En la Administración Central hay 188 trámites en que se pide al ciudadano información que se encuentra en otra oficina del Estado. El gobierno quiere decretar la eliminación de esta burocracia antes de fin de año, pero se enfrenta a los tiempos de los organismos y a la reducción de recursos. En 2015 el Estado recaudó al menos US$ 36 millones por conceptos de trámites.

Dentro de poco el Estado perderá al "che, pibe" más fiel e infatigable que ha tenido hasta ahora: usted. La época de utilizar al ciudadano como cadete para trámites entre instituciones públicas terminará cuando se reglamente el artículo 76 del Presupuesto. Un equipo de abogados del Gobierno trabaja con ese cometido, que, por ejemplo, eximirá al ciudadano de tener que realizar cualquiera de los 188 trámites de la Administración Central que hoy en día consisten exclusivamente en llevar constancias o solicitudes expedidas por otros organismos públicos.

El 13% de los trámites que exigen en los ministerios y la Presidencia implican la presentación de información que ya posee el propio Estado, y eso que algunos organismos ya se han ido adelantando a esta medida de racionalización. No es necesario presentar un certificado de buena conducta para el pasaporte —de eso se encargan internamente las oficinas—, como tampoco es obligatorio exhibir la partida de nacimiento si el ciudadano tiene la cédula de identidad vigente.

A esta realidad se suma la revisión de la utilidad de algunos documentos. La Jura de la Bandera encabeza la lista, una acreditación que data de 1940 y que consiste en un acto protocolar con los liceales de primer año, todos los 19 de junio. Al menos una vez en la vida los ciudadanos deben jurar esa fidelidad, con las palabras claves "sí, juro". Un decreto de 2013 especifica que esta lealtad al pabellón "no será exigible a los ciudadanos, naturales o legales, que acrediten tener título profesional o técnico, haber desempeñado un cargo de función pública o haber culminado el ciclo básico de Enseñanza Secundaria". Es que, se supone, ya se les pidió previamente.

En la revisión también ingresan los trámites duplicados, aquellos que se exigen en distintos organismos. El año pasado el equipo gubernamental que se enfoca en la transformación de los trámites detectó "que para la habilitación de agua para riego el ciudadano debía tramitar una autorización en el Ministerio de Medio Ambiente y además una autorización idéntica en el Ministerio de Agricultura", recuerda Karime Ruibal, coordinadora del proyecto de la Agencia de Gobierno Electrónico (Agesic). En cada trámite, a su vez, el solicitante debía pagar un timbre profesional, además de malgastar su tiempo.

Esta simplificación de los trámites se enmarca en un objetivo gubernamental que pretende contar con el 100% de los trámites de la Administración Central en línea antes de finalizar la actual gestión. De los 1.450 trámites que existen entre la Presidencia y los ministerios, solo la tercera parte está hoy online, ya sea en forma total o parcial.

Entre los ministerios de Transporte, Economía y Defensa suman más de 420 trámites. Varios de ellos, como también ocurre en otros organismos, son una fuente de recursos para el Estado. En 2015 ingresaron US$ 36 millones por este concepto.

El proyecto de racionalización que lidera la Agesic no pretende "eliminar los ingresos ni puestos de trabajo", explica Virginia Pardo, directora de Ciudadanía Digital de la Agencia. "La idea es que haya un cambio paulatino y cultural, una simplificación del sistema para no generar la automatización de la burocracia".

Por eso, la relación electrónica entre el Estado y el ciudadano convivirá, en principio, con "el derecho del ciudadano a comunicarse por los medios tradicionales: vías telefónicas y presenciales", explica Ruibal. En esta línea la Agesic trabaja desde abril de 2015 y pretende que para fines de 2016 estén online el inicio del 100% de los trámites de la Administración Central.

Para este cambio de paradigma, el Estado proyectó US$ 5,5 millones para este año y una cifra similar para cada uno de los próximos años hasta finalizar la actual administración. A su vez, hay 30 funcionarios de Agesic abocados a esta tarea y unos 90 más de los diferentes ministerios.

Si bien esta inversión le implica un costo al Estado, Ruibal explica que, a la larga, la "reducción de la burocracia" es una ganancia y un "pequeño paso en el camino hacia la reforma del Estado". De hecho, la simple posibilidad de universalizar los trámites por internet "acorta la brecha social".

Según los investigadores Diego Hernández y Cecilia Rossel, de la Universidad Católica, una persona pobre que vive en la periferia demora 120 minutos en trasladarse el día en que debe tramitar la cédula de identidad. Sin embargo, un ciudadano de "clase media" y del Centro demora ocho veces menos. Hay un ahorro, además, en los $ 56 del ómnibus.

En el camino para ir acortando esa desigualdad, la Agesic cuenta con un portal con información de 2.125 trámites: tramites.gub.uy. Esta plataforma recibe 120.000 visitas mensuales, señala Pardo, y si bien "nueve de cada 10 usuarios encuentra lo que busca", son "pocos los que usan el servicio" disponible.

Según Pardo, hay una preferencia de los más jóvenes y de quienes terminaron la universidad en buscar este tipo de información. En estos grupos la confianza sobre los trámites en red es cinco veces mayor al resto de la población.

Seis de cada 10 uruguayos no confían en su capacidad para hacer trámites por internet; la cifra es similar a la desconfianza hacia la red como medio para realizar pagos y transacciones, releva una encuesta de Agesic de este mes.

Dentro de las búsquedas que los usuarios realizan en internet, la renovación de la cédula, el certificado de buena conducta y la duplicación de la factura de UTE encabezan la lista de pesquisas. Estos trámites también son los más consultados en la atención telefónica (0800 4636) y en los puestos de atención que el Estado está habilitando en todo el país.

"Con seguridad quienes hoy son nativos digitales van a tener otro relacionamiento con el Estado. Mientras, queremos ir ayudando a la ciudadanía a que confíe en los cambios", dice Ruibal.

En este sentido, la coordinadora del proyecto de trámites señala que "es más segura la tramitación electrónica que la tradicional". El Gobierno insiste en que ya no se correrá el riesgo de "perder el papelito, archivarlo mal o no saber en qué está el trámite". Porque la idea, dicen, es que haya una trazabilidad online de todo lo que tramitan las oficinas públicas.

El Gobierno pretende que en 2018 esté en funcionamiento un portal en el que el ciudadano pueda verificar todo su relacionamiento con el Estado. Mientras, seguirá haciendo de cadete hasta que la reglamentación entre en vigencia.

EL FIN DEL CADETE DEL ESTADOTOMER URWICZ