POR MÁS DERECHOS

El FA les dice que no a músicos compañeros que piden protección para sus obras

Casa Grande, el sector de Constanza Moreira, con el apoyo de la ministra María Julia Muñoz, ha logrado frenar un proyecto de ley de Pablo Mieres para ampliar los derechos de los músicos. Los artistas, muchos de ellos militantes del Frente Amplio, advierten que ceden a presiones de multinacionales.

Sinfónica municipal.
Autores, intérpretes y discográficas reclaman por derechos.

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El Frente Amplio les dijo que no a los artistas. A una semana de que termine la última legislatura de este gobierno, un proyecto de ley que amplía los derechos para intérpretes, autores y sellos discográficos de 50 a 70 años, se mantiene bajo siete llaves en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores. De esta manera Uruguay sigue dándole la espalda a un reclamo que ya fue atendido por Estados Unidos, la Unión Europea y el resto de la región, que modificaron sus respectivas leyes. Así, su situación solo se homologa a la de Bolivia.

Casa Grande, el sector de la senadora Constanza Moreira, ha sido el que se ha mantenido firme para frenar la posible aprobación de esta ley, y lo ha hecho con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), cuyo Consejo de Derecho de Autor es presidido por Silvia Pérez, que también integra la lista de Casa Grande.

El proyecto, que fue presentado por el senador independiente Pablo Mieres luego de que en febrero pasado se informara en esta sección sobre el reclamo de los artistas, amplía de 50 a 70 años los derechos para intérpretes y discográficas —los que empiezan a contar desde el 1º de enero siguiente a la edición de las canciones en un disco—, y también de 50 a 70 años los derechos para familiares de los autores luego de que estos fallezcan.

Los músicos sostienen que el sector de Moreira y la cartera mantienen una filosofía emparentada a organizaciones internacionales que defienden a las grandes compañías de streaming, como Spotify o YouTube, quienes se valen de los contenidos de los artistas para sus plataformas.

¿Pero por qué este debate cada vez se hace más candente? Esto tiene que ver con que muchas obras de nuestra historia están a punto de cumplir o ya cumplieron 50 años, lo que lleva a que los músicos que tocaron en sus grabaciones dejen de cobrar los derechos que son gestionados por la Sociedad Uruguaya de Intérpretes (Sudei); esto mismo pasa con los sellos discográficos.

De 1969 (hace 50 años), por ejemplo, es el primer disco de Ruben Rada, que contiene el éxito Las Manzanas —o sea que Rada seguirá cobrando como autor, pero no como intérprete—. Para ese entonces ya se habían separado Los Shakers, así que toda la obra de “Fab Four uruguayos” queda atrapada en la misma lógica —en este caso Hugo Fattoruso no cobra ni como autor ni como intérprete, porque un contrato leonino que la banda firmó en los 60 le hizo perder su derecho como autor—. Y lo mismo pasa con algunos trabajos de Los Olimareños —que suelen cantar canciones de otros autores, por lo tanto cobraban solo como intérpretes—, por nombrar algunos ejemplos.

Los Shakers
Los Shakers: Hugo Fattoruso, Osvaldo Fattoruso, Juan Roberto "Pelín" Capobianco y Carlos Román "Caio" Vila
La conferencia secreta del Toto’s bar
Toda la discografía del grupo formado por los hermanos Fattoruso, Caio Vila y “Pelín” Capobianco —a excepción de Bonus Tracks, grabado en 2005 en un fugaz regreso— dejaron de generar derechos a intérpretes y sellos el año pasado, pues su último trabajo, La conferencia secreta del Toto’s bar, se editó en 1968, hace 51 años.

En la puja participan varios actores: Sudei, la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu) y la Cámara Uruguaya del Disco (CUD), que luchan por la ampliación de sus derechos; el Consejo de Derecho de Autor del MEC, con una parte que responde a Casa Grande y otra al reclamo de los artistas; y el organismo internacional Creative Commons (Bienes Comunes Creativos), que trabaja en pos de la liberación de los derechos de los productos culturales, y que recibe la financiación de empresas como Google, la Fundación Wikimedia (cuyo producto más famoso es la enciclopedia online Wikipedia) y la Fundación Ford.

Que Google aporte fondos para Creative Commons quiere decir que la dueña de YouTube, “la compañía que menos paga a las discográficas por reproducir sus contenidos”, también forma parte de esta ecuación. Así lo advierte Mariano Arsuaga, gerente general de la CUD, quien señala que el sitio de videos online paga a las compañías por la reproducción de sus contenidos 18 veces menos que Spotify y Apple. “YouTube no solo es la que menos da a los productores, también es la que más música reproduce”, sigue Arsuaga.

YouTube es el que menos paga. El acuerdo que hicimos fue hace muy poco y demoraron todos los plazos para pagarnos. Ahí están los intereses en juego. Esto es un manoseo para todos los que estamos en la cultura. Y es increíble que esta persona, Constanza Moreira, tenga la llave sobre las decisiones del Frente Amplio en cuanto a la cultura”, señala Mauricio Ubal, presidente de la CUD, a cargo del sello Ayui/Tacuabé, y “militante de a pie” de la fuerza de gobierno. “Es increíble que el Frente esté haciendo esto”, insiste.

Foto: Gerardo Pérez.
Jorge Nasser, de Agadu, ha sido uno de los músicos más críticos. (Foto: Gerardo Pérez)

¡Paradoja!

Pese a que muchos de los artistas reclamantes se han identificado siempre con el Frente Amplio, es el partido de gobierno el que ha trancado la posibilidad de que los músicos consigan ampliar sus derechos. Se podría decir que se trata, como decía Horacio “Corto” Buscaglia en la recordada publicidad del Frente Amplio del año 1989, de una verdadera paradoja.

Rada, que se ha puesto al hombro la lucha por parte de Sudei, ocupó sitios testimoniales en la lista 77 de la Vertiente Artiguista, y de Jorge Nasser, prosecretario de Agadu, se supo días atrás su incorporación a Asamblea Uruguay, el sector del ministro de Economía, Danilo Astori. Incluso una de las canciones más significativas de Ubal, la que compuso junto a su colega Ruben Olivera y fue parte fundamental del repertorio de su grupo Rumbo, A Redoblar, fue utilizada en 2004 por el Frente Amplio para la campaña electoral.

Lo único que pedimos es acompasar la ley a los tiempos modernos. Primero acompasarlo a la biología, porque hoy las personas viven más. Y segundo, acompasarlo a lo que está pasando en el mundo. La verdad no entiendo por qué frenan esto”, señala Nasser. Y arriesga una respuesta: “Hay sectores interesados en disponer gratis o por muy poco dinero de los contenidos, que en nombre de la libertad y el acceso a la información, que nunca estuvo restringido, nos tratan de presentar a los autores como un colectivo de empresarios que se llenan de dinero. Cualquiera sabe que no es así. Lo único que queremos es cobrar lo que genera nuestro trabajo”.

Casa Grande, que ha logrado arrastrar con su postura a todo el Frente Amplio, es el que más piedras ha puesto ante la carreta sobre la que reclaman los artistas. Pérez, presidenta del Consejo de Derecho de Autor, explica que su postura “va más allá de las coincidencias ideológicas” que el partido de gobierno tiene con los músicos, y reconoce que para ella el planteo de Creative Commons es atendible.

“La ampliación de los plazos —dice Pérez—, va a tener consecuencias. Tenemos muchos proyectos, tanto públicos como privados, que usan esas obras que están en el dominio público. Y si eso cambia, no lo van a poder utilizar. Cuando las cosas están en el dominio privado nadie puede digitalizarlas, preservarlas, conservarlas. Ese planteo de Creative Commons yo lo comparto”.

Ruben Rada
Ruben Rada en faceta infantil. Foto: Difusión
Las Manzanas
Ruben Rada grabó su primer disco en 1969, o sea que está cumpliendo 50 años. Así es que el 1º de enero él dejará de cobrar como intérprete y el sello Sondor por los derechos discográficos. Cada vez que las radios pasen Las Manzanas deberán seguir pagando, pero al Estado. Rada sí seguirá percibiendo sus derechos de autor.

Moreira, en tanto, dijo el pasado miércoles ante la Comisión de Educación y Cultura que Creative Commons le había pedido ir para dar su postura sobre el tema. Esto alargará más la discusión, lo que hace que sea prácticamente imposible votar la ley antes del próximo fin de semana, cuando termina esta legislatura.

Siguiendo con los cuestionamientos a la ley, Pérez sostiene que el dinero con el que se financian el Fondo Concursable para la Cultura, el Fondo Nacional de la Música y el Fondo Nacional del Teatro, se puede ver resentido por los cambios. En Uruguay existe lo que se llama dominio público pagante, es decir que cuando un autor, intérprete o discográfica deja de recibir dinero por sus derechos, este no se deja de pagar, sino que lo empieza a recibir el Estado. O sea, si una radio pasa una canción de alguien que ya no cobra derechos, no es que la radio deje de pagar, sino que lo que paga va a las arcas públicas y es eso lo que se utiliza para financiar estos fondos.

Otra de las críticas que hacen desde Casa Grande, y esto fue dicho por Moreira en la Comisión de Educación y Cultura, es que votar el proyecto de ley tal como lo presentó Mieres implica un incremento en los plazos del “derecho a la herencia”, puesto que para los familiares de los autores se extiende el plazo de 50 a 70 años después de su fallecimiento.

Este último punto tiene mucho que ver con la estrategia que han llevado adelante Casa Grande y el MEC para frenar el proyecto de los artistas: la idea es que los reclamos no se tomen como un todo, sino revisar por un lado la situación de los intérpretes (que son los más vulnerables), por otro la de las discográficas, y por otro la de los autores.

En este sentido la semana pasada Pérez se presentó ante la Comisión de Educación con el argumento de que Mieres y los músicos estaban haciendo una mala lectura de la ley y que, en realidad, los intérpretes tienen contemplados sus derechos hasta 50 años luego de su muerte (lo que sería más que 70 desde la edición del disco). Esto es lo que hoy sucede con los autores. Si esto fuera correcto, solo las discográficas recibirían dividendos hasta 50 años después de editado el disco.

Para hacer esta interpretación se basa en el artículo 7 de la ley 17.616 de derechos de autor (la que justamente se votó en 2003 para ampliar los plazos planteados por la ley 9.739, que establecía que los artistas y las discográficas cobraran solo por 40 años; así se pasó a 50), donde menciona el carácter retroactivo de las modificaciones. En el último párrafo se establece que el “artículo se aplicará en lo pertinente a artistas, intérpretes y ejecutantes”. Para Pérez, al nombrar a artistas e intérpretes juntos, se une la realidad de estos últimos a la de los autores.

Eduardo de Freitas, abogado de Agadu, sostiene que la interpretación de la ley realizada por Pérez es errónea y forzada; que en realidad lo que se homologa al derecho de autor es la retroactividad de las modificaciones, y que los derechos de intérprete en Uruguay están conectados a los derechos de las discográficas, como pasa en todo el mundo.

Son derechos que nacen juntos, porque al mismo tiempo que el músico interpreta, el disco se está grabando. El artículo 18 de la ley es claro en este sentido”, advierte el abogado.

El artículo 18 dice que los derechos se empiezan a percibir desde el “primero de enero al año siguiente de la publicación, en lo que refiere a fonogramas y a las interpretaciones”.

Además, dice De Freitas, “esta es una ley que es idéntica a la que hay en otros países. Se hizo inspirada en la de los otros países del mundo. Y ni en la Unión Europea ni en otros países de América se interpreta como la interpretan ellos. Hacen una interpretación forzada. Es evidente que no quieren ampliar los derechos y que quieren separar a las partes”.

“Yo sé que la redacción puede dar a confusiones, porque hay desprolijidades. Pero estas diferencias deben ser un punto de partida como para que podamos pensar este tema y buscar una solución entre todos”, señala por su parte Pérez.

El Sabalero
El Sabalero
Canto Popular
En 1969, también, salió el disco Canto Popular, de José Carbajal, “El Sabalero”, que contiene dos de sus grandes éxitos, Chiquillada y A mi gente. Aunque él falleció, la limitación en la ley toca a los otros músicos que grabaron con él en este disco, y que dejarán a partir del año que viene de recibir derechos como intérpretes.

En la Comisión de Derecho de Autor, sin embargo, esto jamás fue tratado.

—¿Por qué nunca se planteó este tema?
—No lo he hecho yo, ni tampoco mis compañeros —responde Pérez.
—¿Pero por qué?
—No sabría decirle.

Según se pudo saber, de los cinco miembros del Consejo tres mantienen la postura de Pérez y dos están de acuerdo con que autores, intérpretes y discográficas puedan ampliar sus derechos.

Como el tema no fue tratado en el Consejo, Pérez no se presentó en la Comisión de Educación y Cultura como presidenta del mismo, sino como representante de la ministra María Julia Muñoz, y fue acompañada por el vocal del órgano, José Villamil, acérrimo opositor de los cambios en la ley.

Ninguno de los que estaban en desacuerdo con la posición de la presidenta, como el escritor Ignacio Martínez —que para esta nota dijo estar del lado de los artistas—, se presentó ante los parlamentarios.

“Hay intereses evidentes que están llevados adelante por organizaciones proclives a eliminar nuestros derechos. Lo de Pérez y Villamil es una maniobra para colocar de un lado a los intérpretes, como si estuvieran protegidos, y dejar expresamente afuera a los productores, a quienes nos ponen como sus grandes enemigos. Hicieron una presentación que lo que hace es ocultar parte de la verdad. Que lo haga Villamil, que es un abogado, es vergonzoso. Se ve que hay intereses muy fuertes que están pesando”, señala Ubal.

Mauricio Ubal. Foto: Francisco Flores.
Ubal advierte que el gobierno responde a intereses de multinacionales (Foto: Francisco Flores)

Agenda de derechos

Sobre cuánta plata mueve todo esto, el total de lo recaudado por Agadu en 2018, según el balance público que figura en su página web, es de $ 540 millones, de los cuales $ 154 corresponden a derechos conexos, es decir a Sudei y la CUD.

“De lo que recibe Sudei —señala Gabriela Pintos, contadora de la entidad—, 25% vuelve a Agadu que también funciona como gestión de cobranzas. Del resto, el 23% se va en gastos administrativos, el 5% se destina a un Fondo de Extensión Cultural, el 2% a un Fondo de Mantenimiento de Obras, el 2% a un Fondo Social y el 1% a un Fondo de Reservas”. En total, sostiene, quedan entre $ 12 y $ 14 millones que son los que se reparten entre los socios, según un coeficiente que se realiza teniendo en cuenta qué tanto pasan las canciones en radio y televisión, cuánto se escuchan en las plataformas de internet y el peso histórico de cada intérprete.

Los Olimareños
Los Olimareños. Foto: Archivo El País
Todos detrás de Momo
Quizá se trate del disco más emblemático del dúo conformado por Braulio López y Pepe Guerra, y a partir de 1971 ya no generará derechos para sus intérpretes ni para el sello discográfico. En este caso, Los Olimareños tampoco recibirán dinero como autores, puesto que quien hizo las canciones es Ruben Lena.

“Lo que hace Sudei, básicamente —y aquí hablo y me siento como intérprete— es, de algún modo, dar un apoyo. No es un gran sueldo. ¡Ojalá pudiéramos cobrar más! Al menos la gente hace cola para cobrar ese dinero, pero a veces uno escucha decir que es poca plata. ¿De qué poca plata hablan? ¿Cómo se atreven a hablar así? ¿Cuánto valen los $ 12.000 que voy a cobrar? Tienen valor para mí y eso no lo puede juzgar nadie”, dijo Ubal ante la Comisión de Educación y Cultura el 7 de agosto pasado.

El argumento de que lo que cobran es poca plata también fue expresado para este informe por parte de un miembro del Consejo de Derecho de Autor que no quiso ser identificado. En la liquidación del segundo semestre del año pasado quien más cobró en Sudei fue Fattoruso, que obtuvo unos $ 60.000.

“¿Quiénes son para decir qué es poco o qué es mucho? Y en el caso del derecho de autor, lo mismo. ¿Quiénes son para llevarse lo que yo hice? Si yo compro una casa y se la dejo a mis hijos, no la tienen que devolver a los 50 años. No entiendo por qué tienen que devolver el Candombe de la Aduana”, dice Nasser en referencia a su éxito con la banda Niquel. “Por lo menos que sean 70 años. Es eso lo que estamos pidiendo. Quizá no la deberían devolver nunca, porque es una propiedad. Esto te lo digo como laburante, yo soy un laburante de la música; no repito una teoría incubada en una universidad de Estados Unidos”, señala.

Nasser entiende que los derechos de los artistas deben ser parte de la agenda de derechos impulsada por el Frente Amplio, con la que él está muy de acuerdo. “Estoy muy en sintonía con la agenda de derechos de esta administración. Y entiendo que nuestros reclamos van en esta misma dirección, por eso me llama la atención que desde estamentos gubernamentales se quieran recortar derechos. Es contradictorio. ¿Por qué los trans sí y los artistas no?”.

Psiglo
Psiglo
Ideación
En 1973 salió Ideación, por lo que la discográfica, en este caso Sondor, y los músicos dejarán de recibir derechos como intérpretes en 2023. Ese mismo año salió Descarga, el segundo disco de Tótem (el primero había salido en 1971), y Montevideo Blues, donde está la primera versión de Milonga de Pelo Largo de Gastón Ciarlo “Dino”.
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