REESTRUCTURA

Gobierno apela al retiro voluntario a cambio de dinero para reducir la planilla estatal 

Ley de Presupuesto prevé plan de compensaciones para aquellos funcionarios que hayan sido declarados excedentes en Administración Central. OPP exhorta a que también se sumen los entes. 

Torre Ejecutiva. Foto: Gerardo Pérez
Ley de Presupuesto impulsa un plan de retiro en Administración Central. Foto: Gerardo Pérez

Achicar el gasto del Estado es una misión central para el gobierno de Luis Lacalle Pou. Y una de las estrategias fundamentales para lograrlo es bajar la cantidad de funcionarios, que durante los gobiernos del Frente Amplio pasaron de ser 229.454 (en 2004) a 301.454 (en 2019), según los datos de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC).

Las dos administraciones de Tabaré Vázquez y la de José Mujica rompieron con la lógica de achique que se venía manteniendo desde el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995). Al momento de que el exmandatario nacionalista entregó la banda presidencial, los empleados públicos eran 261.122, y cuando 10 años después le tocó irse al colorado Jorge Batlle (2000-2005), la cifra había bajado a esos 229.454.

Tanto en los gobiernos de Lacalle Herrera, como en el segundo del colorado Julio María Sanguinetti (1995-2000) y en el primero de Vázquez (2005-2010) hubo planes de incentivo económico para aquellos que de manera voluntaria dejaran la función pública. Pese a esto en el período frenteamplista la cantidad de trabajadores creció, sumando a unos 20.000.

Ahora, la nueva administración blanca está lanzando una batería de estrategias para hacer caer la cantidad de funcionarios nuevamente. Para empezar, por cada tres vacantes solo se podrá cubrir una, según establece uno de los primeros decretos firmados por el presidente el 11 de marzo pasado.

Además, el proyecto de ley de Presupuesto Nacional incluye otras medidas, y tanto la ONSC como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la República (OPP) piensan en más planes que sirvan para que, en 2024, haya una caída importante de funcionarios.

“Lo que nos proponemos en Administración Central es llevar adelante reestructuras que permitan una mayor racionalización de los recursos”, explica el director de la OPP, Isaac Alfie.

“No se puede seguir con esta inercia, es necesario hacer cambios”, insiste el jerarca.

Gráfica Qué Pasa

El plan

La segunda sección del proyecto de ley de Presupuesto establece un plan para lograr bajar la cantidad de funcionarios en Administración Central, lo que abarca Presidencia y cada uno de los ministerios.

El artículo 8 y varios de los que le siguen establecen que todos los incisos de Administración Central deben entregar al Poder Ejecutivo “proyectos de reformulación de sus estructuras organizativa y puestos de trabajo”. Tienen un año y medio luego de votado el Presupuesto para hacerlo.

Estas reestructuras, que deberán ser aprobadas por la ONSC, la OPP y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no podrán incrementar el costo de vínculos laborales con el Estado al 1° de enero de 2020.

Luego, el Poder Ejecutivo remitirá a consideración de Asamblea General los cambios que pretendan hacerse, y si esta no se expide en 45 días las reestructuras serán aprobadas de manera automática.

No se pueden sumar funcionarios, pero sí se espera que estos se disminuyan. El proyecto de ley establece que cada cartera deberá dar a conocer la cantidad de cargos excedentes —es decir aquellos cuyas funciones ya no son necesarias debido a las reestructuras.

Tanto los funcionarios presupuestados como aquellos con contratos permanentes que queden disponibles seguirán percibiendo su sueldo, sus compensaciones, sus beneficios sociales, su prima por antigüedad y el 50% de la compensación especial (que reciben como consecuencia de calificaciones y productividad, entre otras cosas). Lo harán mientras la ONSC advierta a qué otra oficina podrán ser redistribuidos.

Si pasa un año y un funcionario no fue designado a otra oficina, ingresará dentro de un “régimen de retiro o readecuación funcional”.

De estos, aquellos que tengan al menos dos años de antigüedad y que no lleguen a la edad necesaria para el cese obligatorio, podrán optar por un retiro voluntario, por lo cual recibirán seis meses de remuneración, y “un mes más por cada año continuo de antigüedad en la función pública, hasta un tope máximo de 12 meses”.

En tanto, para aquellos que tengan al menos 63 años y causal jubilatoria, se les dará también la opción de retirarse, por lo que recibirán seis meses de compensación y hasta tres meses más. Si el funcionario decide acogerse a esto a los 64 años, recibirá dos meses extras, y si llega a 65, un mes extra.

En caso de que el funcionario excedente por la reestructura no quiera dejar la función pública, deberá acogerse al régimen de adecuación funcional, para lo cual en algunos casos deberá realizar una capacitación que lo prepare para su nueva tarea.

Si no aprueba la capacitación, deberá abandonar la función pública de manera obligatoria, y recibirá la compensación prevista según su situación.

Uruguay es uno de los países de la región con más funcionarios públicos; solo está por debajo de Argentina y Venezuela. Foto: Francisco Flores
Uruguay es uno de los países de la región con más funcionarios públicos. Foto: Francisco Flores

Expectativas

Ariel Sánchez, subdirector de la ONSC, sostiene que el plan del gobierno para bajar la cantidad de funcionarios es mejor a los que se han aplicado en las administraciones de Lacalle Herrera, la segunda de Sanguinetti y la primera de Vázquez, puesto que, sostiene, evita la fuga de los mejores trabajadores.

“Hubo incentivos para retiros en esos tres gobiernos —explica Sánchez—. El de Vázquez fue el más benigno, en el sentido que después de los 58 años la persona se podía retirar y le pagaban la diferencia hasta que tuviera causal de jubilación, o sea esos dos años hasta que cumpliera sesenta. Después, en los otros gobiernos, tanto en el de Lacalle padre como el segundo período de Sanguinetti, lo que pasó fue que se fueron los más capacitados de la organización. Por eso ahora no se prevé un régimen voluntario de retiro: los que se pueden ir son solo aquellos que son declarados excedentes, no todos”.

Y continúa: “En el caso del gobierno de Lacalle eran 15 salarios los que se les pagaban a los trabajadores a la hora de retirarse, con lo cual la gente al poco tiempo estaba reclamando que se había ido y se había gastado la plata”.

El artículo 23 de la ley 16.320 del año 1991 establecía un pago de hasta 15 salarios a aquellos funcionarios que hubiesen sido declarados excedentes, o que por propia voluntad presentasen la renuncia durante un tiempo determinado. En este caso abarcaba tanto Administración Central como aquellos organismos de los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República. El 220 incluye al Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados. El 221, en tanto, se refiere a los Entes Industriales o Comerciales del Estado.

En cuanto al gobierno de Sanguinetti, la ley de presupuesto de su segundo gobierno otorgaba un “apoyo para su colocación laboral en el sector privado”, para todos aquellos funcionarios que hubiesen sido declarados excedentes. El premio para quienes se fueran voluntariamente era de 180 Unidades Reajustables (UR), más un “Bono Capacitación” de hasta 50 UR más, y una compensación equivalente a 12 sueldos, más facilidades para acceder a líneas de crédito para sus nuevos emprendimientos.

En lo que respecta al primer gobierno de Vázquez, lo que establecía la ley de Presupuesto, es que aquellos trabajadores con 58 años o más que se jubilasen antes de 2008 (o sea en poco más de dos años), podían dejar su cargo antes a cambio de recibir durante ese tiempo hasta el 65% de su sueldo, con un tope en $ 30.000 del momento.

“En todos esos gobiernos no se hizo un replanteo de nada, una persona sin importar si estaba capacitada o no, si servía o no para el cargo, podía irse. Esto hizo que personal valioso, que incluso quizá se hubiera ido igual sin necesidad de pagarle compensación, se fuera con el incentivo. Por eso es que se han criticado estos regímenes, porque se impulsó a los trabajadores a la actividad privada”, señala Sánchez.

El gobierno no tiene cifras concretas de cuantos trabajadores podrán dejar su trabajo acogiéndose a un régimen de incentivos. Advierten que esto es difícil de calcular debido a que cada ministerio deberá preparar su plan de reestructura.

Además, Administración Central incluye a los funcionarios policiales y militares de las carteras de Interior y Defensa, los que no entran dentro de este plan de retiro. También es distinta la reestructura que se puede hacer en ministerios grandes, como el de Ganadería, que en chicos, como el de Turismo, con escaso margen para achicar.

Sánchez, sin embargo, sí maneja un dato en cuanto a los funcionarios que están o estarán en edad de jubilarse y que podrían acogerse al sistema. Administración Central tiene 35.000 trabajadores —sin contar ni policías, ni militares— y de estos un tercio ya cumplieron o cumplirán durante esta legislatura 63 años. Lo que se espera es que de este universo, los que se declaren excedentes se acojan al plan para dejar sus cargos.

“No sabemos cuál va a ser el número final, pero van a ser bastantes”, advierte Sánchez.

En los anteriores gobiernos las políticas de incentivo alcanzaron más organismos que los ministerios. Sin embargo el gobierno no plantea obligar por ejemplo a los entes a que se sumen a llevar adelante políticas de estas características, aunque sí se les va a sugerir que así lo hagan.

“La propuesta es para Administración Central, a los demás se los exhorta y pueden pedir (acogerse al mismo plan). De hecho tenemos ya alguna empresa pública que nos pidió para hacer esto, y que le demos una mano para llevarlo adelante”, advierte Alfie.

En cuanto a experiencias de este tipo en otros gobiernos, el director de la OPP tiene un buen recuerdo de lo que hizo Sanguinetti, “que llevó adelante un plan que funcionó mucho”, y advierte que prueba de esto es cuánto cayeron los funcionarios públicos en ese período. Se trata de 20.000 menos.

Ni la OPP, ni la ONSC tienen procesados datos de cuántos funcionarios han dejado el Estado en cada gobierno por acogerse a políticas de incentivo.

Alfie advierte que espera que sean muchas las empresas públicas que se acojan al plan en esta oportunidad, debido a que a estas “les conviene hacerlo”.

“Lo que pasa —advierte Alfie—, es que si no disminuyen (la cantidad de funcionarios) de esta manera racional y no racionalizan sus recursos, lo que les va a pasar es que cada tres vacantes solo van a recuperar una. En cambio, si logran reestructurarse, el proyecto incluye que puedan recibir también parte del ahorro”.

El plan advierte que por cada funcionario que se retire, se hará un cálculo de cuánto se ahorró el Estado por esa baja, y de la cifra que se obtenga el 50% le será devuelto al organismo al que ese trabajador pertenezca.

Funcionarios públicos. Foto: Archivo El País
Funcionarios públicos venían en caída hasta el primer gobierno del FA. Foto: Archivo El País

Comparación

Casi el 18% de los trabajadores pertenece al sector público. El porcentaje es grande si se compara con lo que sucede en otros países de la región. Solo en Argentina y Venezuela, con 19% y casi 50% de funcionarios según datos oficiales, la cifra es mayor que la de Uruguay. En Brasil es el 12%, en Paraguay es el 6% y en Chile el 2%.

Consultado sobre este punto, el exdirector de la ONSC, Alberto Scavarelli, declaró en 2017 a Qué Pasa que “la primera misión” que tenía el gobierno de Vázquez era bajar la cantidad de funcionarios. “Se trabaja para que haya una racionalidad, una tendencia a la disminución de la carga de lo público en el peso del presupuesto del Estado", advirtió el exjerarca en ese entonces. De 2017 a 2019 los funcionarios pasaron de ser 297.601 a 301.454.

¿Por qué hay cada vez más empleados públicos desde 2005, año en que asumió el Frente Amplio?

En el primer gobierno del Frente Amplio, en 2005, se derogó la normativa que impedía el ingreso de funcionarios a la Administración Pública. Con este cambio se empezó a notar de forma inmediata un aumento en la cantidad de trabajadores públicos, pasando de 229.454 en 2004 a 231.270 en ese 2005. A excepción del año 2015, cuando se registró una leve caída de un poco más de 2.000 trabajadores con respecto a 2014, la cifra siempre creció. De eta manera hay una tasa de crecimiento para todo el período 1995-2019 de un 15%, según el último informe de la ONSC.

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