” que 2020 sea un año combativo: “No creo que dé igual quién gane, pero creo que igual va a haber conflictividad”, afirma.

En ese sentido, explica que “no se puede asegurar” que no vaya a haber conflictos en un gobierno encabezado por Daniel Martínez, si bien reconoce que hay “mayor afinidad ideológica” entre el Frente Amplio y los sindicatos. Por eso el 2005, cuando asumió Tabaré Vázquez por primera vez, fue el año de menor conflictividad aun cuando se votó el presupuesto nacional.

“Cuando el Frente Amplio gana las elecciones por primera vez, el movimiento sindical siente que la balanza se inclina hacia su lado. Fue una fiesta, no hubo conflictividad. Pero 2015 es el punto de inflexión: el contexto económico es bien distinto y se terminó con un 143% más de conflictividad que el año anterior”, dice.

Para Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt, la principal preocupación es “el recorte de derechos”. Él está de acuerdo con Topolansky y asegura que el día de las elecciones, una vez que se conocieron los resultados, diversos dirigentes lo llamaron para preguntarle qué medidas pensaba tomar. Si bien trascendió que la central evaluaba decretar un paro antes del balotaje, asegura que “eso es todo mentira”.

“Un compañero, producto de la desazón del momento, colgó en su muro de Facebook que había que convocar un paro. No estuvo en nuestros planes, porque en el Pit-Cnt somos independientes del partido que gobierna, lo que no significa que seamos neutrales”, afirma.

En ese sentido, sostiene que la central “va a defender siempre” los derechos que se adquirieron en estos 15 años del Frente Amplio en el poder, por lo que el próximo presidente “va a encontrar resistencia” si pretende terminar con esas conquistas. Entre ellas están el restablecimiento de los consejos de salarios, la ley de ocho horas y la limitación de la jornada laboral para el sector rural y doméstico, la ley de responsabilidad penal empresarial y la ley de empleo para personas con discapacidad.

Y por más que el documento de la coalición no promete suspender ninguna de estas medidas, Pereira reconoce que entre los dirigentes “hay temor” de que eso suceda igual. “Mi rol como presidente de la central es vehiculizar este miedo y transmitir tranquilidad. Para mí la esperanza es un pronóstico, la conflictividad no. Yo apuesto al diálogo”, asegura.

Es importante, sentencia Pereira, ver cuál será la postura del próximo presidente. El titular de la central dice que “no es buena cosa” que los mandatarios “se midan con los sindicatos para ver quién tiene más poder” como, asegura, ocurrió en Chile: “(El presidente de ese país, Sebastián) Piñera decretó una guerra y ahora está destituyendo a todos los ministros. Quiso imponerse y terminó perdiendo”.

El dirigente afirma que tanto Lacalle Pou como Martínez “deberían aprender de la esencialidad de Vázquez”, el decreto que el actual presidente firmó en 2015 para terminar con la huelga de la educación. En ese momento, los maestros no acataron la imposición del Poder Ejecutivo y continuaron con los paros.

“Creer que el acto de autoridad es decretar una esencialidad que nadie va a acatar es absolutamente irracional. Debe dejar aprendizajes lo que pasó en 2015 y yo pienso que los dejó. Aunque el otro día sentí a Lacalle decir que si aplica la esencialidad, la aplica para aplicarla. ¿Qué va a hacer? ¿Va a traer maestros y profesores de Marte?”, cuestiona.

A pesar de estas diferencias, el dirigente está dispuesto a reunirse con quien resulte electo el domingo 24. El líder nacionalista prometió que se juntaría con los sindicatos “el lunes siguiente”, aunque el dirigente reconoce que eso “va a ser muy difícil”: “Podemos darle unos días más de tregua”, bromea. Con Martínez aún no habló, pero está convencido de que también mostraría disponibilidad.

Uno de los gremios más preocupados es la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes). Por eso sus directivos convocaron a una conferencia de prensa el martes, en la que reivindicaron la existencia del representante de los docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen) de ANEP. Hasta ese día, a partir de la filtración del borrador del documento de la coalición, lo que se sabía era que esa figura iba a desaparecer en un eventual gobierno de Lacalle.

Horas después, con el texto definitivo, los actuales partidos de la oposición se comprometieron a mantenerlo. Sin embargo, no aclararon si ese actor podría tener voz y voto en el consejo, como ocurre ahora. Y si bien los líderes de la coalición aseguraron que no lo hicieron bajo presión, fuentes de esa agrupación reconocen que “la postura de los gremios sumada a la opinión de algunos integrantes de peso” en la coalición fue “determinante” para que modificaran el texto.

A pesar de este cambio, fuentes de Fenapes igual auguran un 2020 conflictivo. Cuentan que el día de la elección, cuando se conocieron los resultados, dirigentes del interior llamaron a los integrantes del secretariado ejecutivo en Montevideo para averiguar los pasos a seguir.

Sin embargo, esa decisión será definida entre todos el próximo 5 de diciembre. Por obra del destino, la convención nacional del gremio —que se celebra cada dos años— está pautada para ese día y allí planificarán “la resistencia” del próximo período. La prioridad, por supuesto, es el presupuesto.

Luego en febrero, antes de que empiecen las clases, desde Fenapes alentarán a todos los profesores del país a explicarles a las familias la postura que ya prevén que posiblemente adoptarán. “Muchas veces notamos rechazo de los familiares cuando tomamos una medida. Por eso es tan importante mostrarles que nosotros también defendemos la educación pública”, dice una de las fuentes. Quieren defender a la educación de las medidas que podría tomar un gobierno de Lacalle Pou, insisten.

En ese sentido, Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), cuenta que enviaron una carta al Honorable Directorio del Partido Nacional pidiéndole que revisara el contenido del documento de la coalición. Lo que más les preocupaba era el “fortalecimiento del Ministerio de Educación y Cultura como institución rectora de la política educativa nacional”.

Eso también se matizo en el texto definitivo, ya que se sigue planteando ese fortalecimiento pero “sin perjuicio de los cometidos de la ANEP, la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica”. Sin embargo, Pereira no recibió una respuesta formal del Partido Nacional.

“Todo lo que sea pérdida de derechos conquistados va a ser defendido por el movimiento sindical en su conjunto. En nuestro caso, vamos a pelear para evitar las pérdidas de derechos laborales de maestros y de funcionarios, y la pérdida de posibilidades de educación para los niños”, asegura.

Ese gremio se reunirá hoy para analizar el documento final de la coalición y también decidirá qué postura tomar. Pereira insiste con que el diálogo es la “mejor alternativa”, aunque no descarta echar mano a medidas más duras.

En tanto, la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE) también va a estudiar en la próxima semana el texto terminado. A Martín Pereira, el presidente del gremio, le preocupa que los “recortes a los funcionarios públicos se ejecuten” aun cuando no están planteados en el último texto que salió a la luz.

“Si van por ese camino, van a encontrar pelea de COFE. No es que estemos predispuestos de antemano, pero los programas de los partidos hablaban de reducción de puestos”, afirma.

Pereira reconoce que “personalmente” tiene “más afinidad” con Martínez que con Lacalle Pou, aunque hace hincapié en que todos los integrantes del gremio tienen libertad de militar por el partido que deseen. “No estamos alineados con ninguno y cuando el actual gobierno hizo cosas con las que no estábamos de acuerdo, nosotros tomamos medidas”, agrega.

Más allá de afinidades ideológicas, el presupuesto es la principal preocupación de los sindicatos y habrá que ver cómo lo prioriza el próximo gobierno. Si los gremios no están de acuerdo con el criterio, ya avisaron: las autoridades que vengan encontrarán resistencia.