A DOS AÑOS DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL

Golpe de efecto

A dos años de la ley que responsabiliza penalmente al empleador en caso de accidentes laborales, no hay ningún empresario tras las rejas. Sí hay una treintena de investigaciones en curso, mucha más prevención, y la certeza de que la norma logró poner en la agenda un tema postergado.

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La "ley Sunca" fue quizás el punto que más irritó a gremiales empresariales. Foto. A. Colmegna

Este viernes se cumplieron dos años de la aprobación de la ley de responsabilidad penal del empleador y, tras ser discutida, cuestionada e incluso señalada como inconstitucional, sigue sin ser modificada. A pesar del tiempo transcurrido y de que los datos muestran una reducción prolongada en la cantidad de accidentes laborales y en las muertes de trabajadores, y a pesar de que aún no ha habido ningún procesamiento en el marco de la ley, las aguas siguen tan divididas como cuando comenzó a discutirse su implementación.

Si se comparan los primeros siete meses de 2015 con el mismo período de 2014, hubo 547 accidentes laborales menos. La siniestralidad registrada por el Banco de Seguros del Estado se redujo 7%. A su vez, en 2015 hubo 23 muertes por accidentes laborales, cinco menos que en 2014, según datos del Ministerio de Trabajo publicados por El Observador.

Los defensores de la ley consideran que su principal efecto está en las medidas de prevención que se tomaron a partir de ella, así como la capacitación y la difusión de información que trajo aparejada. Para algunos, que no haya habido procesamientos muestra que los empleadores, ante la posibilidad de sufrir consecuencias penales, se ajustaron los cinturones en cuanto a la seguridad. Para quienes se opusieron desde el principio, en tanto, indica que su formulación la hace inaplicable y que no era necesaria ya que el Código Penal ya prevé un castigo para los casos en que los empleadores ponen en riesgo la salud o integridad de los trabajadores. Algo en lo que la mayoría coincide es que la reducción de los accidentes no se explica solamente por esta ley.

Puntos de vista.

"La ley por sí misma no cambia drásticamente la situación, sino que se sumó a un conjunto de medidas que ya se venían desarrollando", dijo Gerardo Rey, inspector general de trabajo. En eso coincidió Walter Migliónico, técnico prevencionista y coordinador del Departamento de Salud Laboral del Pit-Cnt: "Decir que los accidentes bajaron por la ley es desconocer el asunto".

Para el especialista, la ley fue el corolario de un conjunto de normativas y decisiones que se tomaron para dar más participación a los trabajadores en su propia seguridad —comisiones bipartitas y tripartitas— y reglamentar sobre el tema. "Hasta 2014 el patrón hacía lo que quería en el lugar de trabajo", sostuvo.

Tanto dentro de la Cámara de Industrias como desde la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (Appcu), opinan que la ley no cambió la seguridad laboral. Desde la Cámara de Industrias, el abogado Gonzalo Irazábal se refirió al hecho de que a dos años de su aprobación no se haya procesado a ningún empleador. "Que la ley sea inaplicable es porque es una pésima ley. No cumplió ningún objetivo", advirtió.

En la Appcu consideran que la intervención en la educación para la seguridad en obras tiene mejores consecuencias que la amenaza de ir a prisión. "Hemos capacitado en los últimos cinco años a más de 12.000 personas. Esa es la forma en que nosotros creemos que se debe enfrentar", apuntó el presidente de la asociación. Asimismo, su secretario ejecutivo, Aníbal Durán, reconoció un aumento en la cantidad de capacitaciones: solo en el último año se realizaron 5.000. Para la asociación, la ley pone el foco en la mala intención del empleador, algo que consideran inusual. "Podrá haber culpa pero no dolo", opinó Durán.

Visibilidad.

La principal consecuencia de la ley es sin duda haber puesto a la seguridad laboral en el tapete de la opinión pública, concluyen varios de los consultados. El tema adquirió un rol mucho más protagónico de lo que había tenido en los últimos años. "Hace 10 años, algunos casos de personas que morían por causa del trabajo y que ocurrían en la formalidad pasaban como hechos policiales. Hoy, por suerte, se los identifica como accidentes de trabajo", apuntó el secretario general de seguridad e higiene del sindicato de la construcción (Sunca), Héctor Abad.

De 10 inspecciones que realiza el Ministerio de Trabajo por seguridad y salud, siete ocurren en el rubro de la construcción. Este, junto con el sector rural, son los que pusieron un "foco importante en la prevención", en palabras de Rey. De hecho, la mayor reducción en la cantidad de fallecimientos por actividades laborales ocurrió en la construcción. Entre 2014 y 2015 cayeron un 43%.

El mayor impacto de la ley fue en las empresas medianas y pequeñas, dijo el inspector general. Esto se debe a que las más grandes, habitualmente, ya habían implementado las medidas de seguridad necesarias, las comisiones paritarias, los delegados de obra, los técnicos prevencionistas contratados y la capacitación. Otra de las consecuencias tiene que ver con la formación. Para este año, por ejemplo, "el Fondo de Capacitación de la construcción se dispone a empezar cursos con el destino de capacitar a entre 800 y 1.000 delegados de obra de la construcción", sostuvo Rey.

En los sectores donde no había tal avance en cuestiones de seguridad, la ley implicó un empujón para los sindicatos, dijo Migliónico, del Pit-Cnt. Aseguró que ahora "casi todos tienen comisiones de salud", aunque destacó que todavía hay sectores donde la fuerza de las agrupaciones sindicales no es suficiente para hacer reconocer los riesgos a los que se enfrentan. Un caso emblemático es el de los supermercados, ilustró, con las lesiones conocidas como de "esfuerzo repetitivo" o el estrés, que no es reconocido hoy como enfermedad profesional.

La ley posibilitó además que cualquier persona que identifique un delito pueda hacer la denuncia. El ejemplo más claro y visible en el día a día son las obras con andamios rotos o los obreros que trabajan sin equipo de seguridad. Sin embargo, en el Sunca hubo solamente dos denuncias por incumplimiento de normas, cuyas investigaciones están en curso. "Está claro que hay un desconocimiento de cómo se deberían hacer las denuncias", destacó Abad.

Hace 30 años, la palabra prevencionista motivaba caras de extrañeza y muchas interrogantes. Para Migliónico, que trabaja en el área desde hace tres décadas, esto cambió de forma radical. Según sostuvo, los prevencionistas tienen hoy "pleno empleo", las empresas quieren asesorarse y para 2018 muchas de ellas deberán incorporar a estos técnicos a su personal, por decreto del Poder Ejecutivo.

Interpretaciones.

Según datos del Pit-Cnt, hay cerca de 25 casos en proceso judicial por la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial que fueron presentados en la órbita de la central sindical. Además, hay otros nueve de los que tienen conocimiento. Dentro del Poder Judicial es imposible cuantificarlo, ya que hasta que no haya un fallo que condene a un empleador en el marco de la ley, no se puede catalogar.

El hecho de que todavía no haya fallos concretos les da pocas herramientas a los especialistas en derecho laboral para hacer un análisis a fondo sobre su interpretación o alcance. Sin embargo, el fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de octubre de 2015, que determinó la constitucionalidad de la ley, dio algunas pistas a los abogados.

En primer lugar, de este primer pronunciamiento de la Corte sobre la polémica ley se entiende que tiene que haber una "intención deliberada" de no cumplir con las normas para que haya una condena, apuntó Cecilia De Marco, abogada especializada en derecho laboral de la empresa Posadas, Posadas y Vecino. Si el empleador puede demostrar que cumplió con todos los pasos necesarios para proteger al trabajador y aún así hubo un accidente, puede exonerárselo de la responsabilidad penal, explicó.

Por otro lado, se da lugar a una discusión más compleja sobre el alcance de la ley: ¿qué se entiende como empleador? En su sentencia, la SCJ sostiene que la ley refiere a "empresarios" y a quien ejerce "el poder de dirección en la empresa". Esta precisión, a juicio de De Marco, excluye al mayor empleador del país: el Estado.

La interpretación que hizo la Corte en su sentencia no es mandatoria. No obliga a los jueces a dejar afuera a todos los empleadores que no sean empresariales, pero sí sirve como antecedente al que pueden referir a la hora de tomar decisiones, algo que la especialista consideró como probable. Dentro de los "empleadores no empresariales" están también las personas físicas —alguien que contrata a una trabajadora doméstica, por ejemplo— y las asociaciones civiles.

Entonces, si se presenta una denuncia contra algún organismo del Estado por poner en riesgo la seguridad de sus trabajadores, y la defensa argumenta que la ley no lo alcanza, este podría verse exonerado de su responsabilidad. Esto siempre y cuando el juez circunscriba a la interpretación, algo que, según opinó el abogado del departamento laboral de Guyer & Regules y docente de la Universidad de la República, Leonardo Slinger, es un error.

"Se viola el principio de igualdad y además no hay un concepto legal de empresario", dijo Slinger. El problema de fondo, explicó, tiene que ver con una desprolijidad a la hora de redactar la norma. A su entender, hubo "poco cuidado desde el punto de vista técnico". Y concluyó: "Una cosa es dejar que la doctrina interprete y tome posiciones, y otra es que los textos no sean claros, sobre todo en derecho penal, donde se determina si alguien puede o no ir preso".

IMM arregló la Usina 3, el escenario del primer caso.

José Bustabad arreglaba las luces traseras de un camión recolector de basura de la Usina 3 de la Intendencia de Montevideo (IMM) cuando cayó a una fosa y falleció, a poco más de un mes de aprobada la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Cayó desde una altura de más de dos metros y en un sector en el que las denuncias por falta de medidas y equipamiento de seguridad se remontaban varios años atrás. Su caso detonó la primera denuncia que se hizo bajo esta ley, pero fue archivado más adelante por falta de pruebas que apuntaran a la responsabilidad de la comuna. Sin embargo, hubo informes que indicaron que la muerte se pudo evitar y el Ministerio de Trabajo detectó irregularidades en la usina. Incluso, en mayo de 2015 la inspección del ministerio puso una multa a la IMM por $ 81.000. El hecho de que el Estado haya sido el primer empleador implicado en un caso fue paradójico para una ley que tuvo entre los principales opositores a empresarios.

A ya casi dos años del accidente, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) volverá a presentar el caso ante la Justicia, en este caso civil, con nuevos elementos. Mientras tanto, la usina permanece inhabilitada, según contaron a El País fuentes de Adeom. Se colocó una chapa sobre la fosa a la que cayó Bustabad, se mejoró la iluminación y se colocaron barandas, pero aún no hay un protocolo para trabajar en el área, por lo que todavía permanece inactiva.

Así como la muerte de Bustabad motivó a que la intendencia realizara arreglos en lugares con problemas, esta semana la comuna anunció a Subrayado que realizará una reforma en los cementerios de la capital a raíz de la muerte de Óscar Martínez, ocurrida en diciembre del año pasado. El funcionario del Cementerio Central estaba trabajando en un nicho cuando una tapa cayó y le golpeó la cabeza, lo que provocó su muerte. A raíz del episodio, la IMM anunció que, luego de recibir el asesoramiento de prevencionistas, eliminará las escaleras para acceder a los nichos ubicados en las alturas, cambiará los protocolos de trabajo y capacitará a sus funcionarios. Los abogados de Adeom también están preparando una denuncia por el caso de Martínez bajo la misma ley, aunque cuenta con el precedente del caso Bustabad.

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